El Artículo 11 de la Constitución Haitiana: Es clara y precisa...

Los políticos  ante la Sentencia del Tribunal Constitucional 256-14

Por Manuel Núñez Asencio

En el Palacio de la Organización de los Estados Americanos, ante el organismo superior que contiene como un apéndice la Comisión Interamericana de los derechos humanos, de la cual, a su vez, depende la Corte Interamericana (CIDH), el ex Presidente Leonel Fernández dictó una cátedra magistral  “La OEA, la democracia y los derechos humanos”. Fue una conferencia muy bien documentada, cargada de hallazgos, rematada con un examen de la sentencia emitida por los jueces de la CIDH,  el 28 agosto del 2014.

En Washington  todas las agencias y las embajadas montaron guardia para examinar la posición del Presidente del Partido de Gobierno. En el cónclave se hallaban presentes varios de los abogados de las ONG que nos han combatido en todos los foros internacionales. Delegados de la Fundación Kennedy , del CEJIL, de la Universidad de Columbia y, desde luego, los miembros de los organismos que se hallan bajo la sombrilla de la OEA, el cuerpo diplomático acreditado en la capital de Estados Unidos, que respondieron a la convocatoria  de la misión dominicana ante el organismo,  encabezada por el embajador Pedro Vergés.

¿Cuáles eran las expectativas que se habían hecho de la posición del ex Presidente Fernández, los grupos que llevan a cabo una campaña de descrédito  contra la República Dominicana?

El cálculo que  hicieron algunos fue, que, en vista de que el Presiente Fernández reconoció la competencia de la Corte en 1999, tendríamos en su magistral conferencia una capitulación en toda regla. Fueron por la lana, y salieron trasquilados.

 Otros se habían figurado que el ex Presidente Fernández se dedicaría a combatir las disposiciones del Tribunal Constitucional que ha establecido que la República Dominicana se halla fuera de las competencias de esta Corte, porque la incorporación a ese organismo se hizo sin haber cumplido con las obligaciones del derecho interno. Se equivocaron; el ex Presidente no se volvió contra las instituciones.

Pero lo importante para el porvenir de nuestro país es deslindar las dimensiones del conflicto entre aquellos que se han apandillado en la servidumbre al intervencionismo internacional y los que han decidido apoyar la Constitución y las instituciones de nuestro derecho interno. Al país lo que debe importarle es ¿Quién defiende a la nación dominicana? ¿Quién defiende el proyecto de vida en común que hemos constituido los dominicanos?.

Hipólito Mejía Domínguez

Tras el llamado que hicieron los jueces de la CIDH, para que la República Dominicana cambiara su Constitución, el ex Presidente Hipólito Mejía  proclamó que el país debería respetar lo que disponga el tribunal extranjero (Listín Diario, 11/11/14). Otro tanto, hizo su compañero de batalla, Luis Abinader. A esa cruzada se sumó  la

Miguel Vargas Maldonado

organización Participación Ciudadana, el Partido Alianza por la Democracia de Max Puig y otros adeptos. Se ha producido, pues, un proceso de desnacionalización  del mando político, que se traduce en una actitud de indecisión para defender el país  y una deslealtad a la Constitución y las leyes. El compromiso con la destrucción han llevado a estas fuerzas confabuladas a organizarse, para pedirle a la Fundación Kennedy, a Amnistía Internacional, a la ACNUR y a la propia Corte Interamericana que se transformen en un

Luis Acosta Moreta

poder supranacional para que desmantele nuestra capacidad para el gobierno propio. Si eso no es una traición, ¿qué es, entonces, una traición?.

Afortunadamente, la otra porción del espectro político encabezada por el ingeniero Miguel Vargas, del PRD y el ingeniero

Quique Antun

Federico Antún Batlle,  presidente del PRSC, así como la Fuerza Nacional Progresista, la UDC de Luis Acosta Moreta y otros, han decidido apoyar la Constitución y mantenerse leales a la autodeterminación del pueblo dominicano. Ese es el contexto en el cual se producen estas declaraciones. Examinemos los argumentos contenidos en la conferencia del ex Presidente Fernández, que ni siquiera  han sido siquiera tomado en cuenta en las políticas oficiales.

Tres mentiras

1.   No es verdad que al quedar fuera de la competencia de la CIDH nos convirtamos en un Estado paria en el continente. De los 35 Estados de constituyen la OEA; 13 no han reconocido la competencia de esa Corte, es decir, el 30%.

2.     No es cierto que nuestro país tenga una Constitución que contravenga el derecho internacional, y que fomente, particularmente, la apatridia. De los 194 Estados que componen las Naciones Unidas, 164 países no se reconoce automáticamente la nacionalidad de los descendientes de extranjeros que nacen en sus territorios. En el caso de Haití sólo reconoce el jus sanguini. No formamos parte de la excepción, sino de la normativa que impera  en el derecho internacional.

