AFP - 5/25/2008
La empresa española Unión Fenosa, si la compañía no cede al estado el 16% de las acciones de su subsidiaria, como lo prometió en abril.
“Debe estar clara Unión Fenosa que o se respetan los acuerdos o Unión Fenosa tendrá que pasar a manos del pueblo nicaragüense, a manos del Estado nicaragüense. No habrá más alternativa”.
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22 de Septiembre del 2003 • Edición número 1,324
Crónica de un fiasco anunciado
La pesadilla llamada Union Fenosa
Al cierre de esta edición una auditoría de la empresa Grant Thorston revelaba, de acuerdo a una información publicada por el vespertino El Nacional, que las empresas Edenorte y Edesur (filiales locales de Unión Fenosa) cometieron diversas irregularidades relacionadas con el pago de impuestos, sobrevaluación de pérdidas, compra y venta de energía, contratación de empresas vinculadas y el tratamiento contable de los estados financieros.
Por Juan de la Cruz
La crisis del sector energético ha sido la más difícil de soltear para los diferentes gobiernos que ha tenido el país desde el final de la dictadura trujillista al presente debido a las soluciones cortoplacistas que le han dado a la problemática y por la diversidad de agentes envueltos en la misma.
En algunas ocasiones el problema energético ha estado motivado por la falta de generación, en otras por la falta de recursos para pagar a los suplidores de energía y en la mayoría de los casos por la intransigencia de los actores envueltos en el negocio eléctrico.
La capacidad de generación del país al día de hoy ronda los 3 mil megavatios y la demanda no excede los mil 700 megavatios, lo que revela que hay un excedente de cerca de 1,300 megavatios, pero sin embargo una gran parte del país sigue padeciendo apagones de hasta 12 horas, sobre todo en el Cibao.
Los factores que más han incidido en esa situación son la devaluación del peso dominicano frente al dólar y los altos precios del petróleo en el mercado internacional, que han motivado la elevación exagerada de la tarifa eléctrica y contribuido que una parte considerable de la población se haya visto imposibilitada de pagarla, lo que a su vez ha impedido que las empresas distribuidoras paguen religiosamente sus acreencias a las empresas generadoras, y que estas últimas apaguen sus plantas por falta de dinero para comprar combustible.
El último conflicto que envolvió al sector eléctrico fue el vinculado a la decisión del Estado dominicano de intervenir las empresas filiales de Unión Fenosa en el país, Edenorte y Edesur, por la ineficiencia mostrada y la insolvencia para saldar sus deudas tanto con las generadoras eléctricas como con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que desató un diferendo que incluso llegó a enturbiar las históricas cordiales relaciones diplomáticas entre España y República Dominicana.
La deuda que se estima habían adquirido Edenorte y Edesur con las empresas generadoras Itabo y Ege-Haina sobrepasa los US$50 millones, además de los US$111.1 millones que debían a las generadoras Palamara y La Vega de Unión Fenosa, mientras que el crédito que le concedió el BID a ambas entidades ronda los US$180 millones, para un monto superior a US$341.1 millones, suma que la Superintendencia de Electricidad decía que esas empresas no estaban en capacidad de solventar porque se encontraban en quiebra, razón por la que llevarían a cabo su intervención para llamar a una nueva licitación internacional.
La casa principal de Unión Fenosa en España, en la persona de su consejero delegado, Honorato López Isla, pidió al gobierno español que preside José María Aznar que proteja sus inversiones en República Dominicana, las que ascienden a US$600 millones, que llevados a la tasa promedio de RD$31.87 equivalen a RD$19,119 millones. En tanto que la embajadora española en el país, María Jesús Figa López, demandó del Gobierno dominicano buscar una solución consensuada con los inversionistas españoles.
Posteriormente López Isla se trasladó a República Dominicana y se reunió con el presidente Mejía, quien autorizó un proceso de negociación con la empresa de capital español y, sorpresivamente, las partes acordaron en la madrugada del 11 de septiembre pasado que el Estado dominicano adquirirá el 50% de las acciones que tenía en su poder la filial de Unión Fenosa en el país, que lleva por nombre Distribuidora Dominicana de Electricidad (Didoel), que a su vez operaba a Edenorte y Edesur.
Unión Fenosa, tercera compañía eléctrica española, acordó venderle las distribuidoras Edenorte y Edesur a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) por un monto de 384 millones de euros, equivalentes a US$422.7 millones, o sea, más de RD$14,000 millones a la tasa de cambio actual, transacción efectiva a partir del 30 de septiembre del año en curso.
Esa es la misma empresa que bajo el nombre de Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) le había vendido en 1999 el 50% de sus acciones por un monto de US$210 millones, con fines de capitalización, lo que muestra un saldo negativo para el Estado dominicano de 212.7 millones.
El pago de la operación se formalizará el 30 de noviembre mediante un desembolso por parte del Gobierno de 13.3 millones de euros (US$14.6 millones) y el usufructo por parte de Didoel por 12 años de activos de distribución que serán arrendados a Edenorte y Edesur, cuyo cobro está garantizado por cuentas de clientes de ambas compañías que cubren permanentemente el 115% de los pagos mensuales.
El Estado también se compromete a saldar créditos y obligaciones que tienen las distribuidoras con Unión Fenosa y sus filiales al 31 de agosto pasado por 101 millones de euros (US$111.1 millones), compensar los créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades financieras privadas a Edenorte y Edesur con garantía de Unión Fenosa por un monto de 170 millones de euros (US$187 millones), así como compensar una parte de la inversión neta que había hecho Unión Fenosa en el área de distribución en 1999, con una partida de 100 millones de euros (US$110 millones).
Unión Fenosa explica que la operación implicará una minusvalía de 160 millones de euros (US$176 millones), aunque aclara que esa situación “no altera la previsión del resultado neto realizada por la compañía para el actual ejercicio”.
En los argumentos que da la tercera compañía eléctrica española para salir del negocio de distribución en ningún momento hacen referencia a la decisión del Gobierno de intervenir a Edenorte y Edesur, que fue el factor que estimuló la negociación, sino al contexto de la crisis económica, financiera y energética que sufre el país en los últimos años, agravada por la quiebra del Banco Intercontinental (Baninter) y la consiguiente depreciación del peso dominicano respecto al dólar en más de un 100% en un año.
Unión Fenosa señala a la devaluación y al incremento de los precios del petróleo como los dos factores que han tenido una repercusión directa en el incremento de la tarifa eléctrica, circunstancias que a su entender acentuaron las dificultades operativas y financieras de Edenorte, ya de por sí afectada por el déficit de generación en la Región Norte del país.
No obstante, Unión Fenosa decidió mantener su vinculación al negocio de la generación con una potencia total instalada de 190 megavatios en el conjunto de plantas de Palamara y La Vega, cuya explotación se ha mantenido en una línea de rentabilidad desde su inicio.
Ese acuerdo entre el Estado dominicano y Unión Fenosa se produce en medio de un proceso electoral en el que el presidente Mejía aspira a ser reelecto por un nuevo período para los años 2004-2008 y en víspera del viaje que realizará el mandatario dominicano a España entre el 15 y el 17 de septiembre.
Está claro que ésta es una solución coyuntural y parcial a la difícil situación por la que atraviesa el país en el campo energético desde hace más de 40 años.
