lunes, 17 de octubre de 2016

Estamos ante una campaña que trata de imponernos sus aberraciones sexuales

 
¿Ideología de género o…la

 Gestapo gay?

El sacerdote español señala que en su país cualquiera que levante la

Papa Francisco y P. Santiago Martín

voz contra esta ideología podría ser encarcelado, pues es una demanda del colectivo gay.

A través de una videograbación que circula en internet, el P. Santiago Martín, sacerdote español, superior de los Franciscanos de María, autor de varios libros, y mundialmente conocido por sus programas en el canal católico EWTN, envía un mensaje al mundo sobre los pasos que en diversos países se están dando para imponer, mediante la aprobación de leyes, la llamada ideología de género, contraria a la ley natural, y la manera en que se actúa contra todo aquél que no se ajusta a esa forma de pensar. “Pero… ¿quién está detrás de esta campaña?”, es la pregunta que se hace el sacerdote.

            El P. Santiago Martín refiere que en últimas fechas, en algunos países de Europa y de América los gobiernos están intentando imponer la tan mencionada ideología de género, con la que se relativiza
Rodríguez Zapatero promotor de los maricones en España
totalmente lo masculino y lo femenino, en la medida en que ambos géneros dejan de estar ligados a la biología para convertirse en una cuestión cultural: “esa misma ideología que propone la homosexualidad como algo igual a la heterosexualidad y quita a los padres de familia el derecho a decidir en último término sobre la educación moral de sus hijos”.

El sacerdote considera extraño que en una misma semana en España, Colombia y Argentina se hayan tomado medidas gubernamentales en favor de dicha imposición ideológica, sin contar con que antes se había dado el caso en otras naciones; “probablemente estamos ante un programa (mundial) y no sabemos quién está detrás, detrás incluso de la ONU”. 

En España –explica–, el colectivo gay, a través de una de sus organizaciones, ha puesto ya una denuncia penal y ha pedido la cárcel para los obispos que han levantado la voz de protesta. “Estamos ante una vuelta de tuerca que quizás sea contundente para explicar lo que Benedicto XVI denominó la dictadura del relativismo. Aquí, el que se atreva a disentir de la ideología de género va a ir a la cárcel, y va a ir a la cárcel porque eso es lo que se está pidiendo, no otra cosa”.  

El P. Santiago Martín recordó que, en un tiempo, el mismo fenómeno de intimidación y censura ocurría con el tema del aborto, pues cuando la Iglesia y sus fieles decían que era un asesinato, una práctica contra la ley moral natural y, por supuesto, contraria a la ley cristiana, se les amenazaba con la prisión. 

Añade: “Un sacerdote no podía decirlo en una homilía sin después tener que ir a la comisaría, donde podía hacer ‘objeción de conciencia’; la novedad, en el caso de la ideología de género, es que aquí no cabe la ‘objeción de conciencia’: el que no acepte la ideología de género irá a la cárcel sin opción

El superior de los Franciscanos de María considera esto una auténtica persecución, en la que hasta el Papa podría ir a la cárcel si lo aprehendieran fuera del Vaticano, pues ha manifestado abiertamente
Una minoría quiere imponer sus aberraciones
su rechazo a esta forma de pensar, lo cual se puede ver en Amoris Laetitia, o en la conversación que recientemente sostuvo en Polonia con los obispos de aquel país, donde calificó la ideología de género como una auténtica colonización ideológica. “También podría acabar en prisión un padre de familia que quiere enseñar a su hijo que ser niño es una cosa ligada con la biología y tener la última palabra en la educación moral de su familia”. 

Dijo que a toda esta presión del lobby gay se le está conociendo ahora como la “Gestapo gay”, porque está intentando meter a la cárcel a todo aquel que disienta de sus juicios. “Pero… ¿a quién le interesa
Manifestación por el aborto y de apoyo a los maricones
esto? ¿Verdaderamente a los gays les interesa meter en la cárcel a los curas? ¿Cuál va a ser la imagen del homosexual, del colectivo gay? ¿Realmente les interesa esto? ¿No hay entre ellos y entre sus organizadores alguien sensato que les haga ver que están siendo manipulados, que están siendo utilizados como punta de lanza para hacer daño a la Iglesia? ¿Quién está detrás de la Gestapo gay? ¿Quién está detrás de este programa? ¿Quién es el nuevo Hitler?”, se pregunta el sacerdote.

domingo, 16 de octubre de 2016

Retiran militares de la República Dominicana ante Ultimatum de los haitianos

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Soldados Dominicanos que regresaron al país tras la demanda por el orgullo y la dignidad del pueblo haitiano.
La gota que derramó el vaso haitiano

 Por: Carlos McCoy
Por muchos años, el gobierno y pueblo dominicanos hemos recogido todas las gotas de calumnias, mentiras, falsas acusaciones, traiciones y denuncias infundadas vertidas por los haitianos en foros internacionales y las hemos ido depositando en el vaso de la prudencia.

Hemos tratado de contenerlas para evitar que se derramen y luego sea imposible recogerlas.

