SOBRE LA SENTENCIA DEL 28 DE AGOSTO DE LA CIDH.-
Esta, no tiene competencia para conocer, ponderar ni juzgar expediente alguno sobre la Republica Dominicana, por no haber sido ratificada su competencia por el Congreso Nacional, por lo tanto, el ESTADO DOMINICANO ESTA OBLIGADO A IGNORAR LA SENTENCIA DE LA CIDH.-
No obstante la Republica Dominicana haber sido inscrita por el otrora embajador FLAVIO DARIO ESPINAL, en dicho organismo en el gobierno del entonces presidente DR. LEONEL FERNANDEZ REYNA, en marzo de 1999, la cual hasta la fecha aun no ha sido ratificada por el Congreso Nacional.-
La Constitución Dominicana establece claramente que las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en el ámbito interno, una vez publicados de manera oficial”, (publicado en la Gaceta Oficial) todo ello de conformidad con el numeral 2 del artículo 26 de dicho texto.-
Dispone el artículo 93 de la constitución sobre las atribuciones del Congreso Nacional, el cual expresa en su letra g) Establecer las normas relativas a la migración y el régimen de extranjería, añadiendo en su letra “L” como atribución del Congreso Nacional “aprobar o desaprobar los tratados y convenciones internacionales que suscriba el Poder Ejecutivo”.-
Esta sentencia violatoria de los derechos inherentes a los Estados, subvierte el orden constitucional, lo que trae como consecuencia que la convierte de pleno derecho en nula de nulidad absoluta, toda vez que no existe vinculo jurídico entre la CIDH y el Estado Dominicano, ya que al no ser ratificada la competencia por el Congreso Nacional, carece de calidad, competencia y capacidad para actuar en contra de nuestra nación.-
En virtud de que la soberanía popular reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, esta se convierte en inviolable, y ningún poder del Estado puede realizar actos que constituyan intervención o injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado, ya que el principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana, por lo que se impone la supremacía de la constitución, entendiéndose que todo acto contrario a la Constitución es nulo de pleno derecho.-
El fallo tiene el propósito de doblegar al pueblo por la fuerza para que se acepte como válido, cosa que no es que intervención burda de los traidores y fusionistas con el objetivo de pisotear la soberanía de la República Dominicanas, lo cual no será permitido por este pueblo, que ya se puso de pie para empezar a reclamar su derecho de autodeterminación sin intervención alguna.
Se observa a todas luces que la sentencia de la CIDH trata de imponerle al Estado Dominicano absurdos jurídicos, llegando al extremo de sugerir la modificación de la Constitución, incluso hasta lo Administrativo con el fundamente de favorecer, a los enemigos de nuestra nación, con la intención de fusionarnos con un pueblo sin vida, una nación agonizante y un Estado fallido, en donde ellos destruyeron su medio ambiente, los ríos y su sistema de agua dulce lo extinguieron, deforestaron desde la raíz sus arboles, su vudú, su cultura, su forma de ser y de actuar es total y absolutamente disímil al DOMINICANO, entonces, nos preguntamos, bajo que premisas se puede justificar que nosotros queremos fusionarnos con los haitianos, nuestra historia nos divide por siempre, nuestra independencia nos separa hasta la eternidad.-
Esta, no tiene competencia para conocer, ponderar ni juzgar expediente alguno sobre la Republica Dominicana, por no haber sido ratificada su competencia por el Congreso Nacional, por lo tanto, el ESTADO DOMINICANO ESTA OBLIGADO A IGNORAR LA SENTENCIA DE LA CIDH.-
No obstante la Republica Dominicana haber sido inscrita por el otrora embajador FLAVIO DARIO ESPINAL, en dicho organismo en el gobierno del entonces presidente DR. LEONEL FERNANDEZ REYNA, en marzo de 1999, la cual hasta la fecha aun no ha sido ratificada por el Congreso Nacional.-
La Constitución Dominicana establece claramente que las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en el ámbito interno, una vez publicados de manera oficial”, (publicado en la Gaceta Oficial) todo ello de conformidad con el numeral 2 del artículo 26 de dicho texto.-
