Los Dominicanos no tenemos derecho ni siquiera al aire que respiramos...

Los cuatro jinetes del Apocalipsis

Por Manuel NÚÑEZ Asencio

A raíz de la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 2004, que establece  que  a los descendientes de extranjeros en tránsito, y desde luego, a los que transcurridos los diez, entran en la ilegalidad plena, no le corresponde la nacionalidad dominicana.   Para dar solución a estos problemas se  estableció el libro de extranjería para inscribir a los millares de descendientes de parturientas que penetran a los hospitales dominicanos. Todas esas informaciones les son remitidas a las autoridades haitianas para incluirlas en su Registro Civil.

No habiendo concluido esas operaciones, las ONG pro haitianas llevaron el caso de Julienne Deguis Pierre ante el Tribunal Constitucional para anular los resultados de la Sentencia de la Suprema. El propósito era meter a todos los descendientes de extranjeros no residentes como  beneficiarios de la nacionalidad por nacimiento.

De todas esas maniobras, nació la Sentencia 168/13. Su propósito  era establecer  que los descendientes de extranjeros no residentes en el país, tal como que ocurre en todos los países del continente desde México hasta Chile,  no le correspondía  la nacionalidad por nacimiento.

Tan pronto  fue dada  al conocimiento la Sentencia 168/13,  un

Gustavo Adolfo Montalvo Franco

conciliábulo de enemigos internos y externos desplegó sus fuerzas combinadas en el seno del Gobierno. Contrataron abogados. Grupos vinculados al Centro Bonó, Participación Ciudadana, al CEJIL, GARR y otras  ONG descargaron salvas de insultos zafios contra los magistrados que votaron a favor. Iniciaron una campaña de descrédito. Los cabecillas de ese movimiento comenzaron un cabildeo sin tregua  entre los líderes políticos de los cuatro grandes partidos.

Todo el maquiavelismo, toda la temeridad y toda la determinación de que han sido capaces, se han puesto de manifiesto  en las operaciones que han llevado a cabo.

      En la primera ofensiva se propusieron desmoralizar a las autoridades al Ejército, al CESFRONT, a la Dirección de Migración (DGM): a) Parar las deportaciones durante el tiempo de aplicación del plan (Decreto 327/13, art. 37);  b)  inscribir sin documentación a los extranjeros ilegales (art. 12); c) regularizar a  núcleos familiares completos , aplicar el principio de la reunificación familiar para trabajadores temporeros (art.26);  d) regularizar prioritariamente a enfermos y vulnerables (art.30); d) que los regularizados puedan, a su vez, traer a sus enfermos (art.32); f) Los ilegales pueden incoar un recurso legal, en caso de que las autoridades consideren que sus expedientes no califican para radicarse en el país (art.35). A partir de entonces todas políticas  de la Dirección General de Migración serían elaboradas por el Instituto de Migración,  Florinda Genoveva

Florinda Genoveva Rojas Rodríguez

Rojas Rodríguez, ligada al Centro Bono y otras ONG que han combatido las deportaciones de indocumentados. El decreto 327/13 del Reglamento a la Ley de Migración fue el  primer ataque salido de sus consultorías jurídicas paralelas. El Reglamento  que pone en vigor el decreto no fue concebido para aplicar la ley de Migración sino para destruirla.  

·      El segundo  ataque se dirigió directamente a la Sentencia 168-13.  En la Ley 169/14 se manda a la Junta Central Electoral a desconocer el carácter vinculante de la Sentencia. Se ordena que reconozca como dominicanos a los descendientes de extranjeros inscritos irregularmente en el Registro Civil (Ley 169/14,  art. 1). Todo eso se contrapone a la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 2004, a la Sentencia 168/13 y la Constitución de la República. Para imponerlo se modificó la Constitución, quebrantando la propia Carta Magna que establece en su artículo 272 que cualquier modificación al régimen ciudadanía, nacionalidad, extranjería, territorio y moneda no puede hacerse sin un referendo aprobatorio. Se aprobó sin lecturas. Sin consultas. Sin vistas públicas. Los legisladores se convirtieron en instrumento del poder político.

Aplicaron la fuerza devastadora de una aplanadora constitucional.  Estas demostraciones de  audacia, de osadía  y de fuerza sólo se pone en práctica cuando se trata de atropellar a los dominicanos. Ante las insolencias de los peones del poder extranjero, ante los desplantes y la arrogancia de los haitianos, los fieros leones son más cobardes que una guinea tuerta. El valor que exhibe este grupo  es el heroísmo de los abusadores.

·      La tercera  embestida consiste a convertir a las personas

regularizadas en candidatos inmediatos a la naturalización en dos años.   La ley 169/14 se refiere a dos poblaciones de extranjeros ilegales.  1) A los extranjeros que se hallan inscritos irregularmente en el Registro Civil, que son   los alcanzados por la Sentencia 168/13,  y a los que debió quedar circunscrita la Ley. A todos esos se les reconocen como válidos sus documentos falsos, siempre y cuando no hayan participado en la falsedad de escritura. 2) La ley incluye una población ilimitada, todos los extranjeros indocumentados haitianos que se hallen o que logren entrar al país. A esos se les promete una regularización con alguna categoría migratoria: trabajador temporero, estudiante, turista y finalmente residente. La Ley 169/14 establece que todos los regularizados, sin importar la categoría migratoria podrán solicitar su naturalización en dos años. (art.).  Este principio contradice la Ley de Migración que establece que sólo los admitidos en la categoría de residente podrían optar por la nacionalidad, con arreglo a ciertas condiciones.