Creemos que la copa no soportó una gota más y se derramó con el desprecio de las élites de ese país a nuestra humanitaria ayuda de más de 500 camiones repletos de comida, equipos pesados, materiales de construcción, medicinas, agua potable, médicos, enfermeras, ingenieros, técnicos eléctricos, etc. para tratar de restablecer la normalidad, luego de los desastres causados por el huracán Mathew,
Un artículo del periódico haitiano Le Nouvelliste se hace eco de la opinión de los oligarcas haitianos en el sentido de que  los dominicanos nos estamos aprovechando de la catástrofe causada por el citado huracán para introducir en Haití los productos que las autoridades haitianas habían vedado. 
Solicitud al presidente del senado haitiano

 
Esto, obviando con muy mala intención, que lo que el gobierno dominicano está enviando a Haití como ayuda es ¡completamente gratis!. Al gobierno haitiano no se le ha pedido un solo centavo, ni siquiera para que transporten esa ayuda dentro de su propio territorio.  Hasta eso ha sido provisto por el gobierno dominicano.
Añadieron que no son necesarios los médicos dominicanos ya que hay muchos médicos cubanos dispuestos a hacer el trabajo.  Además, que no había necesidad de equipos e ingenieros dominicanos cuando ellos tienen empresas privadas que pueden hacer la misma labor.


Ahora se destapan algunos congresistas haitianos dándole 24 horas a las autoridades dominicanas para que retiren de su suelo, porque están “mancillando la patria de Dessalines” a un puñado de militares dominicanos que entraron con el solo propósito de salvaguardar la ayuda ofrecida por nuestro gobierno, ya que hasta las Naciones Unidas han denunciado que bandas de delincuentes haitianos están asaltando los camiones que van con ayuda a ese país.

Se le olvida a esos congresistas que desde el 2004 más de 7000
Una verdadera ocupación, bajo el nombre de MINUSTAH
soldados provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Croacia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Jordania, Nepal, Pakistán, Paraguay, Perú, Sri Lanka y Uruguay han pisoteado el territorio haitiano y,  en vez de ayuda, como la de los dominicanos, lo que les han llevado  han sido enfermedades como el cólera, violaciones de niñas y todas clases de atropellos.  Sin embargo,  esas acciones no mancillan la tierra de Dessalines.
Pueblo dominicano, es hora de que recobremos nuestro decoro, nuestra dignidad, nuestro orgullo patrio.

Por mucho tiempo hemos tratado con nuestras acciones hacia los vecinos de demostrar al mundo que somos un país solidario y con muy buenos sentimientos; pero no lo han entendido de ese modo.  Nos ven como pusilánimes, como un país sin carácter, sin honor.
Demostrémosles que no es así.  Retomemos el fervor de nuestros trinitarios.

Defendamos nuestro país.  Se nos está yendo de las manos.
Por esto no fue por lo que luchó Juan Pablo Duarte, Sánchez, Mella, los Trinitarios y Luperón.

Honremos sus memorias.  No los defraudemos.

EL AUTOR es electricista industrial. Reside en Nueva York.

Octubre/2016

martes, 11 de octubre de 2016

Los Hornos de Carbón cercan desfiantes a Santo Domingo


Hornos de carbón también en el Higüero en Santo Domingo 


Durante fin de semana, Diario Libre  recibió la denuncia de un ciudadano alertando de que en las inmediaciones del Higüero se están talando los árboles para la producción de carbón.

Decidimos investigar en la zona cercana Los Aguacates, en el límite entre Pedro Brand y Santo Domingo Norte. Primero hicimos un recorrido a pie en una vereda en dirección oeste-este desde unos de los caminos que llevan a Los Aguacates.

En kilómetro y medio en una sola vereda encontramos los restos de 6 hornos , algunos de ya hace unos meses y uno que aún expedía olor a madera quemada.

Los hornos se encuentran a tan solo 21 kilómetros hacia el norte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Muy cerca al camino para vehículos encontramos un horno casi listo para encender y otro en preparación para ser armado.

En esa panorámica interactiva podemos ver los 4 puntos humeantes. Más abajo una comparación de cómo estaba esa parte del bosque en 2005 y cómo estaba el año pasado.

Muchas de las zonas taladas que vimos no se han usado para conuco, aunque están presente en partes guandul y yuca.

El bosque de esta zona es húmedo latifoliado y regeneración, algunas partes presentan un bosque bastante tupido.

Próximo a la nueva avenida Circunvalación, pudimos ver en la distancia lo que pareciera una quema de bosque o posiblemente hornos encendidos.

Dos menores que encontramos en el lugar, y por razones legales no mencionamos sus nombres, nos contaron que la práctica está extendida por toda la zona desde ya hace unos años y que los hornos se hacen en cualquier parte.

Aseguran que han visto camiones de Santo Domingo que llegan a buscar los sacos de carbón para, según ellos, venderlos en los colmados.

Equipados con un drone, hicimos un recorrido por la zona en 2 km a la redonda y pudimos ver que los hornos están presentes y muchos puntos, algunos activos.

Gran pérdida de aguas y la desertificación de los suelos amenaza con la desparición del agua



Cuencas hidrográficas humeantes con los hornos de carbón

Por Minerva Isa

Humaredas nublan este monte de Hatillo, en las sedienta provincia de Azua, azotada por hornos de carbón y siembras de “tumba y quema.

La pobreza dominicana, por largos años asentada en cañadas y a orillas de ríos y arroyos destruyendo sus árboles ribereños, asfixiándolos con desechos que le quitan oxígeno, continúa arrebatándole espacio al bosque en las cuencas hidrográficas.

