martes, 4 de agosto de 2009

Cargando "Pesao" con los millones de Haitianos Ilegales ¿O una nueva Invasión?, ¿ Maltrato, Solidaridad o Forzando el mingo?




Acomodando y negociando la Nacionalidad Dominicana

"Hay que recordar también que, a mitad de febrero
del presente año, la gobernadora de Canadá de
ascendencia haitiana, Michaëlle Jean, y el primer
presidente negro de Estados Unidos de América,
Barack Obama, abordaron en una reunión en Ottawa
la situación de Haití, de acuerdo con las informaciones
comunicadas por la portavoz de la gobernadora Martha Blouin
a una estación de radio en Puerto Príncipe. Haití constituye
un tema de interés para la dirigente canadiense, según la misma portavoz."

No jodimos, los Dominicanos estamos manteniendo un grupo de Senadores y Diputados, definitivamente para que defiendan su bolsillos, venden hasta su país sin importarle los problemas que le acarrearan a nuestras futuras generaciones, su interés es principal es complacer y obedecer preocupados hasta por sus visas de paseo de ellos y sus familias y otros "favores y atenciones" a Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, que no aceptan a los haitianos en sus territorios y nos endosan la carga a los Dominicanos...

La Asamblea Revisora se propondría ampliar la cobertura del jus solis para otorgar una amnistía a los millones de hijos de extranjeros indocumentados nacidos en territorio dominicano.

El diputado Frank Martínez (PRSC- La Romana), explicó que para otorgar la amnistía sería reformado el artículo 16 de la propuesta de reforma a la ley de leyes, el cual, aprobado en primera lectura, consigna la nacionalidad mediante el jus solis y el jus sanguinis o derechos del suelo y la sangre.

Están llevando a la población Dominicana a reaccionar violentamente...

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Sacrificando la Salud de los Dominicanos

"Lo sueltan en Emergencias y desaparecen. No aparecen
familias, no aparece nadie; nosotros tenemos que asumir,
hospitalización, medicamentos, las tomografías, sonografías,
laboratorio clínico, rayo X, todo lo que haya que
hacerle, totalmente gratuito...Por razones humanitarias"

Dr. Nelson Báez
Director Hospital Cabral y Báez




TURCAS Y CAICOS
Fría indiferencia ante pérdida de vidas

Charles Arthur desde Nassau, Las Bahamas

Pero la creciente oleada del componente haitiano
de la población “no ciudadana” está alarmando a las
autoridades locales. En los últimos años las reglas
de inmigración han cambiado en un esfuerzo por evitar
que la comunidad haitiana se establezca. Los hijos de
inmigrantes haitianos están prohibidos de asistir a la
escuela, y las deportaciones sin derecho a apelar son
cada vez más frecuentes.

Ronald Gardiner
Empresario de origen haitiano


Graves incidentes plagan camino de haitianos hacia una vida mejor.
Crece la preocupación sobre el tratamiento a los inmigrantes haitianos que llegan a las islas de Turcas y Caicos. Este grupo de siete pequeñas islas ubicadas en el extremo sur de la cadena de las Bahamas y sólo a 140 km de la costa norte de Haití, es un territorio británico, con autogobierno limitado.

Otrora un rincón económicamente insignificante del imperio británico, Turcas y Caicos se han desarrollado notablemente en los últimos años. El principal impulsador de este rápido crecimiento ha sido el turismo, y ahora estas islas son un destino favorito de los ricos y famosos de todo el mundo.

Al mismo tiempo, la población se ha incrementado masivamente, de 20,000 en el 2001 a 35,000 en el 2007. Aproximadamente 12,000 habitantes tienen la ciudadanía y pueden votar en elecciones generales.

El resto, los “no ciudadanos”, están divididos entre varios miles de residentes adinerados, principalmente de Canadá, EEUU y Gran Bretaña, y aproximadamente 20,000 inmigrantes, en su mayoría haitianos.

En las últimas dos décadas se ha producido un flujo permanente de migrantes haitianos que viajan en pequeños veleros de madera llamados chalupas. Llegan en busca de oportunidades económicas que no encuentran en su país. Para Turcas y Caicos, los haitianos han sido una fuente clave de mano de obra barata, componente esencial del rápido crecimiento del territorio. Han ayudado a construir, mantener y dar servicio a los lujosos hoteles y residencias privadas que se alinean frente a las playas.

Mano de obra barata

Tal como lo afirma Ronald Gardiner, empresario de origen haitiano que tiene la ciudadanía y vive en Providenciales, la isla más poblada, “todos deben recordar que la mayoría de edificaciones en esta isla fueron construidas por manos haitianas”.
Pero la creciente oleada del componente haitiano de la población “no ciudadana” está alarmando a las autoridades locales. En los últimos años las reglas de inmigración han cambiado en un esfuerzo por evitar que la comunidad haitiana se establezca. Los hijos de inmigrantes haitianos están prohibidos de asistir a la escuela, y las deportaciones sin derecho a apelar son cada vez más frecuentes.

En mayo, una chalupa que llevaba unos 150 inmigrantes haitianos fue interceptada por una nave policial a cinco minutos de llegar a la costa de Providenciales. En circunstancias no aclaradas, la chalupa se volcó, cayendo todos sus ocupantes al mar. Fueron rescatadas 78 personas, pero el resto se ahogó o fue devorado por los tiburones.

Los sobrevivientes describieron cómo la nave policial obligó a la chalupa a detenerse e intentó arrastrarla mar adentro. La inestable embarcación se volteó casi inmediatamente.

La tragedia enfureció a los grupos de derechos humanos de Haití, como el Comité de Abogados Haitianos por el Respeto a los Derechos Humanos, que demandó al gobierno haitiano exigir una investigación independiente, sugiriendo la conformación de una comisión integrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Comisión Internacional de la Cruz Roja para indagar sobre lo ocurrido.
Las autoridades turcocaiconesas no tienen nada que decir sobre la trágica pérdida de vidas, más allá de repetir que “la embarcación era sospechosa de llevar inmigrantes ilegales y, de conformidad con la práctica estándar, la nave policial procedió a remolcarla”.

