Respuesta del
Embajador en el Reino Unido Federico Cuello,
a Santiago
Canton
Santiago
Canton, Director Ejecutivo del Centro Kennedy para la Justicia y los Derechos
Humanos en Washington, DC, apela a los epítetos y a la ciencia ficción en “La
máquina del tiempo dominicana” (El País, 15 de noviembre 2014) para
criticar la Corte Constitucional Dominicana así como la 57ma. “Cátedra de las
Américas”, pronunciada recientemente en la OEA por Leonel Fernández, Presidente
de mi país durante 1996-2000 y 2004-2012.
Nada dijo el
prestigioso profesor de Georgetown sobre el hecho incontrovertible de que
apenas 30 de los 194 miembros de la ONU aplican incondicionalmente el jus
soli para definir quiénes son sus nacionales. Entre los otros 164 países
están Costa Rica, Haití, República Dominicana y toda la Unión Europea.
Es por ello
que el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra mi
país ha sido abrumadoramente rechazado tanto por nuestra sociedad como por los
tres poderes del Estado. El que un organismo supranacional pretenda imponer
mediante sentencia la aplicación del jus soli incondicional sin que ello
se derive de ninguna obligación internacional en la materia—contradiciendo
además nuestra Constitución—permite entender la baja tasa de cumplimiento de
sus sentencias.
Nada dijo el
gran conocedor de la literatura de ciencia ficción estadounidense sobre el
hecho incontrovertible de que 15 de los 34 miembros de la OEA desconocen la
competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, entre los
cuales Canadá, los EE UU y la gran mayoría de miembros de CARICOM, incluyendo
San Vicente y las Grenadinas, país que, paradójicamente, ha lidereado las
críticas a la República Dominicana.
Quizá por
ello sean esos mismos 15 países los que mayores dificultades presentan en las
Américas a la migración.
La
legislación dominicana se aplica sin discriminación. Al ejecutar la Sentencia
168/13 de nuestra Corte Constitucional, el Presidente Danilo Medina demuestra
su compromiso con el imperio de la ley y la separación de poderes,
regularizando la situación de inmigrantes indocumentados y sus descendientes
provenientes de 119 países diferentes.
Al extender
los plazos de este proceso, el Presidente Medina ha dado más tiempo a las
autoridades haitianas para que expidan la documentación de la cual carecen
tantos millones de haitianos dentro y fuera de Haití. Con ello asegura el trato
humano que merecen ante la indefensión de la emigración sin documentación,
causante último de situaciones de apatridia que se nos quieren endilgar.
Será sólo
evaluando objetivamente nuestros actos y leyes a la luz de los hechos—y no
apelando a la ciencia ficción y a los epítetos—que el Centro Kennedy podrá
considerar algún día apartarse del coro de críticos interesados en que la
migración haitiana siga fluyendo exclusivamente hacia la República
Dominicana—el país del Caribe en donde encuentran educación, empleo y servicios
de salud sin que los acusemos de hacer “turismo de servicios sociales”.
Quizás
entonces encontrará el Centro Kennedy que será más relevante defender los
derechos civiles, humanos y políticos de los haitianos en su propio país, tan
necesitados como están de un sistema de partidos, de elecciones regulares, de
la separación de poderes y del imperio de la ley, prerrequisitos todos de ese
desarrollo humano sostenible y equitativo pendiente desde hace ya más de dos
siglos, sin el cual jamás se podrá detener ni mucho menos revertir la migración
ni en Haití ni en ningún otro país.
Muy
atentamente,
Federico
Alberto Cuello Camilo, PhD
Embajador de
la República Dominicana en Londres
La máquina del tiempo dominicana
El tribunal dominicano viajó al año
1930 y “le quitó” la nacionalidad a decenas de miles de “dominicanos”
Santiago A. Canton
 |
| El argentino Santiago A. Cantón |
En -El ruido de un trueno de Ray Bradbury-, Travis organiza safaris para
cazar dinosaurios usando una máquina del tiempo. El único requisito para viajar
era comprometerse con no modificar el pasado para no alterar el presente. A
juzgar por sus últimas decisiones, algunos miembros del Tribunal Constitucional
de República Dominicana, parecen ser más asiduos lectores de Ray Bradbury que
de las aburridas enciclopedias de derecho que seguramente acumulan polvo en sus
despachos.
En una decisión de ciencia ficción, el 23 de septiembre del 2013, el
tribunal dominicano viajó al año 1930 y le quitó la nacionalidad a decenas de
miles de dominicanos, modificando arbitrariamente los criterios para obtener la
nacionalidad que se aplicaban desde hace ocho décadas. Para lograr ese objetivo
el Tribunal ignoró los estándares dominicanos, una decisión de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, principios básicos del derecho
internacional de los derechos humanos y la práctica reiterada del propio
gobierno dominicano.