ANTES DE PRIVATIZAR
Mandatarios como el doctor Joaquín Balaguer se vieron precisados a intervenir la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) para asumir directamente la administración de esa entidad y de esa manera acabar con los odiosos apagones, aunque sin lograr los resultados esperados.
Algunos de los administradores de la CDE, como el ingeniero Julio Sauri a mediados de los años 70, se hicieron famosos por las explicaciones fantásticas que daban a la ciudadanía sobre las causas de los apagones, como el relacionado con las chichiguas que se enredaban en las redes y provocaban averías.
Otros han usado la fuerza como medio de cobro y para impedir el logro de conquistas laborales significativas, como fue el caso del ingeniero Ramón Pérez Martínez (Macorís), quien desplegó una serie de acciones encaminadas a cortar el servicio a todos aquellos usuarios morosos y destruyó el Sindicato de Trabajadores de la Corporación Dominicana de Electricidad (Sitracode), vulnerando de esa manera el clima de libertad sindical que hasta ese momento imperaba en el país.
Mientras que el ingeniero Temístocles Montás hacía alardes de ser el técnico más preparado en el campo energético, mientras estuvo en la oposición, pero cuando el Partido de la Liberación Dominicana asumió el poder en 1996 y lo nombró como administrador de la CDE no dio pie con bola y fue sustituido por el ingeniero Radhamés Segura.
Durante su paso por la CDE, el ingeniero Segura logró paliar la situación energética sin llegar a darle una solución definitiva al problema, porque en ese momento estaba en marcha el proceso de capitalización, siendo uno de los actores oficiales que más reparos puso a una serie de cláusulas contenidas tanto en la ley de capitalización como en los contratos que lesionaban al país.
Finalmente, la capitalización de la CDE se llevó a cabo en el 1999, a partir de la cual el gobierno de Leonel Fernández pasó la comercialización de la energía a las firmas multinacionales Unión Fenosa, de España, y AES Corporation de Estados Unidos, que constituyeron las empresas Edenorte y Edesur, de un lado, y la empresa Edeeste, del otro.
ESFUERZOS INFRUCTUOSOS
El 27 de febrero del 2000, apenas faltando dos meses y medio para las elecciones generales de mayo, y cinco y medio para la entrega del Poder Ejecutivo, el entonces presidente Leonel Fernández Reyna explicó ante la Asamblea Nacional el proceso de capitalización que envolvió a la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y a la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE).
En lo referente a la CDE, el mandatario dijo que se propuso desde el inicio de su gestión “enfrentar de manera decidida y tesonera el lastre histórico de los apagones y de las ineficiencias, en sentido general, de esta empresa del Estado”.
El jefe de Estado expresó en la ocasión que para acometer esa tarea, tan delicada y exigente, decidió desde un primer momento actuar simultáneamente en un doble frente. Por un lado, reparar e instalar nuevas plantas con el fin de ganar tiempo y sostener el precario servicio de electricidad por parte de la CDE y, por otra parte, el de hacer la verdadera y radical reforma que requería el sector energético a través de la capitalización.
Fernández dijo entonces que al arribar al poder en agosto de 1996 la CDE contaba con unos 358 megavatios en su parque térmico y 175 megavatios de potencia firme aportada por las plantas hidroeléctricas, con una capacidad efectiva de generación de energía para esa fecha de tan sólo de 533 megavatios. A éstos se le adicionaban los 500 megavatios aportados por los generadores privados independientes, conocidos como IPPs, con lo cual todo el sistema sólo disponía de una capacidad teórica de generación de 1,033 megavatios frente a una demanda de 1,150 megavatios.
Al presentar su informe al Congreso Nacional de los tres años y seis meses de gestión, Leonel Fernández expresó que se habían añadido al sistema 516 megavatios más, lo que significaba casi la misma cantidad de que disponía la CDE en agosto de 1996, y una cantidad superior a la que aportaban los generadores privados independientes.
Con la suma de la capacidad de generación de la CDE, de los generadores privados y de las plantas adquiridas y reparadas durante esa gestión se llegó a una capacidad total de 1,549 megavatios, frente a una demanda de 1,600 megavatios, lo que significaba casi una igualación entre la oferta y la demanda, pese al deterioro de las plantas que se utilizaban entonces para la generación de energía, que el propio Fernández llegó a diagnosticar como de “pronóstico reservado”.
En la ocasión el mandatario defendió la capitalización cuando dijo que los apagones no podían ser atribuidos a ese proceso, achacando la responsabilidad de esa situación al deterioro de las plantas de las empresas Smith & Enron y Dominican Power, con una capacidad acumulada de 395 megavatios, con las que se habían formalizado contratos de suministro de energía antes de la capitalización y de su gestión.
Aseguró que era con la capitalización que se podía enfrentar el problema hasta entonces insoluble de los apagones, exhibiendo como resultados positivos de ese proceso las compañías eléctricas de generación de Haina e Itabo, las cuales producirían, antes de terminar su gestión, 135 megavatios y al finalizar el 2000 unos 240 megavatios.
También habló de la instalación de una planta-barcaza de 105 megavatios en el área de Boca Chica para iniciar sus operaciones en abril del 2000, así como de la instalación de una planta por parte de la empresa española Unión Fenosa, antes de junio de ese año, con capacidad de generación de 100 megavatios, la cual se extendería a 180 megavatios al 16 de agosto. Igualmente, la empresa eléctrica Transcontinental tenía el compromiso de instalar, antes de agosto del presente año, otros 100 megavatios.
Leonel Fernández tenía la expectativa de haber instalado 1,149 megavatios nuevos antes de concluir su gestión, que a su entender constituía un incremento de más de un 100 por ciento de lo que en su totalidad había en agosto de 1996 y más del 300 por ciento de lo que disponía el parque térmico de la CDE.
Así mismo, que las empresas distribuidoras Edenorte, Edesur y Edeeste intentaron aplicar aumentos de la tarifa eléctrica por concepto de “ajuste por energía acumulada”, indexación por inflación y alza del precio de los combustibles, de los cuales el primer ajuste lo consideró improcedente y determinó dejarlo sin efecto. El segundo el gobierno decidió asumirlo y pasó a subsidiar directamente a los consumidores con un pago mensual a las distribuidoras, deducido a la CDE, de 80 millones de pesos. En cuanto al tercero, el Gobierno asumió el subsidio de más de la mitad de esa alza, lo que representaba adicionalmente 80 millones de pesos mensuales.
Fernández se quejaba de que a pesar de haber subsidiado las alzas que se registraron por la inflación y los altos precios del petróleo, en alrededor de 160 millones de pesos, con lo que demostraba tener una gran sensibilidad hacia los pobres, esa acción le había sido mezquinamente desconocida como resultado del espíritu de canibalismo que caracteriza a la actividad política del país.
No obstante, reconoció que a pesar de las medidas adoptadas por su gobierno a favor de los consumidores estaba consciente de que se produjeron alzas, algunas desproporcionadas, con relación al consumo real de los usuarios, por lo cual le solicitó a la Superintendencia de Electricidad exigir a las empresas indagar las causas o razones de esas alzas desmedidas y aplicar los correctivos de lugar en aquellos casos en que se comprobasen la comisión de errores y cobros no justificados en perjuicio de los clientes.
