NUEVA YORK.-La rebaja del precio del pasaporte biométrico a US$60.00 dispuesta hace más de un año por el presidente Leonel Fernández a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores se aplica solo a la libreta, pero los contribuyentes tienen que pagar servicios adicionales en los consulados en Estados Unidos que podrían incrementar gastos de hasta US$150.00.
Sin embargo, los consulados en Nueva York y Boston, justifican que se cobre por servicios adicionales que se ofrecen aunque dijeron que la libreta de pasaporte sigue costando el precio de US$60.00 establecido por el Poder Ejecutivo como parte de la llamada eficiencia recaudadora en el decreto 173-07.
En ocasiones, dominicanos que acuden a las legaciones consulares en procura de trámites de documentos se quejan por los costos de los servicios que se les ofrecen, siendo el de Nueva York el consulado más frecuentado por dominicanos, no solo por ser esta la ciudad más habitada por dominicanos, sino porque tiene una jurisdicción más amplia que la de los consulados en Boston, Massachusetts; Miami, Florida, y Washington, donde funciona en la sede de la embajada dominicana.
Sobre la situación el consulado dominicano en Nueva York dijo, a través de su director de Prensa, vicecónsul David Cordero, que aunque la libreta de pasaporte cuesta 60, hay otros servicios adicionales que siempre están a opción de los contribuyentes de pagarlos o no, dependiendo de si la persona lo solicita, y entonces podría costar hasta 125 dolares.
“Un pasaporte cuesta aquí 125 dólares (para entregarlo) el mismo día, con libreta, renovación y cambio de libreta. El pasaporte cuesta US$95.00 por tres días, y si es el mismo día cuesta 30 dólares más, sale en US$125.00”, detalló.
| MIGRACIÓN | |||||||
| Capturarán datos biométricos de extranjeros en fronteras y aeropuertos | |||||||
| “La regularización significa definir el estatus de cada extranjero, si es legal o es ilegal, documentado o indocumentado”, sostuvo | |||||||
| Linabel Aybar Rivas/Clave Digital | |||||||
| jueves, 11 de junio de 2009 | |||||||
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“En consecuencia, aunque sean haitianos o sean de otra nacionalidad quedarán comprendidos en una base de datos para el control que ha de hacer el Estado Dominicano sobre su presencia en el territorio nacional”, explicó Almeyda. De acuerdo con el secretario de Interior y Policía, esta base de datos del registro va a contemplar qué tiempo tiene un extranjero en el país, cuáles son sus actividades productivas y económicas, dentro de otras informaciones. “La regularización significa definir el estatus de cada extranjero, si es legal o es ilegal, documentado o indocumentado”, sostuvo. El funcionario aclaró que el registro está abierto a discusión y tiene que ver con todos los extranjeros que residen o están establecidos en la República Dominicana. “Este plan de regularización es el registro de personas que no tiene documentos de su país de origen, por ejemplo, si hay un ciudadano haitiano, que no tiene identidad ni documentos de su país, lo registramos con todos los datos e información que esa persona ofrezca para ese registro y capturamos sus huellas”, explicó. El reglamento para el plan de regularización de extranjeros está en proceso de elaboración y entrará en vigencia a través de un decreto que emitirá el presidente Leonel Fernández. Almeyda ofreció estas declaraciones en el marco del seminario “Políticas migratorias y experiencias en procesos de regulación”, que se celebra desde el pasado miércoles en la Cancillería, con ministros Alemania, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos y Haití.  Morales Troncoso advierte que generaría un problema mayor al que tiene el país actualmente El Canciller rechaza la "amnistía" para ilegales Criticó la propuesta de reglamento de migración que promueve el secretario de Interior y Policía que daría residencia a los extranjeros ilegales que están en el país. Escrito por: Guillermina Santos 11 Junio 2009 Santo Domingo.- El secretario de Relaciones Exteriores, Carlos Morales Troncoso, rechazó ayer el reglamento de regularización de extranjeros que establece una amnistía a los indocumentados que residen en el país. Con su posición el canciller expresa diferencias con el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Ran cier, quien promueve el reglamento de la Ley General de Migración (285-04), el que entre otros aspectos sienta las bases para un Plan Nacional de Regulación y Registro de Extranjeros en el País. Al pronunciar el discurso de clausura del cónclave “Políticas migratorias y experiencias en procesos de regularización”, en el que participaron representantes de 24 países integrantes de la OEA, Morales Troncoso proclamó que con la amnistía no se resuelve el problema de la inmigración ilegal “ni siquiera a largo plazo”. A su juicio, agravaría la situación ya que envía un mal mensaje a futuros inmigrantes ilegales, quienes apostarían a “tumbarle el pulso” a la ley de Migración. Dijo que el Plan de Regularización significaría un aumento de la demanda de servicios como la salud y educación. “La inmigración ilegal que se corrige lo que hace es imponerse como fenómeno a las autoridades”, apuntó Morales Troncoso. El reglamento presentado provocó un debate, siendo la posición más encendida la del profesor Manuel Núñez, quien calificó de “insólita” la disposición, la que a su juicio afectaría las políticas sociales del país y convertiría a la República Dominicana en “un estado fallido, al igual que Haití”. Su posición no hizo gracia al embajador de Haití Friz Cinéas y provocó la reacción del secretario Franklin Almeyda, quien apuntó que el tema no debe estar sujeto a reacciones emocionales, sino a una discusión en base al respeto de los derechos humanos. El reglamento Otorga el derecho a optar por la residencia permanente a extranjeros indocumentados que se demuestre hayan residido por 10 años o más en el país, a los que tienen menos de 10 y más de 5 se les otorgaría la residencia temporal y con menos de 5 serían considerados en la categoría de no residentes transeúntes. El Plan se ejecutaría en un período de 3 años, a partir de su formal inicio. Las autoridades se aprestan a iniciar en los próximos días un proceso de consulta para la aprobación y ejecución del reglamento de regularización. “Nadie nos puede decir que estamos anteponiendo la Soberanía Nacional al respeto de los derechos humanos, eso es errático”. Insulza pide ayuda para combatir el narco En ese sentido, abogó porque el combate a la criminalidad y el crimen organizado sea un tema de la agenda de los países del del hemisferio. Adujo que el Banco Interamericano de Desarrollo estimó en 16 mil millones de dólares el costo de un radar de seguridad para combatir el narcotráfico, lo que estimó incosteable. Indicó que los países de América Latina deben coordinar con las naciones más desarrolladas el combate al narco, empero entiende que el flujo de drogas seguirá mientras exista la demanda.
