Haitianos reanudan su campaña y hostilidades contra República Dominicana

Pagar por los crímenes que otros han cometido

Por Manuel NÚÑEZ Asencio

       ¿Qué traerá consigo el dialogo de Juana Méndez   continuado, postreramente, en Jimani?  Del diálogo no pueden esperarse milagros. Porque se ha propuesto un objetivo absurdo.  Sepultar la verdad  con  rodeos y vaguedades. Confrontar nuestras convicciones con lo irracional. Entonces el diálogo descarrila; cae en la excentricidad y en la incomunicación. Volver a recuperar la sensatez resulta casi imposible. Examinemos el punto de partida. Ponerse de acuerdo con los haitianos para echar por tierra la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, y al mismo tiempo engañar a la opinión pública dominicana, disolviendo la información en noticias nebulosas, que salieran prontamente de las primeras planas.

Los haitianos, por su parte, se han valido de  un monstruo de dos cabezas. En las conversaciones muestran una cara amable, hacen promesas fantasiosas y  declaraciones elogiosas. Tras bastidores, muestran su verdadera cara;   mandan a sus aliados a echarle leña al fuego,  a no  bajar la guardia ni a darle una  tregua de respiro a los dominicanos. Lo han hecho en Jamaica, en el CARICOM, en Venezuela, en Cuba y lo acaban de hacer en EE UU.

En cualquier caso, cada uno de los interlocutores conoce la circunstancia interna de su país.  El Gobierno dominicano sabe, perfectamente, que para complacer las peticiones, totalmente infundadas de los haitianos, tiene que quebrantar la Constitución de la Republica. En La Habana,

el Presidente Medina,  lo ha recordado dramáticamente.  No puede enfrentar el poder judicial sin exponerse a un juicio político (art. 3, 4,6  de la Constitución). Tampoco puede contravenir la Ley de Migración ni reemplazar al Estado haitiano, otorgándole documentación a extranjeros irregulares. Sin embargo, el Gobierno ha hecho concesiones desproporcionadas para cualquier país. Se ha colocado al margen de la ley y la Constitución con el decreto 327/13.  Los haitianos, que habían logrado esa victoria, querían una capitulación total y a las claras. En la reunión del CELAC,  al Presidente Medina le entregaron un discurso envenenado.  En la pieza, redactada por gente de su entorno, se le pedía  perdón a los haitianos y se hacía un acto de contrición. Una capitulación.

Una autentica emboscada El objetivo era derrotar a un poder del Estado, el Poder Judicial,  en un foro internacional. Es decir, que el Presidente dominicano se convirtiera en instrumento del intervencionismo internacional, para humillar a la nación entera.  Pero, ya se sabe, les salió el tiro por la culata. Esta vez la manipulación, disfrazada de humanismo, fue desenmascarada a tiempo.

Nueva vez, los haitianos reanudaron sus operaciones de hostilidad en los foros internacionales. Martelly vuela hacia Washington  en visita oficial de cuatro  días para entrevistarse con Obama, con Biden, con el Departamento de Estado y con el Secretario General de la OEA (4-8 de febrero). A todos les pidió mantener la presión sobre nuestro país. Mientras el dialogo en Jimani discurre  entre fuegos de artificio. Se incluyen las comisiones de empresarios,  a los cuales se les  entretiene con un rosario de promesas que el Gobierno haitiano ni puede ni va a cumplir. Porque el Gobierno Martelly-Lamothe carece de legitimidad para refrendar acuerdos internacionales. Cualquier conclusión a la que se  llegue en Jimani tendrá la permanencia de una firma realizada en papel mojado. La guerra  entre el poder legislativo y el poder ejecutivo en Haití  anularía cualquier decisión internacional tomada por Martelly. Eso lo saben todas las embajadas, incluso los chinos de Bonao. Menos los  empresarios dominicanos que aun creen en la diplomacia del encanto y del donjuanismo. Irán por lana, y saldrán trasquilados.