Medidas cada vez más duras

La respuesta indicaría que las autoridades ven la tragedia de la chalupa como poco más que un ejemplo sobre los posibles peligros de intentar la inmigración irregular. Esta idea se vio reforzada en julio cuando, en vez de emitir nuevas instrucciones a las tripulaciones de las lanchas policiales, fue aprobada una nueva legislación que prohíbe el arribo a Turcas y Caicos de embarcaciones de madera que pesen menos de 100 TM.

Pocos meses después ocurrió otro incidente mortal. A mediados de setiembre, la legislación fue aplicada cuando se interceptaron dos chalupas haitianas, y las 250 personas que se encontraban a bordo fueron recluidas en el Centro de Detención del Muelle Sur en Providenciales. Esa noche, tres hombre murieron y otros cinco enfermaron gravemente, debido probablemente a deshidratación. El centro estaba diseñado para albergar a 80 personas.

La respuesta oficial nuevamente mostró una fría indiferencia por la pérdida de vidas haitianas. Galmo Williams, ministro del Interior y Seguridad Pública, declaró al diario Turks and Caicos Weekly News que “mientras Haití siga teniendo los problemas que tiene, buscarán abandonar el país y venir a las islas de Turcas y Caicos. Desafortunadamente durante el curso de esta semana tuvimos que ocuparnos de varias chalupas haitianas. A final, lamentablemente se produjeron algunas muertes”.

“Los haitianos están poniendo sus vidas en peligro, ponen a nuestro personal de seguridad en peligro, y significan una pesada carga financiera para las islas de Turcas y Caicos”, agregó.

¿Para qué la cooperación de la Comunidad
internacional con Haití?


ARGENPRESS.info
martes 24 de marzo de 2009

A nivel internacional un conjunto de personalidades, países y organismos han venido manifestando asiduamente su solidaridad con Haití. Durante este mes de marzo, las acciones de movilización destinadas a llevar a la Comunidad internacional a concretizar las ayudas prometidas en distintas ocasiones a la nación caribeña se han intensificado.

Sin embargo, la actual administración haitiana dirigida por el presidente René Garcia Préval y la primera ministra Michéle Duvivier Pierre Louis se muestra cada vez más preocupada por la decisión tomada recientemente por los partenarios de la Comunidad internacional de reducir en más del 40% su financiamiento al presupuesto global del gobierno, justo cuando más éste necesita dicha ayuda (que representaba anteriormente el 60% de dicho presupuesto) para aplicar sus políticas públicas.

Mientras tanto, el pueblo haitiano expresa cada vez más su inconformidad con el actual gobierno por no haber sido capaz hasta el momento de mejorar sus condiciones de vida. Se teme que el país enfrente nuevas crisis a nivel humanitario, político y social.

Solidaridad internacional con Haití

El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, y el ex presidente americano, Bill Clinton, realizaron el 9 y el 10 de marzo de 2009 una visita de menos de 24 horas a Haití para manifestar su solidaridad con el país.

En el marco de dicha visita, estas dos personalidades influyentes trajeron mensajes de esperanza al pueblo haitiano. “Haití está ahora en posición para despegar económica y socialmente”, afirmaba el ex mandatario demócrata, mientras que el número uno de la ONU aseguraba que, en la conferencia de los donantes de Haití a celebrarse en Washington los próximos 13 y 14 de abril de este año, se debe de “ir más allá de las ayudas de urgencia para invertir en el crecimiento económico”.

Otra visita de solidaridad importante que recibió Haití fue la de una misión del Consejo de seguridad de la ONU compuesta por 15 delegados y dirigida por el costarricense Jorge Urbina. Al cabo de los 4 días que duró esta visita (del 11 al 15 de marzo), el jefe de dicha misión insistió sobre la necesidad de establecer “un partenariado fortalecido entre el gobierno haitiano y la Comunidad internacional”.

“El objetivo de
nuestras actividades no es dividir ni
destruir, sino más bien unir y
construir. Buscamos respuesta y
soluciones a la situación de esclavitud
que padecen los inmigrantes
haitianos en República Dominicana y
para eso se requiere la unidad y el
esfuerzo de ambos pueblos de la isla;
de modo que nos anima un espíritu
constructivo de unidad y solidaridad”.

Nancy Roc
Organizadora de la exposición fotográfica
“Esclavos en el Paraíso” que se exhibe en Montreal, Canada,20 de
septiembre de 2007.

Hay que recordar también que, a mitad de febrero del presente año, la gobernadora de Canadá de ascendencia haitiana, Michaëlle Jean, y el primer presidente negro de Estados Unidos de América, Barack Obama, abordaron en una reunión en Ottawa la situación de Haití, de acuerdo con las informaciones comunicadas por la portavoz de la gobernadora Martha Blouin a una estación de radio en Puerto Príncipe. Haití constituye un tema de interés para la dirigente canadiense, según la misma portavoz.

Los parlamentarios cuestionan la gestión del gobierno

En el escenario político nacional, los parlamentarios denuncian con insistencia la incapacidad del actual gobierno para atacar los problemas socioeconómicos que enfrenta la población. Además, se quejan de la supuesta mala gestión de dicho gobierno, al cual convocaron el pasado 17 de marzo para rendir cuentas sobre la utilización de los 197 millones de dólares americanos sacados de los fondos de Petrocaribe a través de una ley de urgencia votada por el Parlamento en septiembre del año pasado.

Los diputados convocantes expresaron su insatisfacción acerca de cómo el gobierno manejó este monto de dinero que debía servir para reconstruir algunas infraestructuras y socorrer a las víctimas de los 4 huracanes que golpearon duramente el país entre agosto y septiembre de 2008 (Fay, Gustave, Hanna, Ilke). Según algunos diputados, tales fondos no han generado ningún resultado concreto en las respectivas regiones que representan, a pesar de las explicaciones esgrimidas por la primera ministra y algunos miembros de su gabinete ante la Cámara baja del Parlamento.

Esta situación de tensión con los parlamentarios ha molestado a tal punto a la primera ministra que llegó a amenazar con renunciar a su puesto.

Inconformidad del pueblo con el actual gobierno

Por otro lado, en varios lugares del país hay familias enteras que siguen aún padeciendo de las consecuencias de los huracanes que las enlutaron el año pasado. Cada vez que llueve, ciertos barrios y aún ciudades se inundan, y las familias que residen allí se encuentran cada vez más vulnerables y expuestas.

