Esperando otra condena de la aberrada Corte Interamericana de los Derechos Humanos

La República Dominicana,

en el banquillo de los acusados

Por Manuel NÚÑEZ Asencio*

 

         La Comisión Interamericana de  derechos de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó en la sesión 1.903, celebrada en Washington el 29 marzo del 2012 someter ante la Corte de los Derechos Humanos a la República Dominicana por el informe incoado por Benito Tide Méndez y otros ciudadanos. Los reclamantes señalaron que fueron despojados de sus cédulas de identidad, que las  autoridades del país describieron  como cédulas falsas, por no estar sustentadas en actas de nacimiento ni estar asentadas en los libros de la Junta Central Electoral.

         Los ciudadanos declararon que fueron objeto de atropellos por parte de las autoridades, que sus bienes se perdieron de resultas de la deportación,  y que se les privó de derechos adquiridos. Proponían, en suma, que sus cédulas falsas le fuesen cambiadas por cédulas verdaderas.  El expediente no fue sometido a la Justicia dominicana.   Nos trataron como si viviésemos en una dictadura, en donde no hay Justicia ni garantía de los mecanismos procesales. ¡Qué mala y triste reputación tenemos!

          El expediente fue cuidadosamente elaborado por el Movimiento de Mujeres domínico haitianas (MUDHA), la Clínica de derechos humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, el Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados (GARR), y el Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL).

         Todas las  personas demandantes  ratificaron ante notarios que al ser despojados de sus cédulas de identidad les fueron vulnerados sus derechos. Al parecer, determinar si un documento de identidad es falso o verdadero  ya no es competencia de las autoridades dominicanas, sino de los socios ideológicos que tiene el MUDHA y  el CEJIL, en la facultad de derecho de la Universidad de Columbia.  A pesar de no haberse agotado ni remotamente los procedimientos nacionales previstos en las normas de la Corte Interamericana, se le dio curso a la instrucción del caso Tide Méndez y otros, introduciendo en un tribunal internacional, una acusación contra el Estado, desconocida por la Justicia dominicana.

He leído con exhaustividad cada uno de los resúmenes de esas declaraciones juradas. Se parte de un principio selectivo. El testigo extranjero, víctima,  siempre dice la verdad; el Estado dominicano “abusador, trujillista, antihaitiano” siempre miente. Al testigo no se le exige, que, además de jurar ante la Corte demuestre, con papeles y con pruebas irrefutables, todos los atropellos que les atribuye a las autoridades dominicanas.

En las poblaciones pequeñas los alcaldes suelen conocer a fondo  los entronques familiares. Pueden reconocer con extrema facilidad quién es forastero, e incluso suelen identificar en qué regiones del país se halla su árbol genealógico; y quién es, rotundamente, extranjero sin vínculos consanguíneos, sin enlaces familiares con nuestro país.  Determinar quién es extranjero no es, pues,  una faena difícil.  La ascendencia, los rasgos culturales, la lengua, la religión, los hábitos, sus relaciones con la comunidad arrojan luz  sobre la presencia de un extranjero.

El cabecilla de la acusación, el señor William Medina Ferreras, proclamó que

Wilfredo Lozano

había nacido en Cabral. Pero el alcalde que se conoce al dedillo a toda la población, sustenta que ése no era su verdadero nombre. Dice que se trata de Wilnet Yan, ciudadano haitiano de Anse a Pitre. Para el alcalde se trataba de un caso, como hay millares, de suplantación de identidad. No es  un caso nuevo ni extraño. Cada año la Junta Central Electoral logra recuperar montañas de cédulas y actas de nacimiento falsas. A pesar de todo ello, los que instruían el caso desestimaron la declaración de nuestras autoridades. Le dieron el visto bueno  al testimonio aportado por William Medina Ferreras y por  su esposa haitiana Lillia Jean Pierre.

         Apoyados  por varias ONG que les pagaron los gastos de viaje a Nueva York, que los convirtieron en  testigos internacionales en contra el país,  que exigieron al Estado dominicano que fueran provistos de salvoconductos especiales, los reclamantes se constituyeron en la plana mayor de la acusación. Al jefe de la acusación, William Medina Ferreras, les fueron devueltos sus documentos y ha ejercido ininterrumpidamente el derecho al voto. Decidió, no obstante, llevarnos al banquillo de los acusados. Además, de las imputaciones de Medina Ferreras, se añaden las declaraciones juradas de Markeson Jean, Marlene Mesidor,  Antonio Sensión, Ana Lidia Sensión, Rafelito Pérez Charles, Janise Midi y Berson Gelin. Son siete los testigos refrendados por la Corte. Ninguno tenía documentos legales, ni arraigo familiares ni otra seña de identidad dentro del territorio dominicano.

Al  leer el relato verdaderamente escalofriante de Jeanty Fils Aimé, uno de los declarantes,  se puede deducir por dónde van los tiros. Si le llamo delirante me quedo

Cristóbal Rodríguez

corto. En la instrucción del caso, se recogieron declaraciones tan espeluznantes que cualquier persona ajena a los acontecimientos las consideraría fantasiosas

         La Corte, aun cuando las incluye en la instrucción del caso, tuvo el tino de deslindarla, y quedarse para las audiencias públicas que tendrían lugar en Ciudad México los días 8 y 9 de octubre del 2013, con los testimonios más sobrios que impidan que el juicio naufrague en la caricatura, en los excesos y en la extravagancia.

Además de las declaraciones  de las presuntas víctimas, la Corte convocó a testigos y peritos, que declararán en forma presencial y por fedatarios, en las audiencias de octubre.