El Congreso haitiano se compone de treinta senadores.  De esos hay que elegir 20 senadores. Las  elecciones legislativas llevan un retraso de tres años.  En la actualidad, el Congreso ha de estar en funciones con unos 10 senadores. De los cuales Martelly solo cuenta, en puridad, con tres. No se ha fijado fecha para elegir a los miembros  del Congreso ni para elegir a los alcaldes y regidores.  La situación permanece  paralizada porque, una vez se restablezca las competencias del Congreso en suspenso por las maquiavélicas artimañas de Martelly, se van a desconocer todos los compromisos a los que se haya llegado. Y a los que queden atrapados por la marrullería del señor Martelly, santa pascuas. Habrán desfilado en el salón de los pasos perdidos.  Lo de Martelly, Lamothe, Casimir es puro teatro. Falsedad desengañada, estudiado simulacro.

La fabricación de un monstruo internacional

       Poco antes de la promulgación de la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, la Presidencia de Martelly  se enfrentaba a protestas sulfurosas que pedían su dimisión a tambor batiente. El Presidente desaparecía. Se iba de viaje. Hacia mutis por el foro. .Acorralado,  por su incompetencia para darle solución a los problemas de los haitianos; por su incapacidad para proveer de servicios de salud, educación, seguridad, empleos a su población;  paralizado,  por sus conflictos con el Poder Legislativo y con una  Justicia que le pisaba los talones; desacreditado,  por haber sido incapaz de poner en marcha la maquinaria del Estado, el dúo Martelly-Lamothe,  el dúo tek kale; los cabezas rapadas, se encontraban al borde del abismo. Los donantes de fondos, que son los que cortan el bacalao,  pidieron  que no siguiese gobernando por decreto.

En esos momentos, con el agua al cuello,  hallaron la fórmula para salvar la cara. Se inventaron un enemigo imaginario, el Tribunal Constitucional dominicano. La batalla contra los dominicanos cohesionaba al pueblo haitiano. Ponía en sordina a la oposición interna. Centraba toda la política del Gobierno haitiano en las relaciones internacionales, y movilizaba a una porción de la sociedad civil dominicana, peones de la intervención internacional, para ya operaba como la quinta columna de los intereses haitianos.

         De esa cáfila de traidores han nacido estereotipos y ultrajes al país que han sido empleados por Martelly en su campaña de descrédito contra la República Dominicana.  Al llamarnos  “genocidas civiles”,”violadores de los derechos humanos”, “partidarios de una política de apartheid” etcétera, el Gobierno haitiano sólo ha tenido que citar las palabras de los traidores, de las ONG pro haitianas y de los que promueven  la implantación haitiana en la República  Dominicana.

La acusación mayor a nuestro país

Ante el CARICOM, ante el UNASUR, ante los países del ALBA, ante la Unión Europea y ante todos los organismos internacionales y Gobiernos del continente, la Cancillería haitiana, las ONG pro haitianas y los peones dominicanos del intervencionismo internacional, han llevado la banderilla de lucha contra el Tribunal Constitucional dominicano. Se fundamentan en tres grandes mentiras.

1.  La tesis central de que miles de haitianos han sido despojados  de la nacionalidad por la Sentencia 168/13. Calculan una proporción de más de 250.000 personas. La Junta Central Electoral, tras haber realizado un exhaustivo inventario de todas las personas, hijas de padres extranjeros, sin residencia regular en el país y declarados como dominicanos, semejante al caso de la señora Deguis Pierre, estableció que, alrededor de  unas 14.000 personas, descendientes de haitianos, establecidos irregularmente en el país, se hallaban legalmente registradas como dominicanos, sin la documentación legal de los padres. ¿De dónde, pues, han extraído sus datos el Centro Bonó, Amnistía Internacional,  la Cancillería haitiana y los periodistas que acusan al Estado dominicano? ¿Cuáles son los registros oficiales que fundamentan la mentira de las 250.000 personas afectadas por la Sentencia 168/13?.

2.  Es igualmente falso que la Republica Dominicana tenga estándares constitucionales que contravengan las normas internacionales.  En 160 países del mundo, de una proporción de 190 Estados, las personas que penetren ilegalmente en esos  territorios, no se benefician del derecho de nacionalidad por nacimiento (jus solis).  Entre esos países se halla la emblemática Sudáfrica y, oh sorpresa, el Estado de Haití que, en ningún caso, les otorga nacionalidad a los hijos de extranjeros nacidos en su territorio. ¿Por qué  las exigencias  y las acusaciones  que se le hacen al Estado dominicano no se aplican  a otros países del mundo que tienen una legislación semejante a la dominicana?

