Por: Onorio Montás
Es lamentable que su amargura existencial esté llevando al amigo Juan Bolívar Díaz Santana a convertirse en un inconsistente luchador por la transparencia y la honestidad en el manejo de los bienes públicos, el amigo Juan está cayendo en una trampa mortal para su prestigio labrado durante muchos años en los diferentes medios de comunicación, aun sin poder ocultar sus compromisos políticos perredeístas y habiendo hecho carrera y graduarse como "suma cum laude" en "antibalaguerismo enfermizo" destacándose dentro de un grupo que hicieron de eso una profesión y le dió buenos frutos en sectores que lo han aupado, promovido y aceptado como un profesional en esas lides, ahora va en el mismo camino con su antileonelismo o antipeledeísmo, según su amigo Euclides Gutiérrez Félix sus nuevos antagonismos.
Pero lo de ahora es diferente se está desprestigiando al tratar de desprestigiar el legitimo derecho que tiene el ministerio publico de investigar, procesar y encausar a cualquier ciudadano de quien se sospeche o sobre el que se tengan pruebas en torno a determinado delito, alegrémonos de esto, desde luego, sin manipulaciones y arbitrariedades como manda la ley.
Ahora lo vemos responder como resorte y en forma casi colérica a las imputaciones que hace el departamento de prevención y persecución de la corrupción contra cuatro exfuncionarios del Banco Central entre ellos mi viejo amigo Félix Calvo, a quienes se vincula con el manejo alegadamente irregular de papeles comerciales con un valor de RD$10,663,341,000, representados en cartera del desaparecido Banco Nacional de Crédito (Bancrédito), para lo cual fue suscrito el contrato el 2 de julio de 2003.
Extraña que un periodista de tanta experiencia como Juan Bolívar se deje arrastrar por su calentura antileonelista hasta el punto de ir contra sus propias convicciones en su cotidiano cantar de anticorrupción. Quizás sea necesario recordarle al profesor de comunicación de varias generaciones que el buen periodista siempre duda, pregunta e investiga. Algo sabe y debe tener el joven Hotoniel Bonilla sobre esos cuatros distinguidos profesionales de la economía y las finanzas sobre los papeles del banquero Arturito. Hay que aguantarse los ímpetus, hermano Juan, recuerda que fuimos compañeros de muchas luchas y proyectos.
Pero licenciado alegrémonos de que el joven Hotoniel Bonilla actúe, no etiquete esta acción de
“vergüenza jurídica o tardía”, recuerda Juan, que los apresados, extraditados y condenados del caso de Luis Orlando Martínez Howley pasaron veinte años hasta que apareció un Ministerio Público encabezado por los jóvenes magistrados licenciado Francisco Domínguez Brito y el licenciado Bolívar Sánchez Veloz para reactivar y encaminar la dilatada acción de la justicia, no recuerdo que la criticaras por "tardía y vergonzosa".Entonces licenciado deja a un lado tus proyectos políticos y dale el apoyo a este joven abogado y no critiques con evidentes prejuicios, que me imagino que tu al igual que yo queremos que sea la justicia a la que le demos la oportunidad de actuar, aunque con cierta aprensión, por ser nuestra justicia, no por el joven director del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), quien no tendrá la ultima palabra.
Pero Juan todo no es malo, de algo te tienes que alegrar, los sometidos no tendrán que gastar un solo centavo de sus magras economías personales, los reglamentos y normas del Banco Central le dan potestad a los cuatro acusados de escoger a la carta, oye que boniiito a la carta la estructura de su defensa, sin importar la cantidad, por la jerarquía que ellos ocuparon y porque esa institución protege a todos los que por ella pase, no importa lo que haga, es asunto "de credibilidad en la institución" confianza, aunque haya que mentir, los defenderán y lo encubrirán, para que ese dichoso banco no vea salpicado su prestigio, ese es uno de los privilegios de esta, nuestra querida sociedad.
Veremos a un grupo de los más prestigiosos y caros abogados una "verdadera barra de defensa" con toda clase de especialistas, defendiendo a los acusados con los fondos del Estado a través del Banco Central, parece un cuento de hadas, verdad Juan…
Y, alegráte Juan, no te preocupe por tus amigos, no pasará nada...