La Corte Interamericana, que felizmente no utiliza la máquina del tiempo,
se mantuvo firme en su posición y le reiteró al gobierno dominicano la
obligación de cumplir con sus decisiones. Ante la insistencia de la Corte
Interamericana para que se le reconozca la nacionalidad a miles de dominicanos,
al Tribunal Constitucional se le complicó su obsesión de ser el árbitro en la
determinación del ser dominicano. En efecto, el expresidente Leonel Fernández
aceptó en 1999 la competencia de la Corte Interamericana, obligando al Estado
dominicano a cumplir con todas sus decisiones. Pero no sólo aceptó la
jurisdicción de la Corte Interamericana, también depositó el instrumento de
ratificación en la Secretaría General de la OEA y realizó numerosos actos
jurídicos ratificando la voluntad de cumplir con las decisiones de la Corte
Interamericana.
Pero para el Tribunal dominicano y su máquina del tiempo no existen
obstáculos insuperables. Allí partieron nuevamente los Ilustres Jueces al año
1999, y con una segunda sentencia de ciencia ficción pretenden borrar de la
historia el instrumento de ratificación de la competencia de la Corte
Interamericana, la Secretaria General de la OEA, todos los actos realizados por
el Gobierno dominicano ante la Corte Interamericana, a la misma Corte
Interamericana y todos los casos contra República Dominicana.
Tal vez sea
suficiente decir que el 99.9%
de las
personas que perdieron la nacionalidad
“dominicana”
son de origen haitiano
Solo se salvó Leonel Fernández, quien casualmente acaba
de dar un discurso en la sede de la OEA en Washington, donde hizo gala de su
conocimiento sesgado de la historia latinoamericana, para criticar a la
Comisión y Corte Interamericanas, invocando un concepto autoritario de
soberanía para no tener que cumplir con sus decisiones. Lo que ignoraron Leonel
y varios gobiernos latinoamericanos, sin embargo, es que la enorme deuda
pendiente que tiene la región con los derechos humanos solo se va a resolver
con una ampliación en la protección de los derechos de las personas, no con más
garantías para los Estados. La enorme pobreza y discriminación que existe en
nuestra región es responsabilidad de los gobernantes, no de la Comisión y Corte
Interamericanas. Matando al cartero solo van a lograr aumentar las violaciones
a los derechos humanos.
Con esos dos viajes en el tiempo los Ilustres jueces
dominicanos pueden descansar tranquilos. Parece que su obsesión de quitarle la
nacionalidad a miles de dominicanos está cumplida. El lector se preguntará
porque tan desmedido afán del Tribunal. Tal vez sea suficiente decir que el
99.9% de las personas que perdieron la nacionalidad dominicana son de origen
haitiano. Prefiero no usar la palabra discriminación por temor a que los
ilustres jueces quieran borrarla del diccionario de la Real Academia para
evitar ser acusados de racistas y discriminadores.
No quiero aburrir con doctrinas de derecho, pero tal vez
los ilustres jueces faltaron a clase el día en que se enseñó la Doctrina de los
Actos Propios. Según este Principio General del Derecho, el Estado no puede ir
contra sus propios actos. Es decir que si un Estado realizó actos que crearon
consecuencias jurídicas, por ejemplo otorgando derechos a las personas, no
pueden caprichosamente de un día para el otro modificar todo y dar marcha
atrás.
Los ilustres jueces deberían saberlo ya que no se trata
de una doctrina muy reciente. El primer caso que se conoce proviene del jurista
romano Ulpiano. Tal vez un viaje al año 215 para tomar clases de derecho con el
mismo Ulpiano (y quedarse un tiempo prolongado), podría ser una salida elegante
para resolver el mamarracho jurídico creado por los Ilustres Jueces.
El viajero de Bradbury regresó al presente con una
mariposa muerta debajo de su bota y un mundo distinto.
Lamentablemente el tribunal dominicano regresó
pisoteando los derechos humanos de millones de dominicanos. Esperemos que los
líderes respondan con la madurez que requiere el momento y pongan fin a uno de
los casos más graves de discriminación sistemática e institucional que no sólo
desprestigia a República Dominicana, sino también a toda América Latina.
El reciente discurso de Leonel Fernández también va por
la senda equivocada. Le recomiendo que le pida prestada la máquina del tiempo a
los ilustres jueces y recupere sus sueños de una América Latina más justa y con
igualdad de oportunidades para todos, antes de que el abrazo con Joaquín
Balaguer modificara sus ideales.
Santiago A.
Cantón fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), durante once años, cargo que abandonó el pasado 30 de junio del 2012 para trabajar en el Centro
Robert F. Kennedy (RFK) para la Justicia y los Derechos Humanos de Washington.
Al argentino Santiago A. Cantón, el
Presidente Hugo Chávez lo definió como EXCREMENTO PURO, razonó el 26 de febrero
2010, que a este agente de la CIA que desde hace diez años viene trabajando con
la ultra-derecha latinoamericana para atacar a los gobiernos soberanos de
Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua.
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