Las Estadisticas del Terror

DERECHOS HUMANOS
La Policía Nacional mata a 25 personas en tan sólo 30 días
De enero a abril , la PN, la DNCD y los militares mataron a 77 ciudadanos, el 10% de los 804 homicidios registrados en el país


Riamny Mendez/Clave Digital

domingo, 18 de julio de 2010, 09:00 a.m.

Agentes de la Policía mataron en abril a 25 personas y miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a dos.

Así lo establece un informe de la Procuraduría General que recoge las estadísticas de homicidios del primer cuatrimestre del año.

Del tiempo estudiado, abril fue el mes en el que más personas fallecieron en lo que la Policía llama “intercambios de disparos”, la Procuraduría “acciones legales” y la Comisión Nacional de Derechos Humanos “ejecuciones extrajudiciales”.

Intercambios o ejecuciones, las balas de los policías aportaron el 10% de los 804 homicidios ocurridos en el país entre enero y abril de este año: unas 77 personas murieron en esos incidentes. De acuerdo con el informe de la Procuraduría, los delincuentes comunes y ligados al narcotráfico cometieron 273 homicidios.


Ciudadanos comunes mataron a 312 personas en actos “no relacionados con la delincuencia”, como balear a sus compañeras o a un amigo o conocido en una riña, o de forma accidental.

En 2009, el 14% de los 2,383 homicidios registrados por las autoridades fueron cometidos por agentes de la Policía en alegados intercambios de disparos.

Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, explica que las “ejecuciones extrajudiciales” se producen en persecuciones ordinarias, en acciones premeditadas -la Comisión ha registrado casos en los cuales los agentes matan a ciudadanos desarmados en sus casas- y en chequeos de vehículos en lugares oscuros y solitarios, si los conductores no se detienen con la rapidez que exigen los policías que dan las señales de “pare”.

Todavía las autoridades no han procesado los datos de mayo y junio, pero María Mercedes asegura que las “ejecuciones extrajudiciales” están aumentando.

Época sangrienta. María Mercedes afirma que desde el inicio de la gestión del jefe de la Policía, general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, en agosto de 2007 y hasta junio de este año, la institución ha matado a unos 1,750 civiles.

Los derechos y convenciones que la Policía Nacional violenta

El libre tránsito. El artículo 46 de la Constitución proclamada el pasado 26 de enero establece que toda persona tiene derecho a transitar libremente por el territorio. En ese sentido, los chequeos policiales -que impiden el libre tránsito- no pueden ser arbitrarios, deben estar justificados por la Ley.

Protección de la vida. El país es signatario de los "Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley" de la ONU, convenio en el que se manda a los policías y otras autoridades a tratar de preservar la vida del ciudadano.

Responsabilidad del Gobierno. De acuerdo con estos principios los gobiernos deben tomar medidas para que no se use la fuerza de manera desproporcionada. Ni siquiera en circunstancias especiales, como la inestabilidad política, se pueden violar las normas que tratan de proteger la vida de las personas.
El 26 de junio, la prensa reportó que la Policía mató a uno de los sospechosos de asesinar al segundo teniente retirado Ernesto Bastardo. También el mes pasado agentes policiales y de la DNCD quitaron la vida a Alinson Ferreiras González, porque supuestamente no se detuvo cuando una patrulla le dio la orden de parar, mientras conducía una yipeta en Quema Creta, de Haina. Según la versión de los familiares, recogida en los diarios, el joven iba a comprar una cena.

De acuerdo con la versión oficial, Ferreiras González es un narcotraficante que agredió a los agentes, al igual que Christopher Medina Pimentel, de 20 años y Joander Brito de 18 años, quienes resultaron heridos.

Incidentes como el asesinato de Abraham Ramos, de 23 años, baleado por una patrulla en la Padre Castellanos del ensanche Luperón, crean dudas sobre las actuaciones de la Policía y los organismos castrenses del Estado.