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Capturarán datos biométricos a todo
el que entra y sale del país
Se trabaja en la elaboración del reglamento de la Ley de MigraciónSANTO DOMINGO.- El secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier informó hoy que se instalaron en la frontera las unidades para capturar las huellas biométricas de todo el que entra y sale del país.
No obstante, el funcionario aclaró que lo mismo se hará con los demás extranjeros que entran a la República Dominicana por los distintos aeropuertos y puertos.
Almeyda dijo que a pesar de ser una atribución del presidente Leonel Fernández, se discute con deferentes sectores el reglamento para revisar el estatus de extranjeros que residen en el país.
Al salir del seminario "Políticas Migratorias y Experiencias en Procesos de Regularización", que se desarrolla por dos días en la Cancillería, Almeyda señaló que en consecuencia, esto tiene que ver con haitianos, alemanes, suizos, españoles y otros extranjeros que no tiene regularizado su status en el país.
"Es una obligación del Gobierno y el Estado dominicano cumplir como hacer eso. Esa obligación sin embargo, va acompañada del deseo de escuchar puntos de vistas que puedan ser útil", sostuvo.
Al decir del funcionario, se hace necesario poner en funcionamiento ese reglamento, porque según él, el mismo contiene un buen plan de regularización de los indocumentados.
"No confundamos el hecho; sin hay una persona que dice ¡yo soy haitiano! y no tiene documento, nosotros lo registramos como haitiano, claro que todos los datos que esa persona nos ofrezca y hacemos un registro para saber dónde localizarlo. Luego tomamos su huella biométrica y por tanto su identidad es, no la que él diga, sino las digitales", expuso.
| Afirma pitillos alcoholímetros no serán usados más de una vez |
SANTO DOMINGO.- El secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier aseguró ayer que no existe ninguna posibilidad de que los pitillos a ser usados en los alcoholímetros sean utilizados en más de una ocasión y mucho menos que 120 mil conductores estén conduciendo embriagados al mismo tiempo.
Manifestó que el organismo que dirige está adquiriendo 1,200 alcoholímetros y 120 mil pitillos para ser usados en ellos, por lo que habrá 100 pitillos por cada alcoholímetro.
Almeyda Rancier se expresó en esos términos, a propósito de una declaración del doctor y especialista en infectología, Julio Demorizy, quien advierte que el uso de los pitillos en los alcoholímetros por más de una vez puede provocar el contagio de enfermedades respiratorias, como proceso virales de gripe y hasta tuberculosis.
El secretario de Interior y Policía explicó que para usarlos deberá romperse la funda plástica en la cual vienen y en presencia del conductor al cual se le va aplicar.
Devuelto
“Después de usarse será entregado al mismo conductor para que lo conserve, por lo cual no volverá a usarse más”, enfatizó Almeyda Rancier en rueda de prensa.
Indicó que el procedimiento seguido es que se levante un acta de comprobación y se conserve en la memoria del alcoholímetro el registro de la medición hecha.
Ley servirá de apoyo a la aplicación alcoholímetro
Por ELIAS RUIZ MATUK / HOY
Con el uso de los alcoholímetros los agentes de tránsito podrán comprobar en cinco segundos el nivel de alcohol que tendrá el conductor en la sangre, lo que establecerá su estado de embriaguez o no, cuyas sanciones están contenidas en la Ley 241 de Tránsito y la Resolución 03-06 de la secretaría de Interior y Policía.
El secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier, explicó que el alcoholímetro, de los que ese organismo adquirirá 1,200 aparatos a un costo de US$108,534.24, mide el grado de alcohol en las personas. De dar positivo el conductor enfrenta sanciones penales, que van desde multa hasta prisión.
“El grado de alcohol se mide con el uso de colores, verde, naranja y rojo, con los se mide el estado de embriaguez”, explicó.
Citó que en Estados Unidos, por ejemplo, toman como indicio, además del alcoholímetro, hacer caminar a la gente en una raya para ver si mantiene el equilibrio.