UNA HERENCIA ENVENENADA
El 17 de septiembre del 2002, en un discurso dirigido a la nación sobre la problemática energética, el presidente Hipólito Mejía recordó haber heredado la capitalización del sector eléctrico, que a su entender fue ejecutada de forma sospechosamente apresurada, cuando todos los gobiernos del continente habían suspendido sus programas de privatización dada la estampida de los inversionistas extranjeros, y sin contar previamente con un marco institucional y regulatorio adecuado.
El mandatario expresó que el gobierno pasado convirtió a República Dominicana en el único país del mundo en el cual los ingresos por la privatización o capitalización de sus empresas eléctricas, ascendentes a más de 600 millones de dólares, no fueron depositados en las cuentas del Banco Central, sino en las cuentas de las propias empresas.
“Es como si a los compradores de los bonos soberanos que vendimos el año pasado se les hubiese permitido mantener el dinero del Gobierno en sus cuentas privadas, no en las del Banco Central. O como si usted vendiera su casa y le permitiera al comprador retener el dinero en su bolsillo”, dijo el mandatario en alusión al proceso seguido por las autoridades del gobierno de Leonel Fernández.
Al mismo tiempo manifestó que su gobierno heredó contratos verdaderamente onerosos, como aquellos que establecían ajustes a favor de las empresas capitalizadas que afectaban al Gobierno o al pueblo si el precio del combustible subía, pero no lo compensaba cuando el precio bajaba.
“Recibimos un sector eléctrico donde se protegían los intereses de todos, exceptuando los del pueblo y los del Estado. Nos entregaron un sistema de generación que en el papel lucía expandido, pero en la realidad seguía siendo frágil e insostenible, pues la expansión fue el fruto de la instalación de 6 plantas de turbinas de gasoil. Estas plantas, debido a su altísimo costo de generación, al utilizar el más caro de los combustibles, en la actualidad, por su ineficiencia, permanecen apagadas la mayor parte del tiempo. Como vemos, lo que nos dejaron fueron plantas marchitas”, dijo en tono irónico el presidente Mejía.
Indicó que heredó un sector eléctrico en el cual se procedió a capitalizar la CDE, sin tocar 14 contratos leoninos con productores privados independientes, lo que a su entender significaba una bomba de tiempo, ya que mientras se fomentaba la capitalización de las empresas generadoras y distribuidoras, se estimulaba la descapitalización y quiebra de la CDE. Y que el gobierno de Fernández había llevado a cabo esa negociación a sabiendas de que con ello se dejaba a los futuros gobiernos una pérdida, hasta el vencimiento de los contratos en el 2016, de mil 285 millones de dólares.
Al mismo tiempo el presidente Mejía sostuvo que el país también heredó un sistema de tarifas con abultadas fórmulas de ajustes por alzas de precios de combustibles, de la tasa de cambio y la inflación, que les permitió a las empresas recibir ingresos por encima de lo necesario para cubrir el aumento de estos costos.
En definitiva, Mejía calificó como una herencia envenenada lo que el pasado gobierno le dejó a cada uno de los hogares y empresas del país, lo que había generado un fardo, cargado hasta ese momento por el Gobierno, de RD$4 mil 400 millones al año, los cuales se adicionan a los RD$4 mil 600 millones que la CDE había pagado del 2000 al 2002 a las empresas distribuidoras por esta fórmula de ajuste recibida.
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29 de Septiembre de 2003 • Edición número 1,325
Energí[a]
Entre las redes de las distribuidoras y la reelección
Lo cierto de todo esto es que en ese proceso de negociación el más perjudicado fue el Estado dominicano, ya que compró a Edenorte y Edesur por el doble de lo que las había vendido cuatro años atrás, y en virtual quiebra, tal como lo revelan las auditorías practicadas por la firma internacional Grant Thornton
Por Juan de la Cruz
La adquisición de las empresas Edenorte y Edesur, subsidiarias de Unión Fenosa, por parte de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) se inscribe claramente en los propósitos reeleccionistas del presidente Hipólito Mejía, con lo cual se pretende darle solución coyuntural a un problema estructural como lo es el suministro de energía y sacarle capital político a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano y en las urnas el 16 de mayo del 2004, sin que tenga la menor importancia si las empresas compradas estaban o no en quiebra.
El Gobierno se involucró en un proceso de negociación atropellado con Unión Fenosa teniendo como telón de fondo una amenaza de intervención a las compañías distribuidoras por incumplimiento con el BID y los suplidores de energía, la presión ejercida por la casa matriz a través de la presencia en el país de su consejero delegado Honorato López Isla y la embajadora española, María Jesús Figa López, así como el inminente viaje del presidente Mejía a España.
El Estado dominicano en la persona del secretario de Finanzas, Rafael Calderón, y el administrador general de la CDEEE, César Sánchez, defendió el acuerdo arribado con Unión Fenosa y lo calificó de muy satisfactorio para el país, porque de un total de US$362.5 millones de la deuda reconocida a Unión Fenosa sólo se pagará en efectivo US$15.0 millones y el resto, ascendente a US$347.5 millones, será pagado por las empresas Edenorte y Edesur en 144 cuotas mensuales que incluirán capital e intereses en un período de 12 años y a una tasa de interés anual de 12%.
Calderón dijo que en las negociaciones el Gobierno dominicano dio muestras en todo momento de proteger la inversión extranjera y respetar los compromisos internacionales al conducir el proceso dentro de los estándares mundiales y al reconocer el cien por ciento del valor de la deuda de Edenorte y Edesur con el BID, el Citibank y los bancos comerciales locales.
Gobierno exhibe como un gran logro el haber conseguido mediante una negociación amigable entre las partes que se redujera la deuda de Edenorte y Edesur con Unión Fenosa Internacional, de US$266.9 millones (US$200 millones de capital y US$66 millones de intereses) a US$70.6 millones, es decir, una disminución de un 75.3%.
Así mismo, Calderón plantea que en el proceso de negociación se logró eliminar totalmente los intereses de la deuda de Edenorte y Edesur con Unión Fenosa, y se acordó pagar únicamente el 35.3% del capital adeudado, lo que significa que en esas negociaciones los aportes de capital realizados por Unión Fenosa en el momento de la capitalización (US$212 millones), así como la ampliación de capital que se realizó hace unos meses (US$40 millones), no serán reclamados a la CDEEE.
A pesar de las quejas del rey Juan Carlos II de España y el presidente del gobierno español, José María Aznar, ante el presidente Mejía por la existencia en República Dominicana de un clima de seguridad jurídica que afecta la inversión extranjera, lo cierto es que en ese proceso de negociación el más perjudicado fue el Estado dominicano, ya que compró esas dos empresas por el doble de lo que las había vendido cuatro años atrás y en virtual quiebra, tal como lo revela las auditorías practicadas por la firma internacional Grant Thornton tanto a Edenorte como a Edesur.
SITUACIÓN DE EDENORTE
La auditoría de la Thornton expresa que en la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) debían realizarse ajustes y atender reclamos por el orden de RD$3,696,892,331.
Así mismo, que los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre del 2002 reportaban pérdidas acumuladas que ocasionaron la acumulación de un déficit equivalente al 61% del capital pagado de la empresa.
Si a esa situación se le suma los efectos que se derivan de los ajustes que son necesarios realizar para adecuar los estados financieros a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC’s), el capital pagado de Edenorte previsiblemente sería absorbido por las reducciones patrimoniales que tendrían que registrarse. La auditoría revela además que la empresa evadió impuestos entre los años 2001-2002 por el orden de RD$2,898,402, al tiempo que se detectaron diferencias a favor de la CDEEE por un monto de RD$1,310,308 y otras diferencias no reclamadas por la entidad eléctrica estatal ascendente a RD$392,435.