Los policías dispararon al joven porque intentó detenerse en un lugar iluminado, mientras conducía su carro al lado de su padre y otros dos jóvenes.

La Comisión de Derechos Humanos someterá al jefe de la Policía ante la Justicia y elabora un documento para llevarlo ante estamentos internacionales, como Amnistía Internacional.

Guzmán Fermín es un oficial cuestionado por los grupos de derechos humanos desde hace al menos diez años. En San Francisco de Macorís se le acusó de dirigir a un grupo de policías llamado “cirujanos” porque disparaban contra jóvenes que supuestamente delinquían, a los que mataban o dejaban inválidos.

Asociaciones civiles, como Participación Ciudadana, se han manifestado contra la actitud de la Policía de ejecutar a ciudadanos que en ocasiones ni siquiera portan armas de fuego.

En proceso judicial

Cinco procesos judiciales

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha empezado el proceso para llevar a la Justicia a cuatro policías involucrados en homicidios de civiles y a otro acusado de amenaza de muerte. Manuel de Jesús Martínez Germán y Elvis Vinicio Montero Jiménez están acusados de matar al joven Abraham Ramos en la avenida Francisco Castellanos, porque no obedeció de inmediato una señal de “pare" que le hizo la patrulla, según el papá de la víctima, Silvestre Ramos. El joven trataba de detenerse en un lugar iluminado. El mayor Livio Cepeda y un cabo al que apodan Buda, mataron junto a una patrulla, a Jesús de la Rosa frente a sus tres hijos: uno de siete años y dos mellizos de cinco años, según la Comisión. El sargento mayor Willian Figuero Bello está acusado de intentar matar a Richard Kendal García. La Comisión pidió al jefe de la Policía que proteja al joven.
En dos ocasiones durante esta semana, Guzmán Fermín ha dicho que no manda a disparar contra las personas en los puntos de chequeo a vehículos. Ante el escándalo público, el jefe de la Policía repartió entre sus agentes de patrulla un instructivo para evitar el uso desproporcionado de la fuerza.

Sin embargo, mantiene el discurso de la “mano dura”, que Derechos Humanos interpreta como licencia para actuar arbitrariamente.

“Esto no es un juego de niños, pues estamos enfrentando a delincuentes peligrosos, pues uno de los muertos del incidente de la Villa Magisterial, de acuerdo con las investigaciones preliminares, estaba en Colombia la semana pasada”, dijo el jefe de la Policía cuando dos civiles murieron y dos policías y un fiscal resultaron heridos durante un tiroteo en Santiago, el martes 6 de este mes.

Los civiles fueron calificados de sicarios por el organismo, pero luego la Fiscalía dijo que se trataba de delincuentes comunes.

Ante los cuestionamientos de las asociaciones civiles, el jefe de la Policía dice que hay fuerzas internas que tratan de empañar su gestión. “Hay fuerzas invisibles que tratan de dañar la institución y a esta gestión”, comentó el oficial durante un desayuno que ofreció a periodistas de distintos medios el pasado día 9.

Es habitual que cada cierto tiempo en la Policía se desate una lucha interna de generales por alcanzar la jefatura y que surjan rumores de que se cometen excesos instigados por los aspirantes.

CIFRA

34.27
es la tasa de homicidios en el Distrito Nacional en el periodo enero-abril de este año, diez puntos más que en igual periodo del año pasado.
Esos rumores surgieron durante las gestiones de Manuel de Jesús Pérez Sánchez, quien fue jefe desde agosto de 2004 a agosto de 2005, y de Bernardo Santana Páez, quien dirigió la Policía desde esa fecha hasta agosto de 2006. Ambos son considerados “académicos”, no en el sentido estricto, sino porque provienen de una formación de respeto a los ciudadanos, aunque en sus mandatos distintas organizaciones también denunciaron abusos. Guzmán Fermín se percibe cercano a la línea de Pedro de Jesús Candelier, quien estuvo en la Policía desde febrero de 1999 hasta agosto de 2002.