Alabama firma la ley de inmigración más dura de EEUU
jueves 9 de junio de 2011 20:30
Por Peggy Gargis
BIRMINGHAM, EEUU, 9 jun (Reuters) - El gobernador republicano de Alabama, Robert Bentley sancionó el jueves una ley para perseguir la inmigración en el estado que tanto sus defensores como sus detractores consideran como la más dura en todo Estados Unidos.
La medida exigirá a las escuelas públicas que determinen el estatus inmigratorio de sus estudiantes, un aspecto que no cubría una ley en Arizona que se ha situado en el centro del debate sobre el intento de controlar la inmigración ilegal en varios estados del país.
De acuerdo con la nueva ley de Alabama, la policía deberá detener a todo aquel que no muestre la documentación reglamentaria si sospecha que está en el país de forma ilegal.
También será un delito transportar o refugiar a alguien que se encuentra ilegalmente en el estado. La ley impone sanciones contra las compañías que contraten empleados sin estatus de residente legal, por ejemplo, la suspensión o revocación de su licencia.
La ley, que está previsto que entre en vigor a partir del 1 de septiembre, obliga a las empresas a usar una base de datos llamada E-Verify para confirmar el estatus inmigratorio de los nuevos empleados.
‘Tenemos un auténtico problema con la inmigración ilegal en este país", dijo Bentley después de firmar la ley. "Yo defendí las leyes de inmigración más severas y estoy orgulloso de la Legislatura por trabajar incansablemente para crear la legislación más fuerte del país".
Defensores de los derechos de los inmigrantes han prometido llevar la ley a los tribunales, tras haber demandado medidas similares en Arizona, Utah, Indiana y Georgia para frenarlas. El Departamento de Justicia estadounidense también apeló la ley de Arizona.
Alabama es el último estado en seguir el ejemplo de la controvertida ley aprobada en Arizona el año pasado. Los tribunales bloquearon la aplicación de una parte de la norma que permitía a la policía comprobar el estatus inmigratorio de los transeúntes. Pero el Tribunal Supremo del país aprobó recientemente otra ley de Arizona que obliga a los empresarios a utilizar E-Verify y también indicó que el estado puede suspender o revocar la licencia de las empresas que contraten a inmigrantes ilegales sabiéndolo.
La ley de Alabama se distingue por el requisito de que las escuelas públicas determinen, a través de la revisión de certificados de nacimiento o declaraciones juradas, el estatus de residencia legal de los estudiantes.
"Tememos que, en efecto, esto restringirá a los estudiantes por miedo o acoso", dijo Shay Farley, directora legal de Alabama Appleseed, una organización sin fines de lucro de defensa de la comunidad.
Los republicanos se hicieron con el control de Alabama por primera vez en 136 años tras las elecciones del año pasado. Varios estados han aprobado restricciones a la inmigración, aunque el Gobierno estadounidense lo considera una cuestión federal.
El estado de Alabama, o simplemente Alabama, es un estado de los Estados Unidos de América, situado en la región Sur del país, cuya capital es la ciudad de Montgomery. Limita al norte con Tennessee, al este con Georgia, al sur con el Golfo de México y Florida, y al oeste con el estado de Misisipi. En relación a los otros estados, Alabama ocupa el 30º lugar en superficie terrestre, y el segundo lugar en el tamaño de sus vías fluviales internas. Se encuentra además, en el 23º lugar en población, llegando casi a los 4,6 millones de habitantes en el año 2006. Recibe el nombre del río Alabama (que significa 'limpiador de la espesura', en la lengua de los indios Choctaw), que recorre el estado hasta desembocar cerca de Mobile. La ciudad más grande del estado es Birmingham.
EEUU-INMIGRACIÓN
El Supremo de EE.UU. autoriza a Arizona a cerrar 
negocios que contraten a ilegales
26 de mayo de 2011
Washington, 26 may (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos apoyó hoy una polémica ley del estado de Arizona que sanciona, incluso con el cierre, a negocios que contraten a inmigrantes indocumentados.
