Chile:
eventual indulto enciende debate
La posibilidad de perdonar crímenes cometidos durante el régimen militar genera protestas en las calles.
Una propuesta de la Iglesia Católica de aplicar un indulto masivo para el Bicentenario de 2010 derivó en polémica en Chile cuando la presidenta Michelle Bachelet, al ser consultada por un eventual beneficio para militares involucrados en delitos durante el régimen militar de Augusto Pinochet, se mostró dispuesta a "mirar con espíritu amplio" esta iniciativa.
La idea plantea que hacia 2010 se repita lo que se hizo para el Jubileo 2000, beneficiando a personas mayores de 70 años, enfermos terminales o madres con hijos pequeños que hayan cometido delitos menores. Se estima que esta iniciativa podría favorecer a unos 3.000 reos en prisión, y a más de 50.000 que ya gozan de algún tipo de libertad.
Y pese a que Bachelet pidió rápidamente que no se "sacaran de contexto" sus palabras ante la posibilidad de revisar el eventual indulto, en sectores de derecha sintieron reforzada la idea de ver incluidos a ex uniformados.
Igualdad ante la ley
El diputado Alberto Cardemil, subsecretario del Interior del gobierno militar entre 1986 y 1989, es uno de los principales impulsores de esta medida, y sostiene que el indulto humanitario debería aplicarse mediante una ley extensiva a todos los sectores de la sociedad.
"Como Alianza planteamos una cuestión muy sencilla y lógica, que es la igualdad ante la ley frente a una posibilidad como ésta. Lo planteamos porque se ha hecho ya una costumbre de los grupos de izquierda la discriminación y negar a todo un estamento de los chilenos, que son los militares, los beneficios jurídicos y el estado de derecho que se le aplican a cualquier persona", explicó a BBC Mundo.
El parlamentario de Renovación Nacional señaló que lo primordial para que la derecha apoye esta ley es que una vez determinadas las características del indulto, el gobierno cumpla la condición de incluir a "todos los chilenos, no a unos sí y a otros no".
Una pésima señal
El gobierno ya descartó incluir en el indulto a reos que hayan cometido violaciones de derechos humanos.
Contrario a la idea se mostró el diputado Tucapel Jiménez -hijo del dirigente sindical del mismo nombre asesinado en 1982-, quien se siente directamente afectado por el decreto del ex presidente Ricardo Lagos que benefició al suboficial en retiro Manuel Contreras Donaire, uno de los autores materiales del crimen de su padre.
"Creo que no es viable bajo ningún punto de vista que hechos de sangre y criminales tan crueles puedan ser indultados, porque sería una pésima señal no sólo para la justicia sino para cualquier proceso democrático en cualquier país", señaló el parlamentario del Partido Por la Democracia (PPD) a BBC Mundo.
Jiménez recordó su situación y remarcó que "buscamos 20 años, estuvimos peleando en los tribunales para que se conociera parte de la verdad y se hiciera algo de justicia, y de un día para otro eso se borró de un plumazo. Para nosotros fue una impotencia tremenda. Entonces, hablar de indulto para esas personas me parece totalmente improcedente".
Respuesta negativa
Ante el creciente debate, en el palacio de La Moneda descartaron rápidamente la posibilidad de incluir en un eventual indulto a militares involucrados en violaciones a los derechos humanos.
Las violaciones al derecho internacional o humanitario no pueden ser objeto de prescripciones, de amnistías ni de indulto
Hugo Gutiérrez, defensor de derechos humanos
Primero la presidenta aclaró los términos de sus palabras, y luego la ministra portavoz de gobierno, Carolina Tohá, puntualizó que "nunca, ninguna de las propuestas que se han examinado han incluido delitos graves".
La secretaria de estado recordó que para el Jubileo "todos los delitos graves fueron excluidos, no sólo los de derechos humanos", y sostuvo que eso no debería cambiar en esta oportunidad.
Similar es la visión del abogado defensor de derechos humanos Hugo Gutiérrez, quien dijo a BBC Mundo que las violaciones al derecho internacional o humanitario "no pueden ser objeto de prescripciones, de amnistías ni de indulto", por lo que la mandataria debe tener claro qué hacer.
"Creo que el gobierno lo que está meditando y reflexionando es cómo cumplir con lo solicitado por la Iglesia Católica sin menoscabar o mermar la lucha por la justicia, que tanto ha costado en nuestro país", expresó.
En La Moneda pusieron un plazo de entre siete y 15 días para recibir la propuesta oficial para el "Indulto Bicentenario", mientras en la Iglesia afinan los detalles de la iniciativa, en especial el ámbito de quiénes estarán entre sus beneficiarios.
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