“Nosotros no hemos establecido ese elemento, pero sí hay algunos componentes referenciales, como las botellas de alcohol destapadas dentro del vehículo, y el nivel de grado de alcohol en la sangre del conductor”, afirmó.
Dijo que los pasajeros pueden ir embriagados dentro del vehículo, pero no pueden ir tomando, porque esto podría animar al chofer a tomar.
Afirmó que esto es un componente de referencia.
Dijo que la ley establece la embriaguez y el uso de estupefacientes. Dijo que en su momento se quiere apoderar la Policía con medios de dopaje, “pero por el momento no podemos hacerlo, tenemos que ir por parte”.
Afirmó que el alcohol es el que ha generado más desastres y violencia, por lo que se ha establecido este tipo de medidas.
RESOLUCION
La Resolución 03-06 establece los controles en el consumo y suministro o venta de alcohol a los conductores y pasajeros y suministro o venta de alcohol a los conductores y pasajeros de los vehículos de motor, con la finalidad de garantizar la integridad de los ciudadanos y la protección de los bienes públicos y privados.
Además de la medición del estado de embriaguez a través de los alcoholímetros, la medida establece que al conductor que viole lo dispuesto en esa resolución por encontrarse en estado de embriaguez, le será retenido su vehículo en el mismo lugar y llevado con grúas u otro tipo de transporte a un lugar bajo el control de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) o de la Policía Nacional, “según el caso, para ser sometido a los tribunales competentes, conforme el artículo 541, modificado, de la Ley 241 sobre Tránsito de Motor”.
En ese sentido, el doctor Almeyda Rancier explicó que no se trata de ninguna incautación o expropiación del vehículo, lo que no está establecido en la referida resolución, “en ninguna de sus partes”. “La resolución solo habla de retener el vehículo, no de incautación”, insistió el funcionario gubernamental.
EL ALCOHOLÍMETRO
El aparato cuenta con una tecnología similar a la de la telefonía móvil.
La comisión de licitación que integró la secretaría de Interior y Policía para conocer las propuestas de las empresas que ofertan alcoholímetros, informó que decidió seleccionar a la firma Vilarta Technology, S.A. (VILTECH) como la empresa que suplirá de los aparatos considerados como de “alta gama destinado a profesionales que realicen pruebas de máxima fiabilidad, a diferentes usuarios, varias veces al día”.
Nelly Labrada de Rosario, quien presidió la comisión, afirmó que la empresa seleccionada dará entrenamiento al personal que utilizará los alcoholímetros y garantía por un año.
Labrada de Rosario dijo que Vilarta Technology, S.A fue seleccionada entre unas 30 empresas, de las cuales se escogió a la que ofertó el alcoholímetro CDP-6000 Profesional, que reúne las características que prefiere la institución.
Almeyda Rancier asegura la PN necesita recursos
Franklin Almeyda Rancier
El secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier, sostuvo este viernes que la Policía Nacional requiere de mayores recursos para equiparse y un justo aumento salarial para sus agentes.
Almeyda aprovechó la oportunidad para solicitar a los medios de comunicación asistir a la Policía en “este proceso de transformación y cambio”.
El funcionario habló durante la juramentación del mayor general Henry Peralta como subjefe de la Policía. Sostuvo que pese a la falta de recursos, República Dominicana es uno de los países con más bajo índice de delincuencia en América Latina.
Sostuvo que en la actualidad, la criminalidad en el país no pasa del 19% por cada cien habitantes, mientras que en el área el promedio es de 27%. El funcionario dijo que la Policía va por un proceso continuo de transformación aumentando cada día los niveles de seguridad.
Expresó que hace unos cuantos meses, la presencia de la Policía en las calles de Santo Domingo era de unos 4,000 agentes y hoy en día, son más de 12 mil los que patrullan en los barrios del país.
De su lado, el nuevo subjefe de la Policía agradeció la confianza depositada en su persona por el presidente Leonel Fernández y se comprometió servirle al país con lealtad y apego a los principios éticos y morales.
Dijo que trabajará hombro con hombro con el jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, para mantener la paz y la seguridad ciudadana en todo el país.
Peralta sustituye en el puesto al también general José Sigfredo Fernández Fadul, quien pasó a desempeñase como asesor policial del Poder Ejecutivo.
El acto de juramentación se efectuó en el despacho de Guzmán Fermín y asistieron oficiales superiores, subalternos y alistados. El jefe policial aseguró que la designación del general Peralta representa un justo reconocimiento a su lealtad y virtud de ser humano.
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 Opiniones | |
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FABIO R. HERRERA-MINIÑO
Por alguna razón atávica, muy enquistado en las neuronas cerebrales y hasta en las características del DNA, fuera por razones del clima, de las mezclas raciales, de la alimentación e impulsos exteriores, los dominicanos, llevamos latente la pasión por la arbitrariedad. Tan pronto se llega a ocupar alguna función, aún cuando sea de “guachimán”, surge la arbitrariedad con bríos, llegando hasta la agresión de los que caen bajo el peso antojadizo de quienes buscan aplicar determinadas leyes, reglamentos, hacer valer la autoridad u ordenanzas municipales.