Se refiere la existencia de transacciones con Edesur no aprobadas por el Consejo de Administración de Edenorte por RD$682,901,436, al tiempo que se detectó un monto facturado por empresas vinculadas ascendente a RD$1,233,055.
El experticio de la Thornton revela contratos relativos al pago de impuestos y otras condiciones que implican una erogación mayor a la aprobada explícitamente por el Consejo de Administración y que han ocasionado que se registren facturas exceso por US$3,564,833.
La auditoria demuestra que hubo incumplimientos en el tratamiento del canon de administración, en la medida en que se detectó que la gerencia autorizó la dolarización del pago a los altos ejecutivos, sin que el contrato y la documentación corporativa contenga artículos o resoluciones que estableciesen que se hiciera en una moneda diferente al peso dominicano. Esa situación originó que al momento de la contraprestación se efectuaran desembolsos por RD$670,934.
El asiento inicial registrado en los libros de Edenorte es calificado de incorrecto por la firma auditora Thornton, en la medida en que el monto de RD$69,037,356 fue consignado como gasto de constitución, cuando debió reconocerse como una deducción de las cuentas del patrimonio, registrándola en una cuenta contable denominada “Descuento en Emisión de Acciones” aplicable a la aportación de todos los accionistas de la distribuidora.
También el monto de RD$8,098,906, que corresponde a los gastos de constitución de la empresa, debió registrarse como gasto del período.
Los auditores cuestionan que la empresa haya contratado préstamos con una empresa vinculada (Unión Fenosa) por US$100,000,000 a una tasa de interés anual (en dólares) que neta de impuestos asciende al 24%.
LA REALIDAD DE EDESUR
La auditoría practicada a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) por la firma Grant Thornton, revela que la empresa debe hacer ajustes y atender reclamos por el orden de RD$3,672,542,361.
Al mismo tiempo muestra que los estados financieros de Edesur, dictaminados al 31 de diciembre del 2002, reportan pérdidas acumuladas que ocasionaron la acumulación de un déficit equivalente al 16% del capital pagado de la empresa.
La empresa distribuidora de energía evadió impuestos entre los años 2001-2002 por el orden de RD$6,274,431, al tiempo que retuvo diferencias a favor de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales Eléctricas (CDEEE) por un monto de RD$2,173,238, así como otras diferencias no reclamadas por la entidad estatal ascendentes a RD$261,999.
La auditoría revela transacciones con Edenorte no aprobadas por el Consejo de Administración por RD$682,901,436, al tiempo que los contratos de servicio con empresas vinculadas ocasionaron que se registraran facturas en exceso de lo autorizado por un monto de US$1,996,502. Igualmente se registran transacciones con empresas vinculadas sin la debida autorización del Consejo de Administración, como es el caso de operaciones de compra de equipos de cómputos a Soluziona S.A. (Santo Domingo), por un importe global de D$3,961,024. Adicionalmente, la auditoría revela la existencia de facturas emitidas por Soluziona Panamá por US$179,741, que de acuerdo a los conceptos de las facturas están soportadas por un contrato que no fue proporcionado por la gerencia a los auditores.
También existen facturas de empresas vinculadas en las que se reporta un monto de RD$1,233,053, relativo a trabajos realizados por un empleado de Edesur que al mismo tiempo devengaba un salario fijo en la misma empresa, lo que se considera una situación irregular dado que no se justifica que una empresa vinculada facture trabajos realizados por un empleado asalariado de la empresa. Se detectó que la gerencia autorizó la dolarización del pago del honorario de administración, lo que originó al momento del pago de la contraprestación que se efectuaran desembolsos mayores a lo contractualmente establecido, los cuales ascendieron a RD$3,362,540.
La auditoría aplicada a Edesur determinó además que la gerencia ha aplicado políticas contables que no son compatibles con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC’s) y que han ocasionado una sobrevaluación de activos y consecuentemente una subvaluación de los niveles de pérdida de la empresa.
Las partidas de activos que no se encuentran presentadas de acuerdo la NIC’s son:
[ ] Gastos de establecimiento y de informática, con excepción de las partidas correspondientes al pago de licencias de uso de programas informáticos. [ ] Formalización de la deuda con el BID, con excepción de los gastos derivados de la comisión establecida contractualmente. [ ] Derechos de concesión. [ ] mpuestos sobre beneficios anticipados y diferidos.
El asiento inicial registrado en los libros de la empresa es incorrecto en lo relativo al monto consignado en la cuenta denominada gastos de constitución y la partida relacionada con los pasivos de la sociedad suscriptora, ascendente a RD$72,500,350, el cual debió reconocerse como una deducción de las cuentas del patrimonio, registrándola en la cuenta contable denominada “Descuento en Emisión de Acciones”, aplicándose a la aportación de todos los accionistas de Edesur. El monto de RD$8,600,004, que corresponde a los gastos de constitución de la empresa, debió registrarse como gasto del período.
Los auditores consideran cuestionable que la empresa haya contratado con una empresa vinculada (Unión Fenosa) préstamos por US$100,000,000 a una tasa de interés anual (en dólares) que neta de impuestos asciende al 24%.
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ANALISIS DE UN ACUERDO
Unión Fenosa confirma hizo buen negocio
El autor analiza las declaraciones de la empresa extranjera Por Bernardo Castellanos
El autor es ingeniero
SANTO DOMINGO.-En los enlaces que figuran más abajo, aparecen las declaraciones de prensa dadas por Unión Fenosa el 21 de Marzo del 2006, a raíz del Gobierno Dominicano saldar la deuda comercial de US$296 millones que tenían las empresas Edenorte y Edesur con esa empresa internacional.
También figura, las declaraciones dadas por Unión Fenosa el 11 de Septiembre del 2003, a raíz de que el Gobierno Dominicano, adquiriera las acciones de esa empresa internacional en Edenorte y Edesur.
Es importante resaltar algunos aspectos de ambas declaraciones de prensa En Septiembre del 2003, Unión Fenosa declaraba:
"El pago de la operación, que formalizará el próximo día 30 de septiembre, se realizará mediante un desembolso en efectivo en dólares equivalente a 13,3 millones de euros y la constitución a favor de la filial de UNION FENOSA en este país, Distribuidora Dominicana de Electricidad (DIDOEL), de un usufructo por 12 años de activos de distribución que serán arrendados a Edenorte y Edesur, cuyo cobro está garantizado por cuentas de clientes de ambas compañías que cubren permanentemente el 115% de los pagos mensuales.
El importe total de la operación se destinará en primer lugar a cancelar las deudas comerciales de las distribuidoras con las plantas generadoras de Palamara y La Vega, ambas propiedad de UNION FENOSA, por una cuantía de 101 millones de euros. En segundo lugar, se compensarán los créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades financieras privadas a Edenorte y Edesur con garantía de UNION FENOSA, que suman 170 millones de euros. Finalmente, los 100 millones restantes se dirigen a compensar la inversión neta efectuada por UNION FENOSA en las compañías distribuidoras hasta la fecha del acuerdo.
La operación supondrá una minusvalía de 160 millones de euros, en línea con lo previsto en la comunicación realizada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado día 14 de agosto, y no altera la previsión del resultado neto realizada por la compañía para el actual ejercicio".