No hay razones para hablar de  apatridia, ya que a los descendientes de haitianos, sin importar su condición migratoria,  les corresponde la nacionalidad haitiana. A menos que se quiera privar a los descendientes de haitianos de la nacionalidad de sus padres. Es decir, privarlos del derecho de filiación.

3.            Uno de los argumentos empleados por estos grupos es proclamar que el Estado dominicano ha dotado de nacionalidad a personas indocumentadas o no residentes. Que esa condición implicaba un derecho irrevocable. Cuando un funcionario o un

empleado del Estado otorga un privilegio contraviniendo el status constitucional, cuando prevarica en el ejercicio de sus funciones, los resultados de esa maniobra no pueden ser exhibidos como muestra de un acto constitucional.  La prevaricación de un empleado o funcionario del Estado no es un acto legal. Es un delito sancionado por la Constitución y las leyes. Sus resultados no pueden tener consecuencias legales.

En las elecciones haitianas del 8 de abril del 2011, de una población electoral que debería ya rondar los 6 millones de personas,  sufragaron 1.061.089 personas. De esa proporción,  Martelly obtuvo  716.986 votos. Según  los viejos censos y cálculos del Consejo Electoral Provisional (CEP), el sufragio debió ejercerlo más de 4 millones de haitianos, a los que debería haberse dotado de documentación. Lo cual quiere decir que Martelly fue electo con el 25% de participación electoral.  Pero si profundizamos, y penetramos más hondamente extendiendo el sufragio a todos los que tendrían mayoría de edad en el 2011, es decir, a una población semejante a la nuestra, la elección en que resultó electo Martelly fue validada por solo el 16% de la población. Históricamente, el Estado haitiano ha privado a su población de documentación, de sus derechos políticos, del acceso a la justicia, a la educación, de la libertad de circulación y de sus derechos económicos, etcétera. Toda esa montaña de problemas los haitianos quieren traspasársela a los dominicanos con la complicidad de los traidores, del Centro Bonó y sus apéndices y de las ONG pro haitianas radicadas en el país.  

¿Cómo  es posible que ante esa privación de los derechos de los haitianos en su propio Estado, ni Amnistía Internacional ni el Comisionado de las Naciones Unidas ni la OEA  se hayan pronunciado? ¿Dónde están las voces del ACNUR, del Comisionado de Derechos Humanos  del CIDH ante la exclusión de los derechos ciudadanos de los haitianos? ¿Es que la Corte Interamericana todavía no se ha enterado de que en Haití hay millones de personas privadas del derecho a la educación, a la identidad, a heredar, a ser propietario,  a tener una cuenta bancaria, y a que se les  imparta Justicia  y a existir como persona por carecer de documentos? ¿Por qué no se  ha juzgado a ese Estado extorsionador,  chantajista, violador, abusador, excluyente? ¿Por qué la  UNICEF no denuncia a un Estado que no les proporciona actas de nacimiento a sus niños? ¿Por qué tanta impunidad, tanta complicidad con un individuo incompetente, que gobierna por decreto y que juzga a los demás con la  exigencia que es incapaz de cumplir en su propio país?.

Definitivamente, Haití ha logrado exportar sus problemas a nuestro país, con el apoyo de los traidores, con el cinismo de la Comunidad Internacional, que sabe que el problema haitiano no es responsabilidad, por más dialéctica que  empleen, de la existencia de la República Dominicana. ¡No son los dominicanos culpables de los crímenes civiles cometidos por el Estado haitiano!.

El Gobierno haitiano, las ONG han llevado al Estado dominicano al banquillo de los acusados por crímenes y violaciones que ellos han cometido. ¡Son ellos, los que han privado a más del 70% de su población, a millones de personas de todos sus derechos! ¡Son ellos, los que al privar a millones de niños haitianos de las actas de nacimiento, los  han reducido a la muerte civil! Y pretenden, ahora,  que seamos nosotros los que respondamos ante el mundo por el genocidio civil que ellos han cometido.

Hasta ahora los dominicanos se han limitado a interpretar de distintos modos las relaciones que mantiene la República Dominicana con Haití. De lo que se trata ahora es de salvar a la República Dominicana del naufragio haitiano y de evitar que desaparezca de la tierra el esfuerzo de todas las generaciones que han muerto defendiendo nuestra soberanía y nuestra independencia.

      

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