Y en estos días, se ha agudizado el complejo arbitrario, en la forma tan agresiva con que se interpreta el uso de los alcoholímetros por parte de la AMET, que prosiguiendo su ya proverbial conducta arbitraria, están llegando a los extremos de molestar hasta quienes, sentados en un sitio público, y no están manejando vehículos, los molestan para preguntarles si son conductores para aplicarle el famoso aparatito, y si dan positivo, de una vez le incautan el vehículo estacionado en el exterior del lugar.
A priori se castiga a quien será multado, pagar una multa tanto por estar bebiendo y el acarreo de su vehículo llevado al Canódromo. Por lo general se buscan vehículos nuevos y de lujo, ya que los vehículos de varios años y destartalados, y más sin son del servicio público, no son tan llamativos para hacerle la prueba de consumo de alcohol al conductor.
En los países civilizados y organizados, y sin agentes arbitrarios, lo que se hace es detener a los conductores que evidentemente conducen temerariamente, violando luces rojas, deteniéndose en medio de la calle o frenando imprudentemente, entonces a ellos se les hace la prueba, que si resulta positiva sufren el rigor de las leyes, pero sin arbitrariedades.
La novedad local de los alcoholímetros, aumenta el peso arbitrario de la autoridades que establecen puntos de retén para hacerle pruebas a todos los conductores y a sus pasajeros, o a veces las hacen aleatorias, para ubicar a quienes se han pasado de bebidas conduciendo, así como a sus acompañantes. Esto ha generado un malestar cívico preocupante en momentos que las metidas de pata de algunos funcionarios, animados por su celo de la arbitrariedad, se están granjeando antipatía en la ciudadanía cuando hace tan poco tiempo las elogiaba y apoyaban por la forma como iban solucionando los problemas económicos de la Nación.
El control de la ebriedad en los conductores se veía como un gran paso de avance en la modernidad de la sociedad, pero no se esperaba que la tradicional arbitrariedad de las autoridades iba a encontrar un nuevo recurso para lucírsela, atropellando a los civiles que caen bajo las garras de los que se envalentonan cuando con sus egos humillan a un propietario de vehículo de lujo o golpean a un infeliz que se niega a dejarse incautar su vehículo.
En lugar de atraerse simpatías con la aplicación de los alcoholímetros, las autoridades, por su celo arbitrario, han desbaratado las bondades de la acción por su tozudez para aplicarlos incorrectamente y no como una medida de prevención y persuasión. Ahora se ve como algo impuesto a la fuerza, que ya obliga a muchos a no salir de noche, como escribió Marien Aristy Capitán el pasado jueves en este diario, y prefieren quedarse en sus casas mientras aumenta el descenso de las ventas de bebidas que afecta severamente las recaudaciones. Para un gobierno de corte puramente fiscalista, que sólo quiere aumentar sus ingresos, es un gran revés, preocupante para sus planes de apoyar los programas sociales y repostulaciones en marcha.
La arbitrariedad es un mal crónico que se moldeó y adquirió ribetes de conducta permanente, cuando en los 31 años de la dictadura de Trujillo, los guardias y policías tenían patente de corso para acosar a los civiles. Desde exigirles “los tres golpes” que eran la palmita, la cédula y el carnet del servicio militar obligatorio hasta que “la guardia lee como quiera” hay toda una historia del abuso en contra de la ciudadanía, reflejada en actuaciones de severidad antojadiza, que se mantiene y se agiganta con más énfasis en abusar de los civiles.
No hay dudas que si fuéramos a analizar la arbitrariedad en la familia entonces sería corto este espacio, ya que el meollo de esos actos, se encuentra en la conducta en el seno familiar, donde el cabeza, desde hace centurias, se impone con “yo lo digo” y hay que obedecer, dejando muy maltratados a tanto a los cónyuges como a los hijos, que se crían en un ambiente con sus derechos no valen nada y se les trata como seres inferiores, cosa que luego transmitirán cuando lleguen a independizarse y repitan el mismo a lo hecho por sus padres, para enredarnos en esa cadena de arbitrariedad que es parte antropológica de nuestra Nación.
