Las 9
fases de la muerte Dominicana
Por
Lic. Juan M. Castillo Roldán, L.L.M.
Para
entender la crisis Haití-RD en todas sus esferas, particularmente en materia de
conflictos comerciales y migratorios, no es suficiente con observar. Es más, ni
siquiera basta con conocer de ambos países la historia y las tendencias de sus
relaciones recíprocas. Conocer de primera mano la muy precaria situación
económica de ambas naciones, y comprender la naturaleza humana y el
comportamiento de sus Poderes Públicos y la población que administra, son
apenas los primeros pasos para poder intentar sacar algunas conclusiones con
más o menos algo de certeza.
¡Pero
cuidado! Estudiar estos factores desde un cómodo sillón, un fino escritorio,
una costosa computadora portátil y una lujosa oficina de un organismo
internacional o una entidad gubernamental de un país poderoso, podría no ser el
acercamiento más realista. Me refiero más bien al imperativo de analizar las
cosas en un contexto nacional, binacional e internacional, manteniendo un
adecuado nivel de rigor jurídico y económico, sin perder de vista los problemas
reales y las posibles soluciones viables, o al menos ejecutables.
Sin
embargo, a la luz de los últimos acontecimientos, ha resultado muy obvio que el
Poder Ejecutivo dominicano ha asumido una agenda de carácter entreguista,
Entonces,
si el Plan Nacional de Regularización de extranjeros ya ha sido puesto en
marcha por Decreto, aún por encima de las advertencias sobre graves
ilegalidades e inconstitucionalidades alertadas por valiosos especialistas en
la materia, ¿qué nos espera ahora?
Reconociendo
de antemano que dicho Plan facilita la regularización de todo extranjero ilegal
radicado en el país hasta el año 2011, sin exigirles el depósito anticipado de
documentos para ser beneficiados por el nuevo régimen de regularización y,
además, prohíbe expresamente las deportaciones hasta el año 2015, es
indiscutible que el escenario nacional acaba de dar un giro radical. A lo que
nos enfrentamos ahora es a una amnistía migratoria, ni siquiera instituida
democráticamente por el legislador, sino unilateralmente por el Presidente de
la República.
Evidentemente,
las autoridades hacen caso omiso de las opiniones y las preocupaciones de los
ciudadanos y profesionales de la materia. Seguir escribiendo artículos y textos
de todo tipo cargados de explicaciones jurídicas y económicas pertinentes y enriquecidas
con razonamientos basados en normas vigentes, datos estadísticos y
bibliografía, ya carece de sentido.
¿Qué
papel quisiera desempeñar este texto? Una especulación y enumeración de temores
legítimos y elementos de riesgos latentes provocados por la inminente amnistía
migratoria.
Puede
que nada de esto suceda, puede que si algo sucede, sea sólo de forma parcial, y
puede que ni siquiera suceda en este orden ni en estos lapsos de tiempo, pero
todos estos son fenómenos para lo que deberíamos estar preparados:
1-
Año 2013: Aprobación, promulgación, puesta en vigencia
y ejecución del Plan Nacional de Regularización de extranjeros contentivo de la
nueva medida administrativa de amnistía migratoria.
2-
Año 2014: Decenas de miles de personas descendientes
de haitianos en situación documental similar a la de Juliana Deguis acuden a
las autoridades para beneficiarse del régimen de regularización y no
deportación. A estos se les suman los cientos de miles de haitianos radicados
ilegalmente en el país de forma incontrolada hasta el año 2011, y
posteriormente se les unen otros nuevos cientos de miles que atraviesan la
porosa (y casi imaginaria) frontera como producto del “efecto llamada”. Ninguna
de estas personas podrán ser deportadas, sólo les bastará con llenar el
formulario sin presentar documentos.
3-
Año 2014-2015: Promulgación de la modificación a la
Ley No. 1683 sobre Naturalización, contentiva de procesos expeditos y
extremadamente flexibles de acceso a la dominicanización por naturalización de
los extranjeros regularizados.
4-
Año 2015: Millones de haitianos beneficiados por el
régimen de no deportación se radican en el país, y aunque la mitad nunca haya
presentado documentos o sus peticiones hayan sido rechazadas (lo cual es poco
probable por la evidente tendencia antidominicana del actual gobierno y la
recién designada Directora del Instituto Nacional de Migración), no podrán ser
deportados por las siguientes razones: a) prohibición de la normativa de
derechos humanos sobre deportaciones masivas; y b) imposibilidad del Estado
para procesar millones de vías de recursos administrativos y judiciales sobre
las decisiones y omisiones sobre regularización.
5-
Año 2015-2020: Será una etapa en que se destaparán múltiples
crisis en los siguientes sectores:
a.