Dispone el artículo 93 de la constitución sobre las atribuciones del Congreso Nacional, el cual expresa en su letra g) Establecer las normas relativas a la migración y el régimen de extranjería, añadiendo en su letra “L” como atribución del Congreso Nacional “aprobar o desaprobar los tratados y convenciones internacionales que suscriba el Poder Ejecutivo”.-
Esta sentencia violatoria de los derechos inherentes a los Estados, subvierte el orden constitucional, lo que trae como consecuencia que la convierte de pleno derecho en nula de nulidad absoluta, toda vez que no existe vinculo jurídico entre la CIDH y el Estado Dominicano, ya que al no ser ratificada la competencia por el Congreso Nacional, carece de calidad, competencia y capacidad para actuar en contra de nuestra nación.-
En virtud de que la soberanía popular reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, esta se convierte en inviolable, y ningún poder del Estado puede realizar actos que constituyan intervención o injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado, ya que el principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana, por lo que se impone la supremacía de la constitución, entendiéndose que todo acto contrario a la Constitución es nulo de pleno derecho.-
El fallo tiene el propósito de doblegar al pueblo por la fuerza para que se acepte como válido, cosa que no es que intervención burda de los traidores y fusionistas con el objetivo de pisotear la soberanía de la República Dominicanas, lo cual no será permitido por este pueblo, que ya se puso de pie para empezar a reclamar su derecho de autodeterminación sin intervención alguna.
Se observa a todas luces que la sentencia de la CIDH trata de imponerle al Estado Dominicano absurdos jurídicos, llegando al extremo de sugerir la modificación de la Constitución, incluso hasta lo Administrativo con el fundamente de favorecer, a los enemigos de nuestra nación, con la intención de fusionarnos con un pueblo sin vida, una nación agonizante y un Estado fallido, en donde ellos destruyeron su medio ambiente, los ríos y su sistema de agua dulce lo extinguieron, deforestaron desde la raíz sus arboles, su vudú, su cultura, su forma de ser y de actuar es total y absolutamente disímil al DOMINICANO, entonces, nos preguntamos, bajo que premisas se puede justificar que nosotros queremos fusionarnos con los haitianos, nuestra historia nos divide por siempre, nuestra independencia nos separa hasta la eternidad.-
Seria aconsejable para los haitianos dejar de insistir en fusionarnos, entendiéndose que la mejor alternativa es irse para AFRICA, dejarnos libre ese territorio que nos pertenece por derecho, para planificar la recuperación del mismo, sanar esa protuberancia ocasionada a la madre tierra por ellos, restaurar los bosques, que vuelvan a nacer los ríos, crecer los arboles, renazca la flora y la fauna y nuestra tierra vuelva a su estado pristino, como cuando Colon la descubrió, eso seria lo mas aconsejable para los haitianos, ello para evitar que el pueblo tome las riendas de esta situación y se ocasione una verdadera masacre, ya que el odio racial ancestral de los haitianos contra los mulatos, los blancos lo llevara a cometer el mismo error del degüello de moca, Santiago etc., con los resultados adversos para nuestros enemigos históricos, en razón a que ahora somos 9 veces mas poderosos que ellos.-
Resulta inaceptable pedirle a los Dominicanos que no ejerzan su derecho a controlar su frontera, la migración y demás aspectos relativos a la extranjería, que no ejerza su derecho a procesar a los violadores de la ley, cuando eso constituye un derecho interno de los Estados.-
El fallo de la corte sin haberle pedido que se pronunciara sobre la sentencia 168-13 del TC, la pulveriza como si tuviera derecho para ello trata de desconocerla.-
Lo peor que hace esa aberrante sentencia es pretender sin competencia alguna, mandar al Estado Dominicano para que modifique la constitución para complacer a los haitianos otorgándoles gratuitamente nuestra nacionalidad, que pretenden ellos que somos los dominicanos, es que ignoran lo que este pueblo ha hecho con sus enemigos a través de la historia, esa osadía, por demás irrespetuosa contra este pueblo que nunca ha cometido agravios a sus enemigos históricos el pueblo no la va a tolerar, jamás, nunca, olvídense CIDH Y TODOS LOS QUE CREAN QUE PUEDEN IMPONER SU CRITERIO, este pueblo se levanto para defenderse. PAREN LA PROVOCACION.- DEJEN A ESTE PUEBLO EN PAZ.-
