En Juana Méndez se colocó la Soberanía Dominicana bajo el intervencionismo internacional

El gobierno entró en “Barrena”

Por Manuel NÚÑEZ Asencio

Lo peor que puede pasarle a un piloto en pleno vuelo es tener la sensación de que vuela alto, cuando, en realidad, está entrando en barrena. En esos momentos, el avión pierde fuerzas, va en caída libre, en autorrotación y con movimientos helicoidales. Si el piloto no es experimentado y no toma decisiones positivas y rápidas, si a la barrena la acompañan malos vientos,  si el piloto  no está consciente de las consecuencias de su movimiento acrobático, si carece de un  plan para recuperarse de la caída en picado y poner el avión en posición horizontal,  y si no hay un héroe cerca, su suerte no se la despinta nadie; se estrellará.

         En Juana Méndez  se colocó la soberanía dominicana bajo la picota del intervencionismo internacional. El Gobierno del Presidente Medina comenzó a entrar en barrena.  Una delegación de cinco comisionados haitianos, apoyados por los observadores de Venezuela,

el CARICOM, Unión Europea y Naciones Unidas propusieron al Gobierno el quebrantamiento de lo que dispone la Sentencia 168/13.  La convocatoria a esa reunión era a todas luces una emboscada. La primera ministra de Trinidad y Tobago, vocera del CARICOM, organismo que nos ha despedido con cajas destempladas, ha fijado posición contra las leyes dominicanas. El Presidente Maduro hizo declaraciones que habían tomado los mismos derroteros. El ACNUR, bajo la batuta de Álvaro Vargas Llosa, ha desempeñado un papel extremadamente hostil a la soberanía dominicana. Y no ha faltado, entre los representantes de  la Unión Europea, algún aliado cabildeado  por los haitianos. Definitivamente no tenemos los vientos a favor.

         Dos conclusiones provisionales pueden ser extraídas  prima facie.

·      Primero, el diálogo no servirá para nada. Porque los dominicanos no pueden discutir sobre el fin de la soberanía de la República ni el Gobierno puede desacatar ni neutralizar una decisión del poder judicial, sin al mismo tiempo vulnerar el artículo 4 de la Constitución que establece la separación de poderes.

Segundo, el Gobierno ha violado la Constitución al conceder la potestad a extranjeros para inmiscuirse en asuntos que constituyen dominio reservado del Estado. Tal como se comprueba en este artículo de la Constitución.

 Artículo 3.- Inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. La soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana.

El Gobierno ha favorecido la injerencia extranjera al sentarse a

la mesa de diálogo para cuestionar  la Constitución y las leyes de la República. La modificación de las disposiciones de la Constitución no puede ser transferida a instrumentos internacionales o poderes extranacionales, sin lesionar definitivamente la capacidad de autodeterminación del pueblo dominicano. Ni los comisionados dominicanos, ni mucho menos los extranjeros, pueden están facultados para pronunciarse sobre las atribuciones constitucionales que corresponden a la Asamblea Nacional o al pueblo dominicano, cuando se halla posesionado del mecanismo del referendo.

           Por otra parte, el Gobierno al someter a discusión disposiciones de la máxima autoridad en materia constitucional, está infringiendo la independencia de los poderes, tal como queda dicho el artículo 4 de la Constitución:

Artículo 4.- Gobierno de la Nación y separación de poderes. El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y  representativo. Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes.

El Presidente y los representantes del Poder Ejecutivo debe ser cumplir fielmente el mandato constitucional, que es el fundamento legal del Estado, en cuyo nombre gobierna. Al omitir las obligaciones constitucionales el Presidente contraviene el principio de supremacía constitucional en todos los actos del Estado, establecido por la misma Constitución.

Artículo 6.- Supremacía de la Constitución. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.

Ninguna disposición tomada por el Estado, que contravenga la

Constitución, podrá considerarse como válida. En consecuencia, cualquier dispositivo extraído de las presiones extra nacionales, por más necesario que parezca a sus promotores,  no podrá ser refrendado por los organismos que han de convertirse en centinelas de las amenazas a las instituciones del Estado, a la seguridad jurídica y a la seguridad interna del Estado. Al saber, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Congreso Nacional.

Al asociarse a poderes extranjeros, para estudiar menudamente las fórmulas que podrían hacer naufragar los dispositivos de la Sentencia TC168/13, al colocar la capacidad de autodeterminación del pueblo dominicano como sucedáneo de las conversaciones que mantenga con otros Estados, el Presidente y los comisionados han quebrantado el artículo 76 del Código Penal.

Art. 76.- Toda persona que, desde el territorio de la República, se ponga o trate de ponerse de acuerdo con Estados extranjeros o con sus agentes, o con cualesquiera institución o simples personas extranjeras, para tratar de que se emprenda alguna guerra contra la República o contra el Gobierno que la represente, o que se les hostilice en alguna forma, o que, contra las disposiciones del Gobierno, se intervenga de cualquier modo en la vida del Estado o en la de cualquiera institución del mismo, o que se preste ayuda para dichos fines, será castigada con la pena de treinta años de trabajos públicos. La sanción susodicha alcanza a todo dominicano que desarrolle las actuaciones mencionadas aunque ello se realice desde territorio extranjero.