El conuquismo y el pastoreo se trepan por los montes, subrepticiamente penetran a áreas protegidas, mientras el turismo de montañas toma alturas sin la debida protección de bosques, aguas y suelos.

A la par con los cortes para leña y carbón vegetal, intensificados por el elevado precio del petróleo, terminarán de destruir los remanentes dejados por los que se lucraron con el tráfico de madera.

Los frágiles ecosistemas montañosos siguen sometidos a una progresiva explotación en su cuenca alta y media, con pastos y cultivos de ciclo corto sin técnicas conservacionistas, lo que provoca cuantiosa pérdida de suelos.

Al desaparecer la cubierta vegetal baja la fertilidad de la tierra, crece el impacto erosivo del agua, arrastrando hacia ríos y arroyos un alud de sedimentos.

Gran pérdida de aguas y suelos ocurre en las cuencas del Yaque del Norte, Yuna y Nizao, el río más aprovechado en hidroelectricidad, pero de los más degradados, como el Ozama, Isabela, Nigua, Ocoa, Camú, Higüamo, Nizaíto, Artibonito, Guayubín, Chacuey y Macasías.

Ante la incesante agresión, resultan insuficientes, de exigua efectividad, las medidas para contener la devastación de las cuencas, limitadas a acciones aisladas sin continuidad, restringidas por falta de recursos financieros. Esos ecosistemas generan grandes riquezas con la producción para consumo interno y de exportación. Mas, se dificulta obtener los fondos necesarios para rehabilitarlos.

Estudios plantean iniciativas para involucrar instituciones públicas y privadas en un plan integral de manejo de cuencas. Proponen ampliar el financiamiento, sea mediante pagos por servicios ambientales u otros mecanismos financieros.

Abriendo brechas a la esperanza, entidades privadas anunciaron recientemente los proyectos “Fondo de Agua”, que patrocinarán con el fin de proteger cuatro cuencas hidrográficas.

Cordillera Central. Con la quema y tala de bosques -pulmones de las montañas- aumenta la vulnerabilidad de la Cordillera Central, “Madre de las Aguas”.

En esas estribaciones, que apenas cubren 5% de la superficie nacional, nacen los

Un suministro amenazado por la deplorable condición de sus cuencas, a pesar de que nutren acueductos como el Cibao Central y Valdesia, los embalses de Hatillo, Jigüey y Aguacate, Sabana Yegua, Tireíto, Blanco y Arroyón.

Peligran por la alarmante destrucción de la Cordillera Central, donde se concentran, como en el Parque Jaragua y Sierra de Bahoruco, bosques de pinos azotados por la agricultura, el pastoreo y los incendios. Un área estratégica, sin un esfuerzo estatal sostenido para frenar su deterioro. Abarca una veintena de áreas protegidas, reservas científicas, cinturones verdes, refugios de vida silvestre y reservas biológicas.

En Valle Nuevo, Constanza, dentro del parque Juan Bautista Pérez Rancier, hay
El nacimiento de ríos
un “parque de agua” que urge preservar, único productor de agua en un abanico de 360 grados.

Cuenca Yaque del Norte. Su relevancia ecológica radica en irrigar tierras áridas del valle occidental del Cibao, recoger las escorrentías de zonas húmedas del macizo central y conducir esas aguas al Noroeste.

Sometida a incesante explotación, la cubierta forestal de su cuenca alta se redujo a un 30%, quedando como reservas importantes los parques Armando Bermúdez y Nalga de Maco.

Por la deforestación, la erosión abre cárcavas en las inmediaciones de las presas Tavera-Bao y áreas protegidas. Aún así, no cesa la presión demográfica, el proceso erosivo por malas prácticas agrícolas y la ganadería, con el agravante de las características fisiográficas de la zona.

Cuenca Yaque del Sur. La mayor disponibilidad de agua por habitante se registra en la cuenca del Yaque del Sur, pues, si bien sus caudales mermaron, concentra menos densidad poblacional.

Esta cuenca, asiento del parque José del Carmen Ramírez, sigue alterada con la agricultura y producción de carbón. Casi la mitad de sus tierras tiene uso inadecuado, provocando erosión.

En la vertiente sur del macizo central la depredación llegó al nacimiento de ríos limítrofes de la región hidrográfica Sur-Central, de escarpadas pendientes y suelos poco profundos, bastante erosionados en las cuencas de Nizao y Ocoa, con desprendimiento de suelos que han llegado hasta 1,200 toneladas al año.

Pinares y latifoliadas fueron suplantados por cultivos de ciclo corto, de cacao y café. En pequeños valles entre montañas desarrollan una agricultura más tecnificada, nociva por el uso intensivo de agroquímicos.

En la región fronteriza, la menos poblada, la pobreza afecta el ambiente, la destrucción de la vegetación es crítica en las cuencas del Artibonito, Macasías y Los Caños, sobre todo en la vecindad de Haití.

Cordillera Oriental. El turismo y asentamientos humanos en zonas frágiles y áreas de manglares costeros golpean reservas del Parque del Este, en la Cordillera Oriental, cercenado por ventas fraudulentas de terrenos.

Esas reservas incluyen Los Haitises, para cuyo rescate el Poder Ejecutivo creó una comisión especial mediante el decreto 360-13. Su singularidad hidrológica y suelos kársticos facilitan la infiltración de la lluvia, pero por las pendientes abruptas y superficialidad son más vulnerables a la acción erosiva del agua.

