| La contraloría no miró ni de lejos los contratos millonarios para la construcción de centrales San Francisco y Toachi
El Consejo Provincial de Pichincha es propietario del 100% de las acciones de Hidrotoapi S.A., empresa de carácter privado, concesionaria del proyecto
El prefecto también renegociará para que Odebrecht reconozca el lucro cesante
Vicios de San Francisco dieron un coletazo a Toachi-Pilatón', dice Baroja
A diferencia del ministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, cuyos asistentes dijeron que por estos días en esa dependencia solo se habla de las ventajas de los focos ahorradores, pero ni una palabra sobre los líos de San Francisco y de Toachi-Pilatón, el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, conversó sobre la central que se construye en esta provincia.
Para empezar, dijo que “los vicios de San Francisco han dado un coletazo a Toachi-Pilatón, por tratarse de la misma empresa constructora”. Señala que tras los primeros cuestionamientos del presidente Rafael Correa por los problemas del túnel de San Francisco, el Directorio de Hidrotoapi ordenó la contratación de una auditoría internacional para analizar el diseño básico referencial del proyecto.
En relación a varios reparos sobre el contrato, señaló que Hidrotoapi entablará un proceso de renegociación con la compañía Odebrecht.
El funcionario aseguró que el contrato celebrado por Hidrotoapi S.A. no es “gemelo” del que realizó Hidropastaza. Dijo que no contempla “un premio” por terminación anticipada ni pagos extras por supuestas mejoras del diseño. En el caso del lucro cesante (no contemplado específicamente en el contrato), manifestó que se acordó aplicar las leyes nacionales que sí establecen esa figura.
En cambio, anotó que habrá que hacer cambios en lo que tiene que ver con las garantías.
Baroja también dice que las negociaciones que se den en el caso de San Francisco tandrán que ser aplicadas al caso de Toachi-Pilatón.
En esto coincide el abogado de Hidrotoapi, Pedro Freile, quien asegura que la renegociación con Odebrecht por el tema de San Francisco servirá como “una línea base comercial” para la renegociación del Toachi-Pilatón.
En lo que tiene que ver con la fiscalización de las obras, señala que Hidrotoapi llamó a un concurso pero lo declaró desierto y luego decidió asumirla directamente, para lo cual se creará un equipo de ingeniería con técnicos ecuatorianos que laboraron en el antiguo Inecel.
A todo esto, el gerente general de Hidrotoapi, Byron Granda, no descarta la posibilidad de rescindir unilateralmente el contrato, en caso de no llegar a un acuerdo con Odebrecht.
Mientras se espera el desenlace del proyecto, el prefecto Baroja envió una carta al presidente Rafael Correa, en la que le informó sobre la decisión del Directorio de que el contrato reconozca en forma explícita el lucro cesante a favor de Hidrotoapi, la extensión de la vigencia de las garantías técnicas, la eliminación de los incentivos a la empresa contratista por mejoras al diseño así como la eliminación del reajuste de precios pactado en el contrato; “además de todos los asuntos que fueren de interés para la provincia y el país”.
BLANCO YNEGRO no logró obtener una versión sobre el tema por parte de los directivos de Odebrecht. La semana pasada, la empresa recibió un ultimátum del Gobierno por el caso San Francisco. (AA/VG)
'El contrato con Alstom es un asunto de Odebrecht'
En san FRANCISCO, se instalaron turbinas que se desgastaron rápidamente, supuestamente para bajar costos
El abogado de Hidrotoapi S.A, Pedro Freile, es enfático en señalar que el contrato se hizo exclusivamente con la empresa Odebrecht y que esta tiene la responsabilidad de la obra.
No obstante, al igual que en el caso del proyecto San Francisco, el equipamiento será provisto por la empresa francesa Alstom, que tiene fábricas en Brasil.
Freile dijo que esa contratación corre por cuenta de Odebrecth y que Hidrotoapi no tuvo nada que ver en eso.
