24 de Marzo del 2003 • REVISTA ¡AHORA! • Edición número 1,298
Desconfianza en torno a la JCE
Por Carlos O. Pérez
Los procesos electorales se han caracterizado por el interés y el entusiasmo de los electores que cada dos años van a las urnas a echar un voto de esperanza, obviando promesas incumplidas de los políticos, fraudes colosales y hechos sangrientos que han matizado casi la totalidad de los comicios en la historia reciente.
Los políticos, de su parte, se juegan el todo por el todo para lograr el favor de los electores. Sus marañas van desde comprar votos, duplicar cédulas de personas fallecidas y hasta colocar un pañuelo rojo en los fusiles de los militares como ocurrió en las contiendas de 1974 y 1978 en franca alusión al partido de turno, es decir al Reformista Social Cristiano. Sin embargo, la mayor garantía para que un partido se alce con el triunfo es contar con un buen “umpire” o árbitro a su favor, en el lugar adecuado: la Junta Central Electoral… donde se cuentan los votos.
Los jueces del tribunal electoral son designados por el Senado de la República, de acuerdo al artículo 23 de la Constitución, de tal modo que en la JCE queden representados todos los intereses populares. Sin embargo y lamentablemente el Senado -por años y años- no ha sido más que una garantía para salvaguardar intereses de la parcela política que tiene mayor representación legislativa, matizando, claro está, la escogencia de los jueces representantes del tribunal electoral.
Esta situación se ha traducido en que en ocasiones de tranque electoral, (cuando los resultados son reñidos) los magistrados se decidan a dar la mano en favor del partido al que pertenezcan, desestimando, a veces, todo alegato jurídico.
Durante los gobiernos de los 12 años de Joaquín Balaguer (1966-1978), los resultados de las elecciones eran manejados desde el Palacio Nacional y las persecuciones, crímenes, encarcelamiento y todo tipo de represión hecha por los militares, denominados “incontrolables”, garantizaban la permanencia del ya desaparecido líder reformista en el poder.
Un vistazo a los certámenes electorales nos muestra fraudes, conteos de votos a medias, resultados alterados, apagones durante los conteos, muertes por un granadazo en la sede de la Junta, designaciones por decretos y destituciones en pleno conteo de votos.
PERSECUCIÓN A LA OPOSICIÓN
Luego de la muerte del dictador Rafael Leonidas Trujillo y el golpe de Estado al gobierno constitucional de Juan Bosch y el PRD en el 1963, las convulsiones y crisis políticas dieron paso a la guerra de abril de 1965 y a la instalación de gobiernos provisionales, tanto de militares como de civiles, que condujeron a la segunda intervención militar de los Estados Unidos.
Una salida a la crisis fue la instalación del Gobierno provisional de Héctor García Godoy, el 3 de septiembre del 1965, quien procedió a organizar los comicios para el primero de junio de 1966, designando a Ángel María Liz como presidente de la JCE y con Darío Balcácer y Alvaro A. Arvelo, como miembros.
Balaguer fue postulado por el Partido Reformista y bajo la protección de las tropas norteamericanas recorrió el país con sus lemas de campaña, “Nuevo amanecer” y “Joaquín Balaguer es la paz”. Para la época fue desatada una ola de represión en contra de los constitucionalistas, impidiendo a Juan Bosch, candidato presidencial del PRD, salir de su residencia a realizar su campaña política y los resultados fueron un triunfo arrollador para Balaguer con 759 mil 887 sufragios contra 250 mil de los perredeístas.
Con los mismos jueces electorales Balaguer logró su primera reelección en 1970, gracias al retiro de Juan Bosch, quien se marchó a España y ordenó al secretario general del PRD, José Francisco Peña Gómez, abstenerse de participar en los comicios.
REGISTRO ELECTORAL
El 17 de noviembre de 1970 fue promulgada la ley 55 sobre el registro electoral y se ordenó un censo de votantes a los fines de hacer más confiable el proceso electoral. El presidente de la JCE, Ángel María Liz, murió en 1973 y en su lugar fue designado Manuel Joaquín Castillo.
La campaña para la segunda reelección de Balaguer estuvo caracterizada por el terror, la corrupción, persecución, cárcel y hasta la muerte de dirigentes de izquierda como Amín Abel Hasbún, Orlando Mazara, Maximiliano Gómez. También el fusilamiento de Francisco Alberto Caamaño, quien desembarcó en Playa Caracoles con el propósito de tumbar el régimen balaguerista.