Mientras que en Marzo del 2006, Unión Fenosa declaraba:
"El Gobierno dominicano mantenía con UNION FENOSA una cuenta a pagar por la adquisición de la participación de las distribuidoras eléctricas de UNION FENOSA en aquel país, Edenorte y Edesur. Este pago implica cancelar en un solo plazo la deuda pendiente, que tenía una duración de 12 años a partir de 2003.
Con este ingreso, UNION FENOSA fortalece su posición financiera en línea con uno de los objetivos marcados en su plan estratégico 2003-2007. Los fondos abonados ahora irán destinados fundamentalmente a reducir el endeudamiento"
En Septiembre del 2003, Unión Fenosa declaraba perdidas por la operación de venta de las acciones de Edenorte y Edesur al Estado Dominicano, por un monto de $160 millones de euros, mientras que en el 2006, declara que el saldo de la deuda comercial con Edenorte y Edesur, Unión Fenosa consolida su posición financiera y que los fondos abonados, le permitirán reducir endeudamiento.
Adicionalmente, en el 2003, tan pronto se anuncia la operación de compra por parte del Gobierno Dominicano, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, exigió a Unión Fenosa Internacional, el saldo de la deuda de US$139 millones, que Edenorte y Edesur debían al BID, la cual había sido garantizada por Unión Fenosa Internacional. O sea que, mientras Unión Fenosa recibía un pago del Gobierno Dominicano, por US$15 millones ($13.33 millones de Euros), al mismo tiempo, pagaba al BID, US$139 millones.
Como dicen cuatro (4) populares refranes, “a confesión de partes, relevo de pruebas" otro dice, "a buen entendedor, pocas palabras bastan”, otro “mas claro ni el agua” y finalmente, “mas claro no canta un gallo”.
Con estas dos declaraciones de prensa por parte de Unión Fenosa, queda evidenciado de manera clara, diáfana y sin ninguna duda, cuáles de las dos (2) operaciones realizadas en el 2003 y en el 2006, fue más beneficiosa a los intereses de esa empresa extranjera, explicando y aclarando además, el porque de las actitudes diferentes de los empresarios y autoridades españolas, en el 2003 y en el 2006, a raíz de las visitas de los entonces Presidentes Hipólito Mejia (2003) y Leonel Fernández (2006).
Mientras en el 2006, el Presidente Leonel Fernández no recibió ningún tipo de quejas relativas a la inseguridad jurídica en el País para las empresas extranjeras, sino todo lo contrario, elogios, en cambio, el entonces Presidente Hipólito Mejia, recibió todo tipo de recriminaciones y quejas, por parte de las autoridades y empresarios españoles
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10 Septiembre 2009, 11:57 PM
Celso Marranzini: “Robarse la luz es un deporte nacional”
Escrito por: LEONORA RAMÍREZ S. (l.ramírez@hoy.com.don)
El nuevo administrador de la CDEEE está claro en que el sistema energético del país sigue dependiendo de generadores viejos, que es un sistema débil y que es necesario hacer esfuerzos para que todos los usuarios paguen el servicio eléctrico que reciben. De lo contrario, todo seguirá igual.
Aunque todavía no han concluido las investigaciones sobre las causas que provocaron un apagón general el miércoles de la semana pasada, todo parece indicar que se trató de un error de manejo en la subestación AES-Andrés, afirmó el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Celso Marranzini.
Al ofrecer la información, dijo que ese tipo de fallas es común en un sistema cuyos mecanismos de protección estaban desequilibrados, porque algunas empresas de generación violaban resoluciones de la Superintendencia de Electricidad relacionadas con la frecuencia de sus operaciones.
“Posiblemente eso no ocurra ahora, pero este es un sistema muy débil. En 2006 y 2007 no hubo “black out”, en 2005 se registraron diez y en 2009 ya van dos; sin embargo, se han tomado las medidas para que no se repitan”, afirmó.
Tras el “black out” de la semana pasada, algunos consideraron que se trató de un sabotaje.
Marranzini, que asumió el cargo hace 26 días en sustitución de Radhamés Segura –quien recibió fuertes críticas por abultar la nómina de la entidad y nombrar familiares y allegados- aseguró que los apagones no se han incrementado como denuncian diversos sectores.
De acuerdo con sus declaraciones, se está ofreciendo entre un 80% y un 83% de la demanda.
“Indudablemente hay que entender que en estos meses de calor la demanda es mayor y la empresa tiene un problema financiero, no de generación, y como mucha gente no paga, no hay dinero suficiente para saldar las deudas con los generadores”.
El Gobierno le debe a los generadores US$590 millones, de los cuales US$400 millones corresponden a la deuda actual y US$190 a la capitalizada.
“El sistema tiene cierta estabilidad pero con graves problemas financieros, pero estamos haciendo esfuerzos sobrehumanos para aumentar los cobros en las distribuidoras de electricidad, y el Gobierno para entregar los subsidios”, expresó el funcionario.
Penalizar por el robo. Una de las metas de Marranzini es aumentar los cobros por lo menos de un 2% y 3% mensual, aunque resaltó que alcanzar eso es de por sí difícil “porque robarse la luz es un deporte nacional”.
En ese sentido, dijo que aplicar la ley que penaliza el robo de energía es lo que debe hacerse para evitar las pérdidas de las distribuidoras. “Cuando se aprese a diez personas por esa causa todos pagarán”.
La gran mentira
Marranzini consideró que la gran mentira que le han dicho a los dominicanos en los últimos 40 años es que el sistema siempre está mejorando. “No es cierto porque en los últimos siete años en el país apenas se han agregado 50 megavatios de la empresa AES-Andrés, por lo que seguimos dependiendo de unidades viejas”.
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28 Mayo 2009, 12:05 AM
El Gobierno compra a EdeEste por US$25 MM
Conflictos matizaron relaciones CDEEE y Edes
SANTO DOMINGO. Pese que el Gobierno no tiene recursos para pagar cerca de US$300 millones a los generadores de electricidad, esta semana compró por entre US$20 millones y US$25 millones la Distribuidora del Este (EdeEste).
Una fuente informó que las negociaciones para la compra de la distribuidora por parte del Estado las manejó el vicepresidente de la Corporación de Empresas Estatales (CDEEE), por lo que no ofreció mayores detalles.
El país cuenta con tres distribuidoras de electricidad. Las otras dos habían sido estatizadas en septiembre del año 2003 por el entonces presidente Hipólito Mejía.
En innumerables ocasiones se habló del interés del Gobierno de comprar las acciones de EdeEste y el vicepresidente de la CDEEE criticaba que la distribuidora EdeEste tuviera peor desempeño que las que estaban en manos del Estado.
En enero de este año, ante un conflicto con los ejecutivos de EdeEste, Blair Thomas y Kevin Corrigan, que mantienen una demanda en una corte internacional contra el Estado Dominicano y la CDEEE, Segura manifestó que esa distribuidora es la que más apagones da en la zona Este del país y tiene y un alto nivel de pérdidas, de 30% a 34%, "y cada día hay más apagones en su zona, en contraposición con las distribuidoras EdeSur y EdeNorte que son empresas que van caminando bien".
En los últimos años, los conflictos matizaron las relaciones entre la CDEEE y los ejecutivos de EdeEste.