La temporada de huracanes se aproxima, y aún el gobierno no ha tomado medidas contundentes para prevenir o reducir las eventuales catástrofes. Tanto los parlamentarios como los habitantes de estas zonas denuncian una supuesta indiferencia del actual gobierno acerca de una situación tan urgente para el país.

Durante el año 2008, los 4 huracanas dejaron 793 muertos, 548 heridos, 310 desaparecidos y 800 mil personas damnificadas, mientras que 100 mil casas fueron destruidas y hubo pérdidas materiales importantes en 9 de los 10 departamentos, según los datos arrojados por el mismo gobierno.

Temor de nuevas crisis a nivel humanitario, político y social en Haití

Todo indica que la temporada de los huracanes que empezará a comienzos de junio será más funesta que las anteriores. Los departamentos más vulnerables del país tales como Artibonito (al norte), Sur y Sureste, son golpeados cada vez más fuertemente por esos desastres naturales.

En el ámbito político, una crisis se está generando en el país, tras la decisión del Consejo Electoral Provisional (CEP) de rechazar las candidaturas de los miembros del Partido Lavalas (perteneciente al ex presidente Jean-Bertrand Aristide) a las elecciones senatoriales que tendrán lugar el próximo 19 de abril.

El CEP mantiene su decisión basándose en el argumento de que los candidatos de Lavalas no respetaron las exigencias de la ley electoral de julio de 2008, a pesar de la oposición de las embajadas americana, canadiense y francesa en Haití así como de una sentencia emitida por un juez haitiano que obliga al organismo electoral a reintegrar a dichos postulantes a las próximas contiendas electorales destinadas a llenar 12 puestos de un total de 30 en el Senado.

Por otro lado, cerca de un año después de que se estallaron las manifestaciones violentas contra el hambre en Haití (abril de 2008), algunas organizaciones tales como la Coordinación nacional de la seguridad alimentaria (CNSA) y Fews Net (Family Warning Systems Network) señalaron que la inseguridad alimentaria afecta actualmente a alrededor de 3 millones de Haitianos, es decir un tercio de la población.

En un informe publicado recientemente por ambos organismos, invitaron a todos los actores a tomar medidas concretas, principalmente el relanzamiento de la agricultura y la protección del medio ambiente, para evitar un nuevo escenario como la crisis social que conoció el país durante las protestas contra el hambre en abril del año anterior.

Habitantes de varias ciudades en todo el país tomaron las calles del 3 al 11 de abril de 2008; esos hechos ocasionaron 6 muertos y 200 heridos; 3 vehículos fueron incendiados y otros 61 destruidos, mientras que fueron atacadas 237 empresas comerciales, de las cuales 42 fueron saqueadas y 3 quemadas, según el balance que establecieron la Policía Nacional de Haití y la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH).

A raíz de estos acontecimientos, el gobierno dirigido por el primer ministro de entonces, Jacques Edouard Alexis, fue destituido por algunos senadores que lo consideraron incapaz de “tomar las decisiones para aliviar la miseria de las Haitianas y Haitianos”.

Una espada de Damocles pende sobre Haití

Frente a esta espalda de Damocles que pende sobre Haití, el presidente Préval ha pedido reiteradas veces a la Comunidad internacional que no reduzca su financiamiento al presupuesto de su gobierno.

En este contexto, el mandatario haitiano hizo un viaje a Washington el pasado 3 de febrero para “sensibilizar a nuestros amigos sobre la fragilidad de la situación que el país enfrenta”. Pero no fue recibido por el presidente Barack Obama, tal como lo deseaba, sino por la secretaria de Estado americana Hilary Clinton que no le prometió nada. Prácticamente el presidente haitiano acompañado de varios miembros de su gabinete regresó al país con las manos vacías.

En vez de echar una mano al gobierno haitiano, durante el mes de febrero las autoridades americanas amenazaron con deportar a 30 mil inmigrantes haitianos que se encuentran en situación irregular en ese país. La movilización de la comunidad haitiana en Florida, de congresistas americanos y de otras personalidades obligó a la administración de Barack Obama a reconsiderar dicha orden de deportación contra este grupo de Haitianos que permanecen aún en distintos centros de detención en el territorio americano.

Definitivamente, los discursos de la comunidad internacional en torno a Haití son cada vez más contrarios a las acciones que emprende a favor de este país. Por un lado, ofrece su solidaridad al pueblo haitiano y por otro, le niega su ayuda al gobierno de este país en momentos fatídicos.

Eso, sin contar con que las diferentes reuniones y conferencias sobre Haití terminan a menudo con una gama de promesas para promover el crecimiento económico y las inversiones en el país, que a la final pocas veces se convierten en acciones concretas. Hasta ahora, al gobierno haitiano le sigue faltando lo necesario para funcionar y al pueblo lo necesario para vivir. Entonces, ¿para qué la cooperación de la Comunidad internacional con Haití?.

El ministro y enviado especial para los Asuntos Haitianos
del Gobierno de Canadá se reunió ayer con el presidente de
la Cámara de Diputados, con quien conversó
sobre los planes y proyectos que se desarrollarán en la frontera
domínico-haitiana.


La doble cara de la diplomacia haitiana


Haití siempre se ha opuesto a un acuerdo migratorio con República Dominicana porque no le interesa limitar el flujo de migrantes haitianos hacia nuestro país.

Por Santiago Estrella Veloz / 1 de Octubre de 2001


Haití sigue sirviéndose con la cuchara grande. Su aguda diplomacia, formal y soterrada, continúa a la ofensiva en sus propósitos de lograr que la República Dominicana acepte sin chistar la pesada carga que significa la creciente migración irregular de haitianos hacia su territorio.
Haití y sus amigos no pierden la más mínima oportunidad para crear conflictos a la República Dominicana, acusándola de todas las penurias de los haitianos que viven en el país. Es como si quisieran rendir al país por cansancio.

El objeto de esas denuncias es lograr que nada se hable de la creciente ola migratoria, con todas las consecuencias que de ella se derivan --como por ejemplo aumentar la demanda de viviendas, escuelas, hospitales y servicios, de por sí precarios para los dominicanos. Pero aún más, buscan evitar que esa ola migratoria se extienda hacia los Estados Unidos, Francia o Canadá, países de preferencia para muchos haitianos, sin excluir a la República Dominicana, a donde les resulta más fácil llegar.

