Carlos Puntier: Caso de Traición a la Patria
El Señor Carlos Puntier, ha hecho uso legítimo de
sus
derechos como ciudadano, a que le faculta el Articulo 22, Ordinal 5),
de
nuestra Constitución, el cual señala: Es
derecho de los ciudadanos:
Denunciar las
faltas cometidas por los funcionarios
públicos en el desempeño de su cargo.”
Por Manuel Berges hijo
¡Solo siendo dominicano, se siente lo que yo siento!
La prensa escrita, las redes sociales, la TV, comentaristas,
etc., nos traen la absurda noticia de que el Magistrado Alejandro Vargas,
impuso al Señor Carlos Puntier un impedimento de salida del país, presentación
periódica y el pago de una garantía
económica de RD$50,000.00, para dejarle en libertad condicional, por
este llamar “traidor” al Señor Presidente, por el tema de la inmigración
haitiana en Republica Dominicana.
Veamos si el Señor Carlos Puntier ha violado algún
articulado de nuestro Código Penal, para merecer esas medidas de coerción y que
posteriormente sea condenado, quizás a 30 años de prisión.
Nuestra Carta Magna en sus Artículos 3, que habla
sobre la Inviolabilidad de la soberanía y principio de no Intervención, el cual
señala….”Ninguno de los poderes
públicos organizados por la presente
Constitución puede realizar o permitir
la realización de actos que constituyan una intervención directa o
indirecta en los asuntos internos o externos de la Republica Dominicana o una
injerencia que atente contra la personalidad o integridad del Estado y de los
atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución….”
El Señor Presidente y sus demás colaboradores,
realizan y permiten actos que constituyen intervención directa o indirecta en
los asuntos internos o externos que
atentan contra la personalidad y/o integridad del Estado, como lo es el mal
manejo del tema haitiano.
Así vemos, la promoción que hace el Estado en
Haití para que los haitianos vengan no como turistas, sino a residir aquí, para
lo cual permiten una frontera abierta con 81 pasos libres, donde según el
Embajador de Haití en la OEA, ellos entran y salen como en su propia casa, sin
restricciones de ninguna clase. Tambien vemos como se entregan
nacionalizaciones y residencias a haitianos, con solo decir que aquí nacieron, sin
ser cierto, y el Gobierno se gasta $2,000 millones de pesos en tales
identificaciones. Tambien vemos como se permite un tráfico de parturientas en
los hospitales oficiales y los de la Seguridad Social, donde las propias
autoridades admiten que los haitianos
consumen en salud, el 30% del Presupuesto Nacional.
El Señor Carlos Puntier, ha hecho uso legítimo de
sus derechos como ciudadano, a que le faculta el Articulo 22, Ordinal 5), de
nuestra Constitución, el cual señala: Es
derecho de los ciudadanos: Denunciar las
faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo.”
Este Articulo, parece que el Gobierno desea que
sea inaplicable, no le gusta, pues denunciar que el tema haitiano ha sido
mal manejado como Poder Ejecutivo por el Señor Presidente, no es ni pecado, ni
violación alguna al Código Penal, ni ofensa al Señor Presidente, ni a ninguna
ley especial.
Si el Gobierno encabezado por el Señor
Presidente ejerciese los derechos de
soberanía, cerrando los 81 pasos libres
de frontera, o ponga un Muro de soberanía, y ordene a los militares no
dejar cruzar a ningún haitiano sin
documentos legales, y que veamos que los haitianos no circulan en masa por
nuestras ciudades,, ni quitan los empleos a los dominicanos, ni se burlan de
los símbolos patrios, ni se obran en las calles, como ningún dominicano lo
hace, y que el país está libre de ellos, muy difícil seria que el Señor Puntier
ni nadie, alegue o mencione, que dicho
mandatario es traidor a la Patria.
Quien debe mostrar, de buena fe, como líder transparente de su Gobierno que tiene seis años gobernando, lo es
el propio mandatario con verdaderas
acciones patrióticas, de actos de soberanía, de defensa del territorio, no de entrega, para que el pueblo lo palpe y sepa que tenemos un Presidente que
defiende la soberanía. No todo lo contrario. Es más que evidente, que el mandatario ha manejado mal, muy mal el
tema haitiano y denunciarlo
públicamente, es un derecho que asiste a todo ciudadano.
Abundando,
ha permitido que la Union Europea done dinero y lo entregue, para que
las autoridades otorguen la nacionalidad dominicana a haitianos que dicen haber
nacido aquí, sin cumplirse ninguno de
los requisitos exigidos por la ley de Migración, su Reglamento, ni la
Constitución.
Para que se constate la entrega de la Nación a Haití y los poderosos
del Planeta Tierra, vemos que el
vicepresidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), el Congresista Keith
Ellison de Minnesota, junto con otros 15 colegas, enviaron una carta al
Secretario de Estado Rex Tillerson, el pasado 28 de julio de 2017, urgiendo al
Departamento de Estado a que resista los
intentos continuados por la República Dominicana para rechazar la ciudadanía a
personas de ascendencia haitiana.