Resulta inaceptable pedirle a los Dominicanos que no ejerzan su derecho a controlar su frontera, la migración y demás aspectos relativos a la extranjería, que no ejerza su derecho a procesar a los violadores de la ley, cuando eso constituye un derecho interno de los Estados.-
El fallo de la corte sin haberle pedido que se pronunciara sobre la sentencia 168-13 del TC, la pulveriza como si tuviera derecho para ello trata de desconocerla.-
Lo peor que hace esa aberrante sentencia es pretender sin competencia alguna, mandar al Estado Dominicano para que modifique la constitución para complacer a los haitianos otorgándoles gratuitamente nuestra nacionalidad, que pretenden ellos que somos los dominicanos, es que ignoran lo que este pueblo ha hecho con sus enemigos a través de la historia, esa osadía, por demás irrespetuosa contra este pueblo que nunca ha cometido agravios a sus enemigos históricos el pueblo no la va a tolerar, jamás, nunca, olvídense CIDH Y TODOS LOS QUE CREAN QUE PUEDEN IMPONER SU CRITERIO, este pueblo se levanto para defenderse. PAREN LA PROVOCACION.- DEJEN A ESTE PUEBLO EN PAZ.-
Juan Manuel Rosario: Sentencia CIDH: Intento de arrodillar a República Dominicana
Miércoles, oct 22, 2014 | 122 visitas
Santo Domingo, R.D.- El profesor y especialista en Derecho Internacional y Migratorio, autor de más de una decena de libros en la materia y redactor de la Ley de Migración 285-04, Juan Manuel Rosario, manifestó en el día de hoy que la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, redactada el 28 de agosto del 2014, es la expresión concreta de la intención de ir creando las condiciones indispensables para triturar la soberanía de la República Dominicana.
El investigador precisó que lo que se está haciendo con la República Dominicana es obligarla a recular en sus derechos como Estado soberano y como sujeto del Derecho Internacional, para que poco a poco se vaya imponiendo una situación de hecho en torno a la relación dominico-haitiana.
Dijo que detrás de esa sentencia existe la pretensión de desarticular al Estado dominicano, para de esa manera formar un único Estado en la isla que aglutine a los dominicanos y a los haitianos.
Precisó que ya el problema de la relación dominico-haitiana dejó de ser una situación de carácter migratoria para convertirse en una decisión de política internacional tendente a buscarle una salida al Estado fallido de la República de Haití a través de la República Dominicana, pisoteando los derechos de los dominicanos a tener su propio Estado.
Aseguró que a los dominicanos se les pretende imponer una nueva situación jurídica para que dejen de ser dominicanos y se conviertan en dominico-haitianos.
Consideró el profesor Rosario que lo que se está haciendo en la República Dominicana es un verdadero abuso en el marco del derecho internacional.
Dijo que se quiere desconocer el derecho de los dominicanos a existir como nación soberana e independiente.
Rosario hizo fuertes críticas a las autoridades dominicanas por haberse manejado con tanta pusilanimidad e irresponsabilidad frente a los objetivos de sectores nacionales e internacionales, cuyo principal punto de agenda es destruir al Estado dominicano, y para ello han articulado una campaña nacional e internacional basada en el chantaje emocional, calificando a todo aquel que defiende la soberanía nacional de fascista, racista o xenófobo.
Precisó que no es posible que la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos mande a detener los procesos judiciales de carácter civiles y penales relacionados con la documentación de una persona que suplantó identidad en la propia Corte.
Aseguró el investigador y profesor que es inadmisible pedirle a la República Dominicana que no lleve a cabo procesos judiciales contra quienes han suplantado identidad para acusar al Estado dominicano.
