lunes, 1 de junio de 2009

De mi amigo Polín, un poco de Historia Contemporánea


Negociando la Soberanía


El Gobierno de Antonio
Guzmán


Por Leopoldo Espaillat Nanita

El aplastante triunfo electoral de Antonio Guzmán al frente de la candidatura del PRD en 1978, resistido con todo su arsenal de maniobras (limpias y sucias) por Balaguer, y el advenimiento de su administración, marcó gran diferencia en el manejo del patrimonio del Estado dominicano y del mercado interno, dominado por las nuevas empresas industriales nacionales, algunas mixtas y otras foráneas, surgidas al amparo de la política de ‘sustitución de importaciones’ y de la ‘Ley No.861 sobre Inversión Extranjera’, que protegía a las empresas de capitales nacionales, e incluso foráneos, del desbordamiento de las importaciones de los productos foráneos.

En la conformación e instalación del gobierno del Presidente Guzmán me tocó desempeñar rol de principalía, conduciendo junto a Secundino Gil Morales, presidente del PRD -en reuniones que se realizaban en mi oficina- la selección de los funcionarios del nuevo gobierno e incluimos, a mi propuesta, un personal técnico no militante que acababa de reintegrarse al país después de prestar servicios en importantes organismos multilaterales como el FMI, el BID, y el BM, como lo fueron Ramón Martínez Aponte, designado como subsecretario de Finanzas (quien luego desempeñara el cargo de Secretario Técnico y pasara luego a servir a la GTE); Miguel Guzmán Fabián como Subsecretario Técnico, y otros, que escapan a mi memoria.

Era entonces mi equivocada opinión que contar en el personal del nuevo gobierno a técnicos nacionales de experiencia en el manejo interno de los organismos multilaterales de crédito pondría al país en la condición de tomar iniciativa con éstos, saliendo de la actitud defensiva frente a las misiones que periódicamente enviaban. Craso error, estos cuadros técnicos y otros reformistas se apoderaron eventualmente del gobierno e influyeron en su eventual fracaso, junto a la desviada conducta del ‘anillo familiar’ asentado en Palacio, dirigido por la PUCMM y divorciado del PRD y sus compromisos.

Estas tareas las acompañé de otras gestiones claves de índole delicada, que no viene al caso relatar, que aportaron a la rápida consolidación del control militar por parte del Presidente Guzmán. Así me tocó fungir de enlace con el empresariado nacional, falto de contacto con los hombres del nuevo gobierno, aunque sí con las finanzas del PRD. Fue George Chotin, con quien me vinculan relaciones de amistad y entonces también de negocios, quien canalizó la invitación a una reunión en la casa de Fernando Villeya, con un grupo de empresarios, que evidenciaría cómo este estamento de poder económico se relacionaba con el gobierno saliente, y también mi ingenuidad y lealtad a la ética política.

Allí estaba la flor y nata del empresariado nacional. Además del dueño de la casa y Chotin, entre los que recuerdo estaban los hermanos José Miguel y Roberto Bonetti Guerra; los hermanos Enrique y José Manuel Armenteros; Jesús Hernández Lopezgil, en representación de Manolito Diez, y otros más. Creí que deseaban conocer la línea de política económica del nuevo gobierno, y les reiteré que se garantizaría el ejercicio de la competencia empresarial, midiendo a todos con la misma vara. Quien me sacó de mi error fue George Chotin y me dijo en el auto lo que no se habían atrevido a decirme en la reunión: ‘Queremos que nos representes en el nuevo gobierno’. Como es natural me negué, y así perdí a poderosos aliados en la lucha que vendría después y para la cual yo no estaba preparado.

Mi primera encomienda como Secretario Técnico fue redactar con fecha del mismo 16 de agosto, la ratificación que hizo el Presidente Guzmán aprovechando la presencia del secretario de Estado Cyrus Vance en los actos de toma de posesión, de la solicitud que había hecho Balaguer al gobierno de EE.UU. de una línea de crédito de US$42 millones para la adquisición de productos agrícolas, US$11 millones de la P.L. 480 y US$31 millones de la Commodity Credit Corporation.
Eso no fue óbice para que el anillo familiar,conformado por su hija Sonia y su esposo José María, intentaran dejarme fuera del Palacio Nacional desde el mismo 17 de agosto, en el despacho que tenía hasta ese momento el Secretario Técnico en el piso 14 del edificio de oficinas públicas conocido como ‘El Huacal’, donde lo había relegado Balaguer. Ello me obligó al primer enfrentamiento con el ‘anillo’, al reclamarle al Presidente Guzmán que definiera mi asiento, entre el Palacio Nacional o en mi casa. El Presidente decidió ese ‘match’ a mi favor, con gran inconformidad de los perdidosos.

Fue así que me asignaron una oficina con un escritorio todo desvencijado, impropio para recibir a los visitantes que toca atender a un Secretario Técnico, situación que resolvió mi amigo de juventud, el Almirante Francisco A. Amiama Castillo, nuevo jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, y uno de los militares mejor formados profesionalmente con que contaban las Fuerzas Armadas dominicanas, quien se percató de la situación y ordenó que prepararan en los talleres de la M. de G. un espléndido juego de escritorio, credenza, sillones y armario de caoba, que fue mi legado a los que me sucedieron en el cargo de Secretario Técnico, más el derecho de estar en el Palacio Nacional junto al Presidente.

Agujero Fiscal

El Presidente Balaguer había creado un ‘agujero fiscal’ para que el gobierno de Guzmán, con todas sus consecuencias, no pudiera pagar puntualmente el día 25 de agosto a la empleomanía del Estado, creando ‘Fondos Especializados’, entregando recursos a entidades (ej: RD$ 1 millón a la PUCMM para auspiciar el Aeropuerto de Licey al Medio), y desembolsando sin compro-bantes a contratistas de obras del Estado ingentes sumas, las cuales debían depositar en sus cuentas bancarias a manera de avances a cuenta de cubicaciones futuras, y pagarse ellos mismos. Esto colocaba estos recursos en una condición crítica de preservación a base de la honestidad de los recipiendarios y de recuperación contingente, todo lo cual estuvo rodeado de actividades subversivas de diversa índole.

Esta recuperación fue lograda a base de que quien escribe llamara uno a uno a los principales destinatarios de estos desembolsos, comenzando por el presidente de la Comisión de la Presa de Hatillo, General Antonio Imbert Barrera, quien respondió prestamente al requerimiento que le hiciera de reintegrar los fondos especializados que le habían sido confiados. Igualmente respondieron los contratistas a quienes llamé a mi despacho del Palacio Nacional, muchos de ellos amigos y colegas profesionales. Desde luego, ello conllevaba la revisión de esas adjudicaciones grado a grado, lo que no me hizo el hombre más popular del gobierno del Presidente Guzmán, y sí blanco de la represalia de este poderoso sector económico, los contratistas de Balaguer, en forma de ataques de prensa de plumas pagadas, sumadas a otras que se pagaban desde el Palacio Nacional por instrucciones de Sonia Guzmán.

El Presidente Guzmán encontró una apretada situación fiscal originada en la parálisis de la economía, natural en gran medida dado el cambio radical que suponía el paso del poder al PRD, después de 12 años de gobierno autoritario del Presidente Balaguer y el entonces Partido Reformista, así como por los efectos de los precios mundiales del petróleo. Esto, conjuntamente con las obligaciones vencidas dejadas por la administración Balaguer en el Sector Descentralizado de gobierno (entidades autónomas) con el exterior, las cuales crearon una situación crítica al Banco Central, que obligó al Presidente Guzmán a gestionar un empréstito de US$185.0 millones, los cuales tenían el siguiente destino:

A causa de esta crítica situación de atrasos, fui partidario de la gestión de endeudamiento propuesta por Manuel José Cabral, entonces secretario de Finanzas, pero no en los términos en que finalmente se concertó. Entonces se acumulaban en los bancos europeos inmensos recursos de los países petroleros, de las cuantiosas ganancias obtenidas a partir del embargo petrolero de 1973 y los precios en escalada del petróleo, lo cual permitía ofertas de esos bancos al mundo en desarrollo, cuya economía en expansión era el mercado natural de ese dinero sin salida en el mundo industrializado, y así se recibieron por distintas vías ofertas muy atractivas de fondos a mediano plazo, a tasa fija y moderada.

Tal fue el caso del Señor Thomasset, amigo del Presidente Guzmán y de la familia Klang. El Presidente estaba tan interesado en su gestión, que me solicitó un sábado 30 de septiembre de 1978 que no viajara a Santiago, donde estaban programados varios actos con su presencia y a los cuales estaba yo invitado, para que recibiera en el Palacio Nacional al Señor Thomasset, quien venía confidencialmente con una oferta de bancos de Europa, y a quien solicité mejorar sus términos, ya que la tasa era ligeramente más alta que la que proponía la banca norteamericana a tasa fluctuante. Thomasset consideró posible obtener una reconsideración de la tasa de parte de los proponentes, y quedamos en entrevistarnos nuevamente tan pronto hiciera las gestiones de lugar con la banca europea. Mi agenda registra nuevas reuniones con el Señor Thomasset el 29 de noviembre y 11 de diciembre de 1978 y el 17 de enero de 1979. Esta preferencia del Presidente Guzmán y mía, por una gestión directa con los bancos europeos, tropezó sin embargo con las posiciones del secretario de Finanzas, Cabral, y de Eduardo Fernández, gobernador del Banco Central (prestado por la G&W y representante suyo), quien junto con el Secretario Técnico constituían el Gabinete Económico, las cuales prevalecieron en beneficio de la intermediación onerosa de los bancos norteamericanos, protegidos por su gobierno, a tasa fluctuante (baja al principio, usurera después), base de la ‘trampa’ de la deuda externa y eterna de Latinoamérica. Esto determinó que yo le solicitara al Presidente Guzmán que me permitiera inhibirme de participar en esas negociaciones, y por ello ninguna de esas transacciones esta avalada con mi firma.

Presencia de la Inversión Extranjera

Uno de las más escabrosas experiencias de mi paso por el cargo de Secretario Técnico fue la lluvia de propuestas que se recibieron de empresas extranjeras para una diversa gama de propósitos. Entre ellas recuerdo la propuesta del ex–presidente Figueres, de Costa Rica, para un plan de construcción de casas de bajo costo, que hubiera venido a desplazar a las empresas nacionales. También recuerdo a un italiano que representaba una oferta de financiamiento para el desarrollo agro-industrial del país, a la cual estaba ligado el Ingeniero Fortunato Canaán, que pretendía monopolizar todo lo que en esa vertiente prometía el país, y que provenía de la anterior administración del Presidente Balaguer.

No obstante que nunca escatimé esfuerzo para evidenciar mi poca simpatía al proyecto, me extrañaba que cada vez que llegaba a mis oficinas encontraba al italiano sentado en la sala de espera, sin que yo le hubiera concedido pase al Palacio Nacional. Obviamente alguien más lo hacía. Más luego me enteré quien era cuando en un Consejo de Gobierno el moderador de turnos –desbordando su rol y obviamente bajo instrucciones de Sonia Guzmán y su marido- se atrevió a plantear que había la queja de que mi despacho estaba obstaculizando diversas propuestas de inversión extranjera.

Cuando le contesté que sólo había detenido aquellas propuestas rodeadas de condiciones sospechosas de corrupción, y requerirle que identificara esos quejosos, tartamudeó y dijo ignorar que esa condición existía. La enojosa situación terminó cuando el Presidente Guzmán intervino para expresar su respaldo a mi posición. De ello tengo de testigos a todos los integrantes del gabinete Guzmán, incluyendo al hoy Presidente Mejía.

Guzmán negoció con Charles Bludhorn la cesión de varios de los intereses de la G&W en la región oriental. Pero recayó en mí dar el puntillazo a la conversación que sostuvieran, y ello me trajo la profunda animadversión de ese poderoso ejecutivo, mientras que –sin percatarme entonces de ello- la máxima dirección del PRD fraternizaba y armonizaba ‘con el enemigo’. Ya en 1980, con la ayuda del secretario de Estado Cyrus Vance, Guzmán negoció exitosamente el pago de los US$38.0 millones en ganancias ilícitas que había hecho Bludhorn con el azúcar dominicana en connivencia con Alvarez Bogaert desde 1975. Para su desembolso se creó el ‘Fondo para el Desarrollo de la Región Este’.

Los hechos en los cuales tuve parte entonces fueron los siguientes. Con una llamada el domingo 10 de septiembre de 1978 en la mañana, el Presidente Guzmán me expresó su gran contento por la conversación que acababa de sostener con Bludhorn, muy especialmente por su promesa de entregarle 100,000 tareas de tierras de la G&W para asentamientos agrarios. Este era un programa que –quizás por su condición de hacendado- el Presidente Guzmán tenía muy cerca de su corazón, y por eso su particular satisfacción sobre este punto.

Pasó entonces a relatarme que Bludhorn le había ofrecido traspasarle la Zona Franca Industrial de La Romana al Estado dominicano, dado que entonces era el único parque industrial de propiedad privada. Le pregunté al Presidente Guzmán qué le había contestado a Bludhorn, y me dijo que nada. Le razoné entonces el mérito político de ese traspaso, que era una reivindicación anhelada por los romanenses que además estaba en su Programa de Gobierno. Me dio la razón y me dijo que él concertaría una reunión mía con Bludhorn para que le llevara de su parte el recado de que le aceptaba la oferta. Así se hizo, aunque sin indicarle a aquél la misión que llevaba yo.

Al día siguiente 11 de septiembre me trasladé a Punta Águila, residencia de éste, donde me esperaban ya. En el vestíbulo alcancé a ver una hermosa cara conocida que salía, que resultó ser de la actriz Candice Bergen. Pasé a un salón donde me esperaba Bludhorn, acompañado de Carlos Morales Troncoso, su secretario Rolando González Bunster, y el Ingeniero Eduardo Martínez Lima. Después de las presentaciones de rigor pasé a darle cuenta del motivo de mi visita. Bludhorn, quien pensaba que se había librado de ese compromiso, al oír el propósito de mi misión arrugó la cara y comenzó a hacer comentarios desfavorables sobre los políticos que conocía y en especial de su Presidente (que era Jimmy Carter), en un rodeo que apuntaba de soslayo a los políticos dominicanos y a nuestro Presidente.

En ese momento quien arrugó la cara fui yo y con ese semblante le dije que nuestro gobierno estaba únicamente comprometido con el pueblo dominicano y que cumpliría todos sus compromisos. Los demás presentes se limitaban a escuchar sin intervenir en nada. Bludhorn hizo entonces un silencio que pareció una eternidad, y entonces echó a reír, me puso el brazo en el hombro y me dio el recado al Presidente Guzmán de que le llamaría.

A los dos días el Presidente Guzmán me llamó a su despacho para decirme que Bludhorn estaba muy molesto conmigo, y que le había mandado a solicitar que por favor no me volviera a enviar donde él. Entonces yo le contesté que en mi opinión Bludhorn había intentado faltarle el respeto y yo lo había puesto en su sitio, cosa a la cual obviamente el no estaba acostumbrado, y que tampoco tenía el menor deseo de volverle a ver. Entonces le dije, “Presidente, cuando Ud. tenga que pasarle la mano a alguien envíe a otro. Cuando Ud. tenga que apretarle los... envíeme a mí”. Entonces quien se echó a reír fue Guzmán.

Pero yo había pisado un callo doloroso de las relaciones que cultivaba su anillo familiar, ya que el gobernador del Banco Central, Eduardo Fernández, santiaguero y allegado a la PUCMM y a su rector Agripino Núñez Collado, venía de desempeñarse como vicepresidente financiero de la G&W, y era protegido de Sonia Guzmán, la poderosa hija del Presidente.

Pero también –como pude percatarme en Febrero de 1979- José Fco. Peña Gómez, anterior líder de ‘izquierda’ dentro de un PRD heredero de la ideología de Bosch, había buscado un acercamiento con los jefes de la G&W, al punto que una conversación telefónica que sostuvo delante de mí con Carlos Morales Troncoso, segundo a bordo en la G&W, desde su habitación del aparthotel de Washington donde habíamos coincidido a su regreso de un ‘tour’por Europa en defensa del azúcar dominicana, terminó con la frase en boca de Peña: “OK mi hermano”.

Esto me puso a pensar que yo -que me malquistaba con Bludhorn, su jefe- estaba pisando terreno falso. Este vínculo lo confirmé mucho después, el 15 de julio de 1992, cuando en el programa de TV: ‘1+1’ del Canal 2, y entrevistado por Juan Bolívar Díz y por Margarita Cordero, Peña Gómez reveló que Bludhorn le había planteado en 1978 que asumiera la defensa del azúcar dominicana, y que había contribuido económicamente con el PRD (entiéndase con él). Esta amistad con Bludhorn la reiteró luego el 29 de mayo de 1993 en el programa de TV ‘Revista 110’, y el 15 de junio de 1993 en el programa de TV, ‘Desayuno de Hoy Mismo’. Ya en otra oportunidad expresaría lo mismo respecto de los ejecutivos de la Casa Vicini.

Eduardo Fernández fue también responsable de la parálisis de la economía, al plantear en un Consejo de Gobierno que la construcción era una actividad inflacionaria, con lo cual se cerraba el crédito bancario al sector privado de la construcción, al tiempo que influía en el ánimo del Presidente Guzmán para que no dedicara recursos del presupuesto para esa actividad. No me valió argumentar que los cuantiosos recursos que se estaban invirtiendo en el campo precisaban como contrapartida la creación de empleos urbanos, que sólo podían generarse rápidamente por vía de la construcción. Pero como cabeza visible de la revisión de los contratos ‘grado a grado’ esa parálisis se me pegó a mí.

Tuve asimismo choques con el Padre Alemán, asesor económico del Presidente de parte de la PUCMM, quien le metió en la cabeza al Presidente que el monto del presupuesto para 1979 ya ajustado y compatibilizado de RD$678 millones era inflacionario, y que era preciso reducirlo. Le expresé al Presidente Guzmán que ese monto era resultado de la eliminación de todas las superposiciones que en demanda de recursos habían hecho todos los departamentos de la administración pública, sin comprometer sus programas y objetivos, y que yo no estaba en disposición de hacerle más recortes. Por cierto ese monto, que sólo lo conocíamos Guzmán y yo, salió en primera plana del Diario ‘El Sol’.

También le expresé al Presidente que ese monto no incluía los préstamos que estábamos gestionando, ni por tanto sus efectos económicos, y le pregunté si su preocupación por los efectos inflacionarios del presupuesto implicaba que suspendiéramos esas gestiones, contestándome que no. No obstante, el Presidente Guzmán –obviamente siguiendo el consejo de Alemán- reunió en su despacho al gabinete, y nos dijo que él haría los recortes, procediendo a enunciar los nuevos montos de cada departamento, incluyendo cortes sustanciales a la propia Presidencia de la República.

No tardaron muchos meses en evidenciarse que en esos recortes el Presidente Guzmán había eliminado recursos que estaban destinados a transferencias a organismos descentralizados, cuyas actividades se vieron afectadas. Otra dificultad que mostró el equipo económico posteriormente fue la de consignar oportunamente los fondos de contrapartida para poder mover los recursos externos de los préstamos contratados. Así el país terminó la gestión de Guzmán con cuantiosos recursos externos que no se habían movilizado.