La región hidrográfica del Atlántico, en la Cordillera Septentrional, la menos lesionada, posee un alto potencial hídrico, cuenta con dos formaciones forestales en su parte alta, un bosque nublado y el bosque pluvial que hay que preservar.

principales ríos: Yaque del Norte, Yuna, Yaque del Sur, Nizao y Artibonito, entre otros, que abastecen a más de dos tercios de la población dominicana.

Haitianos y dominicanos: Están depredando nuestro país para la producción de carbón

Daño
La industria de carbón destruye la frontera


Por: María Teresa Morel

La fabricación de carbón vegetal destruye 33,728 tareas de bosque seco anualmente en la región Enriquillo.   



Un estudio realizado entre los meses de mayo y julio de 2009, auspiciado por el Programa Medioambiental Transfronterizo (PMT), confirmó la existencia de una cadena simple pero efectiva para la producción, tránsito y mercadeo ilegal de carbón desde República Dominicana hacia Haití.

En aquel momento, la cadena estaba compuesta por 200 productores de carbón de procedencia principalmente haitiana que producían mensualmente unos 37 mil sacos del producto en las provincias Independencia y Bahoruco, con la asistencia de al menos doce camioneros dominicanos.

La producción de carbón en la región Enriquillo es motivada por la fuerza económica de la demanda de Haití, específicamente por parte de miles de familias pobres de los alrededores de Puerto Príncipe, que dependen de esta fuente energética para la cocción de sus alimentos y que ante las escasas posibilidades de adquirir sistemas eléctricos o de gas dependen de la compra diaria de pequeñas porciones de carbón.

Según la investigación ordenada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la venta de la producción se realiza a menos de cinco comerciantes haitianos, quienes lo acumulan en el lado oeste del lago Azuei para luego ser transportados y vendidos en Puerto Príncipe, por el triple de su precio.

Esta producción equivale a 445,788 sacos anuales (27,300 toneladas) la cual es vendida a RD$200 (US$5.55) el saco, generando un mercado de RD$89.2 millones de pesos anuales (US$2.5 millones).

De acuerdo con el ingeniero Humberto Checo, autor del estudio, los productores primarios reciben de este monto RD$44.6 millones (50% del total), los camioneros y “yoleros” RD$22.3 millones (25%), los intermediarios locales RD$11.6 millones (13%) y entre “propinas y dádivas” se reparten RD$10.7 millones anuales equivalente al 12% de las ventas.

Sostiene que para alcanzar esta producción es necesario intervenir 33,728 tareas anuales (5,247 hectáreas) de bosque seco, lo que ha causado un deterioro severo a la base de los recursos naturales de toda la región fronteriza, verificándose además, importantes procesos de desertificación, pérdidas de biodiversidad, pobreza y corrupción.

Una demanda insostenible


Según Checo, esta situación se irá agravando a medida que aumente la población y disminuya la cobertura forestal.

Señala que sólo en el año 1999 el déficit fue de 4.2 millones de sacos y en el 2005 de 5.8 millones, “de lo que puede preverse que si no ocurren cambios favorables en este proceso, para el año 2020 habrá una demanda tan alta que se haría insostenible”.

19 comunidades concentran la producción de carbón vegetal
La producción de carbón vegetal en la región Enriquillo está concentrada en 19 comunidades de la provincia Independencia y tres de la provincia Bahoruco.

Finalmente la producción se reúne en Tierra Nueva, Boca de Cachón y Puerto Escondido desde donde toman los caminos y vías que le llevan hacia Haití, a través del lago Azuei.

Las zonas identificadas de mayor intensidad en la producción de carbón en la provincia Independencia son La Zanja, Arroyo Blanco, Los Salaítos, Najayo, El Charco Salado, El Hoyo, El Chorrillo, Vuelta Grande, El Chupadero, Guzmán, El Limón, El Higüero, El Chaco, La Estrechura, El Macal, La Descubierta, El Bahoruco, Guayabal y Los Carraos.

Mientras que, en la provincia Bahoruco fueron identificadas las zonas aledañas a Los Ríos, Guayabal y Poster Río en las cuales la escasa producción toma caminos internos y aislados para mezclarse con las comunidades de la provincia Independencia y seguir su ruta hacia Haití.

Entre 25 y 40 mil haitianos ilegales se establecen en la Región Enriquillo anualmente.

Checo estima que anualmente inmigran a la región Enriquillo entre 25 y 40 mil haitianos ilegales, los cuales se radican principalmente en los municipios Tamayo, Jimaní, Neyba, Los Ríos, Duvergé, Cabral, Poster Río y Cristóbal, cuya mano de obra sustenta la producción de carbón en la zona.

Señala que los haitianos ilegales penetran a los bosques de la provincia donde permanecen durante los períodos de producción, trasladándose luego a otros lugares para reiniciar el proceso.

“Durante el estudio fuimos testigo de esta realidad, encontrando varios hornos en su iniciación, apagados y sacos llenos. Los haitianos huyeron al sentir nuestro acercamiento, abandonando su trabajo, sus herramientas y sus demás cosas”, según Checo.

La práctica de aprovechamiento es de tala rasa sin importar diámetros ni especies. Los diámetros aprovechados varían desde los dos a los 40 centímetros de las especies guaconejo, candelón, quina, cambrón, aroma, palo de chivo y palo de burro, entre otras.