Segura afirma que la deuda con los generadores no llegan a los US$300 millones, pero los dueños de las plantas afirman que la deuda con el sector superan los US$600 millones. Mientras los apagones superan las 12 horas en todo el país y se mantienen fuera las principales plantas.
El informe del Comité Coordinador del Sistema Eléctrico Interconectado señala que ayer en la tarde había una demanda de 2,122 megavatios y apenas se abastecía 1,238 megas, con un déficit en el país de unos 884 megas. Los apagones se sienten con más fuerza en el Cibao y la Capital. EdeEste dejó de abastecer 226 megas.
De José Javier
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SERVICIOS
Compra de EdeEste apunta al fracaso de privatización sector eléctrico
Las tres distribuidoras ya son propiedad del Estado Dominicano.
Por Servicio de Noticias
Diario DigitalRD.Com
SANTO DOMINGO, 28 DE MAYO 2009.- La adquisición de EdeEste por parte del Estado Dominicano cierra el ciclo de la llamada privatización del sector eléctrico iniciada hace varios años.
La negociación se produjo luego que al igual que EdeNorte y EdeSur hace unos seis años estuvieran prácticamente quebradas. En esa ocasión el gobierno del presidente Hipólito Mejia adquirió el 50 por ciento de las acciones que correspondían a la empresa española Union Fenosa.
El Estado adquirió la totalidad de las acciones de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEEste), luego de un proceso de demanda por US$680 millones que inició en el 2007 la compañía The Trust Company of the West (TCW) por una supuesta violación de contratos.
El Listin Diario, en nota escrita por el periodista Jairon Severino, establece que los informes del sector establecen que las reuniones entre representantes oficiales y la TCW, propietaria del 50% de las acciones, comenzaron el sábado pasado, continuaron el domingo y ayer miércoles se firmó el contrato mediante el cual el Gobierno decidió terminar con el conflicto a través de la compra total de las acciones. No hay datos precisos sobre el monto que envolvió la operación.
Durante el proceso el Estado ha pagado entre US$10 y US$12 millones a través de las asesorías legales que han hecho las firmas de abogados encargadas de defender la parte dominicana. Según los informes, las autoridades decidieron que era muy pesado mantener el proceso debido a la situación de crisis que padece el sector eléctrico.
El Listin Diario indica que lo que se sabe es que ahora comenzará un proceso de traspaso de la administración de EDE-Este al Estado, para cual será necesario realizar auditorías y otras investigaciones.
“El pleito va y de ninguna manera vamos a retroceder y llegaremos hasta dónde haya que llegar para hacer valer el interés nacional”, afirmó a mediados del 2007 el vicepresidente ejecutivo de la CDEE, Rhadamés Segura.
La presidenta de la Confederación Patronal Dominicana (Copardom), Marisol Vicens, había advertido sobre la posible compra por parte del Estado de todas las acciones de EDE-Este, lo que a su juicio representa un paso atrás en el proceso de capitalización iniciado en 1999.
Entre el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE y la administración de esa distribuidora habían surgido algunos problemas con relación a la entrega de recursos para su sostenimiento.
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1 Agosto 2004, 8:04 PM
La recompra de las Edes
POR VINICIO A. CASTILLO SEMÁN
Al finalizar el año 2003, el gobierno del ingeniero Hipólito Mejía anunció al país con bombos y platillos, y dentro de una resonante prédica nacionalista, la recompra a la empresa española Unión Fenosa, de la totalidad del capital accionario de las distribuidoras del sur y norte (Edenorte y Edesur), teniendo en términos mercadológicos el objetivo de vender la "proeza" de haber puesto fin al odioso "yugo eléctrico" que tanto repudio había logrado concentrar en los últimos cuatro años.
El fin de los apagones y de los cobros abusivos de los reconocidos como "nuevos colonizadores", daban la coartad perfecta para perpetrar uno de los hechos más lesivos y devastadores que se registren en la historia de la República. Comprometer al país a pagar durante largos años más de 600 millones de dólares, por empresas quebradas que no valían un centavo y que hoy dice el gerente general del Banco Central, no sólo que no debió pagarse nada por ellas, sino que en cambio era el Estado Dominicano el que debió de recibir de Unión Fenosa 200 millones de dólares.
El efecto inmediato producido por esta transacción, dirigida por dos de los hombres de más confianza del Presidente Mejía, en total sigilo, con importantes empresarios ligados a Unión Fenosa, fue la ruptura del primer acuerdo con el FMI, suscrito apenas un mes antes y con el cual se había podido estabilizar la prima del dólar en 28x1. La "proeza nacionalista" de los zares económico y de la construcción del gobierno, Andy Dahuajre y Hernani Salazar, disparó la prima del dólar al 54x1, teniendo un efecto sobre ésta mucho más devastador que la crisis bancaria del 2003, en cuyos inicios la prima del dólar rondaba los 20x1.
Cabría preguntarse la magnitud del efecto en los bolsillos de cada ciudadano dominicano que produjo esta "hazaña heroica", que duplicó de un mes para otro todo lo que se consume en la República Dominicana. Pero, contrario a otros temas predilectos, nadie habla de esta operación; y a pesar de que tuvo un efecto tan inmediato en el rompimiento con el FMI y que los expertos enviados por este organismo internacional a examinar esta transacción, no encontraron explicación alguna acerca de los móviles de ésta, la llamada Comunidad Internacional y los sectores más prominentes de la Sociedad Civil, no han clamado ninguna investigación seria al respecto.
Pero, más aún, ahora se sabe que este zarpazo contra la estabilidad económica del país, no sólo afectó a éste en el astronómico pago consentido, sino que la baja en la facturación de EDENORTE y EDESUR desde que el gobierno tomara las riendas de su administración, bajaron a un nivel tal que el incremento del subsidio al sector en los primeros seis meses de este año sobrepasó los 80 millones de dólares que, a la tasa actual, representan unos 4 mil millones de pesos adicionales, léase cerca de 700 millones de pesos anuales.
El país y el nuevo gobierno deben reclamar una profunda investigación de esta insólita e inaudita operación de recompra; el negocio eléctrico en la República Dominicano no podrá, en manos de nadie, funcionar con las primeras 180 cuentas de clientes de alto consumo, pignoradas y destinadas a pagar a Unión Fenosa cientos de millones de dólares, por casi una década.
Sin importar los cabildos en la Madre Patria y los amarres locales que se intenten hacer, nada ni nadie debe impedir que los detalles ocultos y los responsables de esta verdadera tragedia nacional, puedan salir a la luz pública, con su consiguiente castigo ejemplarizante.
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La compra de EdeEste
Bernardo Vega
miércoles, 3 de junio de 2009, 08:59 p.m.
En septiembre del 2003, durante la gestión de Hipólito Mejía, su gobierno compró a Edenorte y Edesur por US$57 millones, es decir por alrededor de US$28 millones cada una. Se dice que Unión Fenosa logró sobornar a funcionarios locales para lograr esa venta que le interesaba, pues no cobraba suficiente electricidad. La opinión pública, incluyendo el PLD, entonces en la oposición, criticó la estatización. Desde entonces las nóminas de esas dos distribuidoras han sido infladas extraordinariamente y sus estados financieros dejaron de ser auditados por empresas privadas, para así poder difundir la falsa información de que su administración por parte de compañeros del partido era más eficiente que la de EdeEste, empresa privada. Para poder politizar y abultar la nómina se sacó a los técnicos extranjeros, sugeridos por el Banco Mundial, que administraban las dos Edes.