Negociando la Soberanía

La influencia de la PUCMM
en el gobierno de Guzmán


Por Leopoldo Espaillad Nanita

Un detalle de interés de las relaciones internacionales del petróleo lo mostró la visita de un día que hiciera al país en fecha 27 de diciembre de 1978, el entonces Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, la cual me tocó preparar viajando a Caracas, también en viaje relámpago, dos días antes. En la entrevista que sostuve con el Presidente Pérez en La Casona, residencia presidencial, le relaté los problemas que tenía el Gobierno dominicano con la Shell por la co-propiedad de la Refinería de Petróleo como resultado del contrato negociado por el Presidente Balaguer en 1969, lo cual escuchó con gran interés dándome como respuesta una eufórica y exaltada reacción: “Venezuela le financiará a la República Dominicana la compra de las acciones de Shell, como primer paso para un acuerdo petrolero”.

Como es natural, consideré que esa propuesta era la cuestión más importante en la agenda de la visita presidencial y desde luego de enorme trascendencia para el país y el nuevo gobierno, y esa misma noche regresé en un vuelo especial, junto a la avanzada de seguridad del presidente Pérez a traerle las buenas nuevas al presidente Guzmán. Cuál no sería mi sorpresa, cuando en la mañana del día 27, al bajar del avión la comitiva presidencial, el ministro Héctor Hurtado me dijo muy bajito al oiído: “Hay que sacar de la agenda lo de la Shell”. Hurtado no me dio ninguna explicación, ni nunca he podido preguntarle a Carlos Andrés Pérez, ¿qué pasó entre la noche de nuestra entrevista y su llegada al país? Es obvio que el largo y poderoso brazo del petróleo internacional se había hecho presente.

El 24 de enero de 1979 recibí a los representantes de ‘Hershey Foods’, firma que tomé la iniciativa de contactar para explorar la posibilidad de utilizar cacao y leche dominicanos en la manufactura de sus acreditados productos, creando una empresa mixta (joint venture) que utilizara su franquicia tecnológica y de marca, y crear sus productos para el mercado local y de exportación a EE.UU., lo cual requería un esfuerzo para mejorar la calidad del cacao que pospuso la formulación de los estudios de factibilidad, iniciativa que (como siempre sucede) murió con mi salida del Secretariado Técnico.

La Rosario

Otra tarea delicada que le tocó al Presidente Guzmán fue negociar la adquisición de manos de la ‘Rosario Resources’, el oro de la mina de Pueblo Viejo, histórico hito de su gestión, que es la misma mina que ahora trata de regresar nuevamente al capital extranjero el presente gobierno del entonces secretario de Agricultura de Guzmán, Hipólito Mejía. Los problemas de agotamiento de los óxidos y de procesamiento de los sulfuros ya surgían, y para fortalecer la posición negociadora del Estado recurrí a un antiguo condiscípulo del ‘Colegio Muñoz Rivera’, Marcelo De Moya (fallecido), quien tenía relaciones con técnicos surafricanos, país que había adelantado tecnológicamente en materia de procesamiento de oro de sulfuros. En mi agenda tengo consignada su llegada el 19 de enero de 1979.

Las gestiones para la exitosa adquisición de la mina tuvo su base en una negociación previa que habíamos llevado con la Rosario el entonces secretario de Industria y Comercio, Ramón Báez Romano, el secretario de Finanzas, Manuel José Cabral, y yo, al establecer que si el oro alcanzaba a más de US$ 300/oz., la participación del Estado en los beneficios de la mina se iría incrementando escalonadamente hasta pasar a ser casi confiscatoria. El oro –como se recuerda- llegó a venderse a US$ 800/oz., y el Estado pudo así adquirir la mina de la Rosario gracias a esa negociación previa.

Muy al inicio de su gestión, el Presidente Guzmán fue presentado con la tentadora opción política de anunciar el descubrimiento de petróleo por parte de la empresa ‘Mercedes’, venezolana, y que operaba en la zona Este del Distrito Nacional bajo la responsabilidad de Fortunato Canaán, pero viendo la falta de seriedad de esta propuesta, tanto Báez Romano como yo nos opusimos a que el Presidente Guzmán cayera en ese lazo. Puesto a depender después de personas ajenas a su partido que representaban intereses extranjeros, tuvo también el Presidente Guzmán la poca fortuna de ser llevado a anunciar posteriormente, el 24 de julio de 1981, el hallazgo de petróleo en el Oeste del país, en ‘Charco Largo’, cosa que era incierta y obviamente resultado de alguna exitosa especulación bursátil, lo cual trajo naturalmente gran descrédito a su gestión, y mucha desazón personal al Presidente Guzmán. Este ángulo, de prometedoras posibilidades para detectar la verdad, nunca ha sido investigado.



Estabilidad macroeconómica

Durante este período, la política macro-económica se mantuvo inalterable, la moneda dominicana retuvo fundamentalmente su valor de cambio, con lo cual el mercado interno continuó abastecido por el conjunto de empresas productivas nacionales y mixtas, sin que viera menoscabada su participación en el mercado interno por las importaciones de productos similares foráneos, como comenzó a manifestarse posteriormente, y ha llegado a hacer crisis en la actualidad. En el plano político, la fase inicial de parálisis económica con propósitos de desestabilización política fue vencida con los recursos que ingresaron con el préstamo de los US$185 millones, y esta dimensión política del problema económico, que escapaba a quienes no tenían –como yo- informes confidenciales de los intentos de dar al traste de mala manera con la gestión de Guzmán, fue motivo fundamental de mi apoyo a ese endeudamiento.

Recuerdo que las relaciones del Presidente Guzmán y la cúpula empresarial -entonces encabezada por el amigo Luis Augusto (Payo) Ginebra Hernández- se hicieron muy tirantes, pues entonces se comenzaba a cuestionar la eficiencia del sector público en la administración de empresas y su incursión en la economía. Desde luego –aunque ‘Payo’ no lo quisiera- este argumento ideológico era parte del objetivo de un sector nacional de apoderamiento de las empresas estatales heredadas de Trujillo, para lo cual se minaba la credibilidad del Estado como administrador, argumento que se fundamentaba además en la mala gestión de algunos administradores en la gestión de Balaguer y aún en la de Guzmán.

El Presidente Guzmán respondió designando administradores de varias empresas del Estado a connotadas figuras del sector privado. Recuerdo como parte de esta política la designación de José Manuel Armenteros, antiguo socio y miembro del Consejo de Administración de la Fábrica Dominicana de Cemento, como su administrador general, y también la de Gustavo Vega Imbert como administrador general de Molinos Dominicanos, dos de las empresas más importantes del Grupo CORDE. Ambos fracasaron en su gestión.

En ocasión de esa situación, y aunque fuera ya del gobierno, me preocupé sin embargo de visitar a ‘Payo’ Ginebra para intentar desarmar algunos de los argumentos retóricos que se esgrimían contra la capacidad del sector público para administrar, y haciendo uso de la confianza entre nosotros le espeté: “Payo: tú que estás en el sector privado: ¿Te consideras un administrador eficiente?” Contestó que sí. Entonces yo le respondí. “Tú has sido en el pasado funcionario público en distintas posiciones y ahora estás en el sector privado. Si se te llamara otra vez a una función pública, ¿Tú serías eficiente o no?” Él (que se citaba entonces como un posible candidato presidencial) me contestó sin vacilar que sí. Le dije: “Entonces amigo ‘Payo’, no se trata de si tú estás en el sector público o en el privado. Lo que importa es si tú eres capacitado o no para un cargo, no importa en qué sector te encuentres”. Así quedamos en paz en cuanto a argumentos ideológicos se refiere, aunque no entre él y Guzmán. Superada la situación inicial de resistencia soterrada y aún abierta de sectores reformistas recalcitrantes, el país tendió a la normalización política. Los sectores económicos se plegaron finalmente a aceptar el nuevo orden de cosas, al extremo de que no faltaron comentaristas ‘independientes’ de TV y prensa (vinculados a Palacio), que comenzaron a cultivar la posibilidad de una reelección de Guzmán, e incluso a proyectar políticamente a su hija Sonia, haciendo equiparaciones con la Evita de Argentina. Esto era desde luego un desafío al primer compromiso político del Programa de Gobierno: ‘No Reelección’.

La primera vez que tuve oportunidad de tocar ese delicado tema con alguien, fue con Cundo Gil, en ocasión de un viaje a Venezuela, en una comisión que yo encabezaba, y que nos permitió hacer un aparte en el hotel en que nos alojamos y conversar sobre la situación política del país. A sabiendas que Cundo era pieza fundamental del grupo de ‘los viejos robles’ sobre los cuales se sustentaba la posición de Guzmán en el PRD, quise hacerle saber claramente mi posición al respecto, expresándole mi total oposición a que se considerara la posibilidad de una reelección, por ser compromiso fundamental del Programa de Gobierno enarbolado en el proceso electoral contra el continuismo de Balaguer, y por convicción propia. Debido a las estrechas relaciones entre Cundo y yo, esto se quedó ahí, pero el laborantismo reeleccionista en los medios de comunicación continuó un tiempo, y desde luego propiciado desde Palacio.

En lo concerniente al turismo, surgieron problemas desde el principio. El autor, coordinador y orientador del Programa de Gobierno del PRD que enarbolara Guzmán en su triunfante campaña presidencial de 1978, había incluido en este aspecto la creación de la Secretaría de Estado de Turismo, para ponerle a cargo de todas las funciones que hasta ese momento había asumido el Banco Central con el respaldo de los organismos internacionales, especialmente el Banco Mundial, tanto en el control del desarrollo de la costa norte como en la administración de la ventanilla de crédito para el sector privado, funciones que había colocado bajo el Departamento Infratur, que pasaría a depender de la nueva secretaría.

La primera dificultad surgió con la selección del titular, porque teniendo en el PRD un técnico en hotelería como Rafael Flores Estrella, que había laborado conmigo en el Programa de Gobierno, y había arriesgado su posición en Infratur firmando el Programa (cosa que muchos técnicos que colaboraron en el mismo evadieron para no perder sus cargos gubernamentales) la posición fue puesta en manos de Víctor Cabral Amiama (sobrino de Luis Amiama), quien había laborado con la G&W, con cuya familia me han unido lazos muy estrechos, y era auspiciado por Incháustegui Cabral, que había sido designado Secretario de Estado Sin Cartera. Flores fue entonces designado subsecretario, pero fue obvio que la conveniencia de propiciar una transición política sacrificó su aspiración a una posición que se había ganado.

El proyecto de ley de creación de la Secretaría de Turismo pasó sin dificultad, pero materializar sus alcances fue otra cosa. El Banco Central se negó de plano a traspasar el Departamento. Infratur a la nueva secretaría, con el pretexto de que el Banco Mundial había expresado que si se hacía tal cosa revocaría los créditos otorgados al país en el propósito de desarrollar su enorme potencial turístico. Esta situación me obligó a aprovechar un viaje que tenía a Washington para firmar con el Banco Mundial el primer préstamo que esta entidad otorgara al Gobierno de Guzmán por US$27 millones para el canal de riego ‘Marcos A. Cabral’ en Baní. Me dispuse a aclarar tal situación, cosa que hice en un aparte con el Vicepresidente del BM, y posterior Presidente de Panamá, Nicolás Ardito Barletta.

Este me negó tal cosa, y yo pasé a explicarle las versiones que le habían llevado al Presidente Guzmán, Eduardo Fernández y la gente del Banco Central, de parte de una misión del Banco Mundial que visitaba periódicamente el país desde la gestión de gobierno anterior. Obtenido este desmentido, una vez de vuelta en el país, y reunido con el Presidente Guzmán para informarle del viaje, conversé ampliamente con él las dificultades que aquejaban la economía, paralizada por efectos del cambio de gobierno y la falta de definiciones, de lo cual se me acusaba a mí.

Le planteé la necesidad de que me diera su respaldo con la instalación de un equipo de técnicos en el Palacio Nacional bajo mis órdenes directas, para asumir la dirección de las medidas que le había propuesto, y el compromiso de presentarle mi renuncia en tres meses si no lograba resultados, a lo cual otorgó su asentimiento. También me proponía llevar adelante las gestiones de traslado del Departamento Infratur a la Secretaría de Turismo, dejando en el Banco Central solamente la parte de otorgamiento de créditos del INFRATUR. Esto suponía la asignación del espacio necesario en el Palacio Nacional, así como recursos materiales en equipo y mobiliario, ya que el Secretariado Técnico carecía de este presupuesto.

La influencia de la PUCMM

Pero a mi regreso había encontrado que Guzmán había destituido a Julio César Castaños Espaillat de la Secretaría de Educación, para designar a un desconocido, el Pedro Porrello Reynoso, quien provenía del personal docente de la PUCMM bajo el patrocinio de Sonia Guzmán. Frente a esta situación, terminado mi informe, consideré mi deber expresarle al Presidente que la creciente influencia de la PUCMM (a través de su hija) en su gobierno era materia de censura pública, sobre todo en este caso, por designar a un desconocido en sustitución de una personalidad académica como Castaños.

Esto fue causa para que dos días después, el 1º de marzo de 1979, el Presidente Guzmán me llamara a su despacho para decirme que se veía en la obligación de sustituirme del Secretariado Técnico y designarme en otra posición por ‘presiones de distintos sectores’, opción que rechacé tan prontamente, que no di tiempo a decirme dónde pensaba enviarme, al reclamarle nuestra conversación y los compromisos que ambos habíamos hecho. Desde luego la única opción que le quedó a Guzmán era destituirme.

Ya en horas de la tarde, Manuel José Cabral (que no sabía absolutamente nada de su desgracia), era destituido también de la Secretaría de Finanzas, aunque se dijo que había renunciado, y se anunciaba que yo había sido destituido. Luego supe de buena tinta, en uno de los periódicos del país, al llevar las palabras que no pude pronunciar en el acto de toma de posesión de mi sustituto, porque no se me invitó al mismo, que Sonia Guzmán, enterada por su padre de las críticas que yo había hecho a su influencia y la de la PUCMM, le había planteado a éste un ‘ultimátum’: “O Polín o yo”.

Después de casi dos años, en los cuales realicé asesorías externas a entidades diversas, el 23 de enero de 1981 volví al Gobierno a petición del Presidente Guzmán, designado por él al frente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo, y a partir de entonces hice todos los esfuerzos para que el Estado adquiriera las acciones de Shell en la Refinería, cosa que no se logró en esa administración, ni mucho menos en la siguiente, por razones que explicaré más adelante. De todos modos, ya parte del contrato aprobado por el Congreso Nacional había sido sustituido por acuerdo de las partes, por un ‘Modus Vivendi’ que fijaba los dividendos que se repartían ambos accionistas.

El 23 de marzo de 1981 se recibió la visita de quien luego desempeñaría la poderosa posición de Secretario de Estado de los EE.UU., George Schultz, entonces presidente de la empresa ‘Bechtel’, interesada entonces en propuestas energéticas. Mi agenda registra el almuerzo que le ofreciera en el Banco Central, Eduardo Fernández, quien patrocinaba las gestiones que había venido a realizar al país Schultz, y en la cual estuvo acompañado de John Saunders, dominicano de origen.

En manos del Banco Central todo lo que era esencial para el desarrollo turístico, y siendo ya Carlos Despradel gobernador de éste, se inició la política de no ejercer el control de las divisas generadas por el turismo y entregar las que se canjeaban localmente al mercado informal, situación que ahora prevalece y se sustenta formalmente en una resolución de la Junta Monetaria que exime al sector turismo de entregar al Banco Central las divisas que genera la industria. Esto desde luego vino a enterrar el objetivo de creación misma de la ‘industria sin chimeneas’, que era sustituir a la declinante industria azucarera en su rol de proveedor y sustentador principal de las reservas de moneda dura del Banco Central, respaldo del peso dominicano.

La expresión de esta nueva política neo-liberal que se aplicaría calladamente después, ‘se le escapó’ prematuramente a Despradel una noche en una reunión social celebrada en la villa de Sosúa de Gustavo Taváares Grieser, al decir delante de varias personas -entre ellas el entonces secretario de Turismo, Víctor Cabral Amiama- que al Banco Central no le interesaba captar los dólares del turismo, lo cual provocó mi asombro y protesta por las razones indicadas, solicitando una explicación y evadiendo Despradel una respuesta. Los demás presentes en esa ocasión están vivos y podrían dar testimonio de la veracidad de lo afirmado. Ante la posibilidad de una refutación interesada y divorciada de la verdad, me reservo el derecho de completar los nombres de los demás invitados de esa noche, entre los cuales se encontraba un ex-secretario del gobierno de Guzmán, y un promotor de proyectos turísticos en la zona de Sosúa.

He reflexionado mucho sobre este particular, y estoy convencido de que la actual política que aún prevalece en desmedro de las reservas de divisas del Banco Central, y diseñada con la secreta condicionalidad de que el país se desprendiera de los ingresos en dólares de la inversión extranjera, especialmente los del turismo, es consecuencia de que el Departamento Infratur permaneciera en éste como era el deseo del Banco Mundial. Esta tarea antinacional desde luego no podía ser confiada a la nueva Secretaría de Turismo, y para ello era preciso retener este control en una entidad sometida a la voluntad de los organismos multilaterales, como lo ha sido siempre el Banco Central, con la excepción del período en que se desempeñó Luis Julián Pérez. Fue también Carlos Despradel, gobernador del Banco Central, quien convenció al Presidente Guzmán de llamar al país una misión del FMI para negociar un préstamo ‘stand by’, con las usuales condicionalidades de este tipo de gestión. Lo único que, a falta de un consejo idóneo de sus asesores, el instinto político del Presidente Guzmán, hombre de sobradas buenas intenciones para su país, le hizo revocar esta autorización antes de que Despradel llegara a ejecutarla. Tuve otra experiencia interesante sobre el olfato político del Presidente Guzmán, durante mi gestión al frente de la Refinería de Petróleo, pues a gestión mía se invitó al entonces presidente de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Jorge Díaz Serrano, con cuya entidad tenía obligados y frecuentes contactos, a una breve visita de escala al país de dos días, la cual se produjo el 3 de mayo de 1981, aprovechando un viaje que éste realizaría a Europa acompañado de una nutrida comitiva. En esa época, el ingeniero Díaz Serrano era considerado como una de las opciones presidenciales del PRI.

El ITBI

En un almuerzo que le dedicara en el Palacio Nacional el Presidente Guzmán, éste, que estaba presionado por Martínez Aponte (ya Secretario Técnico de la Presidencia con el auspicio de Sonia Guzmán), y Bolívar Báez Ortiz, (entonces secretario de Finanzas), para implantar el impuesto IVA (luego ITBI, ahora ITBIS), y estaban sentados a la mesa como invitados, relató el encuentro con su colega, el Presidente José López Portillo, en ocasión de su visita a México, quien le aconsejó que no se embarcara en aplicar tal tipo de impuesto, porque allá el mismo resultó inflacionario, confesando que éste había sido su mayor error político, por haberlo auspiciado.