Otro estudio realizado por Checo en el año 1986, determinó que los obreros para alcanzar un alto rendimiento hacen caso omiso a cualquier consideración ambiental y “no respetan orillas de cañadas, estado de las montañas ni madurez del árbol” con lo cual generan un impacto impresionantemente negativo, como ha sido nuevamente ratificado en esta evaluación.
Indica que muy pocos dominicanos están involucrados en la producción de carbón, con excepción de Azua, donde se puede constatar una producción legal bajo los Planes de Manejo que lleva a cabo la Federación de Productores y Productoras de Bosque-Seco del Sur (Feprobosur).

80% del carbón que consume Haití se produce en RD


Según el estudio, el 86% del carbón consumido en Haití proviene de la República Dominicana y alcanza las 22,170 toneladas por año (361,920 sacos).
El Reporte de USAID-Haití de 2007, denominado `Environmental Vulnerability in Haiti. Findings & Recommendations”, establece que las facilidades que ofrece la migración transfronteriza entre la República Dominicana y Haití, facilita la producción de carbón en el lado dominicano, y la estima en 50,000 toneladas anuales (816 mil sacos).

Dicho reporte contiene una imagen satelital que muestra el efecto de esta práctica sobre la cobertura forestal en la parte dominicana, la cual ha sido tan severa que delinea la división fronteriza domínico-haitiana.

Checo advierte que la falta de legalidad de este proceso también genera impactos sociales negativos debido a la poca transparencia, contrabando, sobornos, acosos, miedo y toda forma de corrupción.

Entre las recomendaciones que se plantean en su investigación figuran desarrollar con el apoyo de la cooperación internacional proyectos progresivos de sustitución del uso de carbón en la población haitiana y dominicana, con fines de “descompresionar” gradualmente la dependencia del carbón como fuente de energía y desarrollar plantaciones forestales con fines energéticos a ambos lados de la frontera, para hacer frente a la gran demanda de carbón que se avecina.

Producción de carbón causa serios daños a RD

Entre los principales impactos verificados durante la intervención de este estudio se pueden indicar la eliminación total de especies arbórea y hábitat para la fauna; eliminación de fuentes semilleras y regeneración natural; deterioro a los suelos mediante la carbonización y arrastres; erosión y cárcavas frecuentes.

Asimismo, pérdida de protección de acuíferos; pérdida y transformación del paisaje; abundancia de caminos y trillos en lugares inadecuados; reducción de la capacidad productiva general de los ecosistemas.

https://www.youtube.com/watch?v=ejNS5I-iqeI

lunes, 10 de octubre de 2016

Para la historia: Cuervo Gómez, durante y despúes de la dictadura de Trujillo

Manuel Antonio Cuervo Gómez, mentalidad cavernícola de un militar de la "Era de Trujillo"

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Carta de represalia por inscripción 

en Unión Cívica Nacional

 

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27 de julio de 1961

Al: Comandante del Batallón
Blindado “General de Brigada FELIPE
CIPRIAN, A.M.D”, Centro de Enseñanza de las
Fuerzas Armadas 5 de Junio


Del: Mayor MANUEL ANTONIO CUERVO GÓMEZ,
Aviación Militar Dominicana


Asunto: Informe sobre inscripción en la Unión Cívica Nacional
y renuncia del Partido Dominicano del Señor RAFAEL LOPEZ,

Carta Cuervo Gómez.
esposo de mi hermana Carmen Nidia Cuervo Gómez de López

1. Muy respetuosamente le informo que el nombrado Rafael López, empleado comercial en la Colgate-Palmolive de esta ciudad, y esposo de mi hermana Carmen Nidia Cuervo Gómez se ha inscrito en la Unión Cívica Nacional y ha renunciado a las filas del Partido Dominicano. 
Al cuestionar sobre el particular al señor Rafael López, éste me manifestó que él no consideraba que la Unión Cívica fuera un partido político y que no se retractaba de ello. Informo que tanto yo, como mis padres y mi propia hermana, estamos de acuerdo en proceder a una demanda de divorcio inmediatamente, a la vez que reiteramos nuestra indestructible lealtad al General Dr. Rafael L. Trujillo hijo y nuestra promesa inquebrantable de dar nuestra última gota de sangre en defensa de la persona del General Trujillo hijo y en defensa de la ilustre memoria de nuestro inolvidable Padre espiritual, el Generalísimo doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, Benefactor de la Patria y Padre de la Patria Nueva.


2. Con el mismo respeto le informo que este señor RAFAEL LOPEZ es tío del segundo Teniente Piloto RICARDO BODDEN LOPEZ, A.M.D.



MANUEL ANTONIO CUERVO GOMEZ, Mayor, A.M.D.


(N. de R.: Luego de esta carta, Cuervo Gómez fue al hogar de su cuñado, Rafael López, y le solicitó a su hermana que se divorciara de su esposo López. Recibió un no, por lo que Cuervo envió dos jeeps a la casa de su hermana. Y a ella y a sus hijos se los llevó para la casa de él, y los encerró en una habitación. Los así apresados se pusieron en huelga de hambre y fueron llevados al Hospital de San Isidro, de donde lograron escapar. El asunto finalmente se solucionó cuando Ramfís salió del país y su hermana regresó con su marido. Por su parte, el segundo Teniente Piloto Ricardo Bodden López fue llamado a la jefatura de la AMD, y se le interrogó. Dijo que conocía poco a sus parientes, que no tenía mucho trato con ellos, y no se le molestó más, sobre lo cual Bodden pensó que en su provecho había influido que su padre había sido suplidor de las Fuerzas Armadas por mucho tiempo y que, además, tenía una sub-junta del Partido Dominicano en su casa.