Bosch abandonó el PRD y para el 11 de abril del 1974 se conformó la coalición Acuerdo de Santiago, encabezado por el Partido Revolucionario Dominicano e integrado, además, por el Revolucionario Social Cristiano, Quisqueyano Demócrata y los movimientos de Integración Demócrata y Popular Dominicano. Postularon las candidaturas de Silvestre Antonio Guzmán Fernández y Elías Wessin y Wessin.
Ante el inminente triunfo de la colación opositora, Balaguer ordenó la más agresiva persecución política contra los dirigentes y simpatizantes del Acuerdo de Santiago. Los militares, identificados con Balaguer, llevaron un pañuelo rojo en la punta del fusil, lo que provocó el retiro de la candidatura de Guzmán Fernández un día antes de las elecciones.
El vacío así creado provocó que a pocas horas de los comicios, Balaguer se acercara a Homero Lajara Burgos ante la necesidad de tener un “contrincante” para “legitimar” el proceso de elecciones. Es entonces cuando Lajara Burgos se presenta como candidato apoyado por el Partido Demócrata Popular y los movimientos Municipal del Pueblo, Voluntad Popular, Unión Santiaguera e Independiente Bonaense.
El registro popular tuvo trastornos y la JCE dispuso que los electores votaran en cualquier mesa, sin importar que tuvieran o no registro electoral. Los comicios eran dirigidos desde el poder. En este período Balaguer, obviamente, ganó con 942 mil votos contra 170 mil 33, supuestamente, de Lajara Burgos.
FALLO HISTÓRICO
El Acuerdo de Santiago volvió otra vez al ruedo político con la firme disposición de participar en las elecciones de 1978. Al computarse el 25% de los votos Antonio Guzmán Fernández llevaba gran ventaja y era el virtual presidente electo, pero un grupo de militares dirigidos por el coronel Benoit y bajo instrucción del jefe de la Marina de Guerra, comodoro Francisco Javier Rivera Caminero, interrumpió el conteo de los votos en la JCE y desmanteló el equipo de transmisión del escrutinio.
Con la interrupción del conteo se daba por hecho un golpe de Estado, para lo cual se reunió la plana mayor de los organismos armados dirigidos por el jefe de la Policía, general Neit Rafael Nivar Seijas y el secretario de las Fuerzas Armadas, general Juan René Beauchamps Javier. Se dispuso el acuartelamiento de los militares.
Varios civiles son señalados de haber participado en la trama, entre ellos, Leonardo Matos Berrido, Guarionex Lluberes Montás, Héctor Pereyra Ariza, Adriano Uribe Silva, José Antonio de los Santos y el cubano Santiago Rey Perna, reconocido como experto en fraudes electorales.
Pero Balaguer tuvo que ceder ante las presiones de los presidentes Jimmy Carter, de los Estados Unidos; y Carlos Andrés Pérez, de Venezuela, así como de la OEA y ordenó la reanudación del escrutinio, lo que desinfló la trama de golpe de Estado. El Partido Reformista recusó al presidente de la JCE, Manuel Joaquín Castillo, quien fue destituido el 5 de junio del 1978 y su lugar lo ocupó Hugo Vargas Suberví. La salida a la crisis se produjo con el llamado “Fallo Histórico” , mediante el cual la JCE despojó al PRD de las senadurías de Bahoruco, El Seibo, la Altagracia y María Trinidad Sánchez, alegando que la abstención en estos lugares fue de 27% y no debió pasar el 10%. La diferencia de los votos fueron adjudicados exclusivamente a los reformistas y con ello lograron la mayoría senatorial.
Los resultados de las elecciones fueron como sigue: Acuerdo de Santiago, y su candidato Antonio Guzmán ganaron con 866 mil 912 y el Partido Reformista obtuvo 711 mil 879. Guzmán Fernández gobernó desde el 1978 hasta su muerte, el 4 de julio de 1982. Jacobo Majluta, vicepresidente, asumió la Presidencia durante 43 días.
ELECCIONES DE 1982
El Senado controlado, gracias al Fallo Histórico, por el Partido Reformista eligió en 1979 una nueva JCE presidida por Manuel García Lizardo e integrada por Julio Genaro Campillo Pérez y Vinicio Cuello, para organizar las elecciones del 16 de mayo del 1982.