Mientras el Presidente Guzmán relataba esto, me miraba de soslayo, pues en una de las sesiones nocturnas que se celebraban en la residencia presidencial de Sans Soucí, hoy convertida en Acuario Nacional, y en la cual, tanto Martínez Aponte como Bolívar Báez patrocinaban el impuesto, la única voz que se había opuesto a tal despropósito había sido la mía. Para sustentar mi posición, le había llevado al Presidente Guzmán y le entregué un artículo que se había publicado en una revista mexicana denunciando los efectos inflacionarios del IVA. Con ello el Presidente Guzmán me daba una satisfacción indirecta que sólo podían percibir los que conocían los antecedentes.

Al mismo tiempo que el Presidente hablaba, Martínez Aponte, que sentía que el ‘boche’ iba dirigido a él, tomó la servilleta, y en un alarde de comiquería se cubrió con ella la cara. El asesor económico del Presidente López Portillo, que era parte de la comitiva de Serrano, planteó la interesante tesis de que toda medida económica tenía resultados diferentes en los distintos segmentos de ingreso de la población, y que los estudios realizados en México demostraban que los sectores más afectados por efectos de la inflación con ese tipo de impuesto siempre eran los de más bajos ingresos. Esto selló la suerte del IVA en la administración Guzmán, y pospuso su reedición hasta la administración Jorge Blanco, esta vez bajo los auspicios de Bernardo Vega y del FMI, su autor intelectual. Lamentablemente, la gestión del Presidente Guzmán terminó con el fracaso de sus funcionarios claves en el manejo económico. Este fue el caso del gobernador del Banco Central, Eduardo Fernández, quien escudó su incapacidad acusando al Gobierno de propiciar ‘emisiones inorgánicas’, y sobre todo por la actuación del círculo familiar íntimo de Guzmán, acusado de actos de corrupción, lo cual conllevó la amenaza de su sucesor, su enemigo personal, el ya electo Presidente Jorge Blanco, de llevarlo al banquillo de los acusados, lo cual le llevó al suicidio, sucediéndole el Vicepresidente Jacobo Majluta.



DESTINO DE LOS US$ 185 MILLONES
TOMADOS POR LA ADMINISTRACIÓN GUZMÁN EN 1978.


CDE:
Pago cuotas atrasadas préstamos externos con Banreservas; Bank of Nova Scotia; Chase Manhattan Bank; Bank of America; Banco do Brasil; y Eximbank US$19,550,000.00

Pago de la deuda vencida con Citicorp International Bank Ltd. US$25,313,094.00

Gastos Operacionales y deudas vencidas US$ 28,386,905.00

Total US$73,250,000.00


INESPRE:
Pago cuotas atrasadas préstamos externos con Banreservas; Banco Popular Dominicano; Chase Manhattan Bank; Commodity Credit Corp.; y National City Bank US$35,937,000.00

Financiamiento de compras de arroz a Factorías: US$1,188,000.00

Total US$ 37,125,000.00


CORDE:
Pago deudas vencidas en préstamos externos, intereses y principal, con: Chase Manhattan Bank; Bank of America; Bishop International Bank; Irving International Bank; Bank fur Gemein-Wirschaft; Stock Brabant, B.V.; Banco do Brasil; Banco de Comercio Exterior de México; Fratelli Mordenti; British Overseas Eng, & Cred.; Roots Motors Overseas
US$9,513,000.00

Capital de Trabajo a 15 empresas de CORDE US$15,387,000.00

Total US$24,900,000.00


CEA:
Capital de Trabajo US$20,000,000.00

BAGRICOLA:
Capital de Trabajo US$4,725,000.00

BANRESERVAS:
Capital de Trabajo US$15,000,000.00


GOBIERNO CENTRAL:
Subsidio al Ayto. del Dto. Nal. para pagar a: International Harvester; Banreservas; Antillana Comercial; Viamar; Avelino Abreu; US$3,655,316.00

Subsidios extraordinarios a 21Ayuntamientos y laLiga Municipal Dominicana US$963,878.00

Aportes a instituciones por diferencial
del Diesel-oil US$380,900.00

Plan de Pagos de Deudas a: Cía. Española de Seguros de Crédito a la exportación; Embajada deEspaña; Cia. Francesa de Seguros para el Comercio Exterior; Instituto de Crédito del estado Italiano; Gobierno de EE.UU. por PL-480; Banreservas Bonos 1980; Banreservas Bonos Reforma Agraria; Chase Manhattan Bank; US$10,193,891.00


El Gobierno de 43 días de Jacobo Majluta (1982)
Jacobo Majluta, de innegable capacidad gerencial y experiencia administrativa y financiera, que en su desempeño como Director General de CORDE estuvo rodeado de un ambiente de corrupción, trajo a su corta gestión presidencial la marca del grupismo, y su invencible hábito de acostarse y levantarse tarde, que había afectado su carrera política. Los funcionarios de su grupo, constituidos en nuevo anillo palaciego, se cerraron en su torno suyo y le hicieron inaccesible. Durante su breve gestión me fue imposible concertar una reunión para tratar asuntos importantes de la Refinería de Petróleo.
No obstante ello, Majluta pudo -en el corto término que rigió los destinos nacionales- demostrar la capacidad de resolver parte de los problemas dejados por funcionarios incapaces de la administración Guzmán, y poner en marcha la economía. Este breve y exitoso desempeño fue suficiente para rehabilitarle políticamente, convirtiéndole en un potencial candidato presidencial para el futuro, como efectivamente pudo hacerlo. Un aspecto innegablemente negativo de su mandato lo constituyó el hecho de haber autorizado a su asesor de confianza Arturo Martínez Moya, proveniente del Banco Central, y designado en el Palacio Nacional, a traer al país una misión del FMI. Esta misión no alcanzó a venir en el corto lapso que le tocó gobernar, pero sí lo hizo ya con los auspicios del gobierno siguiente.


Negociando la Soberanía



El Gobierno de Salvador
Jorge Blanco
Impuso el primer paquetazo económico neoliberal tras los acuerdos firmados con el FMI


Por Leopoldo Espaillat Nanita

Salvador Jorge Blanco, cuyo gobierno había sido caracterizado de antemano por Peña Gómez como ‘el verdadero gobierno del PRD’, para inferir que el de Guzmán no lo era, fue sin embargo promovido electoralmente como un ‘extra-partido dentro del partido’, para realzar el apoyo externo con que contaba, especialmente respecto a los ingentes recursos de que fue provisto para montar su aparato político interno, en un PRD dirigido por ‘viejos robles’ de recursos limitados e integrado por una multitud de sedientos dirigentes nacionales, intermedios y de base de ingresos muy escasos, que incluía al propio Peña Gómez.

Esto permitió a Jorge Blanco articular su base partidaria con un nutrido núcleo de nueva militancia proveniente de las estructuras electorales periféricas, el cual desafió con éxito los estamentos dirigenciales del PRD, y enarboló en su triunfo la imagen de las manos limpias para denostar a sus adversarios de los sectores de Guzmán y Majluta, signados con la mancha de la corrupción. Nadie podía sospechar entonces la magnitud de la corrupción que acechaba desarrollarse en la administración Jorge Blanco, de parte de figuras claves de su gobierno muy allegadas al Presidente, al extremo de que el ulterior cuestionamiento de su gestión de parte de la administración Balaguer, que le sucedió, llevó a la cárcel a Jorge Blanco.

Quizás el único que conoció bien a Jorge Blanco, desde antes de que se quebrara la amistad entre ambos, fue Antonio Guzmán. Recuerdo que en un momento de grandes tensiones entre el gobernante y Jorge Blanco, senador por el Distrito, presidente del PRD y precandidato presidencial, aproveché una visita en asuntos oficiales para plantearle la necesidad de que se bajara el tono de esas contradicciones. Temí que lo tomara a mal, pero no fue así. En ese momento Guzmán me dijo: “Uds. no conocen a Jorge Blanco como yo, ni de lo que es capaz, pero yo sí”. Y agregó: “Yo sé ser amigo, pero también sé ser... no amigo”.

Siempre mantuve relaciones cordiales con Salvador Jorge Blanco, a quien otorgué trato de amigo junto a su esposa Asela, desde que en 1964-65 yo participaba en la coordinación del movimiento de profesionales que reclamaba el retorno del orden constitucional sin elecciones y la reposición de Juan Bosch (paralelamente a mi involucración en el movimiento “Enriquillo”), y a cuyas reuniones semanales él concurría en representación de Santiago junto a Aníbal Campagna y otros, en la residencia de Emilio Almonte en la zona universitaria de Santo Domingo.

Mantuve la difícil decisión de estar al margen de las divisiones facciosas en el PRD, pero apoyé a Jorge Blanco en la jornada interna de 1977 que perdió frente a Guzmán, por entender que su propuesta de ‘gobierno de transición’ iba más acorde con las circunstancias del momento que la posición radical de ‘gobierno del cambio’ enarbolado por Guzmán, aunque éste terminó aplicando una política de ‘transacción’ que iba más lejos que la de Jorge Blanco. Este se alejó de mí con mi paso por el gobierno de Guzmán, al punto que cuestionado por la prensa en el aeropuerto de ‘Las Américas’ a su regreso al país cuando fui destituido como Secretario Técnico, en su condición de presidente del PRD, su respuesta fue la bachata “yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó yo no estaba aquí”.

Y desde luego, no hizo valer su posición para defenderme, como tampoco Peña Gómez, que sí lo hizo desde Tribuna Democrática a favor de quien no era perredeísta, como fue el caso de Manuel E. Gómez Pieterz, representante en el gobierno del Consejo de Hombres de Empresa, cuando Guzmán lo destituyó de la Secretaría de Industria y Comercio.

La razón de ese alejamiento de Jorge Blanco pudo estar en la oposición que hicieran Peña Gómez y él a Guzmán, el primero ofendido porque éste le había prohibido ir al Palacio Nacional, a causa de que durante la campaña Peña Gómez había dado a entender que el PRD y él serían el verdadero gobierno, mientras se hacía burla a la poca preparación académica y defecto de pronunciación de Guzmán, y el segundo, por contradicciones viejas desde Santiago. En respuesta el Presidente Guzmán siempre se refirió a “su gobierno” cada vez que le tocaba mencionarlo.

Desde luego, yo me mantuve junto a Guzmán, que había mostrado la confianza de designarme en un cargo clave, haciendo caso omiso de que no hubiera militado a su lado en la contienda. Es posible que en ello influyera Don Secundino Gil Morales, expresidente del PRD y fuerte pilar del grupo de ‘los viejos robles’, sostén político interno de Don Antonio, con quien mantuve estrechas y afectuosas relaciones y además el nexo familiar entre Guzmán Fernández y Pedro María (Cholo) Espaillat Franco, primo hermano de mi padre, casado con Esperanza Fernández, tía de Guzmán, en cuya casa de Santiago mis padres, mi hermana y yo nos encontramos más de una vez con los esposos Guzmán-Klang.

Jorge Blanco llegaba al poder hallándome en el cargo de presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, y ahí me confirmó, agregando a esa condición la de ‘miembro del Consejo de Gobierno’. Cuando le expresé que existían graves problemas con la Shell que me obstaculizaban el desempeño de mis funciones y supeditaba mi aceptación a que los mismos fueran resueltos, me expresó que “su oficina había tenido una ‘igualita’ con la Shell y que por eso mantenía buenas relaciones con sus ejecutivos, de modo que no debía preocuparme, pues cualquier problema sería solucionado”.

Además de nuestro previo alejamiento, no me había ganado simpatías con Jorge Blanco, que en medio del conteo de votos de la convención que le eligió candidato él quiso que personalidades del PRD se pronunciaran dándole como ganador antes del resultado, para lo cual fuimos invitados a su casa, donde la presidenta del PRD, Ivelisse Prats de Pérez (quien dio el testimonio solicitado), me instó a que lo hiciera, negándome yo señalando que debía esperarse el informe de la Comisión responsable del conteo. Como recompensa, Ivelisse pasó a una posición que siempre había anhelado: la Secretaría de Educación.

El acuerdo con el FMI

Fue el grupo técnico de Jorge Blanco, encabezado por Bernardo Vega, el que consumó la negociación con el FMI antes de instalarse como Gobierno, culminando en un plan clandestino de corte neoliberal, contrapuesto totalmente al que se había presentado a la Convención del PRD y al electorado. Pero lo que Antonio Guzmán autorizó a regañadientes, y luego revocó, fue llevado adelante con gran entusiasmo por el Presidente Jorge Blanco y su gobernador del Banco Central designado, Bernardo Vega, dictando medidas de inspiración fondomonetarista mediante resoluciones a cargo de la Junta Monetaria y remitiendo al Congreso Nacional un paquete legislativo de diversa índole, que afectaban un amplio universo de actividades económicas.

Así, “el verdadero gobierno del PRD” anunciado y respaldado políticamente por Peña Gómez, dictó y propuso sorpresivamente tan pronto se instaló, un conjunto de medidas auspiciadas por el FMI, que vino a constituir el primer ‘paquetazo económico neoliberal’ que conocieran los dominicanos en su reciente historia democrática. Consecuentemente, ya en enero 21 de 1983 firmaba el gobierno de Jorge Blanco con el FMI un ‘Acuerdo de Facilidad Ampliada’, el cual conllevó los ajustes y condicionalidades requeridos por este tipo de compromiso.

La gestión de Jorge Blanco mostró de antemano su estilo conspirativo, y para encubrir sus propósitos quiso acallar a todos los funcionarios del gobierno con una famosa circular que se remitió a todo el que ostentaba alguna posición en el nuevo gobierno, en la cual se expresaba que en lo sucesivo, después que el gobierno llegara a una decisión de política, le quedaba vedado a todos sus funcionarios el disentir de ella ‘pública o privadamente’. Pero sus intentos de acallar toda oposición a sus designios alcanzaron también al propio PRD.

Para ello, Jorge Blanco remitió a Peña Gómez, como líder y secretario general del PRD, y a Ivelisse Prats, presidenta de dedo, una carta para que la firmaran, que comprometía al PRD en todas sus instancias, nacionales congresionales o municipales, a apoyar el programa clandestino a partir de que ellos habían compartido su formulación asistiendo a las reuniones que –a espaldas de los organismos del PRD- había celebrado el equipo de Jorge Blanco. Desde luego, quien quedó excluido de ellas era yo, que me desempeñaba como Director Nacional de Asuntos Técnicos y era el responsable de los programas de gobierno del PRD.

Temeroso del compromiso histórico que conllevaba firmar esa comunicación, Peña Gómez convocó al Comité Ejecutivo Nacional del PRD para apoderarle del conocimiento de tan insólita carta. Su conocimiento provocó acalorados debates en su seno, en los cuales los representantes de los grupos Guzmán y Majluta llevaron la iniciativa en los cuestionamientos que se hicieron de las medidas dictadas y las que se habían remitido al Congreso Nacional, donde Jacobo Majluta ostentaba la posición de presidente del Senado.

Emplazado por los miembros del CEN a explicar el paquete económico presentado por Jorge Blanco no tuve más remedio que rechazar toda responsabilidad en el mismo, y trasladársela a Peña Gómez y a Ivelisse, como únicos asistentes a esas reuniones. Estando en mayoría del CEN los grupos Guzmán y Majluta, el debate culminó creando una comisión encabezada por mí e integrada por Salvador Marra y Amadeo Lorenzo, completada con técnicos del PRD seleccionados por mí, para rendirle informe sobre ese paquete, y específicamente recomendaciones al Congreso Nacional sobre cada proyecto legislativo que le fue sometido.

Después de intensa labor redactamos el informe, que sólo llevó mi firma. Reunido el CEN, y sometido a debate el informe, Peña Gómez, consciente de que éste –contrario al paquete de Jorge Blanco- sería aprobado, suspendió las labores del CEN y no lo volvió a convocar. Inevitablemente el informe fue filtrado a la prensa nacional, lo que motivó declaraciones de Peña Gómez desautorizando mis recomendaciones, contrarias al paquete legislativo. Mientras, se ocupó de llamar uno a uno a los legisladores del PRD para comprometer su apoyo. Esto influyó de manera especial en la Cámara de Diputados, ya que en el Senado predominaba la oposición al paquete de su presidente, Jacobo Majluta.

La reacción de Jorge Blanco al informe la recibí en ocasión de una reunión en su despacho para asuntos de la Refinería de Petróleo, en la cual participaban además Ramón Alburquerque, entonces Secretario Técnico, y Bernardo Vega, gobernador del Banco Central, con los representantes de Shell, y desde luego Asela, quien seguía fungiendo como su secretaria, al final de la cual, al marcharse la comisión de la Shell, Jorge Blanco dijo: “No se vayan, que quiero que tratemos otro asunto”, y delante de Alburquerque y Vega pasó a decirme: “Leí tu informe, está muy bien, pero en el PRD nadie tiene calidad moral para criticar mis medidas, ni José Francisco Peña Gómez, ni Ivelisse Prats, ni Polín Espaillat”.

Muy molesto al ver la falta de delicadeza de Jorge Blanco, que me estaba reclamando asuntos pertinentes al PRD delante de personas no perredeístas (Alburquerque todavía no lo era, ni Vega lo ha sido nunca), le contesté: “Presidente, sáqueme de ahí, porque yo no participé en las reuniones en que se formuló ese paquete, Peña e Ivelisse sí, por eso cuando el CEN me pidió opinión se la he dado con absoluta responsabilidad, si Ud. me la hubiera solicitado la hubiera tenido también, pero Ud. nunca me la pidió”. “De modo que ese informe pretende evidenciar y corregir los errores que pudiera tener ese paquete, porque ni sus asesores son infalibles, ni Ud. Tampoco, señor Presidente”. “Ud. me conoce y sabe que lo que se dice ahí está dicho de forma responsable y sujeta a sus consecuencias”.

Viendo mi disposición de jugarme el cargo y nuestra relación personal, Jorge Blanco depuso su cuestionamiento y dio por terminada la reunión. Lo que no supe entonces hasta mucho después era que tanto Peña Gómez como Ivelisse Prats habían firmado la carta que les había remitido. Esto se puso en evidencia en tal oportunidad, cuando Peña Gómez, síndico del Distrito Nacional, ya consciente de la gravedad del compromiso que había hecho, de los efectos políticamente devastadores de ese programa, y del daño que recibía el PRD, criticó públicamente la política económica de Jorge Blanco. En ese momento, Ivelisse, secretaria de Educación, reclamó públicamente a Peña Gómez que él, como firmante igual que ella de la susodicha carta-compromiso, no podía hacer ese tipo de críticas. Emplazado a decirme la verdad de lo acontecido, Peña Gómez me confesó que se había visto obligado a firmar la carta de Jorge Blanco y apoyar la política fondomonetarista que plasmaba.

Tampoco supe hasta mucho después del programa clandestino del equipo de Jorge Blanco, que contenía varias formas de devaluar el peso dominicano (intención que fue negada a la prensa, primero por Peña Gómez, y luego por Hatuey De Camps, entonces Secretario de la Presidencia) y resultó confirmada por los hechos. Fue en ocasión de visitar en el Senado a Majluta, buscando bajar las tensiones entre Jorge Blanco y él en torno a la Presa de Madrigal, que conversando se percató de mi desconocimiento del contenido del programa en cuestión, y al día siguiente me envió dos copias que aún guardo.