Tahira Vargas

·       En representación de las  víctimas declararán la antropóloga Tahira Vargas;  el abogado Cristóbal Rodríguez, recusado por el Estado por ser  abogado  adepto al  CEJIL y por haber mantenido una actitud hostil ante Junta Central Electoral y, finalmente, la psicóloga Rosa del Rosario. Las versiones de estos representantes de la parte acusatoria  serán acompañado del peritaje de la señora Briget Wodding, que dirige una ONG prohaitiana en la República Dominicana y es miembro del Observatorio de Asuntos Haitianos dirigido por el sociólogo Wilfredo Lozano y  el abogado Carlos Quezada. Son muchos los tontos útiles que sirven, como empleados,  a este concierto de fuerzas confabuladas.  La mayoría ignora adónde lo llevan, dónde se bate el cobre, y quién corta el bacalao.

·      En representación del Estado dominicano, que es el que se halla en la picota de la justicia internacional, actuarán como testigos: Carmen Maribel Ferreras Mella, ex directora regional de Migración, acompañada del peritaje propuesto por el Estado  del antropólogo Fernando Ferrán  y del historiador Manuel Núñez. Los abogados que representarán al Estado son Juan Bautista Tavares Gómez, especialista en registro civil de la Junta Central Electoral, Cecilio Gómez Pérez, abogado constitucionalista y Santo Miguel Román, experto en migración de la Dirección General de Migración.

·      La Corte Interamericana ha designado, por su parte, a Julia Harrington, abogada especialista en derechos humanos, y a Pablo Ceriani, especialista en el área de migración internacional. Estos especialistas determinarán  si  el país cumple con los estándares internacionales en materia de regulación del derecho a la nacionalidad y si nuestras normas resultan compatibles con el derecho internacional. Dicho sin tapujos : los expertos determinarán si como se ha dicho se ha cometido el crimen de haber expulsado a dominicanos de su tierra.  Si es así, el Estado  tendrá que otorgarles los documentos oficiales a estas personas, y se verá obligado a resarcirlos con una reparación económica.

 Aun cuando no tengan los documentos probatorios, acta de nacimiento y asentamiento en los libros,  el Estado dominicano se halla obligado a dotarlos de pasaporte, para facilitarles la salida y entrada al país. De modo que puedan rendir cuentas  ante la Corte.  El Estado dominicano y la Comisión Interamericana deberán  cubrir los gastos de los declarantes.

La Comisión rechazó los testimonios periciales de las señoras Sara Patnella García y de Brígida Sabino Pozo. La primera por considerarla que no tenía los avales académicos para figurar como declarante; y la segunda, por haber participado como representante del Estado en el caso de las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico, en el que el país fue condenado por vez primera.  

En realidad la señora Sabino Pozo, directora de la Unidad de Declaraciones Tardías de la JCE,  fue recusada por todos los reclamantes. Se trata de la funcionaria que desmanteló una mafia que pagaba dinero a mujeres dominicanas para que declararan como hijos suyos  a hijos de haitianos.  Una de las mujeres llegó a declarar cincuenta y dos hijos. Fue, parejamente, desestimado  la declaración del general Guerrero Clase, Director General del CESFRON.

La Corte Interamericana no es un conciliábulo de cardenales. Todas sus disposiciones pueden ser consultadas en las redes (Consúltese: Benito Tide Méndez. Caso 12.271; resoluciones de la Corte Interamericana 28-8-12). Concluida las audiencias, las menudencias del  juicio  donde se conocerá las declaraciones de los testigos, los  peritajes de las partes, las argumentaciones de cada bando y el fallo judicial se pondrán íntegramente, como video, a disposición del público.

No podemos pensar que estos sometimientos ante la Corte Interamericana serán

Flavio Darío Espinal, Gestionador del recorte de la Soberanía Nacional

episódicos. Cada año se recrudece el  problema; se instruyen nuevos casos.  La posibilidad de ganar el proceso, es, en verdad, remotísima. Ninguno de los Estados que se ha puesto bajo las competencias de esta Corte ha ganado ningún caso. Desde que en 1998,  inducidos por las gestiones del entonces embajador ante la OEA, don Flavio Darío Espinal, pusiéramos nuestra soberanía bajo esas competencias, el país camina por la calle de la amargura.  Y, sin embargo, según nuestra propia Constitución no formamos parte de la Corte. Porque ese recorte de soberanía no fue refrendado, ni siquiera conocido por el Congreso como mandan todos los convenios y tratados internacionales.

En todo caso, resulta indispensable que el Tribunal Constitucional se pronuncie y diga si ponerse al amparo de la Corte bajo estas condiciones cumple con la Constitución y las leyes de la República.

Abrumado por estas noticias, me sumergí en la república de los muertos.  Me sobrecojo ante  los mausoleos, los panteones de los fundadores de la Independencia. De todas esas glorias, me llegan las palabras de Salomé Ureña, la más importante de todas nuestras poetisas, desde su recóndito rincón de dignidad nos dice:

Lucha, insiste, tus títulos reclama:
.(…)Que mientras sueño para ti una palma,
y al porvenir caminas,
no más se oprimirá de angustia el alma
cuando contemple en la callada calma
la majestad solemne de tus ruinas.

* Manuel NÚÑEZ Asencio: Poeta, ensayista e historiógrafo. Tiene una licenciatura en Letras Modernas de la Universidad de París VII (Jussieu), una maestría en Literatura General de la Universidad de París VIII (Saint-Denis) y un doctorado en Lingüística y Literatura de esta última universidad. Enseñó literatura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha sido columnista de los periódicos Hoy y El Siglo y editor de la casa Editorial Santillana. Es considerado como uno de los ensayistas nacionales más polémicos del momento. En 1990 obtuvo el Premio Nacional de Ensayo con la obra "El ocaso de la nación Dominicana".