Danilo Medina dice
“es inaceptable” mantener actuales condiciones del acuerdo con la Barrick
Pueblo Viejo
Dijo
que durante los primeros años, de cada US$100 de ingresos por exportación de
oro y otros metales, Barrick recibiría 97 y el pueblo Dominicano 3
Quiero hacer hoy un último llamado a los
ejecutivos de la
Barrick Pueblo Viejo para que accedan a
revisar los aspectos
fiscales del contrato, pues el esquema actual de distribución
de ingresos, luego del alza en los precios del oro
en el mercado mundial, es inaceptable.
Nuestro gobierno tiene un firme
compromiso con el principio de la seguridad jurídica para la inversión. Soy un
fiel creyente en la sana inversión extranjera para estimular el crecimiento del
ingreso, el empleo, la reducción de la pobreza y la generación de divisas, en
economías emergentes como la nuestra.
En este contexto, quiero ahora
referirme a un tema que desde hace meses se viene debatiendo en el país, y
sobre el cual un número creciente de sectores, grupos, y líderes de la sociedad
dominicana han estado reclamando una definición del Gobierno. Me refiero, al
contrato entre el Estado dominicano y la empresa Barrick Pueblo Viejo.
La inversión extranjera que se ha
producido en el Proyecto Barrick Pueblo Viejo es la de mayor envergadura que ha
tenido lugar en el país en toda la historia.
Se estima que la inversión realizada
alcanza más de 3 mil millones de dólares, monto que deberá ser validado por la
auditoría que el Estado dominicano contrató con la SGS de Suiza.
Estoy convencido de que la Barrick es
una empresa seria, comprometida con una minería responsable, y cumplidora de
las normas y mejores prácticas para proteger nuestro medio ambiente.
Dicho lo anterior, paso a referirme a
un aspecto que consideramos merece atención especial, tanto por parte del
Gobierno como de la empresa Barrick Pueblo Viejo: los beneficios fiscales que
genera el proyecto y la nueva situación que se ha presentado, luego de que los
precios del oro en el mercado de Londres hayan registrado niveles de entre mil
600 y mil 900 dólares la onza en los últimos años, como consecuencia de la
fuerte expansión de la liquidez mundial y la incertidumbre provocada por el
colapso de Lehman Brothers en septiembre de 2008.
Se estima que la inversión realizada alcanza
más de 3 mil millones de dólares, monto que
deberá
ser validado por la auditoría que el Estado
Dominicano
contrató con la SGS de Suiza.
El 25 de marzo de 2002, fecha en que se
aprobó el Contrato para la explotación del oro entre el Estado dominicano y la
empresa Placer Dome, el precio del oro en el mercado de Londres cerró en 298
dólares la onza.
Ese contrato fue adquirido por Barrick
Gold cuando el 19 de enero del 2006 esta empresa compró las acciones de Placer
Dome. El día de la compra de las acciones, el precio del oro cerró en 555
dólares la onza.
El 27 de septiembre del 2007, Barrick
Gold solicitó, a través de carta dirigida a la Ministerio de Industria y
Comercio, la flexibilización de los aspectos fiscales del contrato que el
Gobierno había acordado con Placer Dome. Ese día el precio del oro cerró en 732
dólares la onza.
A pesar de que el Gobierno dominicano
podía aferrarse a lo establecido en el Contrato original con Placer Dome,
mostrando una actitud de apertura y flexibilidad, aceptó sentarse en la mesa de
negociación con la empresa Barrick Gold, para revisar los aspectos fiscales del
Contrato que esta había adquirido.
El 11 de noviembre de 2009, la Cámara
de Diputados aprobó la enmienda al contrato con Placer Dome, en el cual se
establecieron modificaciones al régimen fiscal del contrato.
Como acertadamente sentenció el
Presidente Barack Obama en su discurso inaugural el pasado 21 de enero, “cuando
los tiempos cambian, nosotros también debemos cambiar”. Y nadie, absolutamente
nadie, puede negar que luego de la crisis financiera de 2008, los tiempos de
hoy son muy diferentes a los de principios de la década.
El hecho de que el precio del oro sea
actualmente casi 6 veces más alto que el de marzo del 2002, es un reflejo de la
magnitud del cambio.
Fue eso lo que nos motivó, desde que
asumimos la Presidencia de la República el pasado 16 de agosto del 2012, a
designar una Comisión Oficial de Alto Nivel, bajo la coordinación del Ministro
de la Presidencia, con el mandato de iniciar conversaciones con los ejecutivos
de la empresa Barrick Pueblo Viejo.