La devaluación del RD$

Su lectura me evidenció el propósito solapado del paquete económico: devaluar el RD$ para embarcar el país en la ‘economía de servicios’ que ha centrado el modelo económico en la promoción de zonas francas, turismo, e inversión extranjera intensivas de mano de obra devaluada y depauperada, pues el informe contenía –no una sino varias- opciones para materializar esa devaluación, la cual, decidida ilegalmente por el Banco Central, fue acompañada de una campaña de propaganda por toda la prensa nacional para convencer a la población de que el RD$ estaba ‘sobrevaluado’, y de la necesidad de ‘sincerizar’ su verdadero valor.

A esa fecha todavía creía yo que Jorge Blanco estaba siendo manipulado por Bernardo Vega y varios de sus consejeros económicos, y que por tanto actuaba como lo hacía por desconocimiento y buena fe, y en esa tónica le remití una carta que así lo recoge. Lo mismo me aconteció con los manejos y negocios sucios que se ejecutaban bajo la responsabilidad de varios de sus funcionarios y algunos allegados de su mayor confianza. Ya me percataría poco a poco de cuán equivocado estaba, y la forma consciente y deliberada con que Jorge Blanco se prestaba a todo ello.

A partir de agosto de 1982, la implantación del nuevo modelo económico de mano de obra abaratada a través de la devaluación monetaria, conllevó a la proliferación de parques industriales de zona franca en todo el territorio, primero en manos de la Corporación de Fomento Industrial (CFI), y luego en manos privadas, convirtiéndose la generalización de este modelo en la justificación para que el parque industrial de La Romana –originalmente ofrecido en traspaso al Presidente Guzmán- permaneciera en manos de la G&W.

El apoyo del PRD

El gobierno de Jorge Blanco, que firmó en enero de 1983 un ‘Acuerdo de Facilidad Ampliada’ con el FMI, negociaba ahora en 1984 la firma de un ‘Acuerdo Stand By’, que profundizaba las condicionalidades impuestas a la economía y el sacrificio que demandaba de la población dominicana. Para ello Peña Gómez, aliado político de Jorge Blanco y síndico del Distrito Nacional, convocó el 5 de abril de 1984 a una reunión ampliada a la Comisión Política del PRD, a las ocho de la noche en el salón de sesiones del Ayuntamiento del Distrito Nacional, en la cuarta planta de su edificio municipal en el "Centro de los Héroes".

Por el carácter ampliado de la convocatoria a ese organismo (al cual nunca tuve acceso como miembro de pleno derecho, pues estaba reservado a los representantes de facciones en que se había dividido el PRD, y yo no pertenecía a ninguna), fui invitado en mi condición de Director Nacional de Asuntos Técnicos del PRD, pero ignoraba, al igual que todos los demás convocados, el motivo de la reunión. Asimismo, nos resultaba desconocida la persona que –con facha de extranjero- se encontraba allí antes de la llegada de Peña Gómez.

Pronto nos enteraríamos que se trataba de Julio González, el

Luis Medrano
Salvador Jorge Blanco
representante del FMI que encabezaba la misión que se hallaba en el país, y el propósito de la reunión era recabar el apoyo del PRD a las negociaciones que el gobierno Jorge Blanco realizaba con el FMI. Allí estaban todos los miembros de la Comisión Política representando todas las facciones. De los que recuerdo, el sector Majluta estaba encabezado por el mismo Jacobo, y en adición a él se encontraban Stormy Reynoso, Tomás Hernández Alberto y Vicente Castillo. El sector Jorge Blanco estaba representado por Darío de Jesús y Fulgencio Espinal; y el de Guzmán, por Vicente Sánchez Baret, y Amadeo Lorenzo Ramírez (Mabí), entre otros.

La reunión resultó tormentosa. No bien había explicado Peña Gómez los propósitos de la misma pedí la palabra para expresar mi oposición a que el PRD se comprometiera en una gestión –que a mi juicio- conllevaba la entrega de la soberanía económica de la nación al FMI, destacando la trayectoria que ese partido había tenido en el pasado aún reciente, encabezando políticamente la ‘guerra patria’ de 1965, en la defensa de esos atributos. Reclamé el absurdo histórico de tal propuesta y solicité que el PRD la rechazara. Mientras tanto, Julio González permanecía imperturbable. Lucía acostumbrado a aguantar ‘chaparrones’ como el mío, e intervino para ampliar la presentación de Peña Gómez sin inmutarse en lo más mínimo.

Tan pronto escuchó de mi boca la palabra ‘soberanía’, Peña Gómez, quien se había levantado momentáneamente de su asiento, retornó y tomó la palabra para contestarme, y en términos más o menos textuales dijo: “Aquí no se puede venir a hablar de soberanía, después de que nos gastamos alegremente el dinero de la deuda”. “Ese dinero hay que pagarlo”. Entonces le contesté: “Por lo que veo tendremos que resucitar a Juan Pablo Duarte, porque este país tendrá que pelear nuevamente por su libertad. Buenas noches”.

Con esas palabras me retiré de la reunión y rompí ideológicamente con Peña Gómez, aunque del PRD me retiré mucho después en 1985, cuando éste desautorizó al Consejo Nacional de Disciplina, que yo presidía, para expulsar a Jacobo y militarizar la Casa Nacional para evitar la reunión del CEN, cuya mayoría había perdido a manos de Majluta. Con ello decretó la división del PRD, la cual fue materia de litigación ante la Junta Central Electoral, la cual falló a favor de Peña Gómez por influencia del doctor Balaguer, a quien convenía tal decisión a los fines de su táctica electoral para las elecciones de 1986.

El día 20 de abril de 1984, en plena Semana Santa, firmó el gobierno de Jorge Blanco el ‘Acuerdo Stand By’ con el FMI, y cuatro días después, el 24 de abril, morían en las calles de Santo Domingo cientos de dominicanos, entre ellos miembros del PRD, en protesta por los perniciosos efectos de ese acuerdo en su condición de vida, a manos de contingentes del Ejército Nacional llamados en auxilio de la Policía Nacional, que había mostrado su incapacidad para contener la violencia desatada en los barrios marginados de la ciudad capital.

Para mí, esa noche Peña Gómez se pasó a la trinchera del enemigo de su país y de América Latina, solidarizándose con la banca acreedora de la eterna ‘deuda externa’, y con el compromiso de pago de sus acreencias, y ello le ganó el privilegiado lugar que le concediera la entidad ‘Diálogo Interamericano’, prohijada por esos intereses de ser el único dominicano miembro de la misma y digno además de ser auspiciado en su ambición de escalar a la Presidencia dominicana para asegurarles sus intereses.

Para quienes lo ignoran, además de su membresía norteamericana, el ‘Diálogo Interamericano se compone en su membresía latinoamericana, de expresidentes, presidentes en ejercicio y de aspirantes a presidentes. En este momento la persona que sustituyó a Peña Gómez es una joven mujer, Elena Villeya de Paliza, prestante dirigente empresarial y ejecutiva de conocidas empresas nacionales.

Negocios Turbios

La industria azucarera dominicana, condenada a la desaparición con la extinción de su cuota preferencial en el mercado de EE.UU., y los subsidios otorgados tanto por el gobierno norteamericano como los europeos a su azúcar de remolacha y el desarrollo de los edulcorantes, la cual se venía anunciando desde 1978, pudo haberse salvado si se hubiera dado paso al proyecto para producir alcohol a partir de la caña de azúcar, negociado con el gobierno militar del Brasil por el actual presidente del Senado y entonces Secretario Técnico de la Presidencia, Ramón Alburquerque, y quien escribe, con el ministro de Economía, Delfim Netto, en viaje a Brasil del 25 de marzo de 1984, el cual fue iniciativa de Francisco Guridi (fallecido).

El mérito de este proyecto se basaba en la probada experiencia del Brasil, que había desarrollado la industria del alcohol al punto de que fabricaban vehículos con motores que trabajaban exclusivamente con alcohol, así como la química del alcohol que ellos denominaban ‘alco-química’, que les permitía la obtención a partir del alcohol de productos generalmente extraídos del petróleo, como el PVC utilizado en la construcción y otros usos, así como su empleo como aditivo de la gasolina en un 22% en los motores normales.

Además de tener un producto de exportación que se ha venido a constituir en el único aditivo a la gasolina permitido en EE.UU. por razones ambientales, con un mercado prácticamente ilimitado, le hubiera permitido al país sustituir hasta un 22% del volumen de gasolina importada o procesada por alcohol de producción nacional, con la virtud de que este aditivo contribuye a una combustión más perfecta y limpia, que prolonga la vida de los motores y evita la contaminación, los cuales eran mis objetivos como presidente de la Refinería de Petróleo.

El gobierno del Brasil otorgó su auspicio a la transferencia de tecnología, la venta de los equipos industriales e incluso una línea de crédito de US$32 millones, en una primera etapa, lo cual estimábamos un gran triunfo para el país. El Gobierno dominicano quedaba en libertad de escoger la vía para la puesta en marcha del proyecto, poniéndolo tanto en manos del sector privado como del sector azucarero gubernamental. Dado el riesgo de que se viniera abajo ese complejo tan importante a la economía nacional, recomendamos que se le diera la opción al Consejo Estatal del Azúcar, dejando en sus manos el proyecto y la negociación con la convicción de que habíamos hecho un aporte de gran importancia a su futuro.

Esta propuesta permitía al país una estructura de producción alternativa o conjunta de azúcar y/o alcohol, con la cual hubiéramos logrado la diversificación de la industria azucarera dominicana a partir de la fase industrial, en lugar de hacerlo a partir de la fase agrícola, como se hizo desarraigando el cultivo de la caña de azúcar para sustituirle por frutos de exportación, con las funestas consecuencias del fracaso de estos proyectos. La estructura flexible de producción industrial propuesta, asimilable incluso en los ingenios más pequeños, ponía al país en condición de incrementar para exportación el volumen de azúcar o de alcohol, en función de aprovechar los precios mundiales más convenientes.

Cuál no sería nuestra sorpresa al enterarnos de que Eulogio Santaella, entonces director ejecutivo del CEA, había viajado al Brasil, pero no se había interesado en absoluto en el proyecto del alcohol porque lo había desestimado. Ahí se selló la suerte del CEA, aunque gestiones posteriores se encargaran de completar su liquidación. No he podido determinar si esa fue decisión suya o del Presidente Jorge Blanco, quien respondía a los intereses de la Shell y de las demás empresas petroleras, obviamente perjudicadas con esa proyectada reducción de sus ventas de gasolina.

En octubre de 1984, en ocasión de asistir en Guatemala a una reunión de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), tuve oportunidad de percatarme de algunos de los negocios turbios que se estaban haciendo en el campo energético durante el gobierno Jorge Blanco, aunque todavía ignoraba la involucración de algunos de sus actores principales. En un paréntesis de los trabajos del evento, el ministro de Energía de Colombia se acercó a mí para solicitarme que fuera portador ante el Presidente Jorge Blanco de la queja de su gobierno por una licitación hecha por la CDE para adquirir carbón para las plantas ‘Itabo’, pues se había desestimado la oferta de ‘Carbocol’, la empresa de carbón del Estado colombiano, para otorgarla a un proponente desconocido, que luego había adquirido indirectamente el carbón a Carbocol.

En el momento en que expresé esta queja al Presidente Jorge Blanco todavía ignoraba que quien fungió de intermediario en esa licitación era Leonel Almonte, quien junto a otros asociados se había lucrado de la CDE de varias maneras. Por ejemplo, la CDE, encabezada por un primo del Presidente, el ingeniero Marcelo Jorge, no era sujeto de crédito para recibir préstamos del Banco de Reservas de la República, pero Almonte o una de sus empresas sí lo era, para traspasar a su vez dicho crédito con sus beneficios a la CDE. Vistos los nexos que posteriormente se pusieron en evidencia entre Jorge Blanco y Almonte, su actuación en esos negocios no era posible sin tener el apoyo del Jorge Blanco.

Negociando la Soberanía



El Gobierno de Salvador
Jorge Blanco
El Primer Latigazo Neo-liberal Luchando Contra la Corriente Globalizante


Por Leopoldo Espaillat Nanita

El país tuvo la oportunidad de escapar de las negociaciones con el FMI, y más que nada de sus condicionalidades. Esta se presentó fortuitamente en ocasión de una visita que hice a Nueva York, en cuyo consulado dominicano, recibí información del cónsul Rafael Trinidad, de que un dominicano residente allí se había acercado a su oficina para poner a disposición del gobierno dominicano las relaciones que había entablado con representantes del Reino de Arabia Saudita, por medio de uno de sus príncipes, residiendo transitoriamente en los EE.UU. Trinidad me preguntó si quería conocer esa persona, y yo le contesté positivamente, ya que no tenía otra cosa que perder más que el tiempo que empleara. Es así como vine a conocer a Juan Luciano Rojas, dominicano, ex–jockey de Radhamés Trujillo, y residente en EE.UU. de muchos años, quien a lo largo de nuestra relación mostró una conducta ambivalente, mitad mentiras, mitad verdades. En lo que concierne a las empresas que decía representar en condición de Presidente, y los cuantiosos recursos que decía tener o manejar, pude percatarme que todo era mentira, pues al visitar sus supuestas oficinas en Nueva York, era obvio que él no era el presidente de nada. Pero al mismo tiempo, en lo que concierne a sus relaciones oficiales y con el príncipe, todo resultó cierto. Finalmente llegué a la convicción de que Luciano Rojas era un agente del FBI o de cualquier otro servicio de inteligencia, usando todo lo demás como cubierta.

Sus relaciones oficiales en EE.UU. las confirmó arreglando una entrevista de un día para otro con altos funcionarios del Departamento de Estado en Washington, con los cuales sostuve intercambio sobre la política de importación petrolera de EE.UU. La razón de la reunión era conocer su posición respecto a un tema que quería tratar con los sauditas, un proyecto que estos tenían y la prensa había revelado, de establecer una terminal de trasbordo de combustibles en el Caribe, para que pudiera transferirse el petróleo que acarrearan los grandes buques tanqueros que hacían la travesía desde el Golfo Pérsico hasta el Océano Atlántico, a barcos más pequeños capaces de remontar los ríos de la costa atlántica de EE.UU. hasta sus refinerías. Yo buscaba traer el proyecto a suelo dominicano, como fuente alterna de suministro petrolero al del Acuerdo de San José, que se comportaba unilateralmente como un cartel. El intercambio con el Departamento de Estado buscaba establecer si ese proyecto, orientado a su mercado, tenía alguna objeción de su parte antes de avanzar en las conversaciones con los sauditas. A los dos días yo tenía mi respuesta. No había objeción. El próximo paso era reunirme con los representantes sauditas y eventualmente con el joven Príncipe Abdullah, nieto del asesinado Rey Faisal, y sobrino-nieto del Rey Fahd, que estudiaba en California. El interés saudita en estos contactos era ampliar sus relaciones diplomáticas y económicas en América Latina.

Mi primera entrevista fue con el representante del Príncipe, Kader Diab, con quien hice los arreglos para su visita al país. Estaba también en agenda, establecer relaciones diplomáticas, y sobre esta base, la concesión de un préstamo de gobierno a gobierno libre de intereses por la Ley Musulmana (el Sharia, que condena la usura), con lo cual pensaba darle al país otra opción a las negociaciones con el FMI, permitiéndonos limpiar todas nuestras acreencias onerosas, especialmente con los bancos norteamericanos intermediarios en la triangulación de recursos europeos, y pagar el capital a amortizar, sin intereses usureros.

Desde luego, los comisionistas dominicanos de las negociaciones de préstamos con bancos comerciales amparados en el ‘Acuerdo Stand By’ con el FMI, se emplearían a fondo para evitar que esta opción se diera. La ventaja que tenía yo entonces era que ninguno de ellos estaba enterado de estas gestiones. Incluso, cuando todo iba en dirección positiva a una visita del Príncipe Abdullah al país, los únicos que sabíamos de ello éramos el Presidente Jorge Blanco y yo, pues requería de su autorización antes de iniciar negociaciones tan delicadas.

Una gestión Diplomática

Posteriormente, a medida en que avanzaban los acuerdos para la visita del Príncipe, el conocimiento de ello se amplió al Canciller José Augusto Vega y al Dr. José R. Molina Ureña, seleccionado por el Presidente Jorge Blanco (probablemente por los nexos personales y familiares que nos unían) para acompañarme en las gestiones de establecer las relaciones diplomáticas y negociar los demás puntos de agenda con los sauditas. La representación del Canciller fue delegada en Eduardo García Michel, entonces Subsecretario de RR.EE., quien boicoteó las negociaciones arrojando dudas sobre las credenciales del Príncipe, lo cual dio al traste con el establecimiento de relaciones y misiones diplomáticas que se había programado como paso previo. Observando su posición y compromiso actual, uno se explica su conducta de entonces.

La hecatombe de mis gestiones comenzó cuando al día siguiente a la Navidad, 26 de Diciembre, en una reunión en su casa, el Presidente Jorge Blanco se encargó de informar al gabinete de las negociaciones en marcha, y remachó con algo que –conociendo la naturaleza humana- vendría a convocar a todos los enemigos en contra de las mismas, al dirigirse a mí más o menos con los siguientes términos: “Polín, si alcanzas el éxito en esta negociación, te impondré la más alta condecoración de la Nación”. Ese encuentro y la revelación del Presidente Jorge Blanco sirvió también para evidenciar el escepticismo de algunos de los presentes, aunque por su parte, los pro-FMI no pudieron ocultar su desagrado.

Recuerdo que el entonces Secretario Técnico, el amigo Orlando Haza (quien había estado acreditado varios años en el BID) me dijo: “He oído hablar mucho del dinero de los árabes, pero todavía no he visto el primer centavo”. “Si tú lo logras, me comeré el sombrero aunque tenga que comprarme uno ya que no lo uso”. Mas luego tuvo oportunidad de ello, cuando Jorge Blanco le llamó a su despacho en el Palacio Nacional, junto a Hugo Guilliani, entonces Gobernador del Banco Central, para entregarles la documentación de una oferta de préstamo por US$ 500 millones de parte de miembros de la familia real saudita, con la única garantía de las ventas futuras del oro dominicano. El tiempo probó que Orlando tiene una memoria flaca, porque al escucharme posteriormente relatar los hechos por TV, me llamó para decirme que no recordaba nada.

Como tengo copia de la documentación que se depositó en manos del Presidente Jorge Blanco, y que él traspasara a Guilliani y a Haza, en definitiva lo importante es que esa oferta se recibió y no tuvo respuesta, y el Gobierno Dominicano siguió su gestión de ‘fondos frescos’ con el FMI que nunca llegaron en los términos ofrecidos, no obstante que la visita al país del Príncipe Abdullah se materializó dos veces, en ambas ocasiones bajo la mayor confidencialidad y bajo todo tipo de precauciones de seguridad, como lo hicieron repetidas veces sus representantes.

El Príncipe Abdullah resultó ser un agradable y tímido joven que entonces tenía 28 años, y que cursaba estudios especializados de administración en la Universidad de California y hablaba perfecto inglés. La primera vez que arribó al país el 13 de Diciembre de 1984, se produjo una confusión en el Salón de Embajadores del Aeropuerto, ya que se presentó allí una comisión de altos militares enviada por la Secretaría de las Fuerzas Armadas, debido a que se le confundió con un tío de igual nombre, Príncipe y Ministro de las Fuerzas Armadas del Reino de Arabia Saudita, que nos había visitado de incógnito unas semanas atrás en viaje de vacaciones muy privado y confidencial.