Tranquilo, Bobby.
22 Agosto 2009Desprestigio a la lucha anticorrupción
La tardía denuncia de Hotoniel Bonilla es una vergüenza jurídica
Por: JUAN BOLÍVAR DÍAZ
La iniciativa judicial del director del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla, contra cuatro exfuncionarios del Banco Central tiene todas las características de una bola de humo, contradictoria en sí misma, que sólo puede servir para desviar la atención sobre las denuncias de malversación de fondos y de impunidad que sacuden el país. Si se mide por la extensa nota informativa, la iniciativa de Bonilla busca mezclar mansos y cimarrones, para confundir y ocultar a los reales autores y beneficiarios de la sustracción de pagarés del BC por la suma de 10 mil 663 millones de pesos, originados en los sobregiros de las empresas del Grupo Financiero Nacional que causaron la quiebra de su Banco Nacional de Crédito.
Se denuncia a los tres más altos funcionarios del Banco Central (BC) que persiguieron los fraudes bancarios del 2003, con acusaciones –evidentemente infundadas- de haberse constituido en asociación de malhechores, prevaricadores y desfalcadores para beneficiar precisamente a quienes ellos mismos y las autoridades monetarias actuales han llevado ante la justicia. De esa forma se persiste en la generalidad de que todos los que pasaron por la administración pública fueron corruptos y se desvía la atención de las preocupaciones morales que viene expresando la sociedad dominicana en un tono tan alto como nunca se había sentido. La denuncia de Bonilla obliga a las actuales autoridades del BC, que tanta responsabilidad han demostrado en el manejo de los procesos judiciales contra los desfalcadores bancarios, a desligarse de un expediente tan burdo, a no ser que quieran dejar espacio para que luego ellos también terminen siendo acusados para seguir protegiendo a los responsables de los fraudes bancarios y del descalabro económico que generaron.
Lo más penoso es que esa actuación sólo servirá para desprestigiar la lucha contra la corrupción que debía conducir el DPCA, confundiendo a la ciudadanía por la irresponsabilidad con que muchos se prestan a la difusión de verdaderos infundios, sin el menor análisis ni criticidad. Bonilla compromete una aclaración del BC por cuanto pretende fundamentar su iniciativa judicial en la denuncia formal que esa institución formulara al DPCA el 6 de marzo del 2007, donde se pidió acción judicial contra “los responsables del hecho de la distracción” de los pagarés por 10 mil 663 millones de pesos. La investigación fue puesta en manos de Bonilla, entonces subdirector del DPCA y desde hace unos meses titular, y aunque la denuncia del BC proporciona todos los documentos y actos que permiten establecer quienes pudieron haberse constituido en asociación de malhechores para perjudicar el interés público, dos años y medio después el resultado es un parto de los montes.
La denuncia del BC precisa cómo el entonces consultor jurídico del BC, Manuel Rubio Cristóforis, dispuso de los pagarés para entregarlos a la directora legal del GFN –del que él había sido funcionario- , sin que mediara ninguna resolución de la Junta Monetaria, ni una autorización formal de alguna autoridad de la institución. Incluso anexan una intimación a Rubio del 4 de diciembre del 2006 para que “devuelva los pagarés irregularmente distraídos”, e identifican a quienes han admitido tener los pagarés y el uso que han pretendido darles. Pero en vez de identificar y perseguir a los beneficiarios de la distracción, los deudores del BC, el DPCA acusa de haberse convertido en una gratuita asociación de malhechores a quienes los procesaron judicialmente.
Y aunque la denuncia del BC justifica sobradamente la asistencia financiera dada en su oportunidad al Bancrédito, Bonilla lo ignora y también levanta cargos sobre el particular. Llega al dislate de responsabilizar al gobernador José Lois Malkún, de las facilidades de liquidez otorgados a ese banco desde el 1 de agosto del 2002, aunque él fue designado en el cargo en marzo del 2003. En fin, que después de dos años y medio de investigación, la tardía denuncia de Hotoniel Bonilla es una vergüenza jurídica.
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