La participación de la población fue masiva y el candidato del PRD, Salvador Jorge Blanco, logró una convincente victoria de 854 mil 868 votos, contra 706 mil 951 sufragios que obtuvo Balaguer. Pero los resultados fueron impugnados por el dirigente reformista Mario Read Vitini produciendo un tranque electoral.
El 18 de junio se produjo el incidente denominado “El Granadazo”, que consistió en el estallido de una granada de tipo fragmentaria que, conforme a las conclusiones de la junta investigadora, integrada por agentes de la Policía y las Fuerzas Armadas, se le cayó a uno de los miembros de la escolta del senador perredeísta Vicente Sánchez Baret.
El hecho ocurrió en la sede del tribunal electoral y murieron José Rafael Confesor González, Clodoaida Amarante de Tineo, Alejandro Santos, Virgilio Álvarez Fernández y una persona no identificada, mientras que otras 20 personas resultaron heridas.
1986: LO INSÓLITO
El antagonismo entre el presidente Salvador Jorge Blanco y su compañero de partido y presidente del Senado Jacobo Majluta fue abismal. El mandatario mantuvo una pugna con Majluta precisamente por la designación de los jueces de la JCE y aprovechando un receso en el Senado en 1983, designó mediante decreto a los miembros del tribunal electoral, presidido por Caonabo Fernández Naranjo e integrado por Rubens Suro y Juan Ramos Pimentel. Tenían la responsabilidad de montar las elecciones del 16 de mayo de 1986.
Jorge Blanco se amparó en el inciso 9 del artículo 55 de la Constitución que confiere al Presidente llenar interinamente las vacantes que se produjeran en cualquier tribunal o en la Cámara de Cuentas, cuando el Congreso se encuentre en receso, para luego informar a los legisladores en la próxima legislatura.
El ambiente de desconfianza cubrió el panorama electoral y Balaguer sugirió la denominada Comisión de Asesores Electorales con el propósito de despejar dudas sobre las elecciones. La comisión la presidió el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y la integraron Rafael Herrera, director del Listín Diario; Alejandro Grullón, Rafael Calventi, José Miguel Bonetti y Luis Taveras, por ser considerados personas notables y de alta solvencia moral y confiabilidad ante la sociedad dominicana. Majluta también acogió la propuesta.
Faltando sólo 484 de los seis mil 24 colegios electorales por computar, los boletines electorales daban una ligera ventaja a Balaguer, de 35 mil 459 votos por encima de Majluta, con el agravante de que el centro de cómputo del PLD daba como ganador al líder reformista.
El conteo de los votos se detuvo por alegados fraudes. Jacobo Majluta, además de ser el candidato del PRD también era presidente del Senado y ordenó a los delegados políticos recusar al presidente de la JCE, Fernández Naranjo y al juez Rubens Suro, mientras él procedió en el hemiciclo a destituir a éstos jueces y nombrar en su lugar a Ponciano Rondón Sánchez y a Generoso Fernández Molina. La decisión fue rechazada por Balaguer y Jorge Blanco echó hacia atrás la recusación de los jueces titulares.
El resultado final dado a conocer el 23 de junio del 1986 fue la victoria de Balaguer con 877, 380 votos a favor, superando con 49 mil 171 a Majluta. Se quedaron sin revisar 84 mil 210 votos nulos y 28 mil 545 votos observados. Balaguer gobernó nuevamente durante el cuatrienio 1986-1990.
FRAUDE COLOSAL
La mayoría mecánica del PRSC con 21 de los 29 senadores impuso en 1987, por encima de todos los sectores la JCE que presidió Froilán Tavárez y completaron Hugo Álvarez Valencia, Rubens Suro (ratificado), Olga Seijas, José Henríquez Almánzar, Guillermo Sánchez Gil y Amable Díaz Castillo, poniendo al garete a la oposición que los rechazaban radicalmente.
Tavárez se encargó de organizar los comicios de 1990, siendo los candidatos Joaquín Balaguer, quien se repostuló por el Partido Reformista; Juan Bosch por el PLD y José Francisco Peña Gómez por el PRD.
Luego de ejercido el derecho al voto, la JCE daba los resultados de los comicios a cuenta gotas, lo que provocó que tres días después de las elecciones, cuando las proyecciones iban perfilando al PRSC como ganador, Bosch pidió detener el escrutinio denunciando un fraude electoral, alegando una supuesta táctica de que el Gobierno y la JCE daban las informaciones de manera lenta para justificar lo que denominó “fraude colosal”.
