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La agenda secreta
Por
Manuel NÚÑEZ Asencio
Las
relaciones entre Haití y la República Dominicana pasan por
Desde hace meses,
nuestras autoridades no han hecho otra cosa que dar tumbos, y buscar soluciones
de último minuto para obtener una tregua de los haitianos. 1. Renunciaron a su
responsabilidad de defender la Constitución y las leyes de la República; 2.
Firmaron un tratado de tutelaje de la Sentencia TC168/13 con el Canciller
Pierre Richard Casimir que, a los pocos días, los haitianos incumplieron al
obtener la condena de los países del CARICOM.
Los haitianos se han propuesto como tarea fundamental de su Gobierno que
carece de miras y de rumbo aplastar la Sentencia del Tribunal Constitucional
TC168/13. No les interesa dialogar, sino vencer a los dominicanos. Arrebatarle
su soberanía, y exhibirla luego ante su pueblo hambriento de soluciones como el
vellocino de oro, el más grande trofeo.
1.
El
acuerdo de Caracas
Nuestro Gobierno ha
sido poco más que tolerante con todas las insolencias de los haitianos. Ser
tolerante no significa renunciar a los valores, a los principios, a las ideas y
a los intereses permanentes de nuestra nacionalidad. Ser tolerante no supone rechazar los atributos
de nuestra
Independencia, la unidad social y
cultural de la Republica; la defensa de nuestra identidad nacional. Ser
tolerante no quiere decir que no defendamos al país de las intromisiones
indebidas del interés extranjero.
 |
| Danilo Medina Sánchez y el haitiano Martelly |
En Caracas comenzó a
fraguarse la mayor demostración de decadencia política de estos tiempos. Por
tercera vez, en los 169 años de Independencia, el propio Gobierno dominicano ha
claudicado, al darle poderes al intervencionismo internacional
para que tutele la aplicación de la Sentencia 168/13. La primera claudicación
de nuestra historia se produjo en 1861, cuando
el General Santana, tras doce años de guerra con Haití y ante las
amenazas realizadas años antes por Soulouque de encabezar la madre de todas las
invasiones, le traspasó la soberanía a
España. La segunda rendición del Estado
se produjo cuando el general Ulises Heureaux, tras haber llevado al país a la
bancarrota en su alocada carrera de préstamos, hubo de ceder el control de las
aduanas, primero a la Westendort, compañía holandesa. Y, finalmente, a la
San Domingo Improvement, emporio estadounidense. Recuperar la soberanía de las
aduanas nos llevo más de medio siglo. Fue la tarea de una generación
extraordinaria de hombres que lograron, primero, la desocupación estadounidense en 1924, tras
ocho años de guerrillas y opresión extranjera. Luego, una vez recuperado el
control del Gobierno, se obtuvo el control de los ingresos económicos del
Estado en 1941 con el Tratado Trujillo Cordell Hull.
Con el acuerdo que se
acaba de anunciar en Caracas, nos convertiremos en un país completamente
intervenido; el Gobierno pondrá en manos de una Comisión de diez personas,
cinco dominicanos y cinco haitianos, flanqueado por el CARICOM, la Unión
Europea y Venezuela el porvenir de la
aplicación de la Sentencia; tendremos
que paralizar las tareas de los cuerpos de seguridad del Estado; quebrantar la
Constitución y las leyes para complacer a los interventores. (El acuerda viola
los artículos 3, 4,6 de la actual Constitución). Estoy convencido de que el
consenso y el diálogo no sirven absolutamente para nada, cuando se interpreta como destrucción de una
decisión democrática, fundada en la Constitución. La incapacidad del Gobierno para expresar con claridad sus
convicciones y para tomar decisiones podría
ser aprovechada por el
intervencionismo internacional para imponer las suyas. Las ideas que
producen malas decisiones están a la vista. Consisten en meter al país en la
trampa que le ha tendido el intervencionismo extranjero. Nadie va a defender
por nosotros el porvenir de la República Dominicana. Nadie va a padecer las
consecuencias sociales, políticas y
económicas de una mala decisión, inspiradas por personas influidas por los
grupos que combaten la Sentencia TC168/13 ni, desde luego, tampoco nadie va
asumir esa responsabilidad ni pagar el costo político que no sea el Partido de
Gobierno.
2. Las trampas del diálogo
El dialogo solo puede
ser posible dentro de los linderos del respeto al derecho ajeno. No se puede
invocar el dialogo sin que se conozcan los propósitos, para imponer agendas
ocultas, para anular la soberanía nacional, para debilitar las instituciones ni
para desmantelar la legalidad. El
Gobierno haitiano, desacreditado, sin rumbo y sin proyecto, encontró en la batalla contra la Sentencia
168/13 una maniobra extraordinaria para unificar a su pueblo y lograr desmantelar la frontera de la
Republica Dominicana.