Otros miembros de las Fuerzas Armadas tenían hermanos que se habían inscrito en Unión Cívica, y fueron separados de estos cuerpos, entre los cuales se contaron Yeje Arismendi, Núñez Noguera, Fernando Cabral Ortega y Lorenzo Sención Silverio, quienes fueron reintegrados por Rodríguez Echavarría, luego del golpe de Estado del 19 de noviembre de 1961, que forzó la salida del país de todos los Trujillo. El dictador había muerto el 30 de mayo de ese año)


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La matanza del parque independencia: Enero 1962



Rodríguez Echavarría seguía dispuesto a poner fin a la agitación y restablecer la tranquilidad a cualquier precio.  Sin pensarlo más, se presentó ante su comandante de Blindados, teniente coronel Manuel Antonio Cuervo Gómez, y en presencia de su Estado Mayor le dio órdenes de marchar con dos pelotones de inmediato:
-Tuto (coronel P.N., Julio Arzeno Colón, jefe de la policía) nos ha fallado. Vaya a la Policía y tráigalo preso.  Si hace resistencia, resuelva eso.  Quite también las bocinas del parque y a los cívicos que jodan menos-, dijo haciendo un breve saludo de despedida al oficial.

Cuervo se cuadró militarmente y salió sin pérdida de tiempo.  En pocos minutos una hilera de blindados traspasaría las puertas de la base en dirección oeste, a toda marcha.  Rodríguez Echavarría hizo un breve cálculo mental.  A los 90 kilómetros por hora de velocidad de los blindados, el convoy estaría ejecutando sus órdenes en no más de 60 minutos.



domingo, 9 de octubre de 2016

La administración de justicia debe ser esencialmente gratuita

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Cumbre Judicial y el principio de gratuidad de la justicia

Por Manuel Berges hijo

Hace alrededor de dos años, un abogado, tuvo a bien escribir un Artículo sobre este tema de la gratuidad de la justicia, fijada en el Artículo 149 de nuestra Constitución, el cual reza: La justicia se administra gratuitamente en nombre de la Republica por el Poder Judicial. Este Poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás Tribunales creados por esta Constitución y las leyes.



Párrafo I.- La función judicial consiste en administrar justicia sobre los conflictos entre personas físicas y morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado….”

En ocasión de esta magna cumbre del Poder Judicial en la cual se analizaron los pros y los contras del sistema judicial, y formulas o compromisos de solución, me permito traer el tema al debate, pues en dicha Cumbre, el mismo no fue considerado, probablemente por la existencia de la sentencia  del Tribunal Constitucional la cual sentó como  como principio, que el significado que debe dársele al indicado texto es que los ciudadanos que acudan a ejercitar el reclamo de sus derechos ante el Poder Judicial, no estarán obligados a hacer ningún pago de modo directo a los encargados de prestar tales servicios, tales como a los jueces, los que no podrán exigir remuneración alguna por los servicios ofrecidos.
El Tribunal Constitucional, interpretando la Constitución, ha sentado que el principio de gratuidad de la justicia:

 “…consiste en que la administración de justicia debe ser esencialmente gratuita, esto es, que los jueces y demás funcionarios judiciales no sean pagados directamente por quienes demandan o recurren a los tribunales, sino que es el Estado quien debe solventar la remuneración de dichos funcionarios… la gratuidad de la justicia no significa en modo alguno que el legislador, dentro de su poder de configuración legislativa de los procedimientos jurisdiccionales, no establezca costas, tasas o impuestos judiciales así como un sistema de garantías económicas orientado a resguardar el cumplimiento de determinadas actuaciones procesales…garantías que no tienen por finalidad la remuneración a los jueces por la prestación de servicios judiciales, sino el aseguramiento del cumplimiento de ciertos actos y actuaciones de carácter procedimental…”destacándose entre ellos y  La justicia se administra gratuitamente. Tal prosa procede de la primera parte del artículo 149 de la Constitución Política de la República Dominicana, con la cual queda marcado con rango constitucional el principio de gratuidad de la justicia”.

A nuestro juicio esta es una interpretación acomodada a la situación irregular en que vivimos, de que la administración de justicia, cobra por sus servicios violándose así la Constitución en su Artículo 149, pues cuando expresa “que la administración de justicia debe ser esencialmente gratuita” no pueden existir cobros de Recibos ni  Sellos, ni valores de ninguna especie, si se quiere cumplir la Constitucion.

Es así como la justicia laboral no cuesta nada, es totalmente gratuita y los Tribunales notifican o comunican los documentos o estos están accesibles en la Secretaria del Tribunal según el Código de Trabajo, a menos que para agilizar el proceso una de las Partes decida hacerlo a su propio costo.

Un ciudadano preso, para solicitar un Habeas Corpus, tiene que pagar impuestos anexados a  la Instancia que él o su abogado dirigen al Juez apoderado, de lo contrario su instancia no surte efecto.