La visita del Príncipe

Aclarada la confusión, y acompañado del edecán militar y jefe de seguridad que se le había asignado, el entonces Crel. E.N. Enrique Pérez Cuevas, le trasladamos en helicóptero militar a La Romana, donde le alojamos en una villa de ‘Casa de Campo’, lugar en que tuvo lugar todo el proceso de conversaciones, y donde nos enteramos que el tío del Príncipe había dejado abandonados allí, en la villa que había utilizado, costosos equipos de sonido que se habían traído desde Miami, junto con parte de la corte femenina que le acompañó. En las reuniones participamos el Príncipe Abdullah, Kader Diab, y Luciano Rojas, y por parte nuestra, el Dr. Molina Ureña, García Michel, y desde luego yo. Quedó constancia fotográfica de las reuniones, así como del viaje en helicóptero que el Príncipe realizó con pilotos militares dominicanos.

Teniendo presente el proceso electoral de 1986 y los efectos de las condicionalidades del FMI que habían desatado las protestas violentas del pasado mes de Abril, recuerdo haberle dicho en privado al Príncipe, que los países árabes miembros de la OPEP habían faltado a su solidaridad con el Tercer Mundo a partir del embargo petrolero de 1973, porque –no obstante su ofrecimiento y compromiso- no le habían otorgado precios preferenciales, dándole el mismo trato que a las naciones ricas e industrializadas con sus consecuencias desastrosas para nuestras economías, y que además, al colocar su dinero en los bancos comerciales europeos y norteamericanos, habían puesto su riqueza en manos de sus enemigos tradicionales –los banqueros judíos- permitiendo que expoliaran a los países pobres con sus préstamos usureros. Desde luego no le dije que consideraba esto una violación a la Ley del Sharia y un acto de hipocresía.

Le expresé asimismo, que si no lográbamos entendernos en los propósitos de su visita, la próxima vez que viniera al país tendría que hablar con otro gobierno, porque el PRD perdería las elecciones de 1986 por efecto de los constreñimientos que impondría un préstamo del FMI. El Príncipe Abdullah y yo quedamos en términos tan de confianza, que me dio todos sus teléfonos en Arabia Saudita. No podía yo imaginarme entonces que nadie de parte del gobierno estuviera en el designio de socavar mis esfuerzos, pero así fue. La fase de establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, paso previo para todo lo demás, fue boicoteada dejando pasar el tiempo fijado para el intercambio de comunicaciones, que debía hacerse en un país en el cual –tanto RepúblicaDominicana como el Reino de Arabia Saudita tuvieran representaciones diplomáticas, o en un organismo como las Naciones Unidas. Debo decir que todo se llevó a un punto en que la delegación dominicana que viajaría a Arabia Sudita, encabezada por el Canciller Vega Imbert, estaba seleccionada y desde luego yo estaba en ella.

Definidos los términos de la negociación, se concertó la entrevista con el Presidente Jorge Blanco para el día siguiente, trayéndose al Príncipe a la ciudad capital en helicóptero hasta la Secretaría de las FF.AA., desde donde fue traído al Palacio Nacional en una limosina a la reunión con el Presidente. Después de hacernos esperar unos diez minutos en el Salón de Embajadores de la tercera planta del Palacio (que parecieron una eternidad), nos hicieron pasar al despacho presidencial, entonces ubicado en el mismo piso, en la esquina sureste. Jorge Blanco nunca quiso ocupar el despacho presidencial del segundo piso que utilizó Antonio Guzmán y antes Trujillo. Luego supe que mientras nos hacía esperar, Jorge Blanco anunciaba a la prensa nacional las negociaciones con el FMI.

Al entrar al despacho presidencial, se produjo una situación embarazosa, cuando Jorge Blanco, haciendo gala de un humor protocolarmente fuera de lugar, se dirigió al Príncipe, que estaba elegantemente vestido con un traje de corte italiano diciéndole: “Yo esperaba una persona de más edad, y vestida con turbante y bata”. Hecha la traducción, me di cuenta por su expresión, que el Príncipe no sabía como tomar la imprudente recepción que se le hacía, que cuestionaba su madurez para la misión que traía así como su vestimenta, pero finalmente el momento difícil se superó y pudimos entrar a los temas que nos traía. Luego del intercambio, el Príncipe expresó entonces su interés en conocer el país para explorar otras posibilidades de inversión, especialmente en turismo, y a ese efecto se organizó un rápido viaje en un helicóptero militar por todo el litoral turístico del Este, Noreste y el Norte del país.

La partida del Príncipe

Después de agotar su agenda, la misión árabe partió del país el 18 de Diciembre de 1984. Durante los primeros meses del año 1985 se mantuvieron los contactos con el Príncipe Abdullah y sus asistentes, pero las negociaciones recibieron un rudo golpe cuando el 10 de Enero, fui sorpresivamente destituido de la Refinería de Petróleo. El pretexto de Jorge Blanco fue que yo había violado la ‘circular de censura’ repartida al tomar posesión, por haber declarado públicamente mi oposición a la medida adoptada por Bernardo Vega, inconsultamente conmigo, de traspasar al llamado "mercado paralelo" las importaciones petroleras, según estaba consignado en el ‘Plan de Gobierno Clandestino’, a sabiendas yo del impacto que ello traería a toda la estructura de la economía dominicana.

Así, el principal negociador del Estado Dominicano con el mundo árabe y propulsor de las negociaciones, quedaba sin ‘status’ oficial, cosa bien difícil de explicar a éstos, si es que verdaderamente se quería llevarlas adelante. En realidad paralelamente con mis declaraciones, yo sostuve otro enfrentamiento con Shell, al solicitarle al Gerente General que me documentara la posición de esa empresa sobre un artículo-denuncia del Ing. William Jerez (ex-técnico de la empresa), que acusaba al personal extranjero de la Refinería y a la propia Gerencia de confabularse para incrementar el consumo de combustibles del país recurriendo a la incalificable maniobra de reducir la densidad de los productos.

Al remitirle el artículo de Jerez, le requerí al mismo tiempo al Gerente General de la Refinería informar que se había hecho con esa recomendación, habiendo obtenido previamente el testimonio de varios Ingenieros Automotrices (entre ellos extranjeros) de varias casas importadoras de vehículos, de que el combustible automotor de la Refinería era menos denso que el combustible importado y producía trastornos a los motores, y para lo cual se había organizado un encuentro técnico con los funcionarios de la Refinería en la Comisión de Política Energética (que entonces existía) que así lo confirmó, con la admisión de la gerencia general y técnica de la Refinería.

Mientras remitía esa correspondencia a la Refinería, había enviado otra al Presidente Jorge Blanco, solicitando una auditoría técnica y otra financiera a la empresa, porque también existía la cuestión de unos recursos millonarios acumulados, que la Shell decía que eran ingresos de la refinería (y de los cuales le tocaba la mitad) y yo sostenía que eran recursos del Estado, que debían reembolsarse a la Tesorería Nacional, partiendo del ‘modus operandi’ que fijaba los dividendos de ambos accionistas.

Es mi opinión que los verdaderos motivos de la decisión de Jorge Blanco para sustituirme, hay que buscarlos en su identificación laboral con la Shell, pues mucho después de los hechos recibí en mis oficinas particulares una persona ligada a la Shell que me dio el testimonio de que Jorge Blanco (en ese momento preso en la Cárcel Preventiva) había sido abogado igualado de esa empresa durante todo su ejercicio presidencial, y me informó que esa iguala que Jorge Blanco me había descrito como algo pasado al tomar posesión, fue incrementada sustancialmente durante su ejercicio presidencial, y devengada hasta ese mismo momento en que hablábamos. De ser refutada esta afirmación, me veré en la obligación de declarar el nombre de mi informante.
De todos modos, a pesar de haberse frustrado el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos, los contactos y negociaciones con el Príncipe Abdullah continuaron en busca de otras opciones, y este visitó el país una segunda vez el 6 de Agosto de 1985, entrevistándose con el Presidente Jorge Blanco en la tarde del mismo día. Lo que se intentó en esta oportunidad era obtener los fondos de otras fuentes que no fuera el tesoro del Reino de Arabia Saudita, pero ligadas a su Casa Real.

En ocasión de esta visita, el Príncipe no quiso quedarse en ‘Casa de Campo’, ya que–como la mayoría de los príncipes árabes- era aficionado al juego y quería probar suerte en el casino, por lo cual le alojamos en la suite presidencial del entonces Hotel Sheraton, bajo las mismas condiciones de seguridad y bajo incógnito, donde disfrutó de éste, perdiendo –sin mayor protesta de su parte- US$ 50,000 en una noche. Al día siguiente la misión saudita partió del país.


La Arabia Saudita

El príncipe cumplió con su compromiso de ayudar a la República Dominicana, gestando una oferta de recursos pertenecientes a miembros de la familia Real Saudita, la cual fue traída y puesta en manos de Jorge Blanco por el asistente del Príncipe, Kader Diab, para un préstamo por US$ 500 millones, con la única garantía de repago de las ventas futuras del oro de la Rosario, con el resultado ya relatado de que nunca fue contestada, dando paso a los préstamos negociados al amparo del FMI. La forma en que se distorsionó la política económica y exterior del país para hacer prevalecer el interés de los bancos norteamericanos sobre el interés nacional, retrata la dimensión y alcance de la responsabilidad que le incumbe a Jorge Blanco con la actual situación del país. De hecho, durante la gestión de Leonel Fernández, Jorge Blanco llegó a reclamar para sí, en una comparecencia suya por TV, que si la política neo-liberal de Fernández (de la cual este ahora reniega) tenía algún mérito, este era suyo porque él había sido el precursor de la misma. Desde luego que la equívoca impresión inicial que yo tenía de que Jorge Blanco era juguete inconsciente de los agentes extranjeros que le rodeaban, dio paso a la convicción de que –por el contrario- él sabía lo que hacía.



Esa no fue la única oportunidad en que Jorge Blanco dejó mal paradas sus responsabilidades constitucionales y presidenciales con la nación dominicana. Buscando resolver la situación de ‘impasse’ entre el Estado Dominicano y la Shell, ya que las negociaciones emprendidas a iniciativa del gobierno para revisar el Contrato inicial, y la posibilidad de adquirir las acciones de Shell, eran sistemáticamente boicoteadas por ésta, dándole largas y utilizando tácticas dilatorias, idee un curso de acción alternativo, que condujera a que el Estado asumiera el control del mercado petrolero interno.

El cambio de táctica abandonaba el intento de adquirir la parte accionaria de Shell en la Refinería de Petróleo, pero sí plantear una vuelta a la configuración originalmente incluida en el Convenio aprobado por el Congreso Nacional, y el cual estipulaba al Estado Dominicano con 50% de las acciones, la Shell con un 25%, y Texaco, Esso, y Sinclair (vendida a Isla) con un 8.33% cada una. Al mismo tiempo, se planteaba la creación de la Corporación Petrolera Dominicana, 100% del Estado Dominicano, la cual asumiría la posición de importador de petróleo crudo y combustibles derivados, pasando el primero a la Refinería simplemente para que lo procesara y devolviera productos refinados a cambio de un honorario de procesamiento (processing fee).

A partir de ahí, la Corporación Petrolera Dominicana distribuiría los productos refinados al mercado interno a través de la red de distribución existente, con una adición, el canal de adquisición directa del Estado del combustible que requirieran sus dependencias, incluyendo a la CDE, en lugar de la forma indirecta y a través de una de las distribuidoras extranjeras que todavía existe en la actualidad, encareciendo –desde luego- el costo del combustible utilizado por el Estado con las ganancias de aquellas.

Esta idea fue presentada a Jorge Blanco en una reunión del Consejo de Gobierno, siendo aprobada, y se me encomendó, conjuntamente con el Asesor Minero del Poder Ejecutivo, Ramón Báez Romano y el Consultor Jurídico, Enmanuel Esquea Guerrero, preparar un Memorando Técnico para la consideración final de una reunión del Gabinete Ampliado (Secretarios de Estado más algunos funcionarios seleccionados, entre ellos los antes citados y quien escribe. Esta tarea recayó lógicamente en mí, y fue firmado por los otros dos comisionados.

Se convocó la reunión en el Palacio Nacional con esa única agenda, y cuando yo acababa de distribuir en cada asiento la copia correspondiente, llegó Ramón Alburquerque, entonces Secretario Técnico para decirme que el punto no se iba a conocer y que recogiera y guardara los ejemplares del informe, porque el Embajador dominicano en Washington, Carlos Despradel, había llamado la noche anterior al Presidente Jorge Blanco para decirle que la idea de crear la Corporación Petrolera había caído muy mal en Washington.

Influencia de los Petroleros


Hay que admitir que es verdaderamente extraordinaria la capacidad de las petroleras internacionales para moverse e influir en los círculos políticos latinoamericanos en defensa de sus intereses, corrompiendo el ámbito político a diestra y siniestra. En este caso la comunicación fluyó desde Santo Domingo hasta Washington y vuelta a Santo Domingo, poniendo en evidencia los vínculos de afinidad en torno a estos intereses. La Corporación Petrolera Dominicana (PETRODOM) pasó a hibernar, a la espera de un gobierno capaz de llevarla adelante. El conflicto en torno al proyecto de la Presa de Madrigal, sometido por Jorge Blanco al Congreso Nacional y detenido en el Senado de la República por Majluta, en el cual estaban involucrados intereses de constructoras extranjeras, y desde luego expectativas de comisiones entre algunos de sus miembros, se agrió al punto que la matrícula de senadores del PRD llegó a dividirse, eligiéndose en Agosto de 1984 dos bufetes directivos paralelos, uno encabezado por Majluta y el otro por Domingo Tavárez Areche. Esta lesión a la institucionalidad congresional, es muestra de la capacidad destructiva de la corrupción o de la disputa por el poder político en el seno de los partidos, la cual se ha extendido como metástasis a todo el ámbito en que estos se desenvuelven.

La Convención del PRD en Noviembre de 1985 para elegir su candidato presidencial para las elecciones de 1986 culminó en una batalla campal en el Hotel Dominican Concorde en el cual se efectuaba el conteo de votos. La situación determinó la necesidad de una mediación, la que culminó en un enfrentamiento en el seno del Comité Ejecutivo Nacional en el cual Peña Gómez se vio en minoría, llevándole a cortar por lo sano, obviando la democracia interna del PRD y sus mecanismos institucionales, y abrogándose facultades que le habían sido concedidas para otra cosa, expulsó a Majluta y sus simpatizantes del PRD, ordenando asimismo la custodia armada de sus locales para evitar una reunión del CEN. Esta expulsión implicó el desconocimiento de parte de Peña Gómez del Consejo Nacional de Disciplina que yo presidía, y de la posición imparcial en que me había mantenido al margen de la lucha grupal, y por la misma puerta por la cual expulsó a Majluta, me fui yo también del PRD.

La crisis culminó con la creación de dos entes: el Bloque Institucional Socialista (BIS) de Peña Gómez, y el Partido Revolucionario Independiente (PRI) de Majluta, mientras se sometía el conflicto a la jurisdicción y decisión de la JCE para determinar el control del partido. El fallo de la JCE se produjo finalmente a favor de Peña Gómez, adjudicándole el control legítimo del PRD, con lo cual se decretó su división, rumorándose que el Dr. Balaguer había influido en esa decisión. Luego en Enero de 1985 se produjo el ‘Pacto La Unión’, una maniobra de Jorge Blanco para posicionarse como ente conciliador, entregando el control del PRD a Peña Gómez y la candidatura presidencial a Jacobo Majluta, quien tenía criterios económicos muy encontrados con el FMI, sobre todo en lo concerniente a la política de crédito y emisión monetaria. Pero esta aparente concesión a Majluta se nulificó con las maniobras que auspiciaron Jorge Blanco y Peña Gómez (ambos comprometidos con el FMI) contra su candidatura. Las aspiraciones presidenciales de Peña Gómez (auspiciadas por Jorge Blanco y Balaguer) conllevaron a su boicot de la campaña presidencial de Majluta, para darle paso a uno de los ‘triunfos electorales’ de Balaguer, de los cuales duda hasta su delegado en la JCE, Juan Esteban Olivero Féliz, quien se refirió al tema en un momento de inconformidad con el Dr. Balaguer. Jorge Blanco temía las acciones penales que en su contra pudiera tomar un gobierno encabezado por Majluta, aunque no así de parte de Balaguer, y Peña Gómez temía que si Jacobo mostraba capacidad para gobernar, sus oportunidades de llegar a la presidencia se pondrían bien lejos. Los hechos han demostrado cuan equivocados estaban ambos.

Un fraude Electrónico

Por mi parte puedo afirmar que Majluta fue víctima de un fraude electrónico perpetrado en el propio Centro de Cómputos de la JCE, afectando la programación de conteo de los votos. Esto llevó a Majluta a exigirle a la Comisión de Asesores Electorales, presidida por el Cardenal López Rodríguez e integrada por prestantes ciudadanos, a partir del testimonio que ofrecí a la misma sobre las actividades del Director del Centro de Cómputos, que se realizara un cómputo manual de la votación, paralelamente con el electrónico, a lo cual esta se comprometió en la residencia de Majluta. Este cómputo manual nunca se hizo ni se le contaron a Majluta los votos observados, claramente orientados a su favor y Balaguer ganó en un ambiente condicionado por los pronunciamientos del Episcopado y de entidades empresariales, urgiendo el reconocimiento de su triunfo.

El episodio final de este tortuoso proceso, es que el sector Jorge Blanco estaba conspirando para incidentar la entrega del poder con el propósito de colarse en un vacío constitucional para el caso en que no hubiera un resultado electoral, si Majluta reclamaba el conteo de los votos observados. Puedo dar testimonio de ello, porque en el atril de la ceremonia funeraria (a la cual concurrí) de una dirigente perredeísta (Kika) muerta en una balacera frente a la Junta Central Electoral, en lugar de la usual libreta de firmas de condolencias, encontré una carta del entonces dirigente sindical de la UASD, Fabio Ruiz Rosado, instando a Jorge Blanco a no entregar el poder ‘por falta de condiciones’. Informado por mi de todo ello, Majluta prefirió reconocer el triunfo de Balaguer, que darle pié a la conspiración de Jorge Blanco. En el momento en que Jorge Blanco terminó su mandato, operaba en el Banco Central una oficina del FMI, desde la cual se controlaba prácticamente toda la política económica y monetaria de la nación. La soberanía económica del país era totalmente inexistente.

Negociando la Soberanía

El gobierno de los diez años de Balaguer



Por Leopoldo Espaillat Nanita


Después de la desastrosa gestión de Jorge Blanco, con las programadas y catastróficas devaluaciones del peso dominicano, la que le tocaba iniciar a Joaquín Balaguer en agosto de 1986 estaba rodeada –por un lado- de expectativas positivas (nadie podría hacerlo peor que Jorge Blanco) y también de aprensiones. Después de todo, Balaguer estaba ciego y dependiendo para todo de su anillo, incluyendo percibir la realidad nacional (o leerla en la prensa escrita), así como identificar y despachar documentos o vestirse. Esta nueva gestión de Balaguer duraría tres períodos, casi repitiendo sus primeros doce años de gobierno, pues fue recortada por factores políticos a diez años.

