GUARICANO
Jhonatan Liriano - 6/12/2009
Santo Domingo.- Antes de instalar un punto de drogas en Guarícano algunos delincuentes juveniles deben hacer un acuerdo con los miembros de la Policía y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) asignados al popular sector de Santo Domingo Norte.
Los agentes prometen protección y no persecución a los vendedores de estupefacientes mientras éstos se comprometen a pagar una cuota semanal por el servicio de los uniformados, que puede ser la mitad de la venta o un monto fijo de 10,000 a 20,000 pesos.
La afirmación es parte de los resultados arrojados por la investigación “Jóvenes, Delincuencia y Drogas: Estudio cualitativo acerca de la Delincuencia Juvenil en Guarícano”, realizada por la antropóloga Tahira Vargas, a solicitud de Casa Abierta.
“Yo estoy conectado con el cuartel, cuando uno va a vender uno se pone legal primero. Llama a la DNCD y se conecta”, admite un joven que no fue identificado en el estudio, en el que se plantea a las redes de drogas “como un negocio que trasciende a los jóvenes en actividades delictivas y tiene su estructura en la Policía y la DNCD, grandes beneficiarias del mismo.
Represión
En las entrevistas realizadas durante la investigación algunos jóvenes dijeron que quienes se niegan a pagar 20,000 pesos de cuota a los policías, manteniendo sus puntos de droga en la clandestinidad, corren el riesgo de ser apresados o asesinados.
“La Policía sólo quiere cuartos. Ellos quieren que tú le des los cuartos de lo que vendes. Yo decidí que no voy a darle”, declaró uno de los seis jóvenes insertos en actividades delictivas de Guarícano.
Los agentes de la Policía y de la DNCD frecuentemente realizan redadas o allanamientos en el sector con el fin de solicitarle dinero a los distribuidores de estupefacientes.
Muchos de los “muchachos que no pagan mueren en manos de las autoridades”, dice el informe.
Agrega, además, que estos organismos ejercen prácticas de corrupción asociadas al tráfico de drogas y se benefician de estas actividades, pidiéndoles a los jóvenes que se conecten” para legalizar su situación.
La autora del trabajo, Tahira Vargas, explicó que las informaciones contenidas en el informe son el resultado de una labor científica.
“Quieras tú o no esa es la realidad”, asegura.
Agregó que la complicidad entre el micrográfico, la Policía y la DNCD también la ha constatado en Gualey, Guachupita, Los Guandules, Sabana Perdida y barrios de San Francisco.
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POSICIÓN DE LA POLICÍA Y RECOMENDACIONES
La jefatura de la Policía dijo desconocer la situación descrita en el trabajo de investigación auspiciado por Casa Abierta. Pero aseguró, a través de su vocero, Nelson Rosario, que tomará las medidas disciplinarias correspondientes si sus investigaciones confirman que los actos de corrupción policial denunciados todavía ocurren en el sector popular.
“Jóvenes, Delincuencia y Drogas: Estudio Cualitativo Acerca de la Delincuencia Juvenil en Guarícano” es un estudio cualitativo en el que se aplican hostorias de vida de 6 jóvenes de ambos sexos insertos en actividades delictivas, y cuatro grupos focales con jóvenes y adultos organizados y no organizados.
En el informe final, la antropóloga Tahira Vargas recomienda que la intervención en la problemática debe realizarse paralelamente en tres vertientes: Prevención de la delincuencia juvenil, Intervención social en las prácticas de delincuencia juvenil existente, y Formación y educación de la comunidad sobre problemática de la delincuencia juvenil.
El estudio realizado en el 2008 también aborda la familia, la educación y los patrones de conducta de los jóvenes participantes.
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