El gobierno de Leonel Fernández, ante el aumento del precio internacional del petróleo, para defender al consumidor, congeló durante cinco años el precio de venta de la electricidad, aún cuando estuviese por debajo del costo de producción, prometiendo entregar la diferencia a través de subsidios pagados con recursos del presupuesto. Pero esos subsidios se atrasaron muchísimo, a pesar de los ingresos provenientes de Petrocaribe y hoy día suman unos US$900 millones y algunos hasta se pagaron recientemente con bonos soberanos.
Cuando el gobierno tomó la decisión de congelar el precio de venta de la electricidad y pagar la diferencia con subsidios y éstos dejaron de materializarse a tiempo, sus abogados aparentemente no se percataron de que esas decisiones violaban los términos de las concesiones, lo que permitía demandas por daños y perjuicios. AES vendió EdeEste en el 2007 a un fondo mutuo muy grande norteamericano, The Trust of the West, el cual, ante la imposibilidad de sobornar funcionarios dominicanos para que les comprasen el negocio, ya que es una empresa norteamericana y sus leyes se lo prohíben, optó por demandar a la CDEEE ante las cortes internacionales basándose, además, en las garantías que el gobierno dominicano otorgó a inversionistas norteamericanos bajo el DR-CAFTA.
Los abogados contratados por el gobierno dominicano, locales y extranjeros, dejaron pasar ciertos plazos y de pronto la CDEEE se dio cuenta que iba a perder el litigio y corría el riesgo de que esos tribunales extranjeros le impusieran una condena de más de US$600 millones. Es el pleito más grande en nuestra historia de una compañía extranjera contra el Estado dominicano y que éste tuvo que transarlo para no perderlo. La transacción fue ofrecer comprar a EdeEste, que era lo que buscaba el fondo mutuo, el cual no quería seguir siendo dueño de algo que por decisiones del gobierno dominicano ya no era viable económicamente. Lo contrario era verse condenado por las cortes. Se habla de pagar unos US$26 millones por EdeEste, más US$17 millones para los abogados, es decir unos US$43 millones, en comparación con los US$28 millones que pagó el gobierno de Mejía por cada distribuidora.
La solución real es entregar las tres distribuidoras a empresas con experiencia en el cobro de energía (chilenas, colombianas, por ejemplo) bajo acuerdos de administración con opción a compra.
Éstas reducirían las nóminas, aplicarían la ley de penalización del robo a grandes usuarios, algo que el gobierno no ha querido hacer por su costo político, al tiempo que el Estado se compromete a permitir fluctuaciones en el precio de la electricidad según fluctúe el petróleo, el carbón y el gas natural.
Esa política eliminaría los subsidios, lo que abriría las puertas a inversiones privadas en la distribución y en la generación, evitando apagones por falta de capacidad en el 2012, año electoral.
Si todo esto se hace, el Banco Mundial prestaría los recursos para poner al día los atrasos. Todo, por supuesto, sujeto a que el petróleo no siga subiendo.
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PUDO EVITARSE
Marranzini culpa Dahuajre y Escuder colapso de banco
- 10/1/2007 Listín Diario
SANTO DOMINGO.- El ex presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) Celso Marranizini acusó a los economistas Andy Dahuajre y Jaime Aristy Escuder de ser los responsables del colapso del Banco Intercontinental (Baninter), independientemente de las violaciones que pudo haber cometido el presidente de esa entidad financiera Ramón Báez Figueroa.
Marranzini dijo además que Dahuajre y Aristy Escuder son los culpables de la hecatombe económica que se produjo en el país en el gobierno de Hipólito MejÏa, que provocó que más de un millón y medio de dominicanos pasaran a la pobreza y a la indigencia.
El dirigente empresarial agregó que el daño que causaron ambos economistas al país es de tal magnitud que el expresidente Mejía debería abandonar cualquier lugar donde esos señores hagan su entrada.
Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D`AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11, Marranzini se quejó de que ahora tanto Dahuajre como Escuder, no sólo son los principales asesores del candidato presidencial Miguel Vargas Maldonado, sino que actúan como si fueran el presidente y el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Dijo que resulta lamentable que dos personas que deberían estar dando explicaciones a la justicia por los desafueros que causaron cuando fungieron como una especie de gobernador del Banco Central y secretario de Finanzas del gobierno de Hipólito Mejía, estén opinando sobre el tema de la corrupción.
“Andy y Jaime Aristy fueron los responsables del deslizamiento de la moneda, del paquetazo económico, de los Bonos Soberanos, de la recompra de las Edes a Unión Fenosa cuando estaban quebradas, del Acuerdo de Madrid, del colapso del Baninter y de la economía en sentido general”, insistió el ex presidente del Conep.
Aseguró que Baninter se pudo salvar, independientemente de las violaciones en que incurrió Báez Figueroa, si no hubiese sido por las presiones ejercidas por los citados economistas para que la entidad financiera fuera liquidada.
Recordó que Dahuajre se vivía vanagloriando de lo cómodo que era asesorar a Hipólito MejÏa porque el entonces mandatario ponía en ejecución todas las recomendaciones que ellos le hacían.
Marranzini fue enfático en afirmar que tanto Dahuajre como Aristy Escuder a la hora de aportar sus conocimientos nunca piensan en el país, sino en sus bolsillos.
Sun Land
El ex presidente del Conep dijo que nada tiene de pecaminoso el contrato que ha hecho el gobierno con contratistas para la ejecución de importantes obras en todo el país y que ellos hayan buscado financiamiento con la Sun Land.
Marranzini explicó que esa operación es similar a si los contratistas hubiesen buscado el financiamiento con la banca privada nacional.
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28 Septiembre 2004, 9:30 PM
Revisarán Acuerdo de Madrid y la recompra de las Edes
POR MARIO MENDEZ
El administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), ingeniero Radhamés Segura, informó ayer que la renegociación de los contratos que hará el gobierno en el sector eléctrico incluye el Acuerdo de Madrid y la recompra a Unión Fenosa, por parte del Estado, de las Distribuidoras Edenorte y Edesur.
"El Presidente (Leonel Fernández) también nos ha instruido para revisar completamente el Acuerdo con Unión Fenosa. Lo mismo que vamos a revisar el Acuerdo de Madrid y prácticamente todos los contratos".
"Vamos a revisarlos, auditarlos y renegociarlos", aseguró.
Al confirmar una información ofrecida ayer por la sección económica del periódico Hoy sobre la decisión del gobierno de renegociar esos contratos, Radhamés Segura dijo que serán revisados los contratos de compra de energía con las generadoras Haina e Itabo, así como los suscritos con Cogentrix y Smith and Enron.
Dijo el objetivo del gobierno es lograr que con esa revisión de los contratos se reduzcan los precios de generación y el déficit financiero del sector eléctrico.
El gobierno busca, con la revisión de esos contratos, que la reducción de los precios de la generación favorezca el trabajo de la distribución y disminuya el déficit financiero del sector.
Explicó que si se estuviera despachando toda la energía que se necesita, en un sistema bien operado, se estarían despachando 800 gigavatios, que permitirían obtener una disminución de 2 centavos de dólar por cada kilovatio hora despachado, con lo cual se lograría un ahorro de 16 millones de dólares al mes.