El diálogo con los
haitianos se halla sembrado de mentiras.
Nos han acusado internacionalmente de desnacionalización de personas; de
fomentar la apatridia; de aplicar las leyes retroactivamente. De poco ha valido
que se explique a los haitianos lo que ellos saben ya de sobra.
Los hijos de madres y padres
haitianos nacidos en el territorio dominicano, sin importar el estatus migratorio
que tengan, nacen con la nacionalidad haitiana de origen, conforme al artículo
11 de la Constitución haitiana de 1987 y de las anteriores. Por lo que
proclamar que la Republica Dominicana
está desnacionalizando a personas que habían poseído antes la nacionalidad
dominicana es una mentira burda. En ningún caso, existe la posibilidad para los
descendientes de haitianos de ser apátrida, ni se está quebrantando el artículo
20 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Los haitianos tienen, nazcan
donde nazcan, una nacionalidad primaria, y aquí están batallando por obtener
una segunda nacionalidad.
Desde 1929, todas las
Constituciones dominicanas han mantenido
el principio invariable de jus solis
(derecho por nacimiento en el territorio), que es el mismo que se aplica desde
México hasta Chile en el continente, que los no residentes legales no se
benefician del jus solis. No hay
ninguna fórmula de retroactividad en los jueces que dictaron la Sentencia
TC168/13. La Constitución y las leyes
migratorias establecían con claridad antes y ahora cuáles extranjeros podían
beneficiarse de este mecanismo. Ni en la Republica Dominicana ni en la
Sudáfrica que ha vencido los horrores del racismo y del apartheid, los indocumentados haitianos se beneficiarían del
derecho por nacimiento.
La
visión de conjunto
Aprovechando el teatro
de las fiestas y las distracciones de la
Navidad, se ha movido toda la artillería pesada de los enemigos de la
Sentencia. Tras la resaca de las parrandas del Año Nuevo, nos despertaremos con
las realidades que nos han fabricado. Nos llevarán, con engaños y maniobras, a
una circunstancia de los hechos consumados, presentando todo el embeleco como
una exigencia internacional, ante la cual el Gobierno no ha podido hacer nada.
La actitud de cada uno de los responsables mayores compagina con ese propósito.
·
El Presidente Medina
sustituye la política de los principios firmes y los intereses permanentes de
la nación
por la ambigüedad calculada, por una nebulosa indecisión. Pero hay
tareas que se han vuelto inaplazables. Llega el momento en que tiene que elegir
entre el pueblo dominicano al cual le ha jurado lealtad como Presidente; o los
haitianos, que han encontrado en este
flanco débil, la ocasión de lograr un triunfo político.
 |
| Danilo Medina Sánchez |
·
Martelly, sin ideas, sin
soluciones para su país, se ha apoyado en los traidores dominicanos para
fundamentar sus puntos de vista, y
empujar la teoría de que una gran cantidad de haitianos con papeles
dominicanos, podría darle la hegemonía política a Puerto Príncipe en La
Española y anularía la independencia
política de la Republica Dominicana. Esta perspectiva ha sido revelada con
claridad por el ex embajador de Haití,
Guy Alexandre, quien declaró que la Sentencia quiere impedir que los haitianos
tomen el poder político en la República Dominicana (Nuevo Diario, 6/12/13)
Esta batalla la
enfrentamos con capitanes que no tienen convicciones ni responsabilidad ni
seriedad, con un vacio en la conciencia, con un liderazgo vacío de
patriotismo, con un vacio en valores y en
las convicciones que fundaron la nación
en 1844.
Se desconoce el
decreto 327-13 que pone en vigor un Plan de Regularización que anula la
Sentencia; burla la Ley de Migración; ignora quiénes redactaron las
modificaciones al borrador de ese plan; no se sabe cuáles compromisos ha
asumido el Gobierno a puerta cerrada, ni cuáles son los sacrificios que se
echarán sobre las espaldas de la nación.
Las cosas se desarrollan, a la chita callando, como una conspiración. Al parecer, se ha
puesto en marcha una agenda secreta. No
la conoce la Prensa, ni el Congreso Nacional,
ni el Partido de la Liberación Dominicana ni siquiera el otrora
poderosísimo Comité Político. No la
conoce, desde luego, el pueblo dominicano que ha delegado transitoriamente el
poder de la nación en los ejecutores de ese plan inconfesable. ¿Se creen tan
listos que piensan que pueden engañar a una nación entera de diez millones
de habitantes? El pueblo dominicano no merece esta falta de transparencia, ni,
desde luego, una puñalada trapera a su soberanía. No bastará con decir que la
nación fue sorprendida. Como decía, K. Marx “Ni a la nación ni a la mujer se les perdona la hora de descuido en que
cualquier aventurero ha podido abusar de ellas por la fuerza”.
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