La carta, esencialmente acusa al gobierno
dominicano de no cumplir con sus promesas para con el pueblo y la comunidad
internacional de reconocer la ciudadanía dominicana a aquellos clasificados en
el Grupo A del Plan Nacional de Regularización del 2014 (169-14)”.
Tan pronto se advierte que el Gobierno Dominicano
es acusado de no cumplir con sus promesas para con el pueblo y la comunidad
internacional de reconocer la ciudadanía dominicana a aquellos clasificados en
el Grupo A del Plan Nacional de Regularización del 2014, es obvio que
estamos en presencia de un crimen contra la Patria, en razón de que está
claro, que alguna autoridad
gubernamental, y hay que descubrir cual fue con su nombre y apellido, prometió
a los poderosos de gobiernos extranjeros que nuestro Gobierno reconocería la ciudadanía dominicana a los supuestos
clasificados en el Grupo A del Plan Nacional de Regularización del 2014,
pues si esa promesa no hubiese sido hecha, los 16 legisladores norteamericanos
no hubieran venido a nuestro amado país como Pretores romanos, a llamarnos la
atención y peor aún, es que nuestras autoridades abandonando todo asomo de
dignidad patriótica, les recibe como
dignatarios y se toman sonreídas y
alegres fotos, para ocultar que están entregados a esos poderosos, con tal de mantenerse en el poder.
Cuando no tenemos o se nos veda, el derecho de
expresarnos libremente estamos en presencia de una dictadura. ¿Perseguirá
penalmente el Ministerio Publico a todo
aquel, que ose denunciar lo que esta
mal?
El Código Penal en su Artículo No. 76, el cual
señala:
“Art. 76.-
Toda persona que,
desde el territorio
de la República,
se ponga o
trate de ponerse
de acuerdo con
Estados extranjeros o
con sus agentes,
o con cualesquiera
institución o simples personas extranjeras, para tratar de que se
emprenda alguna guerra contra la República
o contra el
Gobierno que la
represente, o que
se les hostilice
en alguna forma,
o que, contra
las disposiciones del
Gobierno, se intervenga
de cualquier modo
en la vida
del Estado o
en la de cualquiera institución
del mismo, o que se
preste ayuda para dichos fines,
será castigada con la pena de treinta años de trabajos públicos. La
sanción susodicha alcanza
a todo dominicano
que desarrolle las
actuaciones mencionadas aunque
ello se realice desde territorio extranjero”.
Ya vimos cómo estamos perdiendo soberanía en las
componendas o arreglos con poderes extranjeros y locales, sin que el Poder Ejecutivo
ni el resto de sus funcionarios colaboradores, realicen actos de verdadero
patriotismo y de defensa de nuestra soberanía, como ordena la Constitución.
Al analizar los elementos constitutivos de este
crimen de traición a la Patria, que se castiga con 30 años de cárcel, vemos: a)
Ponerse de acuerdo la autoridad o el actor, con
Estados extranjeros o con sus
agentes, o con
cualesquiera institución o
simples personas extranjeras;
b) Que la
autoridad o el actor, intervenga de
cualquier modo en
la vida del
Estado o en
la de cualquiera
institución del mismo,
o que se
preste ayuda con fines de
tratar de que se emprenda alguna situación grave contra la
República o contra
el Gobierno que
la represente, o
que se les
hostilice en alguna
forma, o que,
contra las disposiciones
del Gobierno.
Es evidente que alguna autoridad nuestra, prometió a los poderosos que se otorgaría la
nacionalidad dominicana a los haitianos que dicen haber nacido en nuestro amado
país, lo cual representa un grave
atentado a nuestra soberanía.
Esta promesa por sí sola, sin mayores ingredientes, es una traición a la Patria de Duarte,
Sánchez y Mella y se acrecienta su volumen de gravedad cuando quien hace la
aleve promesa, es una autoridad
legítima.
En segundo lugar, el hecho voluntario de acordar o
en componenda consentir con países poderosos rendir a ciudadanos ilícitamente
residiendo en el país, nuestra sagrada nacionalidad dominicana, es el otro
elemento constitutivo de este horrendo crimen,
de traición a la patria.
Lo penoso es, que aquí lo digo y lo demuestro y
nadie osara hacer nada para que ese crimen se persiga y todo continuara igual y
veremos estupefactos un millón de haitianos nacionalizados a la fuerza como dominicanos, porque uno o
varios malos dominicanos se rindieron sin gallardía ni dignidad patriótica, a los poderosos del Planeta Tierra, sin darse cuenta de que esos “nuevos dominicanos” nunca jurarían
defender nuestra Patria, aunque verbalmente lo digan al Ministro de Interior el
dia de su juramentación como tales, si se llega a ese punto, pues hasta creo
que les entregaran el Carnet o una Cedula, y asunto concluido.
Las autoridades están tan seguros de su poder de
dirección que nadie osara presentar querella alguna contra tan elevado
mandatario, y el único reducto que queda es denunciar públicamente todo cuanto
ocurre, pero si tuviéramos el poder de los jueces como en otras latitudes, otro
seria el panorama.