| PRUEBA DE ALCOHOL A CONDUCTORES | |||||||||||||||||||||||||||||
| AMET pone en operación los alcoholímetros | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Kaelis Bautista/Clave Digital | |||||||||||||||||||||||||||||
| jueves, 08 de marzo de 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SANTO DOMINGO, DN.-La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) informó que a partir de este jueves sus agentes comenzarán a realizar las pruebas de alcoholemia a los conductores que violen el artículo 93 de la Ley 241 de Tránsito y la resolución 03-06 de la Secretaría de Interior y Policía, que prohíbe ingerir alcohol cuando se maneja. La información la ofreció el mayor general, José Sigfredo Fernández Fadul, director de la Amet, quien dijo que para aplicar la medida se utilizarán 1,200 alcoholímetros, adquiridos por un precio global de US$180 mil. "Las estadísticas ponen en evidencia que el 40 por ciento de los accidentes de tránsitos en la República Dominicana, con su secuela de muertes y daños materiales, se deben a la ingesta de alcohol. Con la implementación de la prueba de la alcoholemia, la AMET aspira a una disminución significativa de esas negativas cifras", expresó Fernández Fadul, quien estuvo acompañado, en rueda de prensa por los subsecretarios de Interior y Policía, Roberto Lamarche y Henry Castellanos. A partir de hoy, los grados máximos permitidos de alcohol serán 0.25 gramos por cada litro (0.025%) de aire exhalado por los conductores de vehículos privados y 0.15 gramos para los que ofrecen servicios de transporte público. Esta última medida se aplicará a los conductores con permiso para aprendizaje. A quienes sobrepasen estos niveles se les considerará ebrios y no podrán conducir. El director de la AMET precisó que los agentes no realizarán las pruebas de la alcoholemia de manera antojadiza ni discriminada, sino a los conductores que se observen en una flagrante violación a la Ley de Tránsito, como manejo temerario, cruce en rojo en los semáforos y velocidad excesiva, entre otras. Al conductor que resulte en estado de embriaguez se le retendrá el vehículo y para recuperarlo deberá pagar el costo del remolque. Por una motocicleta se pagarán RD$250, por un automóvil, RD$800; camioneta o yipeta RD$1,000; camión de dos ejes, RD$2,500 y furgones, RD$3,000. "Con la puesta en vigencia del alcoholímetro, la AMET se coloca a la altura de las más modernas policías del mundo en la aplicación de técnicas innovadoras, para garantizar más efectivamente la fiscalización del tránsito y por vía de consecuencia, prevenir los accidentes", manifestó Fernández Fadul. Los conductores que sean parados para someterlos a la prueba deberán soplar seis segundos por una boquilla que le será colocada al alcoholímetro, para que marque correctamente los niveles de alcohol. El secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier ha informado que tienen almacenados 120 mil pitillos desechables, por lo que no debe existir el temor en la población de que los policías de tránsito lo rehúsen. Cada una de las boquillas que usarán los aparatos cuesta 50 centavos de dólar. El director de AMET informó que los oficiales también fueron entrenados para usar gas pimienta para inmovilizar a los choferes que, en caso extremo, se resistan a someterse a la prueba de aliento. "No permitimos ni permitiremos excesos en el cumplimiento de nuestros deberes y obligaciones porque somos celosos guardianes de los derechos humanos, consagrados en la Constitución", manifestó Fernández Fadul. Dijo que la esperanza de AMET es que la población haga conciencia, para que a partir de este momento sean menos los sancionados por esa violación y disminuyan las posibilidades de accidentes de tránsito. ¿”Ministro” cuantos de estos vehículos están dando servicio a la ciudadanía? Un nuevo contrato oneroso Las urgencias de la Policía Nacional no justifican un contrato tan oneroso y sin concurso como el firmado por el gobierno para adquirir equipos sobrevaluados Juan Bolívar Díaz - Periódico HOY - 14 de julio, 2006 El contrato firmado por el gobierno con una empresa intermediaria para la adquisición de vehículos y otros equipos sobrevaluados para la Policía Nacional (PN) es un monumento a la oscuridad y falta de transparencia que debería ser reexaminado por el gobierno o ser objeto de amplias explicaciones. Con esa pieza las actuales autoridades trillan el camino del anterior gobierno que insistió en préstamos “aventureros” con empresas virtualmente desconocidas para adquirir equipos militares, viviendas prefabricadas, y vehículos de diverso género. Llama la atención que el Senado perredeista aprobara casi a unanimidad el contrato de 132.4 millones de dólares basado en un informe de su Comisión Permanente de Finanzas sin el menor argumento ni fundamento, evidenciando desprecio por el interés nacional y la opinión pública. Vehículos al por mayor El contrato implica dos convenios a ser firmados el de mayor monto por el secretario de Interior y Policía y el otro por el secretario de Finanzas, diferencia que no tiene explicación. El primero es por 75.5 millones de dólares a ser suscrito con la empresa The Sun Land Group, a una tasa anual igual a Libor más 1 por ciento, pagadero en diez cuotas semestrales sucesivas, de capital e intereses, después de tres años y medio de gracia, es decir a más tardar en 8 años y medio. El otro crédito, por 56.9 millones de dólares, se firmaría con el Florida Export Financial Corporation, también a la tasa anual de Libor, más un 0.50 por ciento, algo menor que el primero, y con un plazo de pago