Una vez instalados en el país, los inmigrantes haitianos forman familias cuyos hijos, en virtud del artículo 11 de la Constitución, son dominicanos (aunque experimentados juristas dicen que una situación de ilegalidad no puede originar un derecho legal). Esto es aparte de que Haití reclama, sólo cuando le conviene, que en virtud de su Constitución son ciudadanos haitianos, porque no reconoce la doble nacionalidad.
Haití y sus amigos no vacilan en aprovecharse de cualquier coyuntura para “condenar” a la República Dominicana, bajo el supuesto de que los haitianos “son esclavizados” y de que “el uso de la mano de obra haitiana está acompañado de una ideología xenonófica y racista”. Una declaración de ese tipo, que incluía otras acusaciones, fue la que puso a circular el Movimiento de Mujeres Dominico_Haitianas (MUDHA) en la reciente Conferencia Mundial contra el Racismo, celebrada en Durban, Sudáfica.

Simultáneamente, el ministro de Interior de Haití, Henri Claude Menard, lanza la grave acusación de que unos 300 ex militares haitianos se entrenan en la República Dominicana con miras a un supuesto complot contra el gobierno de Jean Bertrand Aristide.

Las Fuerzas Armadas dominicanas, como es natural, calificaron de “totalmente falso” el informe de Menard, al tiempo que dijeron que no permitirán que se utilice el territorio nacional “para preparar agresiones que comprometan la defensa y la seguridad de naciones hermanas”.

Sin embargo, la Cancillería dominicana –hasta el momento de redactar esta nota– no había dicho “esta boca es mía” respecto a las afirmaciones de Menard, que no son más que una cortina de humo para distraer la atención pública y ocultar los graves problemas de Haití, donde tradicionalmente los gobernantes piensan en francés para pisotear al pueblo, como en los mejores tiempos de la Colonia.

¿Quién va a creer que es posible mantener en secreto, en un país donde todo se sabe, el entrenamiento militar de 300 personas, principalmente si son extranjeras? Eso no cabe en una mente más o menos lúcida y enterada de cómo funcionan las cosas en la República Dominicana, donde el “chivateo” es norma y casi nadie puede guardar un secreto.

La denuncia del MUDHA (Solain Pié)

En cuanto a la denuncia en la conferencia de Sudáfrica, el MUDHA trató de aclarar que no presentó en Durban ningún informe acusando al país de discriminar a los haitianos. Pero lo filtró a la prensa, en este caso a una agencia alemana. A pesar de que ahora el MUDHA lo niega, el mismo documento plantea que las mujeres dominico-haitianas “sufren una discriminación cuádruple, por ser pobres, mujeres negras y de ascendencia haitiana”.

Es como quien dice: “No dije que es un explotador malvado, sino que ese malvado nos explota”.

Pero el Gobierno dominicano calla, mientras los voceros haitianos siguen en las suyas, siempre diciendo que quienes no les hacen coro son “racistas antihaitianos”, lo que rememora la década de 1960, cuando a los que no eran comunistas se les acusada de “reaccionarios pro-imperialistas”. El tiempo se encargó, tempranamente por cierto, de demostrar quiénes eran y siguen siendo los “reaccionarios y “pro-imperialistas”.

En cuanto al debate sobre la migración haitiana, tanto masculina como femenina, esa es una prueba de lo que se llama manipulación, con una retórica de rosca izquierda acostumbrada a denunciar y luego a hacer “aclaraciones”, mientras la opinión pública se queda con la falsa creencia de que lo que afirman es absolutamente cierto.

Sin embargo, en el caso de que fuera así, las mujeres pobres dominicanas, negras o blancas, sufren las mismas penurias derivadas del subdesarrollo, marginándoseles de la toma de decisiones por carecer de verdaderas organizaciones que las representen. Los mismos trabajadores dominicanos son burlados con artificios mañosos para pagarles el mínimo o para reducirles sus compensaciones en caso de despido, como por ejemplo no reconociéndoles las horas extras en determinados trabajos, o pagándoles un jornal “legal” y un “completivo” que no figura para fines de liquidación en caso de término unilateral del contrato de trabajo. Si ninguno se queja, sea haitiano o dominicano, ese problema no puede considerarse como un ejemplo general de las relaciones obrero-patronales.

El MUDHA se quejó de que el limitado acceso a la educación y la falta de documentación de las inmigrantes haitianas y las dominicanas de ascendencia haitiana, junto al racismo y el antihaitianismo, las colocan en clara desventaja frente a las dominicanas.

Uno se pregunta si la República Dominicana es la que tiene la culpa de que esas mujeres inmigrantes carezcan de documentos, porque en Haití no se los expide su propio gobierno.

El 19 de junio de 1998, en un Memorándum de Entendimiento para Asuntos Migratorios, se consignó la expedición “de documentos de identidad y documentos de viaje a sus nacionales por parte de las autoridades de cada país (Haití y la República Dominicana), dentro del contexto del potencial flujo migratorio de esas personas a través de la frontera entre los dos países”.

Los dominicanos siempre han tenido documentos de identidad. ¿Entrega Haití documentos de identidad a sus nacionales? La respuesta es no, excepto que sean diplomáticos o funcionarios del gobierno.

Sin hacer mención de que en el país se atienden a miles de parturientas haitianas en hospitales públicos, a donde llegan directamente de Haití con el exclusivo propósito de parir, el MUDHA “exige” que se les reconozca el derecho a la salud, como si en los hospitales se les negara atención médica a las mujeres haitianas.

El MUDHA sostiene que el Estado dominicano “viola la Constitución y los acuerdos internacionales de que es signatario al negarle a los hijos de haitianos nacidos en el país la nacionalidad”.

Uno se pregunta si no sería invadir una jurisdicción haitiana si eso sucede, puesto que la Constitución de Haití, como se dijo, no reconoce que los haitianos nacidos en el extranjero asuman otras nacionalidades. La única que prevalece es la de Haití, y mal podría la República Dominicana tratar de oponerse a una decisión libre y soberana de su vecino. Pero la Cancillería dominicana nada habla de esto. Sólo los haitianos y sus amigos llevan la voz cantante en sus denuncias contra los dominicanos.