Si la justicia laboral es gratuita igual que  la justicia de los menores, ¿porque no se aplica esa gratuidad al resto de los procedimientos?

En ocasión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el artículo 5 de la Ley número  80-99, del veintinueve (29) de julio de mil novecientos noventa y nueve (1999), por entender sus correctos patrocinadores, unos 128 abogados interpusieron este recurso,  que el mismo eleva los impuestos por sellos sobre documentos para solventar un aumento de 65% al salario del personal médico que labora en los hospitales públicos, el Tribunal Constitucional   expresó mediante su Sentencia No. TC-0050-12 del 16 de octubre de 2012, bajo los siguientes criterios:
“9.2.3 Al no existir en el caso ocurrente razones de hecho ni de derecho que impliquen un cambio en el precedente constitucional establecido, procede desestimar el medio invocado por los  accionantes  ”.

No se trata de que existen vías a través de las cuales los ciudadanos pueden acudir al amparo de los mecanismos dispuestos por el Estado para favorecerse de ciertas facilidades de manera gratuita en el renglón judicial, como lo es el caso de los Artículos 176 y 177 del mismo cuerpo sustantivo, los que de manera expresa disponen que:

Artículo 176.- Defensa Pública. El servicio de Defensa Pública es un órgano del sistema de justicia dotado de autonomía administrativa y funcional, que tiene por finalidad garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a la defensa en las distintas áreas de su competencia. El servicio de Defensa Pública se ofrecerá en todo el territorio nacional atendiendo a los criterios de gratuidad, fácil acceso, igualdad, eficiencia y calidad, para las personas imputadas que por cualquier causa no estén asistidas por abogado. La Ley de Defensa Pública regirá el funcionamiento de esta institución.

Artículo 177.- Asistencia legal gratuita. El Estado será responsable de organizar programas y servicios de asistencia legal gratuita a favor de las personas que carezcan de los recursos económicos para obtener una representación judicial de sus intereses, particularmente para la protección de los derechos de la víctima, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Ministerio Público en el ámbito del proceso pena”.
Se trata de que toda la justicia, constitucionalmente es gratuita y vemos, sin ninguna base, como una parte de la justicia es gratuita y otra no.

Esperamos que en algún momento, todo aquel que pretenda acceder al sistema de justicia dominicano no tenga que pagar un solo centavo para ejercer sus derechos y no tenga que pagar las tasas y de los impuestos que ilegal e inconstitucionalmente han establecido algunas leyes, con la bendición y apoyo del Tribunal Constitucional, tales como las de fijar audiencias, de conclusiones, a los Alguaciles por sus respectivos ministerios, tanto en el estrado como por sus notificaciones, pago por concepto de registro de las sentencias, y demás decisiones jurisdiccionales, pago por las legalizaciones de los documentos que imperen, pago de las costas que generen tales procesos, y cualesquiera otra que absurdamente ordenen nuestro ordenamiento legal, como la firma de un Notario, que  a su vez debe ser certificada por un empleado que no tiene fe pública, pero si tiene la fortaleza de cobrar cientos de pesos.

Si algún colega entiende que no es así, que la justicia no puede ser gratuita, le invito a analizar el Articulo 39 de la Constitución, cuando señala que la Republica condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de los dominicanos.

Los que reclaman un despido injustificado no pagan nada, ningún impuesto, pero si la misma persona reclama la ejecución de un Pagare, está obligado a pagar desde las notificaciones, las fijaciones de audiencias, de conclusiones, pago por concepto de registro de las sentencias, y demás decisiones jurisdiccionales, pago por las legalizaciones de los documentos que imperen, pago de las costas que generen tales procesos, y cualesquiera otra que absurda e inconstitucionalmente ordenen nuestro ordenamiento legal.

La administración de justicia debe ser esencialmente gratuita

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Cumbre Judicial y el principio de gratuidad de la justicia

Por Manuel Berges hijo

Hace alrededor de dos años, un abogado, tuvo a bien escribir un Artículo sobre este tema de la gratuidad de la justicia, fijada en el Artículo 149 de nuestra Constitución, el cual reza: La justicia se administra gratuitamente en nombre de la Republica por el Poder Judicial. Este Poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás Tribunales creados por esta Constitución y las leyes.



Párrafo I.- La función judicial consiste en administrar justicia sobre los conflictos entre personas físicas y morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado….”

En ocasión de esta magna cumbre del Poder Judicial en la cual se analizaron los pros y los contras del sistema judicial, y formulas o compromisos de solución, me permito traer el tema al debate, pues en dicha Cumbre, el mismo no fue considerado, probablemente por la existencia de la sentencia  del Tribunal Constitucional la cual sentó como  como principio, que el significado que debe dársele al indicado texto es que los ciudadanos que acudan a ejercitar el reclamo de sus derechos ante el Poder Judicial, no estarán obligados a hacer ningún pago de modo directo a los encargados de prestar tales servicios, tales como a los jueces, los que no podrán exigir remuneración alguna por los servicios ofrecidos.
El Tribunal Constitucional, interpretando la Constitución, ha sentado que el principio de gratuidad de la justicia:

 “…consiste en que la administración de justicia debe ser esencialmente gratuita, esto es, que los jueces y demás funcionarios judiciales no sean pagados directamente por quienes demandan o recurren a los tribunales, sino que es el Estado quien debe solventar la remuneración de dichos funcionarios… la gratuidad de la justicia no significa en modo alguno que el legislador, dentro de su poder de configuración legislativa de los procedimientos jurisdiccionales, no establezca costas, tasas o impuestos judiciales así como un sistema de garantías económicas orientado a resguardar el cumplimiento de determinadas actuaciones procesales…garantías que no tienen por finalidad la remuneración a los jueces por la prestación de servicios judiciales, sino el aseguramiento del cumplimiento de ciertos actos y actuaciones de carácter procedimental…”destacándose entre ellos y  La justicia se administra gratuitamente. Tal prosa procede de la primera parte del artículo 149 de la Constitución Política de la República Dominicana, con la cual queda marcado con rango constitucional el principio de gratuidad de la justicia”.