El 20 de julio de 1990 se ordenó el cotejo de las actas. Después de este proceso, el tribunal electoral dio el resultado definitivo de los comicios declarando a Balaguer como ganador, al superar por 24 mil 470 votos a Bosch, su más cercano contendor. Su elección fue para el cuatrienio 1990-1994.
DISMINUCIÓN DEL PERÍODO
Los reformistas mantenían la mayoría senatorial y volvieron a imponer a Manuel García Lizardo en la presidencia de la JCE en el 1991, quien organizó los más controversiales comicios en el 1994. El número de jueces se elevó de tres a cinco y completaron la Junta Pompilio Bonilla Cuevas, Fulgencio Robles López, José Henríquez Almánzar y Luis Dhimes Pablo, quien falleció el 30 de agosto del 92 y fue sustituido por el reformista Leonardo Matos Berrido. El suplente del presidente lo era el también reformista Luis Nelson Pantaleón González, quien cosechó el repudio de la oposición.
En esta campaña hubo una verdadera guerra de encuestas y la mayoría daban como seguro ganador a Peña Gómez, quien logró reunificar al PRD y armar la más amplia colación de partido agrupados en el Acuerdo de Santo Domingo. Dos muestreos realizados en el mismos mes de las elecciones por Hamilton &Staff y por Cedemers daban el triunfo a Peña Gómez, mientras que la Gallup reflejaba un triunfo de Balaguer.
El mismo 16 de mayo Peña Gómez advirtió sobre la posibilidad de fraude porque la JCE no entregó el padrón de militantes a los partidos políticos a tiempo y de manera total. En efecto, esto se comprobó con la exclusión de miles de sufragantes, lo que produjo un tranque electoral y puso al país en vilo por los siguientes dos meses. Observadores de la OEA intervinieron y se comprobó que hubo irregularidades.
El 21 de mayo de 1994 el influyente diario The New York Times publicó un editorial titulado “La dudosa Victoria de Balaguer”. A este escrito prosiguieron otras publicaciones de este medio y de The Washington Post, en el sentido de que las elecciones de República Dominicana fueron fraudulentas.
Haciendo caso omiso a todas las denuncias, la JCE declaró a Balaguer ganador de las elecciones al computársele un millón 275 mil 460 votos y un millón 253 mil 179 votos al PRD.
Los resultados no fueron acogidos por los perredeístas y otras entidades de la sociedad civil y las amenazas de paros y huelgas prolongó la crisis hasta el 10 de agosto, seis días antes de que el presidente electo se juramentara para su nuevo período. La salida fue la firma del “Pacto por la Democracia” que dio paso a una reforma a la Constitución, en la que se estableció el actual sistema político, es decir, el 50% más uno de los votos para un candidato presidencial ganar en una primera vuelta electoral, los colegios electorales cerrados, el recorte del período de Balaguer a dos años y la separación de las elecciones congresuales y municipales de las presidenciales. Se prohibió la reelección presidencial, aunque luego se estableció nueva vez en la reforma del 2002. Lo más importante de este pacto fue el acuerdo de escoger la JCE por consenso. Balaguer gobernó desde el 1994 al 1996.
JCE POR CONSENSO
Los acuerdos del Pacto por la Democracia y la imposibilidad de un partido alcanzar el 50% de los votos permitió que el Senado escogiera a distinguidos juristas para integrar la JCE. Esto permitió que César Estrella Sadhalá fuera presidente y como miembros Juan Sully Bonelly, Luis A. Mora Guzmán, Rafael Vallejo Santelises y Aura Celeste Fernández.
Los resultados de los comicios de 1996 pusieron fin a más de 30 años de contubernios y diabluras políticas en el montaje de las elecciones, abriendo una nueva era de respeto a la voluntad popular depositada en las urnas.
Al día siguiente de las votaciones se divulgaron los resultados de la primera vuelta electoral en la que Peña Gómez y el ASD obtuvieron el primer lugar con un millón 333 mil 925 votos, 47%, y Leonel Fernández y el PLD se agenciaron un millón 130 mil 525, 39%, para pasar a la segunda ronda el 30 de junio del mismo año. Peynado quedó descalificado.