No existe un acuerdo Migratorio

Entre el 26 de julio de 1867 y el 23 de febrero de 2000, Haití y la República Dominicana han firmado 20 Tratados, Acuerdos, Convenios y Protocolos oficiales, sin que en ninguno de ellos se haya formalizado uno de carácter migratorio.

La pregunta que surge es por qué. La respuesta es: porque Haití siempre se ha opuesto a un acuerdo de ese tipo, en vista de que sus autoridades saben que si se pusieran en práctica estrictas regulaciones migratorias se limitaría considerablemente el flujo de migrantes haitianos.

Sus autoridades están conscientes de que mientras más haitianos descontentos haya en Haití, por la ineptitud de sus gobernantes en crear y fortalecer un régimen democrático en el que imperen la libertad y la justicia social, más posibilidades existen de un estallido violento. La República Dominicana, en ese caso, es la válvula de escape más viable para evitar la presión.

Los que tratan de desacreditar a quienes dicen que la migración haitiana constituye la amenaza principal a la identidad nacional y cultural actúan igual que los haitianos.

¿Cómo se califica el odio de los haitianos contra sus propios nacionales mulatos o contra los blancos, que son una minoría étnica? ¿Es que el racismo sólo es la expresión negativa contra el negro? ¿Cuál es la diferencia entre el odio de los blancos hacia los negros y del odio de los negros hacia los blancos? ¿O es que el odio puede ser bueno o malo dependiendo de quien lo aplique?

Los que acusan de intolerancia a los dominicanos son los mismos que callan frente a la intolerancia prevaleciente en Haití, donde los que reclaman respeto son asesinados o encarcelados, no como ocurre aquí, donde se les acoge y se les ofrecen garantías de las cuales muchas veces abusan, al extremo de morder la mano que les da de comer. Mientras eso ocurre, Haití sigue su ofensiva diplomática, sirviéndose con la cuchara grande.

Haití:
Crónica de una migración no deseada



Félix Gerónimo / Gaceta Judicial

¿Representa Haití una amenaza para la República Dominicana? Quiero decir: ¿amenaza la seguridad nacional dominicana, los recursos, los puestos de trabajo, o, incluso, la cultura nacional?

Las perspectivas en torno al futuro de la nación haitiana y las consecuencias que pueda tener para la República Dominicana no se pueden abordar si no es a través del tema de la migración. La frontera domínico-haitiana ha sido durante más de cincuenta años el indicador, no sólo de la situación económica y política de Haití y hasta qué punto puede afectar a la República Dominicana, sino también de una conflictividad latente en las relaciones entre dominicanos y haitianos.

En un escenario hipotético en el cual los nacionales haitianos no insistieran en cruzar la frontera y los dominicanos no insistieran en vejarlos y deportarlos, no habría conflicto; los haitianos vivirían con sus problemas en Haití y los dominicanos con los suyos en la República Dominicana. Pero la situación es otra.

Las consecuencias de la crisis económica y, o, de la inestabilidad política de Haití, las padece la República Dominicana a través de la frontera. A través de ella las aguanta, allí tendrá que resolverlas, allí tendrá que preverlas. Si Haití explotara, la onda expansiva de la explosión cruzaría primero el Masacre, a pie, penetraría por la franja fronteriza y rompería los cristales de la República Dominicana de Oeste a Este. No es un deseo ni un presagio, ni una profecía. Es una metáfora.

No es descabellado considerar a la frontera el indicador de cómo lo que pase en Haití pueda afectar a Dominicana. En varias ocasiones ha habido temores de un desbordamiento de refugiados haitianos hacia la República Dominicana. A principios de los noventa (periódico El País, 21 de febrero de 2004) miles de haitianos cruzaron la frontera y tuvo que intervenir ayuda exterior. En 2004, en momentos en que los rebeldes haitianos se rebelaron contra el gobernante haitiano, comenzaron la revuelta tan cerca de la frontera que los soldados dominicanos podían ver sus maniobras y en la República Dominicana se temió un éxodo masivo como el de los años noventa.

La migración: global

La migración es uno de los temas clave del siglo XXI. Se debe a varios factores.
De 6 mil 500 millones de habitantes que tiene hoy el mundo, la población pasará a ser de 9,000 millones en el año 2050; la gran mayoría la tendrán los países menos desarrollados, cuya tasa de nacimiento es 10 veces más alta que la de los países ricos.

Las necesidades económicas empujan a cada vez más gente a buscar mejor vida fuera de su país. Muchos acuden a los consulados en busca de visa; algunos la obtienen. Muchos se aventuran en los viajes ilegales. En la frontera con México, las patrullas fronterizas de los Estados Unidos arrestan un millón de inmigrantes ilegales al año.

Haití

Haití ocupa una tercera parte de la isla de Santo Domingo: un territorio de casi 28,000 kilómetros al cuadrado. En informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicado en 2007, a Haití le corresponde el Índice de Desarrollo Humano más bajo de América: 0,529. Lo que significa que la esperanza de vida de la gente es baja, que hay alto nivel de analfabetismo y un bajo nivel de vida: en resumen, que la calidad de vida es pésima.

Según el último Censo General de la Población y del Hábitat, de 2003, Haití tiene una población de 8,4 millones. El informe Panorama Social de América Latina 2007, de la CEPAL, proyecta esta población en 10 millones para 2010.

Este es uno de los países más jóvenes del mundo: más de la mitad de la población tiene menos de 21 años, la mitad mujeres. Hay 54,4% de la población activa, o sea, la que quiere trabajar y legalmente puede hacerlo. De ellos, está ocupado el 49,6%, y, de ese porcentaje que está trabajando, el 82% es trabajador independiente. El 61% de la población está alfabetizada. El 1,1% se graduó de la universidad. La tasa de fertilidad es de 4 niños por mujer. El aumento de la tasa demográfica es de un 5% anual. Esos datos de 2003, publicados en 2005, siguen ilustrando a la perfección el informe de la ONU.