El objetivo de la comisión es acordar
modificaciones al esquema fiscal establecido en el contrato, dado el cambio
dramático que ha tenido lugar en el precio del oro en el mercado de
Londres.
Decenas de reuniones han tenido lugar
en los últimos seis meses, sin que a la fecha se haya logrado convencer a la
empresa sobre la necesidad y la urgencia de hacer las correcciones necesarias
al esquema actual de distribución de los ingresos, entre la empresa y el Estado
dominicano, derivada de la explotación del oro.
A lo sumo, lo único que la empresa ha
ofrecido es la posibilidad de adelantar el pago de impuestos futuros, lo que
implicaría que el Gobierno actual estaría apropiándose de recursos que le
corresponderían a las próximas administraciones.
Que no le quepa duda a nadie. Para
quien les habla, una operación como la planteada por los ejecutivos de Barrick
Pueblo Viejo no encaja dentro de los principios éticos y morales sobre los que
se fundamenta nuestra administración.
Bajo el esquema fiscal establecido en
la más reciente versión del contrato para la explotación de oro en Pueblo
Viejo, con un precio promedio de mil 700 dólares la onza de oro y 28 dólares la
onza de plata, la empresa Barrick Pueblo Viejo obtendría ingresos netos de
costos operativos por 2 mil 600 millones de dólares en los dos primeros años de
producción, asumiendo exportaciones de
1 millón de onzas de oro y poco más de 2 millones de onzas de plata. Es
decir, la empresa estaría recuperando el monto total invertido en poco más de
dos años.
A
lo sumo, lo único que la empresa ha ofrecido es la posibilidad
de
adelantar el pago de impuestos futuros, lo que implicaría
que el Gobierno actual estaría
apropiándose de recursos
que le corresponderían a las próximas
administraciones.
Que
no le quepa duda a nadie. Para quien les habla,
una
operación como la planteada por los ejecutivos de
Barrick
Pueblo Viejo no encaja dentro de los principios éticos
y
morales sobre los que se fundamenta nuestra administración.
Nunca antes, en la historia de la
humanidad, se ha verificado un caso en el cual una empresa minera haya podido
recuperar su inversión en tan poco tiempo, mientras el Estado del país receptor
de la inversión estaría recibiendo migajas durante esos primeros años.
De los mil 753 millones de dólares de
ingresos anuales de exportación, el Gobierno dominicano apenas recibiría 56
millones de dólares.
En otras palabras, durante los primeros
años, de cada 100 dólares de ingresos de la exportación de oro y otros metales,
la Barrick recibiría 97 dólares y el pueblo dominicano tres.
Dominicanas y dominicanos.
¡Eso
es sencillamente INACEPTABLE!
Estoy consciente que ni el Gobierno ni
Barrick Pueblo Viejo tienen la culpa de este resultado. La verdad es que
ninguno de los dos previeron, y quizás no podían prever, lo que iba a suceder
con el precio del oro luego de la crisis financiera global que estalló en
septiembre del 2008.
Pero la realidad es que la situación
cambió. Que las circunstancias ahora son muy diferentes. Y si por mutuo acuerdo
no modificamos los términos fiscales del contrato durante los primeros años, la
Barrick se quedaría prácticamente con todo y el pueblo dominicano con nada.
Dominicanos y dominicanas,
Yo,
Danilo Medina, les aseguro que eso no sucederá.
Quiero hacer hoy un último llamado a
los ejecutivos de la Barrick Pueblo Viejo para que accedan a revisar los
aspectos fiscales del contrato, pues el esquema actual de distribución de
ingresos, luego del alza en los precios del oro en el mercado mundial, es
inaceptable.
Hasta ahora hemos sido pacientes. Pero
la paciencia tiene un límite. Y más para un gobierno que está a diario en la
calle y ve dibujadas en el rostro de nuestra gente las urgencias de una mayor
inversión de recursos, que le permitan mejorar sus condiciones de vida.
Si la empresa Barrick Pueblo Viejo
mantiene la posición intransigente que ha exhibido hasta ahora, el gobierno no
se puede quedar de brazos cruzados.
Pasado un plazo prudente, someteremos
al Congreso Nacional un proyecto de ley que establecerá un Impuesto sobre los
Ingresos Inesperados de las empresas exportadoras de minerales, el cual
gravará, con una tasa justa, el excedente entre el valor de las exportaciones
de minerales a los precios en el momento en que se realicen las mismas y el
precio de referencia para cada uno de los minerales.