La Constitución de la República le exige al Presidente y a cada dominicano en particular lealtad a la Independencia y a la Constitución y a la continuidad histórica del Estado. En el pasado, los dominicanos han dado muestras clamorosas de estar apegados al patriotismo constitucional. Tras el Golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963 contra el Gobierno presidido por Juan Bosch, los dominicanos, conscientes de la vulneración de sus derechos y de haber padecido una injusticia, rechazaron ese resultado histórico. El

21 de noviembre de 1963 se levanta en Las Manaclas el líder del Movimiento 14 de junio, Manolo Tavárez Justo, para restablecer la legalidad. El 24 de abril de 1965 el Gobierno ilegal del Triunvirato quedó suprimido por un levantamiento militar y se produjo una guerra civil con vistas a restablecer la Constitución y al gobierno depuesto sin que medien elecciones.

De algo debería servirnos la experiencia histórica, cuando menos para prever las consecuencias de ciertas aventuras constitucionales y para iluminar el presente. Buscando las paces, con un Gobierno haitiano completamente desquiciado, que ha encontrado la puerta milagrosa para desaguar toda su crisis en el territorio dominicano, el Gobierno se las ha ingeniado para contravenir la Constitución sin decir oxte ni moxte , sin revelarnos sus intenciones y sin  que la que prensa  informe  las menudencias de decisiones que tendrán hondas repercusiones en la vida del país, como si fuese una conspiración , llevada con la mordaza de los periodistas, a cencerros tapados.

 No es otra la conclusión de los dos movimientos que han  llevado los comisionados  a la mesa de negociaciones con los  haitianos y sus socios en la faena.

1.                      El decreto 327-13 que tendrá consecuencias, probablemente, irreversibles para la suerte de la República, que, en la práctica,  anula  los dispositivos de la Sentencia  TC168/13. Los haitianos que tienen una visión maximalista de las negociaciones  y que le han hecho creer al mundo que el problema principal  que provoca las calamidades de Haití se halla en la República Dominicana, hicieron a los comisionados nuevas exigencias, no reveladas con claridad y que  implican un desmantelamiento de la Ley de Migración del 2004. Han introducido de tapadillo un proyecto que le ha hecho frotar las manos al  Canciller Casimir y Ministro Lamothe . Dice la declaración conjunta versión francesa, que la parte dominicana “ha anunciado la adopción en las próximas semanas de una ley adicional que hará frente a los casos no incluidos en el plan de regularización”.

 De donde  proyecto se desprenden dos conclusiones.

1.   En las conversaciones de Juana Méndez los haitianos desbordaron el marco de la Sentencia TC168/13, para meter de contrabando un elemento nuevo: incluir  todos los haitianos que hayan franqueado las fronteras dominicanas.

2.    Al proponer un nuevo proyecto  al Congreso Nacional, que versará sobre la  naturalización  al vapor, cuyos resultados anularán nuestra

independencia de Haití, los comisionados se han transformado en instrumento de la voluntad del poder extranjero en la República Dominicana. ¿Cómo han podido ocurrir  todas  esas cosas sin que la Prensa, los periodistas, los intelectuales, los dirigentes políticos, informaran al país? Ahora nos preguntamos: ¿habrá vistas públicas en el Congreso Nacional  de ese proyecto de  Ley?, ¿tendremos derecho los dominicanos a conocer qué se piensa hacer para complacer a los haitianos? ¿Será un golpe de Estado contra los dispositivos de la sentencia?  Los dominicanos padecemos el síndrome del bovarysmo.  Al igual que Charles Bovary,  prototipo del marido engañado y desinformado creado por Gustave Flaubert,  que sólo supo de las maquinaciones que se tejían en contra suya,  cuando los acreedores de las deudas que le había dejado su mujer inmunda  ejecutaron las hipotecas de su casa,  y la incautación de todas sus cuentas y de todos sus bienes, quedando  desarrapado y solo  como un astronauta en la noche espacial.

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 No hay precedentes en los 160 años de independencia de que un Gobierno democrático, elegido por el pueblo,   se convierta en instrumentos de fuerzas extranjeras. ¡No hay explicación!  Como no la hay cuando el capitán y los jugadores de un equipo se vuelven peones del equipo rival. O, cuando las personas que hemos elegido para que nos representen y nos defiendan ante los demás Estados del mundo, ya no nos representan ni tampoco  nos defienden.

Que conste lo que les estamos haciendo estas advertencias al Gobierno, les estamos rindiendo un mejor servicio, que aquellos que, con intrigas y chantajes, lo impulsan a que quebrante la Constitución y las leyes de la República.

El Presidente debe salir al ruedo y marcar el rumbo. Está obligado a ser el primero de los dominicanos. No puede dar la impresión de ser un rey holgazán, ni vaciar la presidencia de su contenido profundo, que es colocar, por encima de todas las cosas, a la República Dominicana.



http://www.listindiario.com/la-republica/2013/9/20/292978/Danilo-Caso-de-haitianos-no-es-de-mi-competencia

http://www.almomento.net/articulo/145785/DM-Caso-haitianos-no-compete-al-PE

http://noticialibre.com/2013/09/20/presidente-medina-dice-a-onu-no-tiene-jurisdiccion-en-caso-dominicanos-de-ascendencia-haitiana/

http://www.listindiario.com/la-republica/2013/10/7/294876/Padre-Serrano-dice-Medina-se-compromete-consultar-otros-poderes-Estado

http://www.listindiario.com/la-republica/2013/9/21/293049/Califican-correcta-la-posicion-del-Presidente-frente-a-comision-ONU