A nuestro juicio esta es una interpretación acomodada a la situación irregular en que vivimos, de que la administración de justicia, cobra por sus servicios violándose así la Constitución en su Artículo 149, pues cuando expresa “que la administración de justicia debe ser esencialmente gratuita” no pueden existir cobros de Recibos ni  Sellos, ni valores de ninguna especie, si se quiere cumplir la Constitucion.

Es así como la justicia laboral no cuesta nada, es totalmente gratuita y los Tribunales notifican o comunican los documentos o estos están accesibles en la Secretaria del Tribunal según el Código de Trabajo, a menos que para agilizar el proceso una de las Partes decida hacerlo a su propio costo.

Un ciudadano preso, para solicitar un Habeas Corpus, tiene que pagar impuestos anexados a  la Instancia que él o su abogado dirigen al Juez apoderado, de lo contrario su instancia no surte efecto.

Si la justicia laboral es gratuita igual que  la justicia de los menores, ¿porque no se aplica esa gratuidad al resto de los procedimientos?

En ocasión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el artículo 5 de la Ley número  80-99, del veintinueve (29) de julio de mil novecientos noventa y nueve (1999), por entender sus correctos patrocinadores, unos 128 abogados interpusieron este recurso,  que el mismo eleva los impuestos por sellos sobre documentos para solventar un aumento de 65% al salario del personal médico que labora en los hospitales públicos, el Tribunal Constitucional   expresó mediante su Sentencia No. TC-0050-12 del 16 de octubre de 2012, bajo los siguientes criterios:
“9.2.3 Al no existir en el caso ocurrente razones de hecho ni de derecho que impliquen un cambio en el precedente constitucional establecido, procede desestimar el medio invocado por los  accionantes  ”.

No se trata de que existen vías a través de las cuales los ciudadanos pueden acudir al amparo de los mecanismos dispuestos por el Estado para favorecerse de ciertas facilidades de manera gratuita en el renglón judicial, como lo es el caso de los Artículos 176 y 177 del mismo cuerpo sustantivo, los que de manera expresa disponen que:

Artículo 176.- Defensa Pública. El servicio de Defensa Pública es un órgano del sistema de justicia dotado de autonomía administrativa y funcional, que tiene por finalidad garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a la defensa en las distintas áreas de su competencia. El servicio de Defensa Pública se ofrecerá en todo el territorio nacional atendiendo a los criterios de gratuidad, fácil acceso, igualdad, eficiencia y calidad, para las personas imputadas que por cualquier causa no estén asistidas por abogado. La Ley de Defensa Pública regirá el funcionamiento de esta institución.

Artículo 177.- Asistencia legal gratuita. El Estado será responsable de organizar programas y servicios de asistencia legal gratuita a favor de las personas que carezcan de los recursos económicos para obtener una representación judicial de sus intereses, particularmente para la protección de los derechos de la víctima, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Ministerio Público en el ámbito del proceso pena”.
Se trata de que toda la justicia, constitucionalmente es gratuita y vemos, sin ninguna base, como una parte de la justicia es gratuita y otra no.

Esperamos que en algún momento, todo aquel que pretenda acceder al sistema de justicia dominicano no tenga que pagar un solo centavo para ejercer sus derechos y no tenga que pagar las tasas y de los impuestos que ilegal e inconstitucionalmente han establecido algunas leyes, con la bendición y apoyo del Tribunal Constitucional, tales como las de fijar audiencias, de conclusiones, a los Alguaciles por sus respectivos ministerios, tanto en el estrado como por sus notificaciones, pago por concepto de registro de las sentencias, y demás decisiones jurisdiccionales, pago por las legalizaciones de los documentos que imperen, pago de las costas que generen tales procesos, y cualesquiera otra que absurdamente ordenen nuestro ordenamiento legal, como la firma de un Notario, que  a su vez debe ser certificada por un empleado que no tiene fe pública, pero si tiene la fortaleza de cobrar cientos de pesos.

Si algún colega entiende que no es así, que la justicia no puede ser gratuita, le invito a analizar el Articulo 39 de la Constitución, cuando señala que la Republica condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de los dominicanos.

Los que reclaman un despido injustificado no pagan nada, ningún impuesto, pero si la misma persona reclama la ejecución de un Pagare, está obligado a pagar desde las notificaciones, las fijaciones de audiencias, de conclusiones, pago por concepto de registro de las sentencias, y demás decisiones jurisdiccionales, pago por las legalizaciones de los documentos que imperen, pago de las costas que generen tales procesos, y cualesquiera otra que absurda e inconstitucionalmente ordenen nuestro ordenamiento legal.