Puntos de vista
Cronista de Paso
Por: Fabio Cabral
El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en
situación irregular en la República Dominicana, puesto en marcha por el
gobierno el 14 de junio de 2014, hace ya tres años, ha sido, sin lugar a dudas,
una de las reformas migratorias más avanzadas aplicada por cualquier país del
continente americano.
Tan abarcadora que no solo se limitó a beneficiar a
los que entraron de manera legal y decidieron hacer vida y familia en el país,
sino también a los que llegaron sin papeles, a los hijos de los padres que se
encontraban en tránsito y, además, a los
descendientes de extranjeros ilegales y sin ningún tipo de documentación, vale
decir, sin registros de nacimientos, mayoritariamente haitianos.
Sin la ayuda de gobierno alguno ni de algún
organismo internacional, mucho menos de las organizaciones que se hacen llamar
defensoras de los derechos de los haitianos, el Estado dominicano se embarcó en
un ambicioso plan que, en vez de recibir, por lo menos, apoyo moral, lo que
obtuvo fue una andanadas de ataques y críticas a escala nacional e
internacional, llegándose a comparar a
nuestro país con la Alemania de Hitler.
Todo por aplicar la Constitución de la República,
las leyes y los principios de soberanía, fundamentos de la democracia y de la
convivencia civilizada entre los Estados independientes.
¿En qué país del mundo se ha aplicado una reforma
migratoria en la que el beneficiado (migrante) no tenga que invertir un centavo
para recibir el privilegio de la residencia y que todo sea subsidiado por el
Estado?. La República Dominicana, un país pobre con problemas de salud,
educación, viviendas, seguridad social y una serie de demandas sociales por
resolver, se embarcó en ese proyecto, para lo cual invirtió más de RD$2,000.00
millones.
Todo ese sacrificio para que hoy vuelvan con el
cuento de que hay que extender el plan, precisamente en un momento en que se
percibe, a la luz del día, que en todo el territorio nacional hay más haitianos
ilegales hoy que al inicio del Plan Nacional de Regularización.
Hoy, a poco más de tres años del inicio del Plan
Nacional de Regularización y vencido el plazo, la cifra de que solo 7,838 de
250,241 logró en todo este tiempo completar los requisitos para hacerse de una
residencia permanente en la República Dominicana es una muestra contundente del
poco interés, tanto del gobierno haitiano como de la comunidad internacional,
para que se resuelva, de una vez y por todas, una situación que sigue creciendo
y por ende afectando a la República Dominicana.
Así las cosas, hay que preguntarse dónde quedó el
acompañamiento de las decenas de ONG, locales y extranjeras, que supuestamente
luchan por los haitianos y en contra de los maltratos de que son víctimas los
millares de esos ciudadanos que caminan libremente por las calles, trabajan y
se benefician de los servicios de salud y educación
en el país, para ayudar a
que el gobierno de Haití los proveyera de la documentación para completar sus
respectivos expedientes.
Se han comenzado a levantar las voces para que se
extienda el Plan de Regularización, o lo que sería igual poner en marcha un
nuevo Plan porque el anterior no llenó su cometido y así volver a revivir el
tema de que todo el que nació aquí es dominicano, sin importar lo que dice la
Constitución, y mucho menos la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y
zarandearla al extremo de hacerla inaplicable.
domingo, 23 de julio de 2017
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