La designación del licenciado Luis Julián Pérez como gobernador del Banco Central marcaba un derrotero de política económica totalmente inversa al gobierno de Jorge Blanco, ya que Pérez había planteado públicamente, desde antes de asumir el cargo, la necesidad de revertir el proceso de devaluaciones que había recibido el signo monetario dominicano, cuyo valor respecto del dólar lo encontró al tomar posesión en 3.12 por uno, bajándolo en 1987 a 2.91 por uno. Pero, como veremos, Julián Pérez perdió la batalla frente a Balaguer y al FMI, y en julio de 1987 el peso dominicano llegó a cotizarse en el mercado libre a 4.75 por uno; en diciembre superó la barrera de 5 por uno, y en agosto de 1988 estaba en 6.35 por uno. Ya en noviembre de 1989 la cotización alcanzó a 9 por uno. En el plano político, la corrupción del gobierno Jorge Blanco fue abordada por Balaguer con su estilo indirecto de hacer las cosas. No levantó expedientes por vía del ministerio público por actos de corrupción, a la vista de auditorias, investigaciones, evidencias, etc., como era institucionalmente su obligación, sino que inauguró una serie de comparecencias por TV de funcionarios públicos, que denunciaban hechos de corrupción ante las cámaras, mientras Balaguer, impasible, los escuchaba desde un sillón próximo.

El próximo paso fue que un particular, y además jurista, Marino Vinicio Castillo, presentara ante el ministerio público lo que se denominó una ‘denuncia-querella’, y fue éste, no el Estado dominicano a través de sus instituciones, el que cargó con la responsabilidad de mover la acción pública contra Jorge Blanco y otros allegados y funcionarios de su gobierno, y llevar el peso de la acusación ante los tribunales de justicia, incluso mucho después de que el gobierno y el propio Balaguer se desinteresaran de proseguir los procesos.

Desde luego, todo ello se esperaba desde el mismo día del acto de juramentación de Balaguer en el Congreso Nacional, cuando aparecieron cartelones y pancartas que rezaban ‘a la cárcel con los ladrones’. Era cuestión de tiempo –que todo el mundo esperaba y muchos deseaban- que el nuevo gobierno le tomara cuenta a los desafueros administrativos de la gestión de Jorge Blanco, cometidos en gran medida a la vista de todo el mundo y sin esfuerzo de disimulo alguno. Balaguer no defraudó en el plano político estas expectativas.

En última instancia Jorge Blanco fue a parar a la cárcel, acompañado de algunos socios de negocios y algunos ex–funcionarios (incluyendo militares de alto rango y algunas víctimas inocentes como el ex–secretario administrativo Rafael Flores Estrella, víctima de su lealtad no correspondida a Jorge Blanco), pero lo hizo de tal manera que ello le permitió durante mucho tiempo decir que él no había perseguido a su corrupto predecesor, aunque mucho después –cuando le convino- dijo exactamente lo contrario: “Que él había sido el único Presidente que había perseguido la corrupción en este país”.

La forma vergonzosa en que Jorge Blanco evadió inicialmente la persecución judicial marcó su carrera política para siempre, alcanzando Balaguer al mismo tiempo el objetivo de descartarle del escenario político para el futuro, y dejar maltrecho y a la defensiva a su principal partido de oposición: el PRD. Esto le permitió emprender sin mucho problema la fase inicial de la liquidación del patrimonio estatal, su quiebra, cuya privatización había sido un ofrecimiento de la campaña.

Por otro lado, la política implantada por Luis Julián Pérez en el Banco Central de defensa del signo monetario dominicano implicaba contraponerse al modelo de la economía de servicios para propiciar la inversión extranjera, que era designio del gran capital norteamericano después de su gobierno haber promulgado la legislación que se denominó “Iniciativa Reagan para la Cuenca del Caribe”, pero que en realidad era oficialmente la ‘Ley para la Revitalización Económica del Caribe y Centro América de 1982” (Caribbean-Central America Economic Revitalization Act of 1982)

Los parques de Zona Franca


De modo que la política de proliferación de parques industriales de zona franca (primero de la CFI y luego privados) no había sido una iniciativa dominicana, ni del gobierno ni del sector privado para el territorio dominicano, sino del gobierno norteamericano para favorecer la exportación desde su territorio de procesos industriales intensivos en mano de obra hacia la periferia económica tercermundista, tanto del hemisferio americano (Centroamérica y el Caribe) como de litorales tan distantes como el Lejano Oriente. En resumen, exportaba empleos bien pagados, como lo exige la ley norteamericana, para pagarlos mal.

Con esta legislación se favorecía el ensamblaje de componentes importados desde territorio norteamericano por parte de empresas norteamericanas instaladas en los indicados parques de zona franca, o que contrataban esta tarea con empresas locales instaladas en éstos en función de contratistas, y reimportarlos al mercado norteamericano bajo condiciones concesionarias respecto de las estipulaciones del arancel norteamericano, pero bajo un estricto sistema de cuotas que constituye la verdadera protección de su mercado interno.

Lo pernicioso del modelo es que sumerge a los países que involucra en el mismo en una competencia perversa de devaluaciones monetarias, ya que plantea una disputa permanente por atraer estos capitales otorgándoles mayores ventajas en función directa con el abaratamiento salarial en moneda local respecto del dólar norteamericano, y consecuentemente al empobrecimiento de su población laboral –esté o no vinculada a la operación de los parques industriales– y por ende a la disminución del poder adquisitivo de toda la población.

Esto es lo que más adelante, en 1990, el economista británico Raphael Kaplinsky, jefe de la misión del PNUD para la frustrada y natimuerta ‘reconversión o reestructuración industrial’ de la República Dominicana, a la vista de los efectos empobrecedores generalizados del modelo de ‘economía de servicios’, a manera de ‘subasta de pobreza’ donde se cotizan los salarios de miseria, terminara denominando ‘la depauperización del crecimiento’.

Basta ver las miseriosas condiciones de vida de los operarios de las maquilas mejicanas a todo lo largo de la frontera norteamericana-mejicana, y de las zonas francas de los demás países del área del Gran Caribe, para calibrar el dramático empeoramiento de las condiciones de vida y el estrecho horizonte de esperanza que puede darles a sus operarios y familiares la política de auspicio de ‘parques industriales de zona franca.

Es claro que la reducción del poder adquisitivo del país (como la de otros países del área) es contraria a la necesidad de la industria norteamericana de exportar sus productos, pero esta es la gran contradicción que se ha dado en el seno de la sociedad norteamericana entre la política de sobre-valuación cambiaria del dólar, que favorece las operaciones especulativas bursátiles, y las inversiones directas de su capital en nuestras economías (el nuevo GATTS), pero encarece toda la producción industrial norteamericana (tanto de consumo interno como exportable), ofreciéndole como única opción para sobrevivir cerrar operaciones intensivas en mano de obra (despidos masivos que se transfieren al seguro de desempleo y a la impagable deuda de su gobierno), trasladándolas al cinturón de miseria de mano de obra abaratada del cual forma parte la República Dominicana en el área del Caribe.

La política y los propósitos bien intencionados de Julián Pérez tenían que chocar con los representantes de esa política económica, lo que efectivamente se produjo cuando se decidió a sacar del edificio del Banco Central la oficina de los representantes del FMI, y se presentó a tomarle cuenta el entonces embajador norteamericano Robert Kilday. Lo que aconteció en ese momento me fue relatado –no por don Luis– sino por Arturo Villanueva, que se encontraba casualmente en su despacho cuando aquél recibió la sorpresiva visita diplomática. Después de escuchar lo que motivaba la visita, Julián Pérez invitó, enérgica y cortantemente, al embajador Kilday a retirarse de su oficina.

Pero esta política de respeto a la soberanía y a los intereses de los dominicanos llegaría solamente hasta donde el Presidente Balaguer sintiera que le colocaba en el compromiso de hacer causa común en un enfrentamiento con el gran poder del Norte, y así, poco después, no sólo removió a Julián Pérez del cargo, sino que confirmó su apoyo al modelo de economía de servicios propiciando nuevas y drásticas devaluaciones de la moneda dominicana.

Después de haber custodiado celosamente durante sus primeros doce años de gobierno el patrimonio empresarial estatal heredado de Trujillo del apetito de los sectores nacionales que intentaron una y otra vez apoderarse del mismo (muchos de ellos accionistas de esas empresas y desde luego ex-socios de Trujillo), constituyéndole en la base económica de su poder político, Balaguer se encontraba en 1986 con una política internacional encabezada por el gran capital norteamericano, convertida en política de su gobierno, que rechazaba el rol de los Estados latinoamericanos en la economía, enarbolando su privatización.

Atrapado entre el rechazo generalizado de los dominicanos a la entrega de ese patrimonio a particulares y la nueva política norteamericana, Balaguer optó por la salida de hacer desaparecer el motivo de discordia. Conforme a mi archivo de recortes, las primeras propuestas de privatización de este patrimonio estatal en el Congreso Nacional surgieron en este período de parte de legisladores reformistas. Pero fueron las designaciones de administradores ineptos y/o ladrones el mecanismo eficaz utilizado por Balaguer para este propósito. La primera víctima de este proceso fue el Consejo Estatal del Azúcar. El Presidente Balaguer se había hecho acompañar en la boleta electoral del PRSC de quien en su momento se había rumorado como compañero de Majluta, Carlos Morales Troncoso, el segundo a bordo en la G&W, pero ahora el Vicepresidente (de quien se afirma tiene pasaporte de ciudadano norteamericano en violación a la Constitución dominicana) le resultaba una molestia a Balaguer en el Palacio Nacional.

El primer esfuerzo de Balaguer por salir de Morales Troncoso fue algo sin precedentes: enviar al Vicepresidente a Washington como embajador dominicano. Este intento tuvo que abandonarse, y estamos seguros que no fue por falta de deseo presidencial, sino porque -de ser cierto lo que se afirma- los EE.UU. no aceptaron que un ciudadano suyo representara en su territorio un gobierno extranjero. Mas sin embargo no es tan exigente el gobierno norteamericano en cuanto a que sus ciudadanos aspiren a posiciones políticas en otros países.

Tal fue el caso también de Gonzalo Sánchez de Lozada, en Bolivia, ministro de Economía del gobierno de Paz Estenssoro y autor del traumático plan de ajustes económicos que aquél aplicara y más luego Presidente de ese país, quien –independientemente del doblegamiento colectivo y mayoritario de voluntades representado en los cónclaves de mandatarios latinoamericanos frente a los intereses de EE.UU.– resaltaba entre sus compañeros con su inocultable e inconfundible acento norteamericano.

Balaguer terminó enviando a Morales Troncoso al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) como director ejecutivo, a sabiendas de que éste –no obstante sus antecedentes azucareros- no haría otra cosa que contribuir a liquidar ese emporio estatal. Ya en su momento le tomaría cuenta de mala manera, cuando en plena reunión de la Cámara Americana de Comercio, en la cual le tocaba intervenir, el presidente Balaguer reclamó públicamente la pésima actuación de todos los directores ejecutivos del CEA, y manoteando en la propia cara del vicepresidente Morales Troncoso, que se encontraba sentado a su lado, repetía: “todos...”

La Dole Dominicana


La mejor muestra del ‘buen trabajo’ que hizo Morales Troncoso en esta dirección fue el contrato que él firmó con la Çastle & Cooke Worldwide Ltd.’, casa matriz de la ‘Dole Food’ y la ‘Dole Dominicana’, encabezada aquí por Randolph Fleming, un ex-teniente submarinista de la marina norteamericana, mediante el cual el CEA entregaba terrenos para la siembra de piñas y otros frutos, y su procesamiento en concentrados, a cambio de una participación en los beneficios de las ventas en EE.UU., sujetas a auditoria por parte de una firma contratada.

Mediante ese contrato de marzo de 1987 firmado por Morales Troncoso el CEA se comprometía a entregar a la ‘Dole’ una porción de 83,600 tareas (52,500,800 m2 aproximadamente) en el área de los poblados de Bermejo, Arenoso, Payabo, San Pedro y Buena Vista, en la zona de Cotuí, a cambio de una participación en las ventas de la Dole en EE.UU., con la siguiente estipulación: que el plazo inicial de usufructo de los terrenos sería por 25 años; pero la Dole tenía la opción unilateral de extender el plazo por 25 años más, hasta 50 años en total.

Pero lo mejor del contrato para los intereses de la ‘Dole’ estaba estipulado en el acápite d) del párrafo 2.2 del Art. 2, que indicaba que, al término de los 25 años, o de los 50 años, según fuera el caso, cuando sus interlocutores nacionales ni siquiera recordaran quién había autorizado ese contrato varias generaciones atrás, la Dole, en lugar de devolver al CEA la porción de terrenos recibida en los lugares indicados, podía devolver “una porción distinta de los terrenos, que contenga por lo menos el mismo número de tareas nacionales brutas (acres brutos) que dicha porción de los terrenos”.

Es decir que la Dole, que había recibido terrenos de suelos de la mejor calidad dotados de infraestructura, con excelente pluviometría y próximos al Puerto de Sánchez, podía ‘devolver’ un área igual en cualquier erial fronterizo. En cambio el CEA, para poder recibir el pago al cual tenía derecho, habría de determinar primero cuánto se había ganado la Dole en sus ventas en EE.UU. a través de una firma auditora contratada (cosa que nunca hizo), además de que a la Dole le bastaba declarar haber incurrido en pérdidas (como sí lo hizo) para que no tuviera que pagarle nada al CEA.

Pero afortunadamente para sus autores, la ejecución de este contrato nunca se ha investigado, pues si tal cosa se hiciera la fila de posibles huéspedes de la cárcel de Najayo se haría más larga. Este fue el contrato citado en su momento por el entonces embajador norteamericano Robert Pastorino como el modelo a seguir por otros ‘inversionistas’, pendientes de su ejecución, para decidirse a ‘invertir’ en la República Dominicana, amenaza que no llegó a materializarse por lo que explicaré.

La ‘Dole’ terminó, por suerte para el país, marchándose con su música a otra parte, cuando perdió el enfrentamiento que sostenía con la empresa nacional fabricante de cajas de cartón ‘Cartonajes Hernández’, encabezada por Ricardín Hernández, un empresario que -–a diferencia de muchos-- no estaba dispuesto a ceder su mercado a importaciones del exterior, y cuando el CEA -–ya en otras manos-- se negó a seguir entregándole más tierras. De hecho, fue en medio de ese enfrentamiento, que Ricardín buscó mi ayuda, lo cual me brindó una oportunidad de llevar a los hechos el discurso de defensa de la economía nacional que desde entonces venía levantando frente a la denominada ‘apertura’ neo-liberal, y acepté actuar como su asesor externo, labor que luego se convirtió durante un tiempo en una función asesora permanente dentro de su empresa.

El pleito se decidió a favor de Ricardín en una reunión que tuvo efecto en el despacho del entonces secretario de Industria y Comercio, Rafael Bello Andino, al entregarle la versión notariada de una trascripción que yo había hecho, de la grabación de una reunión previa celebrada en CEDOPEX, a la cual Ricardín había tenido la habilidad de hacerse acompañar de un notario, grabándola con el consentimiento de todos, en la cual Fleming se auto-incriminaba admitiendo que en las importaciones de cajas de cartón de las fábricas de la Dole desde Centroamérica no se declaraban todos sus costos “por representar sacar dinero de un bolsillo para el otro”. En el léxico legal y económico de comercio internacional esto se conoce como “dumping”, es decir falsear los costos por debajo de la realidad como práctica desleal de comercio.

Concurrí a esa reunión acompañando a Ricardín, y nos asistió como abogado Ramón Tapia Espinal, quien se le ‘paró en dos patas’ a Fleming y a su abogado, Luisito Heredia Bonetti, que enarbolaban los nuevos tiempos de la ‘apertura de los mercados’ para que metieran en su cabeza que tenían que respetar y acatar las disposiciones legales vigentes del país, que protegían la producción nacional de ese tipo de importación, con la condición de que fuera capaz de competir en precio y calidad con el producto importado, cosa que Ricardín garantizaba.

La presentación de ese documento notarizado, más la amenaza de llevar el caso hasta la justicia norteamericana, acompañándola con la puesta en la mesa de un ejemplar de la Ley ‘Sherman’ de EE.UU., del 2 de julio de 1890 y de la jurisprudencia al respecto (antimonopolio y anti-dumping), para someterlo a la decisión de estos tribunales (que a diferencia de los jueces dominicanos de la Suprema Corte de Justicia no juegan en la aplicación de ese principio), la Dole se plegó a adquirir las cajas de cartón de la empresa de Ricardín Hernández.

Esta decisión y la dificultad de que le entregaran más tierras, parece que provocaron la desgracia de Fleming, quien fue trasladado a otro destino y determinaron el posterior retiro del país de la Dole, liberando al CEA y a los dominicanos de ese malhadado contrato. Pero lo que estaba en juego en esa confrontación, no eran los intereses de dos empresas, una nacional y otra transnacional, sino el derecho del aparato productivo nacional a sobrevivir, participando y compitiendo en su mercado o en el mercado de exportación del país, frente a las maniobras que acostumbran las empresas de capital extranjero (predominantemente norteamericano) que operan trans-nacionalmente para ignorarlo. También estaban en juego la voluntad entreguista de quienes se someten a la voracidad de las empresas extranjeras o les sirven y la voluntad de quienes se resisten y oponen a la misma.

Estas empresas transnacionales constituyen el verdadero motor para desconocer las fronteras y soberanías económicas y políticas nacionales, las cuales incurren reiteradamente en prácticas desleales de comercio que la legislación de su país de origen no permite, ni tampoco los acuerdos pactados en la Organización Mundial de Comercio, y que pueden llevar a cabo impunemente en nuestro país, porque carecemos de legislación en la materia y hemos carecido de voluntad política para implantarla.

Negociando la Soberanía

El gobierno de los diez años de Balaguer
De las crisis al inicio de la privatización



Por Leopoldo Espaillat Nanita

De los actos iniciales de Balaguer en 1986, que mostraban un inútil esfuerzo por restar importancia a su falta de visión, fue el hacerse cargo personalmente de la Corporación Dominicana de Electricidad, cosa de la cual tuvo que desprenderse a los pocos días, y de la misma manera el auto-designarse como supervisor de la reforestación de la cuenca Higüey-Aguacate, cuyo proyecto de aprovechamiento se colocaba en el primer orden de prioridad. Fue precisamente esta ambiciosa obra hidroeléctrica, con un alto componente importado y financiada en su totalidad con recursos propios de los ingresos del Estado, uno de los factores distorsionantes de la economía dominicana en este período.

La conjunción en el tiempo de grandes proyectos de construcción en el breve período de cuatro años creó un enorme desbalance entre sus requerimientos de insumos y la capacidad de sustentación instalada de la industria de construcción y de la mano de obra calificada y no calificada de ésta. Se desarrollaban simultáneamente con la presa de Higuey-Aguacate y parte de las obras del acueducto de Santo Domingo, la expansión de la Terminal del Aeropuerto Internacional de Las Américas, el Faro a Colón y El Acuario, la carretera Duarte, y otras importantes obras de cosmética urbana en la ciudad capital, la prolongación de las avenidas 27 de Febrero y México, y el Expreso Quinto Centenario y todas las edificaciones habitacionales y comerciales conexas, así como el aeropuerto de Arroyo Barril y un sinnúmero de obras esparcidas por todo el territorio nacional.

