jueves, 28 de noviembre de 2013

Una permanente intensión inocultable imposible de aceptar


Haití se debe fusionar con la República Dominicana

Por Daniel Rodríguez
Publicado el 25 de enero 2010
FoxNews.com



Como alguien que ha vivido en varios lugares en el Caribe, soy muy consciente de la fragilidad y el orgullo que existe en aquellas naciones. He podido visitar Haití muchas veces y he visto de primera mano la miseria que satura todo el país.

El terremoto de 7,0 grados que sacudió a Haití para su fundación, es sólo el último de una serie de tragedias que parecen interminables.

Permítanme comenzar con un poco de historia. Haití, una nación vecina la República Dominicana al este, se encuentra en la isla de La Española. Hispaniola fue descubierta - mucho antes de lo que hoy llamamos América del Norte - por Cristóbal Colón .

Al igual que otras naciones del Caribe, Haití vio su cuota de agitación, ya que pasó de control español de británicos, holandeses y finalmente ser tomada por los franceses. Luchó y ganó su independencia en la década de 1800, pero a un alto precio.

En 1957, el Dr. Francios Duvalier fue elegido presidente del país. Durante sus primeros años, Duvalier era conocido por sus esfuerzos humanitarios, que desaparecieron rápidamente en uno de los regímenes más corruptos y represivos de la historia moderna.

Bajo Duvalier, se estima que 30.000 haitianos perdieron sus vidas. En 1964, "Papa Doc", como se conocía entonces Duvalier, se declaró "presidente de por vida." El Tonton Macoutes, un grupo paramilitar fue puesto bajo su control. Fueron creados con el simple propósito de hacer cumplir la voluntad de Duvalier por medio de amenazas, el vudú y otras formas de intimidación.

Después de "Papa Doc", murió en 1971, su hijo, Jean-Claude, fue colocado en el poder y el control de Haití. "Baby Doc", como él se convirtió a ser conocido, se robó cientos de millones a través de la administración del tabaco.

En 1986, Duvalier dimitió de poder y se fue a vivir en el exilio, pero no sin enviar a Haití más en la desesperación económica.

Un avance rápido hasta 2010. El terremoto de 7,0 ha tomado un país que ya están en una profunda desesperación a una situación totalmente desesperada. Haití tiene ahora dos opciones si quiere sobrevivir.

La primera opción es dejar las cosas como están. Para seguir con el status quo, en otras palabras. Esto significaría una continuación de las políticas (o la falta de ella) que ya han creado muchos problemas: asistencia fragmentada en forma de ayuda de todo el mundo, poco respeto del Estado de derecho y la poca vigilancia con apenas una astilla de la esperanza de un brillante futuro para Haití.

La segunda y más opción radical es la integración de Haití con la República Dominicana. Al igual que la reunificación de Alemania y la República Federal de Alemania, no habrá problemas estructurales, políticos y de soberanía que lidiar.

Haití es un país indigente que sufre no sólo por la falta de una visión estratégica de lo que debería ser, sino también de la falta de cualquier tipo de liderazgo eficaz.

Haití es un país donde el gobierno tiene poco o ningún poder. Sólo hay unas pocas personas en el gobierno de Haití - y ese número podría ser aún menor ahora - que poseen la voluntad, las habilidades y los conocimientos técnicos necesarios para construir una nación verdadera.

En cambio, hay una corrupción generalizada en todo el gobierno en todos los niveles y una tasa de desempleo que supera el ochenta por ciento. Es un país en el que muchos pasan hambre todos los días y el recurso a comer "pasteles de barro" hechas de tierra. La corrupción, el desempleo y sí, el hambre, existe en muchos países desarrollados, e incluso en el más poderoso de todos ellos, el Estados Unidos de América - pero en ninguna parte es esto tan generalizado como en Haití.

Propongo que Haití se fusionará con la República Dominicana.

Mi propuesta es utilizar un enfoque de estilo de negocios muy parecido al utilizado por las grandes empresas, donde el proceso de fusión da a luz las fortalezas y debilidades de cada empresa, y al igual que la fusión de dos empresas, cada una puede ser analizado para asegurar que la nueva empresa será una entidad que va a producir un cambio positiva y duradera.

Este nuevo estado-nación, tal vez llamado "República Dominicana Haití", puede convertirse en una nación con una población total de 19 millones, que sería capaz de aprovechar sus recursos naturales en colaboración y gobernar al unísono.