Ese precio se fijará en función de los
precios vigentes en los tiempos en que los contratos originales fueron
adquiridos u otorgados a las actuales empresas dedicadas a la explotación de
minerales. El impuesto sobre los ingresos inesperados liquidado operaría como
un crédito para el pago del impuesto de participación sobre las utilidades
netas (PUN) de 28.75%.
Los ingresos que se obtengan de este
impuesto serán destinados a la inversión social y al combate de la pobreza.
Estoy seguro que esta iniciativa
recibirá el apoyo mayoritario y expedito de los legisladores de todos nuestros
partidos políticos presentes en esta Asamblea Nacional.
Sé que algunas empresas argumentarán
que sus contratos contienen cláusulas de estabilidad fiscal durante la vigencia
de los mismos que impiden la creación de nuevos impuestos que las afecten.
Mi respuesta a esa argumentación es la
siguiente. Primero, la introducción del nuevo impuesto no reducirá el valor del
contrato original adquirido u otorgado a la empresa. Lo que el nuevo impuesto
haría sería distribuir el aumento en el valor del contrato, generado por el
alza inesperada de los precios, asignándole un porcentaje justo del incremento
al pueblo dominicano y el resto a la empresa.
Hasta
ahora hemos sido pacientes.
Pero la paciencia tiene un límite.
Y
más para un gobierno que está a diario en la calle
y ve dibujadas en el rostro de nuestra gente
las urgencias
de una mayor inversión de recursos, que le
permitan
mejorar sus condiciones de vida.
Si la empresa Barrick Pueblo Viejo mantiene la
posición
intransigente que ha exhibido hasta ahora, el
gobierno
no se puede quedar de brazos cruzados.
Pasado un plazo prudente, someteremos al Congreso
Nacional
un proyecto de ley que establecerá un Impuesto sobre los
Ingresos
Inesperados de las empresas exportadoras de minerales,
el cual gravará, con una tasa justa, el
excedente entre
el valor de las exportaciones de minerales a
los precios
en el momento en que se realicen las mismas y
el precio
de referencia para cada uno de los minerales.
Segundo, al igual que sucede en los
países desarrollados que rechazan las solicitudes de cláusulas de estabilidad
fiscal, en nuestro caso las decisiones que hayan tomado los Poderes
Legislativos en el 2002 y el 2009, no pueden atar de manos al actual ni a los
futuros Congresos que elija el pueblo dominicano, pues esto violaría los
derechos de soberanía.
No es por casualidad que Estados
Unidos, Canadá e Inglaterra no permiten la inclusión de este tipo de cláusulas
en los contratos de explotación petrolera y minera.
Y tercero, el contrato inicial con
Placer Dome contenía cláusulas de estabilidad fiscal similares y el Gobierno, a
solicitud de la Barrick Gold, accedió a sentarse en la mesa de negociaciones
para modificarlo a favor de la empresa.
Ahora, que los elevados precios
favorecerían de manera exagerada y exclusiva a la empresa en los primeros años,
corresponde a la empresa aceptar la invitación del Gobierno para que, por mutuo
acuerdo, modifiquemos la distribución de los ingresos que generará la
explotación del oro de Pueblo Viejo.
Las modificaciones de los esquemas
fiscales acordados con las empresas petroleras y de minerales han sido la regla
y no la excepción en el mundo minero, a raíz de los aumentos inesperados de
precios que han tenido lugar en los últimos años.
Lo que el Gobierno dominicano está
requiriendo, no es algo muy diferente a los cambios fiscales ejecutados en:
Argelia en 2006, en Argentina en 2002, 2004 y 2006, en Australia en 2008, en
Bolivia en 2005, 2006 y 2007, en Canadá en 2007, en China en 2006, en Ecuador
en 2006, 2007 y 2008, en India en 2008,
en Inglaterra en 2002 y 2005, en Italia en 2008, en Kazajistán en 2008,
en Mongolia en 2006, en Nigeria en 2008, en Papúa Nueva Guinea en 2008, en
Rusia en 2002 y 2003, en Estados Unidos en 2005, 2006 y 2007, en Venezuela del
2002 al 2008, en Vietnam en 2008,
y en Zambia en el 2008.
No somos, por tanto, los únicos que
estamos reclamando una mayor justicia distributiva de los beneficios generados
por la explotación de los recursos no renovables.
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