Asimismo, consideró como inaceptable que la referida Sentencia mande a reconocer nacionalidad dominicana de un conjunto de personas, porque quien debe determinar a quién corresponde o no la nacionalidad es al Derecho interno de los Estados.
Expresó que se puede considerar como un atrevimiento y sobrepasamiento de la Corte intentar determinar a quién corresponde o no la nacionalidad en la República Dominicana.
Dijo que el Estado dominicano no puede permitir eso, y que tiene que ponerse de pie frente a tan absurda y aberrante decisión jurídica al precio que sea necesario.
Manifestó que otra de las extralimitaciones de la Corte es mandar que el Estado dominicano conceda residencia a tal o cual extranjero, porque eso es algo que es competencia exclusiva del Derecho interno de los Estados.
Consideró el profesor e investigador un hecho de gran trascendencia las arrogantes pretensiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de pedir que se desconozca la Sentencia 168-13, así como algunos artículos de la Ley 69-14.
Precisó que si grande es el atrevimiento en ese sentido, mucho más monstruoso e irrespetuoso de la soberanía dominicana, es mandar a que el Estado dominicano haga modificaciones constituciones para establecer un régimen constitucional sobre nacionalidad acorde con el criterio de la Corte y no con el criterio de las leyes dominicanas.
Indicó que todo lo relativo al proceso de inscripción de nacimiento es prerrogativa del Estado dominicano, que si bien es cierto que no debe ir en menoscabo de los intereses de ninguna persona nacional o extranjero, la misma debe hacerse conforme al derecho interno de los dominicanos.
Aseveró que además de sobrepasarse en su competencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es inconstitucional, conforme lo ha explicado en diversos artículos, como por ejemplo, en el artículo “Juan Manuel Rosario: Quieren destruir a la República Dominicana, RD y la CIDH; y asimismo lo expresó en “Soberanía, Encuesta y Apatridia en República Dominicana”.
Aseguró que el gobierno dominicano se ha manejado de manera timorata, buscando satisfacer a intereses ajenos a los del Estado dominicano, para hacerse el “agradable internacional y a Haití”.
Hizo un llamado a los dominicanos a no dejarse confundir con lo que está sucediendo en la República Dominicana, que tienen que mantenerse alerta y dispuestos a organizarse para defender la Patria, ya que no contamos con las autoridades necesarias para afrontar tan gran desafío que tiene el país actualmente.
Finalmente dijo que los que están frente a las cosas públicas han mostrado una impericia para manejar la situación derivada de los objetivos de política internacional orientados a desbaratar al Estado dominicano.
"Aquí lo que tenemos es una caricatura de gobierno"
Juan Manuel Castillo Pantaleón
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SANTO DOMINGO.- El jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón opinó este miércoles que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la República Dominicana es una muestra más de la “falta de tino y de sentido” de las autoridades de este país.
Dijo que el Estado dominicano, de acuerdo a su derecho interno y a su Constitución, nunca ratificó el reconocimiento de la competencia de esa corte, por lo que los efectos de ésta no son vinculantes.
“Aquí el problema es que nosotros no tenemos autoridades, ahora mismo aquí lo que tenemos es una caricatura de gobierno , lo que acontece es que no hay sentido de nación en nuestro gobernante y en nuestras autoridades, no la tenemos”, enfatizó Castillo Pantaleón en declaraciones que reseña la edición digital del periódico El Día.
El ex-fiscal del Distrito Nacional alegó que una cosa como ésta no se la hacen al presidente Correa ni a un presidente que tenga sentido de la dignidad.
“Tenemos un gobierno absolutamente comprometido con una agenda fusionista; ahora mismo quien está dictando la política interna y externa en materia migratoria es el gobierno haitiano”, declaró. Cuestionó que el Primer Ministro de Haití haya dicho recientemente que el Estado dominicano tenía que prorrogar la Ley de Naturalización y el Presidente Medina “inmediatamente pasó a endosar eso”.
“O sea, quien está gobernando aquí en materia migratoria no es el presidente Medina; los dominicanos no tenemos autoridades”, manifestó.