Desde 2003, las condiciones han mejorado, aunque no significativamente. En ese tiempo, el producto interno bruto per cápita se estimaba en 1.700 dólares. En 2006 el Fondo Monetario Internacional lo promedió en 1.840 dólares, y estimó su crecimiento en 1.914 para 2007 y 1.994 para 2008.

República Dominicana

La República Dominicana ocupa las otras dos terceras partes de la isla de Santo Domingo. Casi 49,000 kilómetros al cuadrado. Su población, en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2002, se estimó en 8,6 millones de habitantes. La Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su informe estima que hacia 2010 la población dominicana será de poco más de 10 millones.

Hacia 2002, el crecimiento de la población presentaba un ritmo de 1.79%. Según el censo, el 50% de la población no había cumplido 30 años. El número de hombres y de mujeres es parejo. El 83% de la población está alfabetizada. La tasa de fertilidad era de 2,81 hijos por mujer en 2007.

El producto interno bruto per cápita que informa el Fondo Monetario Internacional es de 8.050 dólares en 2006, con una proyección de 10.241 para 2007 y 10.732 para 2008. Su desarrollo humano es medio, según el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, tiene puntuación de 0,779.

Aproximadamente un 4% de la población dominicana ingresa a la universidad, según datos de 2005, fecha en que se habían matriculado 336,000 estudiantes. La Secretaria de Educación de entonces afirmó que el 70% deserta, lo que indica que poco más del 1% se gradúa.

El desempleo, dice la Oficina Nacional de Estadística, es de 16.1%; la tasa de ocupación, de 46.5%. La población activa es de 54%. Para el año 2005 el porcentaje de empleados informales era de 56% de las personas ocupadas, según la Unidad de Información Social de la Presidencia.

República Dominicana y Haití

República Dominicana y Haití son dos países pobres que comparten la misma isla, separados por una frontera convencional de 382 kilómetros y un río, el Masacre.

Se cuentan entre los países más pobres de América, si bien Haití supera a República Dominicana. Se estima que es el país más pobre de América Latina y el Caribe.

La CEPAL ha dicho que el 45% de la población dominicana es pobre; el 22% vive bajo la línea de la indigencia, es decir, es demasiado pobre. Acerca de Haití, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) alertó que “3,8 millones de personas, la mayor parte en zonas rurales, pasan hambre”




























































Relaciones domínico-haitianas

El enfrentamiento militar, el conflicto político y la necesidad económica han caracterizado las relaciones domínico-haitianas. Haití proclama su independencia de Francia en 1804. En 1822 coloniza La Española. En 1844, La Española proclama su independencia de Haití, al tiempo que adopta el nombre definitivo de República Dominicana. En su retirada hacia el Oeste, el ejército haitiano quema varias aldeas de la República Dominicana. En 1937 el dictador Rafael Leonidas Trujillo ordena el genocidio de una cantidad indeterminada de haitianos en la zona fronteriza entre la República Dominicana y Haití. Se discute el número de los que murieron: entre 3,000 y 30,000.

Desde la muerte de Trujillo se ha incrementado la inmigración haitiana hacia el territorio dominicano y el comercio informal, en la franja fronteriza, de los nacionales de los dos países. Se estima (periódico Clave Digital, 25 de noviembre de 2007) que el negocio mueve 33 millones de dólares al año y que por cada 43 dólares que exportan los dominicanos hacia Haití, los haitianos exportan un dólar hacia la República Dominicana.

Durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, los Estados haitiano y dominicano suscribieron acuerdos de contratación de braceros haitianos, a quienes se transportaba a la República Dominicana en determinados períodos o zafras de corte para que trabajaran y luego se los transportaba de vuelta a su país. Muchos terminaron quedándose y constituyeron los bateyes, o sea, comunidades formadas por una totalidad o mayoría de haitianos, que en principio nacieron al lado o alrededor de las plantaciones de caña e ingenios azucareros y cuyas condiciones de vida son infrahumanas. Otros migraron a otras comunidades dominicanas a realizar trabajos de agricultura, tales como la cosecha de café. Luego entraron a las ciudades. Santiago de los Caballeros, Higüey, La Vega, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y otras tienen zonas con una fuerte presencia de haitianos.

A la par de las discusiones políticas en torno a la inmigración de haitianos, el comercio se regulariza. Los importadores haitianos compran mercancías en la República Dominicana, sobre todo comida, y la transportan para venderla en su país. Los exportadores dominicanos exportan grandes cantidades hacia Haití. Los exportadores haitianos introducen grandes cantidades de ropa y de electrodomésticos en la República Dominicana. Cada lunes y cada viernes, cientos de haitianos cruzan la frontera para comprar y vender. No todos retornan a sus casas, algunos cruzan para quedarse.

Migración haitiana y conflictividad en las relaciones domínico-haitiana

Quizá la mejor mercancía implicada en el comercio domínico-haitiano, la más abundante, la más barata, sea la mano de obra haitiana.

En enero de 2006, Colette Lespinasse, coordinadora de la organización haitiana Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados, en entrevista para el Instituto de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (NSTRAW), afirmó que dos millones de haitianos viven fuera de Haití: un millón en Estados Unidos y 800,000 en la República Dominicana, que se convierte en su segundo destino. En su Informe de Desarrollo Humano de 2005, la ONU estimaba en un millón, doscientos mil (1,200,000) los haitianos en la República Dominicana. La mayoría, se ha dicho, inmigrantes irregulares, o, lo que es lo mismo, residentes de manera ilegal.

No todos los ciudadanos de Haití que cruzan hacia la parte Este de la isla son pobres, no todos son ilegales y no todos andan en busca de trabajo poco calificado y, por lo mismo, mal pagado.

Haití, como cualquier nación, tiene ciudadanos ricos, comerciantes y profesionales altamente calificados que instalan residencia en la República Dominicana. Esos residen legalmente en Dominicana y desempeñan allí o desde allí sus actividades. Otros son estudiantes en las universidades dominicanas. El presente artículo no trata acerca de ellos.

Este artículo se refiere a ese haitiano ilegal que se aventura en la frontera y la cruza para ofrecer su mano de obra barata en la República Dominicana. Su migración y permanencia en la República Dominicana tiene dos características que la convierten en una situación conflictiva, incómoda para el Estado dominicano. La primera es precisamente su estatus de ilegal en el territorio dominicano. La segunda es que el Estado dominicano no ha sabido manejar una política de migración adecuada.