Inevitablemente habrá luchas de poder y peleas por quién obtiene qué y cómo, y quién va a liderar esta nueva nación, pero al igual que la fusión de las grandes empresas, estos problemas pueden ser re-mediada por el principio.

Poderes económicos de todo el mundo pueden unirse para ofrecer orientación y fondos para esta iniciativa audaz, en lugar de sólo la financiación de algo que no ha logrado proporcionar incluso una apariencia de un retorno de la inversión.

Por supuesto, habrá aquellos críticos que se burlan de esto como demasiada experimentación con una nación que se ha negado a aceptar el cambio, pero yo digo esto, que no hacer nada seguirá perpetuando un círculo vicioso en el que los haitianos sólo sobrevivirán en el más pequeño de los sentidos, mientras que otros tratarán de migrar a otros lugares con el fin de encontrar una vida mejor.

Ahora todos estamos abriendo nuestros bolsillos y nuestros corazones a los caídos de Haití, pero lo que más necesitan ahora es para nuestra capacidad intelectual colectiva para ser ejercida sobre una nación muy triste y en la miseria con un pueblo cuya gran fe y esperanza está disminuyendo rápidamente para un futuro lleno de un mañana mejor.

Nada más que el más radical de los enfoques debe ser intentado. No hacer nada no es una opción. Si optamos por no hacer nada Haití se convertirá en una nación que seguirá existiendo en una pobreza aún mayor y una mayor pérdida. Y se convertirá en una nación poblada por la gente más marcados física y emocionalmente en la tierra.

Daniel Rodríguez es co-fundador de la Alianza para la Estabilidad Económica y profesor adjunto de Negocios Internacionales en el Mercy College de Nueva York.


 
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Nunca han cumplido ningun compromiso


Sólo desean humillar

Por El Caribe


De acuerdo con fuentes calificadas, en Venezuela los haitianos nunca se comprometieron a nada, y fue bajo presión de ese país que el canciller haitiano Pierre-Richard Casimir firmó el documento con Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia. En Haití se proclamó a mil voces que ese papel no tenía ningún valor y que en forma alguna comprometía a su gobierno. Por eso, el presidente Michel Martelly y demás funcionarios haitianos continuaron promoviendo la declaración del Caricom que ya se conoce. El Gobierno dominicano ha venido manejándose con paños tibios y no quiere entender que se busca

28/11/2013 12:00 AM

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miércoles, 27 de noviembre de 2013

El gobierno de Danilo Medina se arrodilla y humilla a la nación Dominicana

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Violaciones Constitucionales y Legales en las que incurre el borrador del Plan Nacional de Regularización publicado por el Consejo Nacional de Migración del 26 de noviembre de 2013




El día 26 del corriente mes, el Consejo Nacional de Migración publicó una propuesta de proyecto de decreto reglamentario relativo al Plan Nacional de Regularización de extranjeros ilegales. El mismo otorga un súbito plazo de dos días, que vence el jueves 28 de noviembre  a las 6:00 p.m., para que personas e instituciones sometan observaciones y propuestas. En ese sentido, el presente documento recoge señalamientos específicos y generales que, de promulgarse en estas condiciones, producirían serias violaciones constitucionales y legales. Por cuanto, procederemos a enumerar doce (12) observaciones esenciales que debe tomarse en cuenta para producir un documento acorde los preceptos legales y constitucionales:

Primero: Prohibición de la deportación. El artículo 38 del borrador invalida la Ley de Migracn, pues prohíbe todo tipo de deportación a la autoridad durante dieciocho (18) meses.  Jurídicamente, esto constituye no sólo una invalidación inconstitucional de la ley al margen del Congreso Nacional, sino que tendrá un efecto llamada de imprevisibles consecuencias para la nación.

Los únicos extranjeros ilegales que pueden ser objeto de salvaguarda de deportación son aquellos extranjeros ilegales que ingresaron antes de la promulgación de la Ley y que se acojan  voluntariamente  al  Plan.  El  Proyecto  originalmente  preparado  por  la  Dirección General de Migración propuso la figura jurídica del permiso de tolerancia como medida administrativa para el extranjero ilegal solicitante, suspensiva de la deportación mientras se procesara y evaluara la documentación sometida. Ninguna medida ni plan puede menoscabar la prerrogativa de la autoridad migratoria de controlar la presencia de extranjeros ilegales ingresados con posterioridad a la promulgación de la Ley.