En el escenario de la segunda vuelta Balaguer formalizó una alianza incondicional con el PLD y se formó el denominado “Frente Patriótico”, una nueva estrategia del líder reformista para impedir el ascenso al poder de Peña Gómez, y su antiguo pupilo Fernando Álvarez Bogaert. Y lo logró.
Los resultados de los comicios celebrados en el 30 de junio fueron muy cerrados, menos de un punto porcentual. El Frente Patriótico logró un millón 466 mil 382, superando por 71 mil 741 votos al PRD, que obtuvo un millón 394 mil, 641. Peña aceptó la derrota y los resultados fueron dados a conocer al día siguiente del certamen. Leonel Fernández gobernó hasta el 16 de agosto de 2000.
LAS CONGRESUALES DE 1998
Estrella Sadhalá dio por cumplida su misión y renunció de la presidencia de la JCE, en el 1996, mientras que la jueza Aura Celeste Fernández fue señalada por reformistas y perredeístas como parcial del PLD y renunció a su puesto. El Senado procedió en el 1996 a designar como presidente del nuevo tribunal a Juan Sully Bonelly, quien era suplente de César Estrella Sadhalá en la Junta, la cual completaron Salvador Ramos, Luis Arias, Rafael A. Vallejo Santelises, Cirilo Collado Luna y Alejandro Asmar Sánchez.
Estas personas organizaron los comicios congresuales y municipales de 1998, culminando con una aplastante victoria del PRD con 24 senadores, contra 4 del PLD y dos del PRSC.
EL CONTROVERSIAL MOREL
Previamente importantes acontecimientos influyeron en la elección de una nueva JCE para organizar los comicios del año 2000. Estos hechos fueron el apoyo de reformistas y peledeístas al diputado perredeísta Héctor Rafael Peguero Méndez como presidente de la Cámara Baja, contra los deseos del PRD, que prefería a Winston Arnaud para presidir el hemiciclo. También la imposición del reformista Amable Aristy Castro en la secretaría general de la Liga Municipal Dominicana y el nombramiento unilateral de los jueces de la Cámara de Cuentas, que presidió Hugo Arias Fabián.
En 1999 los 24 senadores acuerdistas sesionaron de manera rápida y sorprendente, designaron de manera unilateral una nueva JCE integrada por Manuel Ramón Morel Cerda, presidente, Luis Arias, Salvador Ramos, Luis Ramón Cordero y Ana Teresa Pérez.
La designación de los nuevos jueces fue criticada por la oposición, sobre todo, contra Morel Cerda, a quien vinculaban al PRD, por haber formado parte de la barra de abogados defensores del juicio al expresidente Salvador Jorge Blanco, en el 1987.
El presidente Leonel Fernández le retiró, momentáneamente, a la Junta los recursos económicos de ley y se armó una campaña de descrédito al proceso de cedulación, creando falsas expectativas con el padrón fotográfico con miras a las elecciones del 2000.
Las opiniones favorables a la Junta de la encargada de negocios de la embajada norteamericana en el país, Linda Watt y del embajador, Charles Manatt, bajaron la tensión electoral. La solución fue luego de varias rondas de negociaciones entre los partidos, ampliar el tribunal de cinco a siete miembros, lo que permitió el ingreso de Julio César Castaño Guzmán, propuesto por el PRSC y Roberto Leonel Rodríguez, sugerido por el PLD. Para esas elecciones de mayo del 2000, Hipólito Mejía, candidato del PRD y el ASD, logró casi el 50% de la votación, doblando la cantidad de votos del PLD y el PRSC juntos que sacaron 25 y 24%, respectivamente. El candidato reformista, Joaquín Balaguer y el peledeísta Danilo Medina, aceptaron la victoria de Hipólito Mejía, haciendo innecesaria una segunda vuelta electoral.
ELECCIONES DEL 2002
Las elecciones congresuales y municipales del 2002 fueron también controversiales y Morel Cerda fue puesto contra la pared, tras una larga lista de impugnaciones. Sin embargo, los resultados finales dieron un triunfo avasallador al PRD al conquistar 29 de las 31 senadurías. Morel Cerda fue premiado con su ratificación en la presidencia de la Junta, así como Luis Arias y Salvador Ramos y luego de una nueva crisis política se acordó aumentar el número de jueces y dividir la Junta en dos cámaras, una contenciosa y otra administrativa. Se escogió a los jueces Nelson Gómez, Rafaelina Peralta, Rafael Díaz Vásquez y Luis Nelson Pantaleón González para llenar las nuevas vacantes.
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