Explicó que si el sistema tiene un déficit corriente de 25 millones de dólares al mes, se reduciría de esta manera a 10 ó 12 millones de dólares.
"Por eso hay que insistir para conseguir esta rebaja", expresó.
Segura recordó que al momento de la capitalización había unos 800 megavatios generados por empresas privadas, para los cuales se firmaron contratos de compra y venta de energía a precios fijos.
Dijo que en aquella ocasión él planteó a la CREP que lo mejor era que se sólo firmaran los contratos de suscripción de acciones y de concesión, y que inmediatamente las generadoras y las distribuidoras asumieran su papel, haciéndose cargo de la administración de las empresas, entre sí negociaran la compra de energía en mejores condiciones.
Explicó que el criterio que hay es que en un principio esos contratos beneficiaron a las generadoras y les permitieron obtener rápidamente ganancias.
Señaló que ése fue el caso de Itabo, entregada por la CDEEE el 8 de septiembre del año 1999, y ya en diciembre de ese año estaba generando beneficios.
Dijo que si Itabo estaba dando beneficios tan pronto era porque la empresa no estaba en malas condiciones o los contratos le favorecían.
Planteó que como resultado de la aplicación de esos contratos las distribuidoras comenzaron a descapitalizarse, y recordó que Unión Fenosa llegó a denunciar que de 202 millones de dólares que habría traído en el país, usó 145 millones de dólares para comprar de energía debido el incremento en los precios de generación.
Afirmó que por esa situación la gente tiene la idea de que esos contratos pueden ser mejorados, bajando los precios a que se compra la energía a los generadores.
Consideró que uno de los pecados del gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, fue el de que aunque se señalaba que esos contratos tenían ese defecto, extendieron su vigencia a 15 años a través del Acuerdo de Madrid, a pesar de que según lo acordado originalmente, perimían en el presente año, porque eran contratos a cinco años.
Afirmó que por esa razón serán revisados los contratos con Haina e Itabo, para la compra de energía por parte de las compañías distribuidoras.
Comunicó que también revisarán los contratos que quedan con los generadores privados, principalmente Cogentrix y Smith and Enron, que en conjunto aportan 470 megavatios al sistema.
La idea de renegociación de contratos es bajar el precio de la electricidad e incluso modificar el período de vigencia de los mismos, para que las distribuidoras puedan comprar la energía a un precio más bajo, afirmó el ingeniero Segura.
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Corrupción y construcción de ciudadanía
28/Octubre/2006
Las amenazas de la democracia moderna son el autoritarismo y la corrupción, la forma de enfrentar el autoritarismo y la corrupción es desde el ciudadano, pero no me refiero a aquel que ha cumplido la mayoría de edad como lo establece nuestra constitución, si no mas bien de aquel que hace ejercicio de ciudadanía es decir aquel que esta conciente de cuales son sus derechos y lucha por ellos pero que también que cumple con sus deberes.
La democracia necesita ser construida cada día por los ciudadanos. Por ciudadanos que trabajan en las instituciones públicas, por los miembros de la sociedad civil, las universidades, las escuelas y colegios, las empresas, los empresarios y gremios, el sector privado, los centros de autoridad moral como la iglesia, los medios de comunicación.
Debemos hablar de ciudadanía en el marco del Estado Social de Derecho en el cual el papel del ciudadano es en relación con sus responsabilidades democráticas y este papel está enmarcado en el respeto y defensa del Estado Social de Derecho. No es posible hablar de democracia solamente porque acudimos cada dos años a ejercer el derecho al voto, no, la democracia es mucho mas que eso, es un ejercicio permanente que solo es posible con un ejercicio conciente de ciudadanía. Los derechos de los ciudadanos vienen acompañados de deberes. La democracia necesita ciudadanos responsables y concientes de sus derechos y de sus deberes y para eso es necesario que entendamos por qué y para qué hay reglas de juego y porqué son importantes, para de esta manera poder conocer y entender tales reglas y finalmente acatarlas o iniciar los procesos democráticos que cuestionen esas reglas del juego cuando las consideramos injustas o indebidas.
La corrupción ataca de manera directa la democracia, afecta la legitimidad, la transparencia y la confianza. La corrupción descompone a las instituciones públicas, al sector privado y a la ciudadanía y esto naturalmente golpea su legitimidad, hace perder la confianza en las políticas públicas, hace ineficiente la inversión de recursos y contribuye a mantener las desigualdades sociales cuando no a aumentarlas.
La corrupción no es un fenómeno que ataque solamente al sector público. Vemos que afecta a las instituciones públicas y privadas, a la sociedad civil y a todos los ciudadanos por igual, un peso que se pierde en manos de los corrupto es un peso meno que puede ir a a la educación, salud, no se justifican que por situaciones económicas precarias se toleres acciones corruptas. Quien comete un hecho de corrupción comete un crimen y eso debemos de tenerlo bien claro, Para que ese libro de de veinte años de impunidad de participación ciudadana sea solo cosa del pasado. La mejor forma de prevenir la corrupción es castigando a lo que la cometen, con esto se manda un mensaje a la ciudadanía, tendrán que pensarlo diez veces ante de incurrir en acciones corrupta. El ciudadano que comete un hecho de corrupción está conciente de las consecuencias de su actuación.
El ciudadano debe entender que la búsqueda del bien común permite que gane el ciudadano y gane la comunidad. Los ciudadanos tenemos el deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, obrar con el principio de solidaridad social, apoyar y respetar a las autoridades legítimamente constituidas, defender y difundir los Derechos Humanos, participar en la vida política, cívica y comunitaria, propender al logro y mantenimiento de la paz, colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia, proteger los recursos culturales y naturales y conservar el medio ambiente sano y contribuir al funcionamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad, si actuásemos de esa manera de seguro que tendremos un mejor país.
La lucha contra la corrupción para que sea efectiva requiere de un ejercicio de ciudadanías, que cada uno de ellos en el lugar que se desempeñe puedan producir cambios que permitan un combate efectivo contra la corrupción.
La falta de confianza en las instituciones encargadas de velar por el buen funcionamiento, esta relacionada con la falta de motivación que tiene la ciudadanía.
Los miembros de la comunidad que confían en el poder de la ciudadanía hacen seguimiento a la gestión pública y se atreven a señalar problemas y bondades de la administración, confiando en que la participación de la ciudadanía es importante y necesaria para construir la democracia. El control social debe hacerse teniendo la comprensión de las reglas del juego, por eso la formación ciudadana para esto es necesaria. Si la formación ciudadana es eficiente lograremos el fortalecimiento de nuestra institucionalidad, observando el debido proceso en el combate contra la impunidad.
La impunidad ha hecho que la ciudadanía pierda la confianza en nuestras instituciones. Tenemos que trabajar en la articulación de sistemas que permita hacer más eficiente el aparato represor del Estado. Necesitamos lograr una cultura de la legalidad, en el público pero debemos también fortalecer nuestra institucionalidad y ser eficientes en la represión de las actuaciones ilícitas e indebidas que atentan contra el patrimonio público. Es importante que todo funcionario público desarrolle sus accionar sobre la base de una gestión en valores, la clave esta en hacer un ejercicio digno en la administración pública, solo teniendo como norte el ejercicio de construcción de ciudadanía, para tener una real democracia.
Pablo Vicente
809-605-1005
hacer politica con valores
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