Segundo: Vigencia de la ley. El artículo 109 de nuestra Constitución establece que las leyes serán obligatorias una vez transcurridos los plazos para que se reputen conocidas en todo el territorio nacional. El Plan Nacional de Regularización fue ordenado por la ley General de Migración, promulgada el 15 de agosto del año 2004;   lo que quiere decir que la ley manda a regular a partir de esa fecha hacia atrás. Sin embargo, el proyecto publicado dispone en su art. 2 la puesta en vigencia del Plan a partir de la promulgación del Reglamento de Migración  del  año  2011,  lo  que  supone  una  vulneración     de  la  seguridad  jurídica constitucional y, por vía de consecuencia, la invalidación  de la Ley General de Migración retroactivamente por siete (7) años. Para un legítimo Plan, sólo califican los extranjeros ilegales que ingresaron antes de la promulgación de la Ley General de Migración.

Tercero: Documentación. Todo extranjero necesita un documento de identidad personal para poder aspirar a su regularización; sin embargo, tanto la parte c de la segunda fase de implementación del borrador de Plan publicado (contenida en el Preámbulo) como el literal e) del artículo 12, no son específicos en cuanto a la documentación de identidad requerida a los extranjeros ilegales. El texto permite, incluso, el uso de cualquier documento.

Debe exigirse sólo documentos de identidad válidos, oficiales, vigentes y verificables, tales como dulas, pasaportes y actas de nacimiento expedidas por las autoridades oficiales del país del solicitante, sin menoscabo de los demás documentos que se requiera de forma adicional para demostrar arraigo individual, familiar y social a los fines de complementar la


formal solicitud de regularización. De no hacerse bajo esta premisa, se incurre en el grave riesgo de validar documentos complacientes, irregulares y fraudulentos.  La ley prohíbe a los dominicanos hacer uso de documentos oficiales vencidos.

El  borrador  publicado  no  incluye  la  presentación  de  fotografías  entre  los  documentos exigidos a los extranjeros ilegales como se hace con aquellos que ingresan de manera legal. Peor aún, el párrafo del artículo 12 del borrador dispone acoger la regularización de cualquier extranjero sin la presentación de documentación de identidad. Nadie puede ser regularizado sin identidad.

Cuarto:  Distinción  de  categorías  migratorias  y  extranjero  ilegal.  El  borrador  de  Plan propuesto, en su exposición de motivos y en todo su cuerpo, parte de no distinguir entre extranjeros No residentes y extranjeros irregulares. Esto adolece de dos graves fallas:

a)  Un extranjero no residente y un extranjero ilegal son dos cosas muy distintas, ya que el extranjero no residente se concibe como una categoría migratoria regular reconocida por el artículo 36 de la Ley General de Migración. El extranjero no residente ingresa conforme a las leyes vigentes y por tanto no necesita de regularización alguna, siempre y cuando no haya traspasado los límites de su permanencia.

b)  La utilización del término de extranjero irregular no está prevista en la Ley. El artículo 151 de la Ley, dice expresamente: El Gobierno dominicano, preparará un Plan Nacional de Regularización de los  extranjeros ilegales radicados en el país.. Por lo tanto, cuando el Proyecto se refiere a extranjeros irregulares, contradice la terminología utilizada en la normativa migratoria, la cual habla de extranjeros ilegales, al igual que lo hace la propia Constitución de la República en su art ículo
18.3.

Quinto: Prohibición de regularización masiva. En la exposición de motivos del Proyecto publicado se establecen alcances demográficos y estadísticos que remiten a unos parámetros de censos que resultan ajenos a la ley, toda vez que el mandato de la normativa en su artículo
151, dispone que   la regularización de extranjeros no está supeditada a cifras sino a calificaciones individuales y familiares, prohibiendo expresamente la utilización de criterios  sobre  regularización  de  forma  masiva.    Esas  referencias    resultan  en  una violación a la ley.

Sexto: Tiempo de radicación. El proyecto no dice cuál es el tiempo y las condiciones para que los extranjeros ilegales califiquen en las categorías migratorias de residentes o no residentes, ya que el artículo 15 del borrador sólo dispone que Toda persona extranjera en condición irregular podrá optar por las categorías migratorias establecidas en los artículos
33, 34, 35 y 36 de la Ley General de Migracn. Esto significa que puede calificar como
residente tanto un extranjero ilegal con un (1) año de ingreso como otro con treinta (30) años en la misma categoría.