mayor, 13 años, a razón de 20 cuotas semestrales, después de tres años de gracia. El objetivo fundamental es la compra de automóviles, motocicletas, ambulancias, computadoras, talleres y repuestos, plantas eléctricas, laboratorios y sistemas de comunicaciones para la PN. El total de equipos y materiales a ser recibidos por la PN asciende a 113.8 millones de pesos, de los cuales 48.8 millones, equivalentes al 43 por ciento, corresponden a automóviles y motocicletas. En equipos de comunicaciones y repuestos se invertirían 31 millones de dólares. En laboratorios 16.9 millones, y en computadoras y accesorios 11.9 millones de dólares. En talleres equipados y plantas eléctricas 2.5 millones. Para servicios y entrenamiento 11.2 millones de dólares. Y también 7.3 millones de dólares en “honorarios administrativos”. Se consigna que se adquirirían 610 “doble cabina 4x4 turbo diesel”, valoradas en 49 mil 685 dólares cada una, lo que daría un valor total de 30 millones 307 mil 895 dólares. También 190 “jeep 4x4 Turbo Diesel”, valorado en 9 millones 440 mil 164 dólares. Las dos categorías totalizan 800 automóviles y un costo de 39 millones 748 mil dólares. El proyecto consigna la compra de 1000 “motores policial 150 cc, a 7 mil 892 cada uno para un total de 7 millones 892 mil 358 dólares. También 20 “motores para franqueadores 650 cc”, a 22 mil 444 dólares cada uno, para totalizar 448 mil 874 dólares. Llama la atención que tanto las doble cabina (que se suponen camionetas, aunque también podrían ser jipetas) como los jeep tengan exactamente el mismo costo. No se especifican marcas, modelo o año, ni los agregados interiores. Por separado se incluyen 800 “computadoras para vehículos patrulleros”, con un costo de 9 mil 803 dólares cada una, para un total de 7 millones 842 mil 442 dólares. Los equipos más caros Tanto los vehículos como los motores y computadoras lucen excesivamente sobrevaluados. Entrando a internet en Toyota.com se puede comprobar que sus jipetas más caras, las “4 Runner Limited”, se valoran en 34 mil 350 dólares, compradas por unidad. Pero hay también 4x4 SR5 a 27 mil 635 y Sport Edition a 29 mil 975 dólares. Sus camionetas Tacoma de doble cabina se venden a 22 mil 240 dólares. Si se entra a Ford.com se encontrarán jipetas Escape a 19 mil 780 dólares, Explorer a 27 mil 175 y Espedition a 34 mil 275 dólares. En Nissan usa.com se pueden ver las super jipetas Pathfinder desde 25 mil 400 dólares. Como el contrato no especifica marca ni modelo, los vehículos que se entreguen podrían estar sobrevaluados entre un 40 y 150 por ciento, y mucho más considerando que son 800 unidades, que compradas a los fabricantes reducirían porcentajes significativos. Sobrevaluadas también aparecen las motocicletas, aún las de franqueadores, cuya unidad se cotiza en 22 mil 444 dólares. Las famosas Harley Davidson se compraron el año pasado a 18 mil dólares. Las más sencillas de 150 cc, cotizadas a 7 mil 892, comprando mil de ellas, se pueden adquirir entre un 50 y 100 por ciento menos. La sobrevaloración de las computadoras puede ser mucho mayor. El proyecto tampoco especifica marca ni modelo, y cotiza las 800 para los vehículos a 9 mil 803 dólares cada una. Deberán ser tipo “laptop”. De estas hay en el mercado hasta a 800 dólares. Las más caras podrían costar unos 3 mil dólares por unidad. Los 7.3 millones de dólares que aparecen como horarios administrativos también lucen desproporcionados, y podrían ascender considerablemente atendiendo a una complicada mecánica de cálculo a base del 0.50 por ciento del financiamiento. Merece explicación aparte el costo de los honorarios por “seguro riesgo-país” que el seminario Clave estimó en 28 millones de dólares, partiendo también de porcentajes sobre diversos financiamientos. Lo normal en el mercado es que ese seguro oscile entre 2 y 5 por ciento, según un importante importador consultado. El contrato establece que los honorarios administrativos habría que pagarlos inmediatamente después del cierre del contrato. En cambio la entrega de los equipos sería en 48 meses, a partir del cierre del contrato, es decir en 4 años, en 4 fases, sin mayores especificaciones. La aprobación senatorial Es significativa la celeridad con que el Senado conoció el proyecto, y particularmente el informe de la Comisión Permanente de Finanzas de ese organismo, que aunque aduce que analizó “profundamente el contenido del Acuerdo de Compra”, no formula ni un solo argumento o consideración propia. Cada párrafo es una transcripción literal de la carta con la que el presidente Leonel Fernández remitió el proyecto al Senado, casi todos referidos a las generalidades del mismo: “La comisión entendiendo que el presente Acuerdo dotará a la Policía Nacional de los equipos necesarios para desarrollar una estrategia de seguridad capaz de resolver y prevenir los diferentes conflictos e incidentes que afectan la ciudadanía, requiriendo una reestructuración de la seguridad ciudadana y nuevas herramientas para enfrentar el delito”. En base a las consideraciones presidenciales la comisión “Ha resuelto rendir informe favorable tal como fue remitido, a la vez que se permite solicitar al Pleno senatorial la inclusión en el orden del día de la próxima sesión, para fines de conocimiento y aprobación”. La comisión está presidida por el senador perredeísta de Azua, César Díaz Filpo, quien la firma, lo mismo que otros 5 integrantes. Aunque aparece el nombre del senador peledeista José Tomás Pérez, no contiene su firma, lo que no deje de ser significativo, siendo el único senador del partido del gobierno que hace la