3.    Tampoco es verdad que la aplicación de nuestra Constitución suponga discriminación o violación de los derechos humanos. ¿Por qué todos los países del continente tendrían derecho a aplicar cada uno su Constitución y sus leyes, y los dominicanos se hallarían privados de ese derecho?

4.     

Los dos Estados que comparten la isla de Santo Domingo, la República Dominicana y la República de Haití, mantienen el sistema de jus sanguini o la nacionalidad por el origen. No hay posibilidad de que un dominicano quede apátrida. Todo descendiente de dominicano tiene derecho a la nacionalidad por jus sanguini o por hallarse unido por vínculos familiares.  En el caso haitiano, las dudas quedan igualmente despejadas  el Artículo 11 de su Constitución: “Toda persona nacida de padre haitiano o madre haitiana, que son a su vez nacidos haitianos y nunca han renunciado a su nacionalidad posee la nacionalidad haitiana en el momento de su nacimiento”.

Los descendientes de haitianos tienen ya una primera nacionalidad, la de sus padres.  En ambos casos, no se puede privar a los hijos de la nacionalidad de sus padres. De donde resulta que no hay lugar para la apatridia.

Las extravagancias de la Corte

   En el caso dominicano, la CIDH  se apoderó de expedientes que no se habían ventilado en el país; suplantó los tribunales internos; incluyó en sus consideraciones circunstancias anteriores al momento de su supuesta competencia;  dio  un fallo que sobrepasa las proporciones del expediente. En el ´proceso de Benito Tide Méndez, tras la revelación de una suplantación de identidad por parte del haitiano Wilnet Jean, la CIDH ordena al Estado dominicano otorgarle sus papeles falsos como si fueran verdaderos y, además, indemnizarlo. Para rematar con otra  estocada  la CIDH le pide al Estado dominicano que cambie su Constitución, para adecuarlas a los propósitos de los inmigrantes ilegales.

    La Corte ha tomado las ínfulas de un poder supranacional, han desbordado los límites de su competencia: sometieron al Ecuador a 40 procesos; el hostigamiento judicial  fue de tal magnitud que el Presidente Correa decidió olvidarse de ese organismo, otro tanto ocurrió con Bolivia, Venezuela; destaca en ese cúmulo de temeridades,  la sentencia que  ordena que se paralice la construcción de una presa en Monte Belo en Brasil, y que  destinen esas tierras a una comunidad indígena. Todas esas ocurrencias vuelto irrelevantes los fallos de la Corte. Los Estados  no acatan sus sentencias; rechazan su competencia. Venezuela y los países del Alba fundaron el CELAC, otra asociación bolivariana de  los Estados, excluyendo a Estados Unidos y Canadá que, por lo demás, no tienen los quebraderos de cabeza de esta, porque  no le reconocen competencia en su derecho interno.

 Nos encontramos ante dos caminos.   Uno, que nos lleva a comprometernos con la autodeterminación del  pueblo dominicano; es la doctrina que subyace en esta conferencia; único modo de redimir la política del Gobierno, de sacar al país de la impotencia,  si  es que decide  defender a la nación. El otro camino  lo representan  las malas ideas,  que trata de imponerle a la República Dominicana una servidumbre internacional que anula su Constitución  y  suplanta las instituciones de su Estado. Esa verdad ha de imponerse por encima  de la politiquería, de las rencillas, de los odios, de las obsesiones que se han apoderado de esta sociedad y  de las diferencias políticas que enfrentan a los dominicanos. No es lo ideal; es lo queda de un país que se desmorona.

La soberanía nacional es indisociable de la libertad del pueblo dominicano. Sin soberanía  se fragmentaría la sociedad y perderíamos, definitivamente, el control de nuestro destino. No podríamos sobrevivir a los desafíos que nos plantea la globalización.  

Graham Greene escribió hace años una novela memorable  los comediantes para referirse al comportamiento de los haitianos.  Durante años el Estado haitiano ha privado a su población de la documentación que los convierte en ciudadanos de derecho. Se sabe que más del 40% de las poblaciones de ese país carece de documento de identidad. Sus organizaciones han decidido culpar a los dominicanos de ese crimen; traspasarle la responsabilidad al vecino; llevarlo ante el banquillo de los acusados de una Corte Internacional; exigirles a los jueces que nos condenen. Finalmente, convertir el otorgamiento de la nacionalidad a los haitianos que logren cruzar la frontera, en una obligación del Estado dominicano. A esta generación le toca sacar al país de esa trampa.