Fue a partir de este período que el país, que había sido autosuficiente como productor de cemento, se convirtió en importador de este renglón. Lo mismo sucedió con la industria metalúrgica y con la mano de obra no calificada. Este fue el período de descontrol de la frontera dominico-haitiana y el inicio de las importaciones masivas de obreros haitianos para la industria de la construcción, mientras el personal calificado dominicano emigraba a Puerto Rico y a las islas del Caribe, en las cuales el turismo genera una gran actividad de la construcción y donde se ha quedado.

La presión de la falta de divisas para cubrir el alto componente importado del Plan de Inversiones determinó un proceso de devaluación del peso, y una inflación creciente que desajustó toda la estructura de precios de la economía, con las consiguientes protestas de la población. Esta fue también la época de los contratos abiertos para ir absorbiendo los efectos de la inflación en los precios de los insumos en el curso de la obra. Este mecanismo permitió todo tipo de maniobras de corrupción con los contratos de construcción del Estado, al romperse los parámetros de fiscalización económica. Para diciembre de 1987 el dólar se cotizaba en el mercado libre a razón de 5 por uno.

Ya para 1988 la búsqueda de divisas en el mercado libre, para financiar el componente importado de este sobredimensionado conjunto de obras, creó una devaluación galopante del peso dominicano, cuya tasa de cambio oficial con el dólar se remontó a 6.35 por uno, llevando a su vez a una crisis cambiaria de proporciones catastróficas por falta de divisas en el Banco Central y a una inflación sin precedentes del 60%. Escasearon los combustibles, especialmente las gasolinas y el GLP, y el gobierno anunció la subida de sus precios para el siguiente año.

Para el 1989 el deterioro de la economía y de las reservas de divisas del Banco Central continuó obligando al gobierno a recurrir al FMI. El presidente Balaguer anuncia la inminente quiebra de la Refinería de Petróleo y de Molinos Dominicanos. Los precios de los combustibles -–bajo control oficial-- fueron duplicados. La escalada de precios de artículos de primera necesidad determinó una cadena de protestas que incluyó una huelga nacional de dos días en junio de 1989. En septiembre el presidente Balaguer anunció que el país no podía hacer frente a sus obligaciones con la deuda externa, aunque no se comprometió a recurrir a una moratoria.

Ya para noviembre, la tasa de cambio del dólar en el mercado libre estaba a razón de 9 por uno. Se incrementan los apagones y la CDE anuncia que se le acaba el combustible y carece de dólares para adquirirlo. Para el mismo mes de noviembre el gobierno, mediante carta firmada por el gobernador del Banco Central, Guillermo Caram, anuncia a los países ricos acreedores de la República Dominicana su compromiso de traspasar al sector privado las empresas estatales y propiciar el cierre de los ingenios de azúcar deficitarios. Después de resistir durante tres años las medidas de ‘ajuste’ del FMI, que incluían la privatización de las empresas del Estado, Balaguer cedía.

No obstante todos los percances económicos, Balaguer ‘ganó’ nuevamente las elecciones de 1990 al profesor Bosch, en un proceso de resultados reñidos y sospechosos de fraude. En éste se manifestó nuevamente el cisma que aquejaba la cúpula del PRD, que dividía el voto perredeísta entre Jorge Blanco y Peña Gómez por un lado, siendo este último candidato por el PRD y Jacobo Majluta candidato por el PRI, por otro lado. Después de las elecciones la crisis económica estalló.

Estalla la Crisis


Varios bancos privados quebraron. Escasearon los combustibles. Se paralizó el transporte nacional. Largas colas de desesperados conductores se alineaban en las estaciones a la espera de algunos galones de combustible, cuyo precio se había duplicado. El sistema eléctrico nacional colapsó. El país se apagó. La profunda crisis económica, financiera y cambiaria devino en crisis política. El patrimonio empresarial estatal de CORDE, puesto en manos irresponsables, comenzó a mostrar el resultado deseado. Empresas monopólicas tan sólidas como Molinos Dominicanos quebraron, así como la mayoría de las industrias y entidades comerciales (incluyendo bienes raíces), esquilmadas por voraces administradores políticos.

De las empresas de CORDE, la Dominicana de Aviación (CDA) era más importante para el país como instrumento de su soberanía aérea que como empresa del Estado. Era y es más importante contar con una línea bandera nacional, que garantice el usufructo de las rutas que le corresponden bajo el principio de reciprocidad internacional, y no quedarse aislada, que tener una empresa rentable. El mejor ejemplo lo fue ‘Iberia’ (Líneas Aéreas de España), empresa del Estado español, deficitaria y subvencionada por su gobierno, que se dedicó a adquirir líneas aéreas nacionales deficitarias y rutas a lo largo y ancho de Latinoamérica.

Pues bien, con el argumento de que la CDA estaba en condición deficitaria, un grupo de traficantes de influencia del gobierno de Balaguer lo tenían todo negociado y listo para vender la deficitaria CDA, línea bandera dominicana, a Iberia, la deficitaria línea bandera española. El ambicioso plan de Iberia era hacer de la República Dominicana el centro de sus operaciones latinoamericanas, conectando su red de rutas ya adquirida de mala manera en el ‘Cono Sur’ con las rutas transoceánicas hacia Europa.

Otro contrasentido de la operación era que se planteaba en el marco de la ‘privatización’ del patrimonio empresarial del Estado dominicano, y era inexplicable y todavía es inexplicable cómo podía ‘privatizarse’ algo de un Estado en manos de otro Estado. Era obvio que tal operación constituía un incalificable acto de traición al Estado dominicano. De una forma u otra, Balaguer no autorizó tal desafuero, pero como veremos la CDA estaba condenada a su desaparición en manos de traficantes, cerrando sus operaciones en 1993.

En febrero de 1991 Balaguer anunció ante la Asamblea Nacional que se firmaría un Acuerdo Stand By con el FMI, para renegociar su deuda externa de más de US$4,000 millones. En julio otra huelga general de 48 horas paralizó el país, en protesta por los efectos de las condicionalidades impuestas por el FMI a los dominicanos. Varios bancos comerciales cierran o son cerrados en medio de escándalos financieros. En 1992, con el país apagado y sin la presencia del Presidente Balaguer, se inaugura el Faro a Colón en ocasión del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, ofreciéndose al mundo el absurdo contraste de la política de inversión pública de Balaguer: los reflectores encendidos del faro recorriendo el firmamento en la oscuridad de la noche de la crisis energética del país.

La crisis política de Haití de 1994, centro de la atención internacional y de las presiones de diversas potencias concertadas en evadir sus responsabilidades, afectaba necesariamente a la República Dominicana, única válvula dejada como desahogo a la crisis social y económica que aquejaba a su depauperada población, lo cual representaba un factor agravante a un país que tenía además programada elecciones generales para mayo de ese año. El climax de la misma se produjo con el desembarco en el mes de septiembre de tropas norteamericanas para deponer el régimen militar del general Cedrás y reponer en el poder al ‘democrático’ Jean Bertrand Aristide.

El "Plan Éxodo"

Fue en medio de la crisis que recibí una extraña llamada telefónica. Era Nelson Didiez Nadal, a quien no había vuelto a ver desde que en mi adolescencia concurría a los cumpleaños de su hermana Minha, hacía más de 45 años. Me llamó por mi nombre y me preguntó: “¿Te acuerdas de mí, puedo ir a verte? Le contesté que sí, y entonces me pidió la dirección. Al llegar a mi apartamento se identificó (mostrándome su carnet) como mayor de la Policía Nacional, y encargado del escritorio de Haití en la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), y entonces me hizo entrega de un documento en papel timbrado de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas titulado ‘Secreto’ en todas sus páginas, y que además contenía una lista de circulación restringida en la cual, desde luego, no estaba mi nombre.

El documento estaba titulado “Plan Éxodo”, y ostentaba la firma del secretario de Estado de las FF.AA. de entonces, general Constantino Matos Villanueva, y de los oficiales J2 y J3 de dicha Secretaría, y contenía los 15 lugares (mínimos) en que serían asentados en territorio dominicano, en centros acondicionados para este fin, los haitianos que cruzaran la frontera bajo la condición de refugiados, y los empla-zamientos comenzaban nada menos que en San José de Las Matas, en plena sierra dominicana. Esta era una pretensión de los organismos internacionales y de la llamada ‘comunidad internacional’, que había sido reiteradamente rechazada por el presidente Balaguer de manera pública, de modo que no se podía entender cómo tenía la firma del titular de las FF.AA. y su Estado Mayor.

Viendo la naturaleza del documento, indiqué de inmediato a Didiez Nadal que hacerme llegar un documento que planteaba una crisis grave tenía que haber sido una decisión del presidente Balaguer, a lo cual el contestó que no, que había sido suya. La coyuntura era peligrosa, no sólo porque Haití estaba invadido por tropas norteamericanas (lo que traía a la memoria el ominoso precedente de la intervención de EE.UU. en Haití en 1915, seguida de la de República Dominicana en 1916), sino porque había una disyuntiva: o Balaguer mentía, y había autorizado la firma de ese documento, o su gobierno estaba en el suelo, ya que su mando militar estaba refrendando algo a lo cual él se había opuesto públicamente.

Le insistí a Didiez que la decisión de remitir un documento de esa naturaleza a la Unión Nacionalista por mi vía había de haber sido tomada necesariamente por el presidente Balaguer, y temiendo que se tratara de una maniobra suya para evitarle al gobierno echar esa pelea -pasándola a nosotros-- le expresé: “Dígale al doctor Balaguer que nosotros (UN) enfrentaremos esta situación, porque se trata de una cuestión de principios, pero que él es el Presidente de la República, y si no está con nosotros en la primera trinchera de lucha le acusaremos de traición”. No sé si Didiez le daría el recado, aunque lo dudo, dado el carácter de Didiez.

El próximo paso fue dar a conocer el documento a los demás integrantes de la Unión Nacionalista, para lo cual se convocó una reunión en la casa de don Luis Julián Pérez, coordinador del grupo. Allí se acordó remitir una carta al presidente Balaguer, expresándole preo-cupación sobre la soberanía del país bajo las circunstancias imperantes, y llevársela en comisión al Palacio Nacional, para lo cual redactamos y firmamos todos un documento fechado en mayo 27, y solicitamos una entrevista con el Presidente en el Palacio Nacional. Esta diligencia la acompañamos de una campaña de prensa y TV de varios de los miembros de la UN denunciando la existencia del Plan Éxodo, pero -–dada la delicada naturaleza del documento y sus firmantes-- sin admitir que lo teníamos.

Al Palacio fuimos en comisión el 3 de junio, Miguel A. Velásquez M., Armando Armenteros y yo, que me tocó leerle el documento a Balaguer cuando nos hizo pasar a su despacho.

En la carta no le decíamos que teníamos el ‘Plan Éxodo’, cuyo ejemplar yo había resguardado en lugar seguro, sino que nos limitábamos a expresarle preocupación sobre la soberanía nacional y la conducta de nuestros militares en la frontera, y al llegar en la lectura del documento a ese punto, el doctor Balaguer nos interrumpió para decirnos: “En cuanto a ese aspecto no se preocupen, pues ellos no harán nada que yo no les ordene”. Eso ahondó nuestra preocupación, pues implicaba que él había autorizado a los jefes militares a firmarle el documento a los representantes del Consejo de Seguridad y de los norteamericanos, mientras sostenía públicamente su oposición a tal pretensión.

Es preciso recordar que durante la crisis de Haití, la frontera fue frecuentada del lado dominicano por jefes militares norteamericanos y se habló de un contingente internacional que velara la frontera, y Unión Nacionalista insistió que se hiciera del lado haitiano. La situación se hizo tan complicada que a muchos de los jefes militares dominicanos asignados a la vigilancia de la frontera y a sus familiares se les suspendió el visado norteamericano, en una clara muestra de presión de parte de ese gobierno, cuyas razones nunca fueron explicadas.

Otro episodio de esa crisis se produjo en torno al documento del Consejo de Seguridad de las NN.UU. sobre Haití, del cual se recibió también de manera misteriosa una copia. La lectura del mismo puso rápidamente en evidencia que el embargo total que EE.UU. presionaba contra Haití, que no permitía el paso de alimentos, medicinas, y com-bustibles, y tendía a provocar un estallido social cuya única perjudicada sería la República Dominicana, carecía en absoluto de sustentación en el texto de la Resolución del Consejo que habíamos recibido, que sí lo permitía. Por ello nuestra primera tarea fue verificar la autenticidad del mismo.

Para ello nos trasladamos a la Cancillería en horas de la tarde del 20 de junio, Pedro Ml. Casals Victoria y yo, a visitar a Arístides Taveras Guzmán, el entonces Canciller, para verificar con la copia de su archivo, la que habíamos recibido. Cuando estábamos a la puerta del Canciller vimos salir como una tromba del despacho del subsecretario Fabio Herrera Cabral, acompañado de varias personas, al embajador norte-americano Robert Pastorino. Una vez puesto en autos Taveras Guzmán del motivo de nuestra visita timbró para llamar precisamente a Herrera Cabral, quien cuando se enteró del propósito nuestro empalideció y nos dijo: “precisamente acaba de salir de mi despacho el embajador Pasto-rino que vino a decirnos que podíamos permitir el paso de alimentos y medicinas por la frontera”.



Yo le contesté entonces: “¿Sabe Ud. porqué ese caballero ha venido ahora a decir eso? Porque antes de venir acá, desde un programa de TV, mostramos este documento y denunciamos al país que todo parecía indicar un montaje para provocar un estallido en Haití que justificara el asentamiento en nuestro territorio de miles de refugiados haitianos”. Don Fabio nos pidió que volviésemos al siguiente día en la tarde, porque tenía problemas familiares que le obligaban a ausentarse urgentemente. Le observamos que no podíamos esperar hasta la tarde siguiente, y quedamos que volveríamos en la mañana.

Conforme a lo acordado, Pedro Manuel Casals se encargó de regresar al día siguiente a la Cancillería para no encontrar a Don Fabio en la mañana ni tampoco en la tarde. Luego supimos que mientras nos hacía esperar él estaba sentado en la antesala del presidente Balaguer, esperando que le recibiera. Todavía no sabemos si la situación en la frontera hasta ese momento era resultado de sus decisiones o de las instrucciones que recibía de Balaguer, ya que en lo referente a Haití él respondía directamente al Presidente y no el Canciller, ni tampoco sabemos si fue a explicar lo que había hecho por su cuenta o a buscar instrucciones, preocupado por las indagatorias que estábamos haciendo y sus consecuencias.

Como testimonio de que el doctor Balaguer se recostó de la Unión Nacionalista para enfrentar la presión norteamericana de 1994 está la dedicatoria que le hizo a sus miembros de la edición extraordinaria de su libro “Galería Heroica”, en la cual, con la rúbrica del doctor Balaguer se lee: A los señores (nombre de los miembros de UN): “Como testimonio de admiración y solidaridad por su actitud patriótica al levantar hasta el tope del asta la bandera del nacionalismo dominicano, para edificación y enseñanza de las nuevas generaciones. Santo Domingo, 16 de julio de 1994, Año Conmemorativo del Sesquicentenario de la Independencia Nacional”. Cada ejemplar está dedicado individualmente.

Una de las circunstancias más ominosas de la crisis política haitiana fue la gansterización de la cual fue elemento clave Jean Bertrand Aristide, y fue así que en medio de la crisis internacional de 1994 fue asesinada en las calles de Puerto Príncipe de 42 balazos la eminente abogada Michelle Durocher Bertin, juez suplente del Tribunal Internacional de La Haya, porque según datos ofrecidos por su familia refugiada en Santo Domingo se disponía a denunciar las explotaciones ilegales del estratégico mineral ‘Iridio’ en territorio haitiano, las cuales estaban a cargo de la Brown & Root Co., la misma empresa norteamericana que en 1965 operaba en territorio dominicano en la construcción de acueductos.

Una de las informaciones más trascendentes (aunque pasadas por alto por la mayoría) la produjo el entonces secretario de Industria y Comercio, José Ramón González Pérez, cuando informó que el gobierno de Balaguer había recibido una solicitud de un consorcio transnacional europeo (capitales franceses, belgas y holandeses, entre otros) para explorar y explotar en territorio dominicano la mina de oro ubicada en la misma frontera a la altura del poblado de Restauración, con una parte en territorio haitiano, para lo cual había hecho igual trámite con aquel gobierno. Conforme a declaraciones posteriores servidas por Max Puig, Ordenador de Lomé IV.

del gobierno de Leonel Fernández, y recogidas por la prensa nacional, la indicada mina es la mayor o una de las mayores minas de oro a cielo abierto en el hemisferio, pero de la misma es muy poco lo que se sabe.
La existencia de esta mina (de la cual no se ha vuelto a hablar) es de implicaciones insospechadas en cuanto a la naturaleza del conflicto fronterizo entre República Dominicana y Haití, zona cuya internacionalización se ha propuesto más de una vez, como se ha pretendido también con el Puerto de Manzanillo a través del uso de los fondos de Lomé, ya que al consorcio interesado se vinculan nombres de gran influencia política, como la viuda Mitterrand, quien visitó el país y la zona fronteriza dominico-haitiana. También explicaría el actual interés francés en el proyecto de ‘Megapuerto de Manzanillo’.

El Encargado de Negocios dominicano en Puerto Príncipe, Nelson Didiez Nadal (anterior encargado del escritorio de Haití en el DNI), me confió en 1994 que el propósito de ese consorcio europeo era procesar el material de la mina en la refinería de oro de ‘La Rosario’, la misma que --después de su instalación ordenada por el presidente Guzmán-- los intereses de los comisionistas de su procesamiento en el exterior nunca permitieron que operara con el oro dominicano. También me vino a la mente la explicación del porqué, en una breve visita que había hecho anteriormente a República Dominicana, el entonces primer ministro de Haití, René Preval, sacó tiempo de su corta estadía para visitar al general Antonio Imbert Barrera, entonces presidente de la Rosario Dominicana.

En noviembre de 1994, con su gobierno tildado de ilegítimo, acosado por los partidos de oposición y bajo la presión de los sectores populares en reacción a la crisis económica, así como del gobierno norteamericano, el doctor Balaguer cedió a propiciar una reforma de la Constitución de la República, que recortaría inconstitucionalmente dos años a su mandato (por el principio de no-retroactividad de la ley), llamando a elecciones generales en mayo de 1996, disposición que --contradictoriamente-- no afectó el mandato de los legisladores y munícipes elegidos en los mismos comicios.