En una votación de 5 contra 3, los jueces de la máxima corte estadounidense rechazaron los argumentos de negocios, organizaciones civiles e incluso del Gobierno de Barack Obama y reabrieron la puerta a la aplicación de esa ley estatal, que entró en vigor en 2008, pero había quedado suspendida a espera del dictamen.
La decisión es la primera de la corte sobre el paquete de medidas contra los indocumentados que ha impulsado Arizona, y una que, según algunos analistas, puede tomarse como adelanto del dictamen que el Supremo podría dar a la más polémica de esas leyes, la SB1070.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, anunció hace dos semanas que llevará ante la máxima instancia sus argumentos para que esa otra medida, que convierte a los indocumentados en criminales, pueda aplicarse en su totalidad y no con las restricciones que le impuso un tribunal federal.
También se espera que acabe en el Supremo una norma firmada el año pasado por Brewer, que exige a los policías del estado que verifiquen el estatus migratorio de cualquier sospechoso de cometer un crimen, y que se encuentra bloqueada e inmersa en un largo proceso de apelaciones.
En el fallo de hoy, emitido por el presidente del Supremo, el conservador John Roberts, la corte determinó que la ley no viola las leyes federales sobre inmigración, como afirmaban los demandantes y como defiende el Gobierno.
La ley, conocida informalmente en el estado como la "pena de muerte para los negocios", permite que los abogados de cada condado lleven a juicio a empresarios que, a sabiendas, contraten a trabajadores indocumentados.
Las empresas que violen la ley corren el riesgo de perder sus licencias y hasta el cierre de sus negocios.
"Arizona ha tomado el rumbo menos capaz de causar tensiones con la ley federal", escribió Roberts en el dictamen, respaldado por los jueces Antonin Scalia, Anthony Kennedy, Samuel Alito y Clarence Thomas.
Los jueces argumentaron que esta ley de Arizona se apoya "únicamente" en el programa "E-Verify", diseñado por el Gobierno para que las empresas verifiquen el estatus migratorio de los empleados, por lo que discurre, según los jueces, en la línea trazada por las autoridades federales.
No obstante, los tres jueces que votaron en contra de la ley, Sonia Sotomayor, Ruth Bader Ginsburg y Stephen Breyer, advirtieron que la medida puede llevar a "discriminación ilegal" contra algunos trabajadores.
"Tanto directamente como a través de la incertidumbre que crea, el estatuto de Arizona impondrá nuevas cargas sobre el empleo legal", indicó Breyer en sus argumentos finales.
La Cámara de Comercio de EE.UU. mostró poco después su "decepción" por el dictamen, aunque subrayó que éste no favorece, "de ninguna manera", la creación de "sistemas de inmigración en la sombra" en cada uno de los estados, al margen de la legislación federal.
"El Tribunal Supremo sólo ha respaldado el estatuto porque respeta la ley federal tal y como es; porque usa la definición del Gobierno de 'inmigrante no autorizado' y exige a los estados que utilicen un sistema federal para comprobar el estatus de los empleados", dijo en un comunicado Robin Conrad, vicepresidente de la firma legal de la Cámara.
La decisión aumenta, según Conrad, la "urgencia" de que el Congreso impulse una reforma migratoria que elimine "la cacofonía de legislaciones estatales y locales incompatibles entre sí" a la que se enfrentan los negocios de todo el país.
Otros siete estados -Colorado, Misisipi, Misuri, Pensilvania, Tennessee, Virginia y Virginia Occidental- han aprobado leyes similares a la de Arizona, según indicó el juez Roberts en la sesión de hoy.
Arizona
Arizona es uno de los 50 estados que conforman los Estados Unidos de América, localizado en el suroeste del país. Es muy conocido por su paisaje desértico, sus cactus y la cosmopolita ciudad de Phoenix.