Apresan y fijan medidas de coerción al denunciante
ciudadano Carlos Puntier, de la misma
manera que apresan por cinco meses, y fijan medidas de coerción a un ciudadano
que en defensa propia y de su familia, se vio obligado a terminar la vida del
delincuente quien los asalto en su propio hogar.
Aquí les transcribo, otros Artículos del Código
Penal relativos a este tema de traición a la Patria, para que los lectores
deduzcan quien viola o no, los mismos, y
se vea quien es el que debe recibir las medidas de coerción.
“Art. 77.- Se castigará igualmente con la pena de
treinta años de trabajos públicos a todo aquel que se hubiere puesto de acuerdo
con los enemigos del Estado, o que por
medio de tramas y concierto con ellos,
procure los medios de facilitarles la entrada en territorio de la República y
sus dependencias, o la entrega de ciudades, fortalezas, plazas, puestos,
puertos, almacenes, arsenales, navíos o buques pertenecientes a la República.
Igual pena se impondrá a los que suministren a los enemigos auxilio de hombres,
soldados, víveres, armas o pertrechos de boca y de fuego, o que favorezcan los
progresos de sus armas en las posesiones de la República, o contra las fuerzas
dominicanas de tierra y mar, o que emplearen la sonsaca, o intentaren corromper
a los oficiales, soldados, marinos u otros agregados al ejército, haciéndolos
faltar a la fidelidad debida al Gobierno o a la Nación, o que de cualquiera
otra manera atenten contra la independencia nacional.
“Art. 78.-
Sin embargo, si el resultado de la correspondencia con súbditos de una potencia
enemiga, fuere suministrar a los enemigos instrucciones perjudiciales a la
situación militar o política de la República o de sus aliados, aunque esa
correspondencia no hubiere tenido por objeto ninguno de los crímenes enunciados
en el artículo anterior, aquellos que la hubieren sostenido, serán castigados
con la detención; sin perjuicio de penas más graves, en el caso de que esas
instrucciones hubieren sido la consecuencia de un concierto de medidas
constitutivas del crimen de espionaje.
Art. 79.- Las penas pronunciadas por los Artículos
76 y 77 se impondrán a los que dirijan sus maquinaciones, tramas o maniobras en
perjuicio de la República, o de los aliados que, de acuerdo con ella, obren
contra el enemigo común.
“Art. 80.- Las penas expresadas en el artículo 76
se impondrán a todo funcionario público, agente del Gobierno o cualquiera otra
persona que, encargada o instruida, en razón de su destino, del secreto de una negociación o expedición, lo hubiere
comunicado a los agentes de alguna
Potencia extranjera, o a los del enemigo”.
La visita del pasado año 2017 de los Señores
Congresistas de EUA, no fue ninguna visita de cortesía, ellos vinieron a poner
presión ante una promesa que se les hizo de que sería reconocida la
nacionalidad dominicana a todo aquel haitiano que expresara que aquí nació, lo
cual significa una violación grosera a la carta de los legisladores también señala: “el
gobierno dominicano le aseguró a su pueblo y a la comunidad internacional que
los individuos que cayeran en la categoría del grupo A eran ciudadanos y que se
pondría en marcha un proceso para que estos individuos reciban los formularios
correctos de ciudadanía cuando la ley fuera aprobada.”
Es penoso decirlo, pero nuestras autoridades,
demuestran la entrega de nuestra
soberanía a esos poderosos, cuando quedan en evidencia por la entregada carta
de estos 16 legisladores norteamericanos quienes acusan al Gobierno
Dominicano de no cumplir con sus promesas para con el pueblo y la comunidad
internacional de reconocer la ciudadanía dominicana a aquellos clasificados en
el Grupo A del Plan Nacional de Regularización del 2014 (169-14), que son los
haitianos ilegales que dicen que aquí nacieron.
La comunidad Tricolor, nacionalista y defensora de
la soberanía, espera que el tribunal penal de fondo, que conozca el caso del Señor Carlos Puntier,
advierta que dicho ciudadano en su
denuncia, hizo uso valientemente del
derecho constitucional consagrado en el Articulo 22 ordinal 5) y por tanto no puede ser castigado.
La República Dominicana, que es un estado soberano
junto a otros 150 países del mundo incluyendo Haití, garantiza ciudadanía basado en el principio
universal de Jus Sanguinis (ley de la sangre) diferente a los Estados Unidos,
los cuales adjudican la ciudadanía basados primordialmente en el lugar de
nacimiento (Jus Solis).
Hoy, esta diferencia legal, voluntaria y complacientemente acomodada, a los intereses de los poderosos, les ha permitido previas canonjías y
privilegios, ganar adeptos nacionales e
internacionales, en el sentido de designar como apátridas a estos haitianos
ilegales, cuando el Articulo 11 de su Constitución haitiana, señala que son
haitianos todo hijo de haitiano donde quiera que nazca, lo que demuestra que no
son apátridas.
¡Autoridades nacionales y poderosos
internacionales, comprendan que no hay
solución dominicana al problema haitiano!
¡Dominicano, hoy, se necesita sangre tipo Duarte!
22 de marzo del 2018.
No hay comentarios:
Publicar un comentario