La atribución de categorías migratorias debe asignarse de acuerdo al tiempo y arraigo que se pueda probar. Para ello, se debe establecer dos grupos de acuerdo a la fecha de ingreso: 1) los que prueben haber ingresado antes del año 1989; y 2) aquellos que prueben haber ingresado entre el año 1990 y 2004 (fecha de promulgación de la Ley General de Migración). El primer grupo   debe ser  beneficiario  de la condición de residente”,  y el segundo  grupo, de la


condición   de   una   de   las   subcategorías   migratorias   de   no   residentes,   según   la documentación aportada.

Séptimo: Política migratoria y derecho interno. El párrafo del artículo 4 del borrador de Plan publicado, desconoce que el control migratorio es atribución exclusiva de la soberanía estatal. La aplicación de la política migratoria por parte del Estado dominicano debe regirse por las normas nacionales e instrumentos internacionales debidamente reconocidos y aplicables sobre la materia. Por lo cual, se sugiere redactar en la siguiente forma: Todo procedimiento de deportación se ajustará a lo previsto por la Ley General de Migración No.
285-04, su Reglamento de Aplicación No. 631-11 y los Convenios suscritos y ratificados por
el Estado dominicano.

Octavo: Competencias administrativas. La Ley General de Migración establece claramente las atribuciones que le corresponden en materia migratoria al Ministerio de Interior y Policía y a la Dirección General de Migración. El Plan no puede modificar competencias atribuidas por el legislador a un órgano del Estado encargado de la ejecución de la ley. En ese sentido, los artículos 6, 33, 34, 35 y 38 del Proyecto publicado invaden disposiciones de la Ley y su Reglamento en cuanto a la asignación de funciones a la Dirección General de Migración.

Noveno: Sobre la naturalización. El párrafo del artículo 8 del borrador de Plan publicado debe omitirse, en razón de que la naturalización es un proceso instituido por una ley especial ordenada por mandato constitucional (artículos 18.7 y 19 de la Constitución) y por lo tanto, competencia exclusiva del Congreso Nacional.

Décimo: Prueba de la radicación del extranjero ilegal. El Proyecto originalmente preparado por la Dirección General de Migración, cuidadosamente propuso nueve ejes para probar la radicación en relación con el tiempo, asignándole una valoración a cada uno de estos elementos: a) trabajo regular; b) hijos nacidos y declarados en R.D.; c) domicilio conocido y estable; d) documentación proveniente de cualquier autoridad pública; e) constancia de escolaridad o estudios superiores; f) convivencia pública y notoria con dominicanos; g) referencias comerciales; h) propiedad de bienes muebles; i) propiedad de bienes inmuebles; con la indicación de alternativas documentales de posibles pruebas para cada uno de esos ejes y la sanción de que la presentación de documentación falsa comprometía todo el proceso del aspirante a  la regularización.   Sin embargo, el borrador de Plan presentado  (párrafo  del artículo 16), simplifica la prueba de la radicación del extranjero ilegal, reduciéndola a la presentación de solo dos (2) documentos, sin referencia al tiempo y que la misma parte puede producir, convirtiendo la prueba de la radicación en una farsa. Cuidando la transparencia del proceso, se considera razonable la exigencia de al menos seis (6) de los documentos enunciados en dicho párrafo.

Décimo Primero: Inicio y duración del Plan. En la exposición de motivos del borrador se plantea una ejecución del Plan en dos fases. En relación con la primera fase, la fecha propuesta para el inicio de su ejecución (1ro de diciembre de 2013), resulta tan precipitada, que no da oportunidad a que sea discutido ni ventilado de forma abierta en vistas públicas (preferiblemente televisadas) ni mucho menos con suficiente conocimiento de la población nacional, lo que necesariamente requiere una modificación a los plazos establecidos en la segunda fase del proyecto. La segunda fase, aunque tiene un plazo limitado, su literal f


(ver artículo 3 del Proyecto), permite el manejo  discrecional e indefinido del proceso. El
Plan debe tener un término claro y definitivo para su conclusión, sin discrecionalidad.

Décimo segundo: Regularización migratoria y seguridad social. El borrador menciona, entre los objetivos específicos del Plan, la seguridad social.  Este es un tema reservado de manera especial a la legislación de la materia (ley No. 87-01).

Juan Miguel Castillo Pantaleón, José Miguel squez García, Juan Manuel Rosario, Juan Miguel Castillo Roldán, Cristina Aguiar, César Alntara