Gran parte de Arizona tiene un clima árido o semiárido. Estas regiones reciben menos de 40 centímetros de lluvia al año, siendo muy calurosas en verano y suaves en invierno. No obstante, las regiones montañosas de mayor altitud poseen un clima más húmedo y frío. La mayoría del estado está escasamente habitado: la mayor parte de la población de Arizona se concentra en dos centros urbanos: Phoenix, la ciudad con mayor crecimiento de Estados Unidos, la mayor ciudad y capital del estado, y Tucsón.
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Georgia, avanza ley antiinmigrante
SAN DIEGO, USA
Hace un año fue Arizona, hoy es el estado de Georgia el que se encuentra en medio de un agrio debate migratorio, luego de que el pasado 14 de abril la iniciativa HB 87, una estricta ley antiinmigrante que emula en sus partes más duras a la ley SB 1070 de Arizona, fue aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado del estado de Georgia.
Al igual que en Arizona, el gobernador republicano de Georgia, Nathan Deal, ha prometido firmar la ley en cuanto llegue a sus manos. Con ello estará cumpliendo con su promesa de campaña hecha hace un año a sus simpatizantes del Partido del Te que votaron por él de manera abrumadora.
El gobernador tiene hasta el 24 de mayo para firmar o vetar la ley. Si no toma acción alguna, la Constitución de ese estado contempla que se convierta en ley de manera automática.
“Muéstrame tus documentos”
La HB 87, también conocida como la ley "muéstrame tus documentos", permite la detención inmediata en una prisión federal de toda persona que no pueda mostrar prueba de ciudadanía o residencia legal en el momento de ser detenido por un agente de la policía local o estatal.
Además, requiere que todos los negocios en el estado con 10 o más empleados verifiquen los nombres de los trabajadores de nueva contratación en una base de datos del gobierno federal, conocida como E-Verify.
El problema con esta base de datos es que desde su inicio ha mostrado cientos de errores que han llevado al despido de trabajadores que se encontraban legalmente en el país.
La iniciativa endurece las condenas de prisión y las multas para las personas que sean encontradas en posesión de documentos falsos y de aquellos que transporten o den albergue a personas indocumentadas.
La HB 87 también crea un comité de siete miembros que vigila que las agencias gubernamentales locales y estatales, apliquen las leyes migratorias del estado.
La legislación, cuyo objetivo es hacerle la vida imposible a los indocumentados, en su versión original era mucho más estricta, pero se desecharon algunas cláusulas por ser claramente anticonstitucionales, como la prohibición a los estudiantes indocumentados para recibir educación superior en las principales instituciones universitarias de ese estado.
De igual forma se borró de la versión original el intento de negar a los trabajadores indocumentados cualquier compensación en caso de un accidente laboral y otra que buscaba convertir en un delito mayor sólo para los inmigrantes indocumentados, el manejar bajo la influencia del alcohol.
Georgia (Estados Unidos)
Georgia es uno de los 50 estados de los Estados Unidos de América, localizado en la Región Sur del país. Georgia es el mayor estado del país en superficie al este del río Misisipi, desde que Virginia Occidental se separó de Virginia en 1863. El crecimiento de la población de Georgia es uno de los más altos del país en los últimos tiempos. Su población creció en torno al 26% entre 1990 y 2000, de 6.478.216 habitantes en 1990 a 8.186.453 en 2000.