 Inmediatamente cabe preguntarse, ¿cuáles serán las consecuencias de esta medida suicida? Es una operación de desmantelamiento de todo nuestro aparato jurídico.  Según la encuesta de la ONE, llevada a cabo por los mismos actores que promueven  esta colonización, las proporciones de extranjeros que serían regularizados rebasarían 450.000 personas. La propia encuesta estima en 209.000 menores, supuestos descendientes de estos inmigrantes, los cuales serían beneficiados con el mismo plan. A este grupo habría, desde luego, que añadir a los convalidados inmediatamente sin ni siquiera exigir protocolo de lealtad, respeto a la bandera, al himno. Las proporciones de esa operación podrían calcularse en 700.000 personas en un plazo decisivo de dos años.

·      La cuarta batalla  de esta guerra  se libra contra  la Dirección General de Migración (DGM).  Había que sacar del escenario al organismo estatal con experiencia en estas

faenas, para complacer a las ONG y al Gobierno haitiano. En capítulo II, artículo 6, del Reglamento de la Ley 169/14 prevé la creación de una nueva unidad burocrática, con un  director nombrado ad hoc, bajo el mando del Ministerio de lo interior y policía. Todo esto deroga  la Ley General de Migración 285-04. Una vez más, un decreto suprime una ley.  Será una nueva Dirección de Migración en toda regla, abrirán oficinas en todo el país. Los haitianos representan más del 90% de los extranjeros que hay en el país. A la gratuidad de todas las gestiones migratorias establecida en el Cap. I, art. 4 para toda esta población ilegal que se han introducido en el territorio nacional, se añaden los costos de una burocracia, se administrará una proporción de población mayor que la que maneja la DGM. Los gastos de esta enorme operación más de mil millones de pesos, se colocan bajo las espaldas del pueblo dominicano. El Gobierno haitiano en contrapartida exigirá a su población el pago de las gestiones,  llenará sus faltriqueras con más de 3000 millones de pesos, para repartirlo alegremente entre sus funcionarios rapaces.

·      El  quinto ataque convierte a las instituciones del Estado en blanco de los grupos de ilegales.  Los resultados  de la creación de  la unidad  de aplicación de Ley 169/14que suplantará a la DGM no deben llamarnos a engaño.  Sin experiencia administrativa, sin procedimientos, sin entrenamiento,  convertirán todo el proceso en una chapucería. El propio Reglamento a la Ley 169/14  le concede las armas jurídicas a los ilegales para atacar las decisiones de las autoridades.   En los acápite h y siguientes, se establecen que los recursos  jerárquicos y de reconsideración contra las decisiones de la  autoridad del Estado. Igualmente,  en el decreto  327/13 que ya entró en vigor se describen los pormenores de los recursos que pueden interponer los ilegales contra la autoridad del Estado (véase Cap. V, art. 17,18, y 19).  Nadie, hasta ahora, ha explicado, ¿cuáles son los derechos adquiridos por las personas ilegales para contravenir una decisión de las autoridades? Increíble: las reglas las imponen, los ilegales.

Ante las pruebas contundentes,  la hipótesis que se impone es que estamos ante un Gobierno y una oposición, que lo  ha apoyado en el Congreso,  que despliegan un plan de fusión con Haití.  Los hechos se relacionan con un propósito. Cuando decimos que la yegua es baya, es porque tenemos los pelos en la mano. Son estas señales, las que nos hacen entrever la destrucción simbolizada por los cuatro jinetes del Apocalipsis. El primer jinete es el ángel anunciador, encarnado por  el decreto 327/13. El segundo, es el ángel exterminador representado por la Ley 169/14. El tercero   lo  representa, el Reglamento a la Ley 169/14, el ángel maldito, que despliega la maquinaria de la aniquilación total. El cuarto, es el ángel destronado, es el pueblo dominicano, sometido a un proceso de suplantación, a la pérdida del control de su destino y convertido, en la representación de su propia muerte.

        Condenar lo que  existe, la República Dominicana, en nombre de lo que  existe sólo en las cabezas desquiciadas de algunos, la

República dominico haitiana, es abandonarse al delirio, situarse fuera de la realidad ¿Por qué no ofrecerle al pueblo una alternativa clara, por qué pensar en imponerle a escondidas una fusión política?  Olvidado, desacreditado por los insultos de los que promueven la haitinización,  el pueblo dominicano se ha convertido  en el verdadero enemigo de estos funcionarios, que niegan su historia, que lo tildan de racista, partidario del apartheid, por el solo hecho de permanecer atado a su destino, a su cultura, a su historia, por oponerse a que le roben el porvenir.  Según esto, los dominicanos no tenemos derecho ni siquiera al aire que respiramos. El pueblo dominicano es muy superior a  los políticos, los intelectuales y los empresarios. Estos pueden  conformarse con una nacionalidad de aeropuerto. Pero los humildes dominicanos a los que se quiere suplantar como pueblo, sometiéndolo a una autoridad supranacional, solo tienen la patria, la libertad y la independencia. No pueden renunciar a esos valores, sin perder su cohesión nacional.

 Para ellos han sido escritas las estrofas del himno nacional dominicano  que describen la insumisión del pueblo a los traidores y a sus enemigos jurados:

Más Quisqueya, la indómita y brava

Siempre altiva su frente alzará

Que si fuere mil veces esclava

Otras tantas ser libre sabrá.