Recordó que en el 1999 el entonces presidente Leonel Fernández, mediante una simple comunicación dirigida a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, declaró el reconocimiento de esa jurisdicción a nombre del Estado dominicano.
Explicó que la Constitución dominicana desde siempre ha establecido que el Poder del Estado que ratifica los compromisos internacionales lo es el Congreso Nacional y que este organismo legislativo no ratificó dicho convenio.
Ve CIDH desconoce poderes públicos RD
El diputado Vinicio Castillo Semán.
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SANTO DOMINGO, 22 de octubre.- El diputado de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, rechazó el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que establece que entre los años 1999 y 2000 República Dominicana violó derechos de dominicanos de ascendencia haitiana.
Opinó que es un insultante desconocimiento a la Constitución de la República, la autoridad suprema del Tribunal Constitucional, del Congreso Nacional y su soberanía.
El legislador sostuvo que el organismo internacional pretende dar un golpe de estado a los poderes públicos dominicanos y que acatarlo sería admitir que el país pasará a ser una colonia.
“Plantear al Estado dejar sin efecto el fallo 168-13, su Constitución en cuanto a la nacionalidad y la Ley 169-14, en procura de darle nacionalidad dominicana a los haitianos que dicen haber nacido aquí, equivale a decretar la fusión de República Dominicana con Haití”, expresó.
A su juicio, el Gobierno haitiano está detrás del fallo de CIDH, mientras han entretenido con un supuesto diálogo binacional al presidente Danilo Medina.
Declaró que es una verdadera trama de grandes proporciones contra el país, que amerita una gran unidad nacional del pueblo dominicano para rechazar tal maquinación.
“La Corte Interamericana no tiene competencia frente a la República Dominicana porque el Congreso Nacional nunca aprobó la carta de aceptación enviada por el embajador Flavio Darío Espinal. Eso está pendiente de fallo en el TC desde hace años”, culminó.
Gobierno califica de sesgada, inoportuna sentencia de CIDH
Por ALI NUÑEZ
El portavoz de Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena.
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SANTO DOMINGO, 23 octubre 2014.- El Gobierno de República Dominicana rechazó este jueves la condena de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por considerarla extemporánea, sesgada e inoportuna.
El portavoz de Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, en rueda de prensa manifestó la adhesión del país al artículo primero de la Haya que faculta a cada Estado para determinar de acuerdo a su legislación quiénes son sus nacionales, lo que dijo para República Dominicana es innegociable.
“Entendemos que esta sentencia que se refiere a hechos del 1999 y 2000 pasa por alto numerosas circunstancias como el hecho de que República Dominicana tiene en marcha un Plan de Regularización y documentación de todas las personas que habitan en el territorio dominicano”, explicó.
Dijo que la CIDH ha ignorado aspectos muy relevantes y recientes que demuestran la voluntad del país de mejorar su marco legal, como fue la reforma constitucional del 2010.
“Es conocido el compromiso férreo con el respeto a los derechos humanos y debemos enfatizar que las soluciones que ha propuesto el país son fruto del más amplio consenso y suponen una voluntad de avance apoyada por la comunidad internacional que trabajan con el país", expuso.
Reiterò el compromiso del Gobierno con el sistema interamericano, pero advirtió que cualquier interpretación antojadiza del mismo en modo alguno puede afectar la soberanía dominicana ni la potestad del Estado para definir por sus normas internas el régimen de la nacionalidad.
"Por otra parte, queremos resaltar que desde hace casi un año nuestro país y la República de Haití han sabido hacer de la dificultad, virtud, transformando lo que comenzó como un desencuentro entre nuestras naciones en el proceso de diálogo bilateral más fructífero que han visto nuestros pueblos en las últimas décadas", expuso.
El funcionario dijo que este diálogo ha permitido, entre otras cosas, una cooperación sin precedentes en materia de documentación. Agradecemos las acciones que ha llevado a cabo el gobierno de Haití para facilitar los procesos, entre ellas la apertura de 4 nuevas oficinas consulares en la República Dominicana.
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