contratación. La aprobación del Senado se produjo en tiempo récord, de menos de 3 semanas de recibido. Tres de los senadores perredeistas, Pedro Alegría, César Augusto Matías y Tommy Durán, habían declarado previamente que no apoyarían el contrato. Pero fueron rápidamente “sensibilizados” y estuvieron entre los 24 que lo aprobaron sin analizar su contenido. Algunos de esos senadores ya tuvieron experiencia en la aprobación de contratos de préstamos para adquirir aviones, helicópteros, autobuses, invernaderos, y viviendas prefabricadas en el gobierno del presidente Hipólito Mejía. El contrato para viviendas fue firmado precisamente con la misma empresa que suplirá a la PN, The Sun Land Group. Aquel fue por 115 millones de dólares y era tan leonino que fue rechazado por el entonces director del Instituto Nacional de la Vivienda, ingeniero Juan Vargas, a quien se encomendaba ejecutarlo. Falta de transparencia Es obvio que todo el contrato está afectado por la oscuridad, por absoluta falta de transparencia. Deberían explicar si la secretaría de Finanzas o la de Interior y Policía pidió a la Sun Land en exclusiva la elaboración de esa oferta o si la iniciativa fue de la empresa, la que aparece en bases de datos de Estados Unidos con 4 empleados y ventas en el 2005 por solo 260 mil dólares. Lo que se llama una empresa de fachada. Por la ausencia de concurso este contrato es peor que el famoso Renove, que ha originado un proceso judicial, puesto que aquel involucró concurso entre empresas distribuidoras de vehículos, lo que determinó que los precios ofertados estuvieran más acordes con los del mercado. La compra de 800 vehículos pudo haber sido negociada directamente con financiamiento japonés o de Taiwán o Corea, a propósito del reciente viaje del presidente Fernández, para traer vehículos de esos países. También pudo gestionarse financiamiento estatal en Estados Unidos para adquirirlo de sus fabricantes, a precios mucho menores. El contrato amerita explicaciones del gobierno, especialmente de los secretarios de Interior y Policía y de Finanzas, Franklin Almeida y Vicente Bengoa, reputados como profesionales y políticos honrados. En círculos cercanos se dice que nada tuvieron que ver con la contratación y que sólo firmaron, por lo menos uno de ellos sin siquiera analizarlo. El documento es de 52 páginas en letra de 8 puntos, difícil de leer. Uno de los aspectos a aclarar es quien es el padre del préstamo o mejor el padre y la madre que ratifican la falta de transparencia y de institucionalidad.- Juan Bolívar Díaz 14 de julio 2006 El Gobierno entrega para el patrullaje 60 camionetas a la Policía Nacional 1 de Octubre del 2007 El secretario Administrativo de la Presidencia, licenciado Luis Manuel Bonetti, entregó este lunes 60 camionetas de doble cabina a la jefatura de la Policía Nacional para el patrullaje y la seguridad ciudadana, con una inversión superior a los 30 millones de pesos. “En nombre del presidente Leonel Fernández Reyna tenemos a bien entregarle al jefe de la Policía, el general Guzmán Fermín, unas 60 camionetas de doble cabina, las cuales van a ayudar a eficientizar el patrullaje de la Policía Nacional”, aseguró el licenciado Bonetti en la explanada frontal de la sede policial. Bonetti, consideró que estos vehículos son unas herramientas necesarias para el cuerpo del orden para combatir la delincuencia tanto en la capital como en el interior. Adelantó que además de estas camionetas, el Gobierno hará entrega a esta institución del orden de unas 325 motocicletas. El general Rafael Guillermo Guzmán Fermín agradeció al Presidente de la República la entrega de estos vehículos que aseguró contribuirán a mejorar la labor de la Policía Nacional, así como la capacitación de los policías y el equipamiento de sus miembros. “El equipamiento contribuye grandemente, señor secretario, a lograr una labor de eficacia y capacidad rápida de respuesta de la Policía Nacional, que lograrán en los próximos días. Muchas gracias señor secretario”, puntualizó. Guzmán Fermín dijo que los vehículos entregados por el gobierno serán utlizados en el Plan de Prevención, principalmente en el patrujalle de la capital y de interior. La SEIP entregan nuevos motores para el patrullaje en Santiago El secretario de Interior y Policía doctor Franklin Almeyda Rancier y el general Rafael Guillermo Guzmán entregaron los nuevos motores para el patrullaje preventivo en la ciudad de Santiago, acción que disminuirá los índices de violencia y delincuencia en la ciudad de Santiago. El jefe de la Policía Nacional, general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, hizo entrega a la comandancia policial de Santiago 50 motores para la labor de patrullaje relacionado con la prevención del delito. La entrega de las unidades se hizo al general Eduardo Alberto Then se llevo a cabo en una actividad realizada en la Ciudad de Santiago donde estuvo presente el secretario de Interior y Policía doctor Franklin Almeyda Rancier quien a su vez había entregado al jefe PN la flotilla de vehículos para combatir la prevención del delito. Guzmán Fermín señaló que los motores, que serán conducidos por agentes previamente entrenados para el efecto y permitirán incrementar la labor de prevención de la delincuencia en la Ciudad de Santiago y zonas aledañas. Además estos vehículos aumentaran el grado de eficiencia en la investigación criminal. El jefe de la Policía Nacional asume el compromiso del Presidente doctor Leonel Fernández en el sentido de que el narcotráfico y el crimen organizado no pasaran en el país. Dirección de Prensa SEIP