A su vez la conflictividad opera en dos frentes. Uno es “el terreno”: los haitianos presionan por cruzar y quedarse en territorio dominicano, lo que los hace vulnerables ante los vigilantes de la frontera y otros encargados de hacer cumplir las leyes de migración. A menudo son objeto de extorsión, maltratos, deportaciones vejatorias y otros padecimientos.

El otro frente en que se opera la conflictividad es el de los intelectuales que vienen protagonizando la interminable discusión que se ha desatado en torno al tema. De un lado están los defensores de los derechos humanos de los inmigrantes haitianos. Del otro los defensores de la soberanía del Estado dominicano para decidir en materia de migración.

Soberanía del Estado versus Derechos Humanos de los migrantes

Los defensores de los derechos humanos de los inmigrantes haitianos no se cansan de decir que en la República Dominicana hay racismo y xenofobia, y que se maltrata a los haitianos. Cuestionan la inhumanidad de las deportaciones. Alegan que en la República Dominicana hay un sentimiento de “antihaitianismo”, que voy a llamar “antihaitianismo histórico”, porque, según ellos, puede encontrarse su origen en la guerra de independencia de 1844; fue fomentado por el dictador Trujillo (1930-1961), y apoyado posteriormente por el presidente Balaguer (1966-1978).

Entienden que los haitianos de segunda y tercera generación nacidos en la República Dominicana, esto es, los hijos de inmigrantes haitianos y los hijos de los hijos de inmigrantes haitianos nacidos aquí, tienen derecho a que el Estado los reconozca como dominicanos, aunque sus padres residan en el país de manera ilegal. Afirman que es la Constitución dominicana la que establece ese mandato en el artículo 11: “Son dominicanos todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que están de tránsito en él”. Afirman que una persona que ha pasado un tiempo considerable en territorio dominicano, digamos varios años, aunque sea ilegal no está ya de tránsito, por tanto, debe declararse dominicano, no sólo a esa persona, sino a los hijos que le nacieran. Afirman que en la República Dominicana se explota, se desconsidera y se maltrata a los haitianos.

Por su parte, los defensores de la soberanía del Estado dominicano niegan que en la República Dominicana haya xenofobia y racismo. Dicen que tal argumento forma parte de un plan “macabro” de un grupo de organizaciones y países para dañar la imagen de la República Dominicana ante el mundo. Advierten que la comunidad internacional, entiéndase Estados Unidos, Canadá y Francia principalmente, tienen que hacerse cargo del “problema haitiano”, esto es, ayudar económicamente a Haití para que cese la presión que los nacionales haitianos ejercen sobre la frontera dominicana. Expresan que Haití es un Estado fallido que necesita que la comunidad internacional lo intervenga. Dicen que la República Dominicana no puede con el gravamen que significan los haitianos en su territorio y que éstos ocupan los puestos de trabajo de muchos dominicanos. Defienden las deportaciones como un derecho del Estado en tanto que es política migratoria. Consideran que los haitianos que carecen de residencia en la República Dominicana están de tránsito y que a ellos hace también referencia el artículo 11 de la Constitución dominicana.

En estos dos grupos encontramos los dos argumentos básicos que orientan una discusión mundial y actual que tiene ocupados a muchos Estados y a muchas organizaciones: la soberanía del Estado versus los derechos de los migrantes. Y en medio del fuego cruzado, más de los 191 millones de migrantes que informa la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), es decir, el 3% de la población mundial, a razón de una por cada 35 personas, con una tasa de crecimiento anual de 2,9%. De ellos, 30 ó 40 millones son ilegales, esto es el 15 ó 20% de la totalidad de migrantes. Desde ese punto de vista se entienden los reclamos que las organizaciones de derechos humanos hacen sobre los límites de la autoridad del Estado. Desde ese punto de vista también se entiende la apelación de los que defienden la soberanía a la discrecionalidad del Estado para incorporar preocupaciones sobre seguridad, limitaciones de recursos, etcétera, que le permiten ejercer determinado control de admisión y expulsión de migrantes.

Sin embargo, y es lamentable, los discursos de ambos bandos están plagados de demagogia. Es imposible encontrar entre los defensores de los derechos humanos de los inmigrantes haitianos y entre los defensores de la soberanía del Estado dominicano un discurso que no esté viciado, un discurso imparcial, objetivo, alejado de la pasión de la disputa, que intente un análisis sereno de la situación, sin manipular la información ni tergiversar los datos.

Los que defienden los derechos de los migrantes parten de especulaciones irresponsables que obvian la complejidad de la situación. Cualquier hecho aislado de maltrato a un haitiano por parte de un dominicano sirve a este grupo de base para reafirmar su discurso de la xenofobia. Para colmo, insisten en que el Estado dominicano tiene que asumir un rol paternalista con respecto a los migrantes de Haití, descartando de antemano el derecho que el Estado tiene a decidir sobre aspectos de migración tan puntuales como quién entra, quién se queda y quién puede ser deportado, así como los criterios a emplearse para tomar esas decisiones.

Por su lado, los defensores de la soberanía del Estado no hacen más que refutar cada vez que una organización nacional o internacional de derechos humanos informa de maltratos a los haitianos en la República Dominicana y acusa al Estado de xenófobo y exige que asuma a los inmigrantes. Detrás de ellos se esconde la irresponsabilidad de un Estado dominicano que no ha querido asumir el problema de la migración haitiana en sus reales dimensiones. Un Estado que hace tiempo debió diseñar una política de gestión migratoria respetuosa de los derechos de los migrantes, pero firme, clara y coherente, respaldada en el hecho imponente de su soberanía.

Resulta que la disputa no lleva a ninguna parte, resulta que no sólo es un callejón sin salida, sino que es interminable. Para terminar con ella y resolver el conflicto, hace falta la intervención decidida del Estado dominicano. Ese es el desafío.