Esa reforma -–entre otras cosas-- vedaba la reelección, establecía un mínimo de 50% del voto para ganar una primera vuelta, y una segunda vuelta en caso contrario, y la separación de las elecciones congresionales y municipales de las presidenciales, poniéndolas a medio término de las presidenciales, para acabar con el llamado ‘voto de arrastre’, que ha permitido a los clanes que controlan los partidos políticos llenar buena parte de las instancias sometidas al voto de personas sin calificación ni idoneidad, pero sí proclives a la corrupción. Este voto intermedio actúa igualmente como un control del elector sobre el rumbo y conducta de sus gobernantes, lo cual afianza la esencia de un proceso democrático e igualmente actúa como válvula de decompresión del descontento popular, que -–a falta de ésta-- buscaría otras formas de expresión.

Las presiones al presidente Balaguer no fueron óbice para que apareciera por estos lares Elliott Abrams, ex–subsecretario de Estado de Asuntos Latinoamericanos, en gestión de cabildeo frente a Balaguer de una propuesta de negocios relacionada con la CDE que, dado el poco tiempo transcurrido desde que saliera del cargo, tenía que haber sido presentada mientras él desempeñaba esas poderosas funciones de política hemisférica, las cuales le permitieron articular junto a Oliver North y otros el ya famoso escándalo del canje de armas y drogas por prisioneros ‘Irán-Contras’, del cual se libraría posteriormente de ir a la cárcel gracias al perdón presidencial que recibiera de Bill Clinton. Este cabildeo constituyó una violación flagrante, no a la letra, pero sí al espíritu de la ‘Ley de Ética Gubernamental’ del Gobierno de EE.UU.

El período de diez años de Balaguer dejó pendiente de investigación un notorio escándalo de corrupción ligado al problema energético nacional, que fue el contrato suscrito con la empresa canadiense Hydro Québec-Sofati, posteriormente rescindido, pero del cual ‘se perdieron’ sin recuperarse más de US$9.0 millones, que se atribuyen a las comisiones que se repartieron en el ‘anillo’ de Balaguer.

Este, por su lado, cedió a las presiones internacionales encabezadas localmente por la ‘Cámara Americana de Comercio’ para sustituir el modelo económico de ‘sustitución de importaciones’, centrado en el mercado interno, y potenciador del desarrollo industrial de la nación y del bienestar de la población, al solicitar al Congreso Nacional la derogación -–entre otras disposiciones importantes-- de la ‘Ley No. 861 sobre Inversión Extranjera’, que trazaba el marco del modelo, definiendo el ámbito de la inversión estrictamente nacional, de la inversión mixta y de la inversión extranjera, y limitaba las repatriaciones de capital y dividendos a un 25% anual del total invertido.

Esta decisión del presidente Balaguer abrió toda la economía al nuevo modelo basado en inversión extranjera, establecido en el GATTS de 1994, procediendo también a introducir al Congreso el ‘Código Monetario y Financiero’ negociado con la banca nacional e internacional bajo presiones del FMI, y cediendo la isla Catalina, en violación a la Constitución de la República, a una línea de cruceros extranjera. Al terminar en 1996 su accidentado período de diez años el presidente Balaguer dejó la tasa de cambio del peso al dólar en 13.77 por uno, el monto de la inversión extranjera directa registrada en US$1,782.6 millones y la deuda externa en US$4,426.2 millones.


Negociando la soberanía
Las generaciones del relevo y el pago de la deuda externa”

Por Leopoldo A. Espaillat Nanita

Sería difícil entender el comportamiento de gobierno tras gobierno en la República Dominicana en el período de vida llamada ‘democrática’ de 1962-2001 en sus relaciones internacionales, sin admitir que se trata de generaciones de relevo en la tarea de negociar la soberanía dominicana frente al designio de apoderamiento de la riqueza nacional por parte de los intereses económicos hoy transnacionalizados de las grandes potencias, el cual se ha hecho presente a lo largo de toda nuestra historia.

Buscar algo en común entre los gobiernos de Juan Bosch, de Joaquín Balaguer, de Antonio Guzmán y Jacobo Majluta, de Salvador Jorge Blanco, otra vez de Joaquín Balaguer, de Leonel Fernández, y por último de Hipólito Mejía, puede lucir como un propósito divorciado de la realidad, pero se trata de un proceso que –a través del tiempo- tiene grados claramente diferenciados.

Es indudable que existen discrepancias notables de una gestión a otra de gobierno en el estilo, en el criterio sobre las prioridades nacionales y de gasto público, así como de la intención o no de prolongarse en el poder. Pero el hilo conductor que debemos buscar se refiere a:

1) Por un lado, la actitud o comportamiento de cada mandatario respecto al rol del Estado nacional y del Estado-empresario, apoyado en la plenitud de su soberanía económica, arancelaria y monetaria surgido a raíz de la caída de la dictadura y como herencia de ella.

2) El creciente rol y presencia de la inversión y voluntad extranjeras, sobre todo bajo los designios de la globalización neoliberal y a la vista del balance actual de apoderamiento del mercado nacional por productos foráneos (objetivo del GATT de 1947), el cual ha venido acompañado de la transferencia masiva de los activos y patrimonio estatales a empresas extranjeras, incluso a entes de estados extranjeros (objetivo del GATT de 1994).

3) La velocidad de ese proceso, sus controles o la falta de ellos, y en especial la mayor o menor disposición de cada Presidente de servir estos propósitos.

Partiendo de que la soberanía política se sustenta en la soberanía económica hemos tomado expresamente como referencia el período que se inicia a partir de las primeras elecciones libres después de la muerte de Trujillo, y del Estado dominicano recibido de éste, pasando por la segunda intervención militar de los EE.UU. en el país en el siglo ya pasado, destacando que sus motivos –al igual que los de cada una de las realizadas por esta nación en Latinoamérica y el Caribe- tienen que buscarse en la defensa de los intereses económicos de los grupos de poder de la sociedad norteamericana. Pretendemos ofrecer un testimonio personal de ese proceso en su etapa aún reciente. Veamos.

Esta constante de la política intervencionista de los Estados Unidos es puesta en evidencia en el libro “Ethics, American Foreign Policy and the Thirld World” (“Ética, Política Exterior Norteamericana y el Tercer Mundo”), de David Louis Cingranelli (St. Martin’s Press, Inc., 1993), que nos trae un ilustrativo resumen de las prioridades de política de cada intervención militar de EE.UU. (Ver Anexo A), y que -específicamente respecto de las intervenciones en nuestro país- nos expresa las siguientes:

1916-1924 Rep. Dominicana (1) Apoyar el gobierno constitucionalmente electo (Juan I. Jimenes) contra una revolución (Desiderio Arias).(2) Mantener la democracia.(3) Prevenir la falta de pago de la deuda externa.

1965 Rep. Dominicana(1) Proteger la vida de ciudadanos de los EE.UU. (2) Prevenir la llegada al poder de un gobierno comunista.

Es de notar que el recuento histórico anexo de las intervenciones militares de EE.UU. de 1898 a 1922 en la región del Caribe es reiterativo en plantear como objetivo el “prevenir la falta de pago de la deuda externa”, lo cual evidencia la influencia de los bancos norteamericanos en la política exterior de ese país y el riesgo –pagadero siempre en soberanía- de excederse en el recurso del endeudamiento externo más allá de las posibilidades de repago de un país, situación que se nos pretende disimular hoy a los dominicanos bajo el argumento falaz de que nuestra capacidad de endeudamiento resiste mayores compromisos de los que ya tenemos, incluyendo la emisión de "bonos soberanos" por US$500 millones para colocar en los mercados bursátiles internacionales -preferiblemente norteamericanos- para cubrir inversiones no prioritarias y cuestionables, entre ellas obras improvisadas e injustificadas iniciadas en la anterior gestión de Leonel Fernández, algunas casi terminadas.

Este enunciado viene acompañado también del igualmente falaz argumento de que el país se está convirtiendo “en un exportador neto de capitales”, porque recibe menos dinero del que paga por sus compromisos, y que para revertir esto es preciso contraer nuevos endeudamientos en ‘recursos frescos’ que inviertan la situación. Razonamiento absurdo para ‘tontos de capirote’, pues conduce a una espiral interminable en que siempre saldrá más dinero del que entra.

Claro que este discurso del prestamista usurero, que nos predican por igual las misiones de FMI, BM, BID, CEPAL, etc., representantes viajeros de los bancos y gobiernos acreedores de la deuda externa del país, así como sus auspiciadores y comisionistas locales, expresa el interés de éstos en toda América Latina de incrementar nuestros compromisos hasta constituirlos en deuda impagable, que se cobrarían luego con los activos estatales y recursos naturales y derechos de soberanía de nuestras economías.

LA HERENCIA DE TRUJILLO

Es preciso recordar que Trujillo surgió al poder a partir de la ocupación militar de EE.UU. de 1916-1924 con el apoyo de sus altos jefes militares, y gobernó con el posterior respaldo de los gobernantes norteamericanos en forma armónica con sus intereses, al extremo de que se cita al secretario de Estado, Cordell Hull, expresándose de Trujillo diciendo que “es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.

Trujillo fue dictador cuando América Latina estaba plena de dictadores que garantizaban en sus países los intereses de los grandes capitales. Cortejó Presidentes y sobornó políticos y funcionarios de EE.UU., tomando finalmente decisiones que le contraponían con los intereses norteamericanos. Esta transformación de políticas corrió paralela a su transformación personal, desde esbirro de los intereses azucareros norteamericanos en el país a gran empresario nacional, paso en el cual le acompañaron conspicuas figuras dominicanas, incluyendo a quienes integraban el grupo que encabezaba su cuñado Francisco Martínez Alba, y cuyos intereses económicos sobrevivieron a Trujillo y a Martínez Alba.

Tales decisiones fueron la compra del National City Bank of New York, sucursal Santo Domingo (actual Citibank), del cual surgió el Banco de Reservas de la República Dominicana en 1941; la adopción de una moneda nacional (referida a la de EE.UU. conforme a los acuerdos de Bretton Woods) en 1946; el pago de la deuda externa, que quitó a los banqueros norteamericanos el control de nuestras aduanas en 1947; la compra de los ingenios norteamericanos entre 1947 y 1951; y la expropiación de la Compañía Eléctrica de Santo Domingo en 1955, convertida por ley en la Corporación Dominicana de Electricidad, actos que conducían a la nacionalización de la economía dominicana, la cual se traducía en menor dependencia de la voluntad extranjera sobre ella y una mayor injerencia de la voluntad nacional, que desde luego era primordialmente la suya.

También es pertinente hacer notar que la misma Ley No. 4023, de 1955, con la que Trujillo declaraba de interés público la adquisición por el Estado dominicano de la Compañía Eléctrica, también lo hacía de la Compañía Dominicana de Teléfonos, aunque esta parte nunca llegó a ejecutarse por razones que ignoramos. Fue también en este período (1957) que se promulgó la Ley No. 4701 sobre ‘Agentes Extranjeros’, aún vigente, que constituye una traducción fiel, con puntos y comas, de la correspondiente legislación norteamericana sobre la materia, al punto que la ley dominicana hace mención de la CIA.

El desarrollo industrial de capital nacional que encabezó Trujillo tuvo su mejor muestra en la agroindustria La Manicera; la Fábrica de Cementos Colón, la Textilera, y otras más, que a partir de 1954 fue seguido por los proyectos encabezados por su hijo Ramfis y sus amigos, como fueron Molinos Dominicanos, la Fábrica de Pinturas Dominicanas, la Dominico-Suiza, la Fábrica de Papel de Villa Altagracia, y otras, trazando un distanciamiento generacional en el plano de la gestión económica y una soterrada rivalidad que marcó su diferencia luego en el proceso de "destrujillización".

Hacia el final de su mandato Trujillo estaba ya en términos tan antagónicos con el poder norteamericano, al punto de que coqueteó abiertamente con países socialistas del continente y Europa (los titulares de la prensa de la época así lo atestiguan). En respuesta, fue la tenebrosa CIA de Allen Dulles el canal eficiente para contactar y organizar parte de los complotados que le dieron muerte (a quienes la correspondencia confidencial de la embajada de EE.UU. de ese período, publicada por Bernardo Vega, trata como el sector ‘pro-norteamericano’), con el compromiso de proveerles de armamento y apoyo; aunque también se ha documentado el cambio de decisión que en un momento determinado surgió en Washington ante el temor del presidente Kennedy de que el vacío que dejaría la muerte de Trujillo fuera llenado por un régimen hostil a los intereses norteamericanos, lo que le llevó a incumplir con los ofrecimientos hechos a los complotados, quedando éstos prácticamente a su propia suerte y decisión.

LOS INTERESES NORTEAMERICANOS

En la sociedad norteamericana existe una dicotomía contradictoria entre los postulados políticos libertarios que son sustentación de la idiosincrasia de la generalidad de sus ciudadanos, y los objetivos económicos esencialmente expoliadores -de dominio, control y apoderamiento de la riqueza propia y ajena- de parte de su clase gobernante, ejercida a través del tiempo y los diferentes gobiernos de los EE.UU., y por ello todos los gobiernos que ha tenido la República Dominicana -y los que tendremos- estuvieron, están y estarán sometidos a las presiones de los intereses de estos grupos de poder, ahora transnacionalizados, hasta que la propia sociedad norteamericana someta estas apetencias a las reglas de la democracia que predica.

Así, el gran capital norteamericano transnacionalizado practica la economía neoliberal que conviene a sus intereses (libertad del grande que aplasta la libertad del pequeño en el plano internacional, traducida internamente en su propio país en fusiones que crean monopolios que aplastan la competencia; y en exportación de sus empleos a la periferia hambrienta del mundo), pero no existe político que se deje describir como ‘liberal de Washington’, pues frente a la economía desnacionalizada y desindustrializada que le ha venido arriba, con la consiguiente pérdida masiva de empleos y reducción de la clase media, el pueblo norteamericano se ha convencido de que todo el que lleva esa etiqueta trabaja en su perjuicio.

Lo mismo sucede con los ‘conservadores’ que desacreditan el loable esfuerzo de preservar las tradiciones norteamericanas, aferrándose a prejuicios y los peores valores y abandonando los ideales esenciales que debían ser preservados o conservados, demostrando que ambas posiciones contrapuestas atraviesan una crisis de legitimidad, creando la posición intermedia de los ‘moderados’, que es una cómoda posición –igualmente falsa- conveniente para todo aquel que no quiera definirse.

Un recorrido por la historia de EE.UU. nos lleva a la sorprendente conclusión de que el conflicto planteado entre las aperturas de mercados que este país ha venido preconizando y recetando a los demás, pero que no practica con el suyo, y el proteccionismo comercial que sí practica y pretende negarle a los demás es una reedición del sangriento conflicto que desgarró esa nación entre los estados norteños y sureños, en el cual el Norte industrializado exigió protección arancelaria contra los productos ingleses elaborados con materia prima provista por el Sur, que venían a competir con los suyos, vínculo que éste se negaba a romper y culminó con la secesión de los estados del Sur y la guerra civil y el triunfo del Norte, un conflicto que todavía hoy muestra sus rescoldos, no obstante el visionario y generoso manejo que hizo Abraham Lincoln de ese triunfo.

Es interesante ver que Patrick J. (Pat) Buchanan, cerebro ideológico del mandato de 8 años del presidente Ronald Reagan, ha dado un viraje de 180º, y en actitud autocrítica a su contribución para establecer el ‘Nuevo Orden Mundial’ ha escrito dos excelentes libros: “A Republic Not an Empire” (“Una República, No Un Imperio”), que ataca el rol imperial de los EE.UU. en el mundo; y “The Great Betrayal” (“La Gran Traición”), que enfoca los efectos deletéreos de la política neoliberal de inversiones en ultramar de sus grandes capitales en las condiciones de vida de los norteamericanos (Regnery Publishing Inc., 1999; y Little, Brown & Co., 1998, respectivamente). Ese mismo viraje lo ha dado el economista británico John Gray, ex-asesor económico de Margaret Thatcher, abandonando sus postulados neoliberales de entonces.

Es de notar la actitud militante de sectores de la sociedad norteamericana y de otras potencias, que se manifiestan violentamente contra todo evento identificado con los postulados de la globalización neoliberal, el Nuevo Orden Mundial, la Organización Mundial de Comercio, el FMI, el Banco Mundial y otras entidades (reeditada ahora en Gotenburgo, Suecia), la cual tiende a verse como expresión de minorías de la sociedad norteamericana y de aquellos países.
En el caso de los EE.UU., esa sería una apreciación superficial del fenómeno de descontento que se ha venido incubando en esa sociedad, dado que la prédica de Pat Buchanan (que no le ha llevado todavía a su meta presidencial), fue precedida por la del predicador Pat Robertson, que habla a millones de norteamericanos denunciando el ‘Nuevo Orden Mundial’ que encabeza EE.UU. Estos ciudadanos de clase media no van a las barricadas ni tiran piedras, pero votan. Por eso, 61 de 100 miembros del Senado de EE.UU., incluyendo 20 legisladores del Partido Republicano, le remitieron una carta al presidente George W. Bush, advirtiéndole “que no toque el arsenal legislativo de que dispone EE.UU. para proteger sus intereses comerciales” frente a la solicitud de autorización que éste haría al Congreso norteamericano del “fast track” para negociar el ‘Acuerdo de Libre Comercio de Las Américas (ALCA)’, y la posición del líder sindical John Sweeney, presidente de la AFL-CIO, rechazando el “fast track”, el ALCA, el TLC y cualquier otra cosa que se le parezca, advirtiéndole a América Latina que no se haga ilusiones con ese acuerdo programado para el 2005.

Los dominicanos, y el actual gobierno de Hipólito Mejía, hemos pasado por la experiencia de ser tratados como súbditos de la plutocracia norteamericana al recibir la reprimenda del senador Jesse Helms, personaje de compromisos radicales con esos intereses y actitudes consecuentes, y la visita menos afrentosa, pero igualmente injerencista, del representante al Congreso por N.Y., Benjamín Gilman, preocupado por el ‘clima de inversiones’ del país.

Hemos denunciado hasta el cansancio la asimetría de conducta entre gobiernos y representantes de las grandes potencias (EE.UU. y U.E.) frente al Tercer Mundo, al mantener sus productos subsidiados y sus mercados cerrados con la denostada política ‘proteccionista’ para impedir la entrada de productos foráneos con medidas no arancelarias, como el sistema de cuotas de EE.UU. que afecta todas las exportaciones dominicanas, mientras exigen a los demás ‘apertura’, y el contraste con los gobernantes y negociadores nuestros, que aprietan el paso para entrar al ALCA antes de la fecha fijada del 2005, con el desmonte de las barreras aduanales, como lo ha hecho el gobierno de Hipólito Mejía contra todas nuestras recomendaciones, y cuya política arancelaria está hoy haciendo crisis.

Los intereses que hacen acto de presencia en nuestro país -norteamericanos y europeos- desacreditan la credencial y rol del inversionista para toda empresa seria que arribare al país con una reputación que cuidar, y la intención de ganarse su amistad y la de los ciudadanos que son sus anfitriones. Examinemos, pues, la forma como cada gobernante dominicano ha lidiado con el designio del gran capital (hoy primordialmente español y norteamericano) de recuperar su previo ámbito de dominio, y algo más, a lo largo de un historial de presiones e incidentes que han sacudido nuestras instituciones, siendo la pesadilla constante del pueblo dominicano que en manos de uno de ellos, de voluntad doblegada y alma corrompida, pueda zozobrar definitivamente la soberanía de la nación y el sueño de Duarte.




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