Con estas unidades, suman más de mil los vehículos (carros, motores, camionetas y jeepetas) entregadas a la Policía por el Gobierno del presidente Leonel Fernández a través de la Dirección General de Aduanas e Interior y Policía. El titular de Interior, Franklin Almeyda Rancier hizo la entrega al jefe del cuerpo del orden, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, en un acto celebrado en la explanada del edificio de oficina gubernamentales Juan Pablo Duarte (El Huacal). Almeyda Rancier y Guzmán Fermín explicaron que las unidades serán dedicadas al patrullaje preventivo que realizan los policías auxiliares en las provincias de Santo Domingo y Santiago. La nuevas motos son marca Zuzuki y cada una esta valorada en 12 mil 900 dólares, suma procedente del presupuesto asignado a Interior y Policía, explicó Almeyda Rancier En el acto estuvieron presentes, entre otros, la generala Daysi Liriano, directora de la Policía Auxiliar; y el coronel Marcos Bello Balaguer, del Departamento de Policías Asignados a Dignatarios. Almeyda Rancier anunció para los próximos meses otras entregas de motocicletas a la Policía Nacional. lunes, agosto 22, 2005Motos Harley Davidson para Capotillo14 policías cuidan los callejones de Capotillo en motocicletas Harley Davidson de US$17,000.Santana Páez explicó que para patrullar Capotillo fueron escogidos 230 de los mejores policías que, además, recibirán un incentivo de RD$6,500. Diario Libre EN MOTORES MODERNOS 230 policías vigilarán Capotillo POR DIEGO PESQUEIRA 23 Agosto 2005, 12:00 AM
La entrega de las motocicletas la hizo el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier. Son de la marca Harley-Davidson y están valoradas en US$17,000 cada una. Fueron recibidas por el jefe de la Policía, Bernardo Santana Páez quien informó que serán utilizadas en el patrullaje en el barrio Capotillo, en esta capital. Las 14 motocicletas tienen un costo de RD$7 millones aproximadamente. Almeyda Rancier explicó que se decidió sustituir las tradicionales motocicletas del tipo “saltamontes”, porque los policías eran confundidos con delincuentes que utilizan también este medio de vehículos para cometer fechorías. Dijo, además, que la flotilla el parte del llamado Plan de Seguridad Democrática y que se eligió a Capotillo como piloto para su aplicación. La entrega de los vehículos se hizo en un acto efectuado en la calle Francia, frente al edificio de oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte (El Huacal), en el que participó el procurador general Francisco Domínguez Brito y oficiales superiores de la Policía. El secretario de Interior Policía anunció, además, que en los próximos días entregará nuevos equipos para uso de la Policía en la lucha contra la delincuencia y mejorar garantizar la paz y tranquilidad ciudadana. No obstante, advirtió que la entrega se hará en la medida en que el proceso de reforma y modernización se vaya poniendo en marcha en la Policía. “Cuando los ciudadanos vean un motor de estos, que son motores propios para policías, motores con la capacidad y el poder que da el hecho de que la Policía es la expresión represiva del Estado contra la delincuencia, en Capotillo y para Capotillo vamos a iniciar con estos 14 motores”, dijo. Indicó que las unidades motorizadas fueron asignadas a los agente, previo entrenamiento, como se hace con el arma de reglamento, tras indicar que serán usados exclusivamente por los patrulleros. “Deberá cuidarlo y sólo él usará el motor. Si deja de ser policía lo entregará como entrega el arma de fuego”, añadió. INCENTIVOS Los 230 agentes seleccionados para garantizar la seguridad ciudadana en Capotillo recibirán un salario de RD$6,500, RD$2,500 por encima del sueldo base del un raso, anunció ayer el jefe policial, mayor general Santana Páez. Santana Páez dijo que fueron escogidos luego de una estricta evaluación para determinar su capacidad de trabajo en sectores de peligrosidad como Capotillo. Un raso policial devenga un salario de alrededor RD$4,500, lo que significa que los agentes asignados a Capotillo tendrán un incentivo de RD$2,500. El jefe policial dijo esperar la cooperación de la comunidad para que la lucha contra la delincuencia alcance su objetivo. LA COMUNIDAD Expresó confianza en que la comunidad de Capotillo respaldará el trabajo de la Policía e hizo énfasis en la labor comunitaria. “Ese personal, aproximadamente 230 policías que están trabajando en Capotillo, fue seleccionado y es parte de lo mejor que tenemos en la institución, y que tendrá un incentivo de $6,500. Pienso que de ahora en adelante muchos policías querrán que los seleccionen para trabajar en Capotillo”, precisó. En representación de la comunidad de Capotillo habló Josefina de Jesús, quien felicitó la iniciativa del oficial de acudir en auxilio de Capotillo. Dijo que conf+ia en que con la aplicación del Plan de Seguridad Democrática se pueda lograr llevar tranquilidad al barrio Capotillo. “A través de este plan creo que lo vamos a realizar”, apuntó. Santana Páez estuvo acompañado de un grupo de oficiales policiales superiores, entre ellos los mayores generales Rafael Guerrero Peralta, Daysi Liriano y los generales de brigada Rafael Guillermo Guzmán Fermín, Rafael Bencosme Candelier, Víctor Leonardo Burgos y Manuel Castro Castillo, entre otros. Antes de la ceremonia, los mandos policiales, encabezados por Santana Páez, se reunieron con Almeyda Rancier y Domínguez Brito. Se observó armonía entre los oficiales policiales, Almeyda Rancier y Domínguez Brito. Para combatir la delincuencia
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