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El mundo
Detenciones de dieciocho meses, incluyendo a menores, y expulsiones por cinco años
Europa aprobó una durísima 
ley antiinmigrantes
Por Eduardo Febbro
Jueves, 19 de junio de 2008
Desde París
El Parlamento europeo aprobó con una facilidad y una mayoría desconcertantes uno de los textos más controvertidos de los últimos años sobre la regulación de los flujos migratorios. Por 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones, el Europarlamento adoptó en pocas horas la escandalosa Directiva Retorno mediante la cual se fijan reglas no comunes para la admisión de extranjeros sino un método drástico para expulsarlos. La directiva establece que los inmigrados ilegales podrán ser detenidos por un período que va hasta los 18 meses si rehúsan dejar el territorio europeo voluntariamente. El texto también estipula que los menores de edad son igualmente expulsables y que las personas expulsadas del territorio eurocomunitario no podrán regresar durante un lapso de cinco años.
Repudiada por varios gobiernos de América latina –los países de la Comunidad Andina de Naciones, la CAN y Uruguay protestaron enérgicamente (ver aparte)–, criticada por el Vaticano, la izquierda y las asociaciones de defensa de los derechos humanos, la Directiva Retorno pasó en virtud de una alianza entre conservadores, liberales y euroescépticos y, sobre todo, gracias a las ya absurdas divisiones del grupo socialista. Por esa razón el texto pasó limpio, es decir, sin ninguna de las enmiendas propuestas por los opositores. Envueltas en frases de un delicado cinismo, la Directiva abre paso a prácticas que hasta ahora eran impensables en las grandes democracias de Europa. La posibilidad de que un menor sea expulsado es, por ejemplo, uno de los capítulos menos gloriosos del texto que adopta únicamente una estrategia policial frente al fenómeno de la inmigración. La eurodiputada socialista francesa Martine Roure explicó que el resultado de los compromisos que facilitaron el voto era “insuficiente en materia de protección de los derechos fundamentales”. Más virulento, el eurodiputado comunista italiano Giusto Catania habló de una “Directiva inhumana impuesta por los gobiernos”. En cambio, el europarlamentario español Agustín Díaz de Mera (Partido Popular) explicó que “el acuerdo pone fin a algo difícilmente comprensible, como es que en la Unión Europea haya lugares donde los inmigrantes pueden ser retenidos indefinidamente”. De los 27 países, siete autorizan un período indefinido de arresto de ilegales, mientras que en 16 países, entre ellos Francia y España, el lapso no puede exceder los 32 o los 40 días.
El texto sometido al voto rompió la lógica de los grupos políticos. Los socialistas se quedaron estancados en sus divisiones y ello quedó plasmado en el voto cuando varios socialistas aprobaron la Directiva. “No es la victoria o la derrota de nadie. Podemos sentirnos satisfechos de haber obtenido por lo menos una reglamentación europea”, dijo el socialdemócrata alemán Wolfgang Kreissldörfler, que votó a favor del texto y contra la consigna oficial del grupo del PSE (Partido Socialista Europeo).
Los adversarios del texto –ecologistas, socialistas y comunistas– argumentan que su aplicación desembocará en un deterioro de las condiciones de expulsión en los países de la UE que actualmente tienen una legislación más favorable. La aprobación de la Directiva Retorno es un esbozo de la política inmigratoria global que se avecina. La Directiva constituye una pieza más en el ya duro proceso de reorganización y endurecimiento de la política migratoria de la UE. Esta debería acentuarse aun más cuando Francia asuma el próximo 1º de julio la presidencia rotativa de la Unión. París pugna por la aprobación de un “pacto europeo” cuyos ejes son una suerte de “contrato de integración” que contempla el aprendizaje obligatorio de la lengua nacional para quienes quieran llegan a Europa y, sobre todo, el fin de las regularizaciones masivas de ilegales, así como una política común de asilo. Francia busca evitar que uno de los Estados de la UE proceda a regularizaciones masivas sin el acuerdo de todos los demás miembros. Según cifras de la Comisión Europea, entre uno y dos millones de inmigrantes llegan a Europa legalmente cada año. La misma fuente calcula que existen hoy 8 millones de extranjeros clandestinos. En el primer semestre de 2007, 200 mil ilegales fueron arrestados dentro de la UE. De esos 200 mil, 90 mil fueron expulsados. La Directiva Retorno consagra la visión represiva de una derecha europea que gana votos con el espantapájaros de la inmigración. La decencia y la defensa de sus ciudadanos imponen hoy una respuesta adecuada de los timoratos países latinoamericanos que, desde hace años, toleran que sus ciudadanos sean objeto de tratos impensables en los aeropuertos y comisarías sin protestar o actuar con la energía que se impone.