En el caso de San Francisco, las turbinas instaladas por Alstom en la casa de máquinas tenían 330 revoluciones por minuto (RMP) y se desgastaron rápidamente; aparentemente el costo era menor que las de 240 establecidas en los diseños. (AA/VG)
PUNTO DE VISTA
La suspensión de operaciones de la central hidroeléctrica San Francisco, el 6 de junio pasado, a consecuencia de lo que serían fallas estructurales, constituyó un duro golpe para la imagen del Gobierno.
Por un lado, el presidente había inaugurado con bombos y platillos el proyecto de generación menos de un año antes, mostrándolo como uno de los ejemplos de la política energética del Régimen. Con ella, a través del impulso de ese y más proyectos, Alianza País planea obtener recursos que serían utilizados en otras áreas de su ambicioso plan de Gobierno.
El problema, no obstante, rebasa el ámbito de San Francisco, pues la misma empresa Norberto Odebrecht está a cargo del proyecto energético Toachi-Pilatón, impulsado por el Consejo Provincial de Pichincha, y que cuenta con el respaldo absoluto del Régimen. El presidente Correa, en persona, asistió a la colocación de la primera piedra. Y en esta obra se ha detectado ya la existencia de problemas contractuales, que el gobierno seccional trata de subsanar y de minimizar.
Por su parte, los integrantes del Gobierno central están empeñados en mostrar una imagen enérgica contra la constructora responsable, además, de otras tres obras de importancia para el país tales como el proyecto múltiple Carrizal-Chone o el Aeropuerto de Tena.
El Régimen, sobre todo, trata de marcar distancia sobre las responsabilidades. En realidad, la firma de los contratos de la mayoría de los proyectos no se realizó en el actual Gobierno, además de que buena parte de la ejecución de las obras fue realizada en otros períodos.
Sin embargo, el hecho de que Hidropastaza -que tiene como mayor accionista al Fondo de Solidaridad- haya entregado en este Gobierno una prima a Odebrecht por la entrega adelantada de San Francisco deja en entredicho a la imagen fiscalizadora del Régimen, en la víspera del referendo constitucional. (LAG) 'Derroche' de dinero en obra que se paraliza al año de inaugurada
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| El contrato es del tipo E.P.C. (ingeniería, suministro y construcción), conocido como 'llave en mano'. Toda la responsabilidad y el riesgo es del contratista
Conelec adjudica concesión a Odebrecht y esta cede a Hidropastaza, la cual adjudica la construcción a Odebrecht. El Estado garantiza...
A mediados de agosto pasado, dos meses después de la paralización de la central hidroeléctrica San Francisco, el presidente Rafael Correa responsabilizó al Gobierno de Lucio Gutiérrez por supuestas irregularidades en la contratación de esa obra con la compañía brasilera Odebrecht.
Pero la historia se remonta al Gobierno del ex presidente Gustavo Noboa, cuando el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) adjudicó el contrato a la Asociación Pastaza, conformada por las firmas Odebrecht, Ansaldo y CHI Energy Inc.
Las reglas de juego señalaban que la asociación o el consorcio ganador debía constituirse en sociedad anónima. Así nació Hidropastaza S.A., como empresa privada conformada por Hidroagoyán -del Fondo de Solidaridad- con el 80% del paquete accionario y el 20% de Odebrecht. Al finalizar la construcción, el Fondo de Solidaridad asumió el 100% de las acciones previo el pago de $25 millones.
Para el 28 de marzo de 2000 se firmó el contrato de concesión entre el Conelec e Hidropastaza y un día después esta firmó el contrato de construcción con la compañía Odebrecht.
El monto del contrato, privado, fue de $286 millones, de los cuales $243 millones provenían del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y el resto lo financió Hidropastaza S.A. El préstamo fue garantizado por el Estado.
El entonces diputado Víctor Hugo Sicouret (PRE) demandó la inconstitucionalidad del decreto de garantía firmado por Noboa. Argumentaba que en la figura de concesión el Estado solo está facultado para regular y controlar la actividad delegada contractualmente a particulares, mas el Tribunal Constitucional (TC) no le dio la razón. En esa época era ministro de Finanzas Jorge Gallardo y de Energía, Pablo Terán.