Estancamiento y ruptura de la economía. El modelo de
explotación subsalarial del empleador dominicano a trabajadores inmigrantes
ilegales y su efecto en la marginación del trabajador pobre dominicano es
sustituida por otro modelo. Los inmigrantes haitianos serán contratados
legalmente, pero como son provenientes de una economía sustancialmente más
deprimida (propia de un Estado fallido), seguirán sustituyendo la mano de obra
dominicana, pero con el problema agregado de la sobreoferta de mano de obra.
b.
Crisis del sistema de seguridad social. La absorción
de esa gran masa de inmigrantes pobres que ingresarán a la vida laboral regular
implicará, también, su ingreso al sistema de seguridad social subsidiado, por
lo que las clases trabajadoras más pudientes deberán cargar con los costos del
sostenimiento de la seguridad social de millones de trabajadores pobres.
c.
Crisis medioambiental. La marejada humana haitiana y
la insuficiente disponibilidad de recursos creará las condiciones para que los
recursos agrícolas y forestales dominicanos sean arrasados hasta niveles mínimos,
tal y como pasó en Haití, cuya tierra cultivable sólo ocupa menos de un 1%.
d.
Crisis de contaminación rural y urbana. Millones de
personas en graves condiciones económicas sin acceso a hogares ocupan las
calles, la producción de desperdicios será demasiada para el sistema de manejo
de basura en el territorio nacional.
e.
Crisis sanitaria. El asentamiento de numerosas
comunidades pobres inmigrantes en condiciones poco higiénicas servirán como
caldo de cultivo y medio de propagación de enfermedades. Especialmente aquellas
comunidades que se asienten cerca de recursos hídricos provocarán el aumento
indetenible de casos de cólera y otras enfermedades vinculadas a condiciones
sanitarias desfavorables. Además, se importarán enfermedades de Haití ya superadas
por el resto del planeta, como el polio, la filariasis y la viruela.
f.
Crisis de servicios públicos. Los nuevos inmigrantes
regularizados ocupan gran espectro de la utilización de servicios básicos como
salud y educación, desplazando el puesto a los dominicanos y creando
condiciones de insostenibilidad por sobrepoblación y falta de recursos.
g.
Aumento de impuestos y crisis tributaria. Para poder
sostener los nuevos millones individuos demandantes de servicios, comida, atenciones médicas y educación infantil, el
Estado necesitará incrementar la tasa de recaudación y la diversificación de
los impuestos.
h.
Crisis energética. Los inmigrantes regularizados que
hagan uso de servicios de energía eléctrica colapsarán un sistema que apenas
resulta operativo para una insignificante parte de la población dominicana.
i.
Crisis de criminalidad. Con el aumento acelerado de
pobreza, aumento de la marginación, colapso en el sistema educativo e
insuficiencia de los organismos de seguridad, las tasas de criminalidad
alcanzan niveles históricos.
j.
Tensión y roces sociales. La convivencia inevitable
sobre un mismo suelo de dos pueblos distintos con culturas diferentes en todos
y cada uno de los aspectos que la componen, y la insoportable crisis nacional,
empieza a generar hechos aislados de enfrentamientos violentos dentro de
comunidades locales. Con los meses, se van volviendo más recurrentes.
6-
Año 2020: Los inmigrantes regularizados y recién
nacionalizados como dominicanos se unen y crean una gran fuerza de voto para
imponer un Presidente de su preferencia.
7-
Año 2020-2026: La crisis nacional llega a extremos
nunca vistos y se plantea en la comunidad internacional la posibilidad de una “intervención humanitaria” para la
reducción de la crisis, el mantenimiento de la paz, la protección de derechos
humanos, la unificación oficial de la isla y la creación de un Estado único.
8-
Año 2026: Para esta fecha se logra el posicionamiento
a gran escala de regularizados naturalizados en el Congreso Nacional y los
Ministerios de la Administración Pública. En estas condiciones de franco poder,
operan una modificación constitucional para extender los derechos políticos de
los naturalizados para ser elegibles a la Presidencia de la República.
9-
Año 2030: Desaparecen los vestigios fronterizos
remanentes y la unificación política de la isla es virtual: dos países
gobernados por la misma etnia.
¿Hay
alternativas? Posiblemente la única salida ejecutable desde la perspectiva
dominicana sea el ataque contra el Plan Nacional de Regularización por vía de
un recurso de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional, para la
declaración de su nulidad, obligando al Poder Ejecutivo a reelaborar el Plan
con criterios más razonables, legales y constitucionales. Por supuesto, esto
implica contar con la firmeza de principios y fuerza de voluntad de los jueces
constitucionales y la esperanza de que no sean doblegados frente a un poder
avasallante.
Pero,
mientras todo esto se debate, la atención vuelve a recaer sobre las actuaciones
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, quienes inevitablemente van a condenar al Estado dominicano,
aún por encima de su incompetencia y su clara parcialidad.
En
fin, queda preguntarse: ¿Qué papel jugarás tú, lector? ¿Qué papel jugaremos los
dominicanos?
Abogado, Magíster en Derecho de los Negocios
Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y experto en Derecho
Migratorio dominicano.
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