Los casos de golpes, insultos racistas, abusos y expulsiones excesivas llenan un catálogo vergonzoso de la discriminación. La UE tiene hoy un texto común que abre la vía a más abusos. El silencio de la gran mayoría de las cancillerías latinoamericanas y los parlamentos nacionales ha sido, hasta ahora, un aliado de abrumadoras vejaciones. Ayer, las protestas se hicieron escuchar. Demasiado tarde.
Unión Europea
La Unión Europea (UE) es una comunidad política de Derecho constituida en régimen de organización internacional sui generis, nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los pueblos y de los Estados de Europa. Está compuesta por veintisiete Estados europeos, y su Unión fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea (TUE), el 1 de noviembre de 1993.
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José Ricardo Taveras
Migración sancionará a los que empleen ilegales
Advierte que pagarán también el costo de las repatriaciones
Santo Domingo.- Los empleadores dominicanos que contraten mano de obra ilegal cargarán con la responsabilidad de pagar el costo de las repatriaciones de esas personas, de acuerdo a lo que establece el nuevo reglamento de aplicación de la Ley General de Migración, el cual está listo a la espera de que el presidente Leonel Fernández lo estudie y emita el decreto correspondiente.
Así lo expresó el director General de Migración, José Ricardo Taveras, quien dijo que en lo adelante las persecuciones a los ilegales también estarán dirigidas a aquellos que los traen al país para emplearlos sin llenar los requisitos de lugar.
“Nos vamos a concentrar en perseguir a los empleadores de mano de obra ilegal extranjera, sean de la nacionalidad que sean, la ley tiene sus sanciones, el reglamento establece sus reglas, habrán mecanismos para contratar extranjeros legalmente”, advirtió el director de Migración.
Dijo que luego de que las reglas de juego existan no habrá excusas de nadie, aunque señaló que se les dará un plazo para regularicen todo.
A su juicio, resulta más sencillo y menos costoso perseguir y sancionar a quienes violan la ley contratando ciudadanos, que caerle atrás a más de un millón de extranjeros ilegales que residen en el país.
“No se puede permitir este caos de un mercado que anda ahí sin ningún tipo de control, que está infectando el Registro Civil Dominicano sobre la base de una documentación falsa de suplantación de cédulas de personalidad”, sostuvo. En ese orden, el funcionario denunció que a diario la Dirección de Migración detiene a haitianos que cuando son investigados resulta que sus cédulas son suplantaciones de personalidad logrado a través de la falsificación de cédulas.
Nuevo reglamento
De acuerdo a las explicaciones de Taveras, cuando entre en vigencia el nuevo reglamento, quienes vengan al país a trabajar o como turistas deberán estar dotados de certificado de salud, seguro médico y de un seguro de repatriación.
“Porque a partir de la aprobación del reglamento, si se aprueba como está elaborado, serán los empleadores los responsables de cubrir el costo de repatriación de sus empleados, esa es la propuesta y lo que nosotros quisiéramos implementar”, sostuvo.
Dijo que en la actualidad resulta incuantificable el costo de las repatriaciones, pero recordó que según estimaciones, el Estado Dominicano gasta el 25% de su presupuesto de salud en personas que residen de manera ilegal en el país, principalmente de origen haitiano.
Asimismo, el director de Migración explicó que en los hospitales de Santiago el 40% del departamento de las áreas de Gineco-obstetricia son ocupadas por ciudadanas haitianas que viven ilegalmente en el país y cruzan desde Haití.
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