El desafío del Estado

Según Gonzálvez Pérez, teórico de las migraciones, en una relación ideal de migración internacional, como la que nos ocupa, deben conjugarse cuatro factores. Uno es la situación de desequilibrio entre el crecimiento demográfico y el desarrollo económico que se opera en el Estado de origen, es decir, el Estado de donde procede el migrante. Un segundo factor consiste en las posibilidades de absorción de mano de obra y la garantía de unos atractivos sociales en la nación de destino, o sea, la que recibe al migrante. Un tercer factor tiene que ver con las facilidades que tenga el migrante para desplazarse de la nación de origen a la de destino. Y el cuarto se refiere a la necesidad de que el migrante cuente con los recursos y apoyos necesarios para el traslado y posterior instalación en el nuevo Estado.

En el caso de la migración haitiana hacia territorio dominicano, se constata el primer factor. No cabe duda que los nacionales haitianos que cruzan la frontera son pobres, a veces indigentes. Y la tasa de crecimiento de su población es alta. La tabla 1 es elocuente al respecto.

Según el segundo factor, la República Dominicana debería tener la posibilidad de absorber la mano de obra haitiana, además de garantizarle una estadía digna, por lo menos decente en la República, poniendo a su disposición los beneficios de una vivienda, de un sistema de salud y de un sistema de transporte. De eso al menos. En los países desarrollados de Europa Occidental y de América del Norte, y en Japón, un sistema de pensión es un derecho y unas jornadas mínimas de trabajo han sido conquistadas con orgullo.

La República Dominicana no puede ofrecer una sola de todas las posibilidades. No puede ofrecérselas ni siquiera a los dominicanos. Podemos comenzar por la “absorción de la mano de obra” del inmigrante. Se ha dicho que, en tanto que la población activa es de 54%, la población ocupada es de 46.5%. Pero el 56% de esa población ocupada trabaja en el sector informal. El problema del desempleo en la República nos dice, ante todo, que faltan puestos de trabajo aun para los dominicanos... y nos informa de otras realidades, por ejemplo que un jornalero apenas gana 150 pesos por día y que el sueldo mínimo para los empleados privados oscila entre 4,485 pesos dominicanos (± US$ 132) y 7,360 pesos dominicanos (± US$ 217).

En cuanto a las facilidades de desplazamiento, el inmigrante que nos ocupa es el que entra de manera ilegal a la República Dominicana. Podría tener el pasaje, podría no tenerlo. Aunque lo tuviera, su situación irregular le impide presentarse como pasajero de una de las personas o empresas que transportan pasajeros entre Haití y la República Dominicana.

Si este inmigrante irregular ingresa a territorio dominicano, podría reunirse con amigos o familiares, o incluso hacer amigos nuevos. Estas relaciones y las circunstancias en que ellas se dan distan mucho de contar con el apoyo y las garantías de un Estado al tanto de su población de migrantes. Los haitianos inmigrantes en la República Dominicana sobreviven a duras penas.

La consideración de las limitaciones que la República Dominicana encuentra para albergar a unos inmigrantes que llegan en masa, que representan una cantidad significativa de la población, que vienen a ocupar puestos de trabajo y que en la mayoría de los casos son ilegales, reviste una importancia fundamental para la política migratoria que el Estado dominicano está obligado a trazar.

Aun cuando esa política migratoria no puede discriminar, es decir, que sus destinatarios tienen que ser todos los inmigrantes, con independencia de su nacionalidad, la realidad de la inmigración haitiana tiene un peso específico determinante para el diseño y gestión de esa política. Y otro peso específico lo constituyen las propias limitaciones del Estado.

Fundamentos de una política de gestión migratoria

Una política de gestión migratoria de la República Dominicana debe hacerse en base a varios elementos.

Como preámbulo, una política migratoria tiene que formar parte de un plan general de Estado, que considere otros elementos de política pública, entre ellos la política laboral, la política de las relaciones exteriores y la política demográfica.

La legislación en la política migratoria

Fundamento de esta política en una nación que dice ser un Estado de Derecho es la legislación. En ella se concreta la política migratoria y en ellas se fundamentan de antemano las medidas necesarias para dirigir la migración, lo que implica los criterios de autorización de entrada, otorgamiento de residencia, inspección fronteriza y respuesta a la entrada y estancia ilegal. Acompañan a esta legislación los reglamentos que la hacen operativa y los procedimientos en los que tiene que basarse la conducta de los funcionarios y empleados de migración en el desempeño de sus funciones.

Esa legislación debe tener un propósito, que en el caso particular de la República Dominicana puede perfectamente ser el de prevenir la migración ilegal y promover la cooperación internacional en el campo de la migración.

Normas que preceden, nutren y orientan una legislación en migración son, entre otras, la Constitución del Estado, el Código Penal, los tratados internacionales, convenciones, e instrumentos que el Estado ha suscrito. Y otras legislaciones, como el Código de Comercio, Ley de Salud y las normas de agricultura.

Soberanía, legislación y política migratoria

La política sobre migración, y en especial la legislación, jamás puede ser temerosa ni tímida con respecto reafirmar que el Estado dominicano es soberano para decidir qué política migratoria le conviene. Lo cual quiere decir que la primera responsabilidad del Estado es para con sus ciudadanos. Es a ellos a quienes tiene que garantizar ante todo una vida digna, empleo, educación, salud, vivienda. La política migratoria se fija sobre la base de la medida en que los Estados hayan podido garantizarles esos derechos a sus ciudadanos.

“Se reconoce –dice la Organización Internacional para las Migraciones- que los Estados tienen la autoridad para decidir individualmente la forma en que desean gestionar la migración relacionada con su propio territorio. Los Estados tienen la responsabilidad primaria de sus propios ciudadanos y fijan los términos para la admisión, residencia y remoción de extranjeros”, si bien ese control no es completo, sino que tiene limitaciones, entre ellas la más importante: el respeto a los derechos de los migrantes, sean quienes sean, vengan de donde vengan e independiente de si son legales o ilegales.

“Una premisa fundamental de soberanía nacional –dice la OIM- es que un Estado tiene el poder para determinar a los no nacionales que admite en su territorio, para expulsar a los no nacionales bajo ciertas circunstancias, para controlar sus fronteras, y para hacer lo necesario para proteger su seguridad. Sin embargo, este poder para gestionar la migración debe ser ejercido con el pleno respeto a los derechos humanos fundamentales y libertades de los migrantes que se otorgan bajo un amplio rango de instrumentos internacionales de derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario”.


De: Gaceta Judicial

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