El 20 de junio de 2007, el presidente Rafael Correa inauguró la central hidroeléctrica. Entonces, Hidropastaza reconoció a Odebrecht $13,6 millones por haber adelantado nueve meses la entrada en operación.
Pero el 6 de junio de este año la central se paralizó “por graves daños técnicos”, según la Cámara de la Construcción de Quito, aunque la empresa señaló que se trataba de una paralización programada para mantenimiento “en la que se identificaron ciertas ocurrencias que requieren ser corregidas”.
La fiscalización se contrató con el grupo conformado por Furnas de Brasil e Integral del Ecuador; la primera es socia de Odebrecht en otros proyectos que se ejecutan en Bolivia y Brasil. Integral es del ex gerente de Inecel, Eduardo Villarreal, quien la semana pasada no conversó con BLANCO Y NEGRO por encontrarse de viaje, según su secretaria.
El lucro cesante por la paralización de la planta sería de $200 mil diarios. (AA/VG)
Bonos de energía futura compensan 'depreciación del dólar frente al real'
Los adéndum al contrato incrementaron en alrededor de $115,1 millones el monto del contrato original (ver listado).
La última modificación reconoce una compensación de alrededor de $30 millones por "la depreciación del dólar de los Estados Unidos de América frente al real del Brasil". El pago se haría mediante certificados de energía futura expresados en kilowatios/hora (KW/h) a razón de ¢4, cuando en el mercado nacional el KW/h se comercializaba a ¢8. En el adéndum se establece que los certificados serán redimidos cuando concluya el pago del crédito al banco brasileño BNDES, es decir dentro de 10 años.
No obstante, Hidropastaza pagó $4,5 millones al valor nominal sin considerar los 10 años que faltan para su caducidad, ni se trajo su monto a valor presente.
El ex diputado Sicouret puso una denuncia en la Fiscalía y sostuvo que el Gobierno debe dar de baja esos bonos. BLANCO Y NEGRO intentó infructuosamente obtener la versión de Hidropastaza y de Odebrecht. (AA/VG)
Adéndum sin auditoría suben monto de la obra
1 El 15 de octubre de 2002 se eliminaron las obras de captación del Río Verde, por $40 millones, y se incluyen otras. No se modifica el monto del contrato
2 La constructora Odebrecht cedió a Hidropastaza S.A. todos los derechos y obligaciones del contrato. Era el 21 de noviembre de 2003
3 El 26 de mayo de 2004, la concesionaria Hidropastaza S.A. aceptó aprobar en un plazo de 10 días los trabajos de construcción de la central de generación
4 Hidropastaza acepta reconocer a la compañía Odebrecht $12,7 millones en caso de entrega anticipada de la obra. Esto fue el 25 de agosto de 2004
5 Hidropastaza S.A. decidió reconocer $15,7 millones a la constructora por un reajuste de carácter inflacionario, el 2 de agosto de 2005
6 El 11 de enero de 2006 se reconoció a Odebrecht el pago de $12 millones por el daño de uno de los "topos" (máquina excavadora automática)
7 El 2 de mayo de 2006 nuevamente se reconoce a la empresa contratista un ajuste económico por costos adicionales de la liberación de un "topo"
8 Tres días después, el 5 de mayo de 2006, se reconoce a Odebrecht otro ajuste económico debido a cambios por aspectos geológicos y geotécnicos
9 El 27 de julio de 2006 hay un nuevo reajuste de $4,7 millones. Esa ocasión fue por las condiciones del túnel de conducción
10 Reajustan alrededor de $30 millones por el diferencial cambiario entre el dólar y el real brasileño. Esto fue el 4 de enero de 2007 EVENTUALES FALLAS CUBREN 6,5% DEL MONTO DEL CONTRATO
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El proyecto toachi-Pilatón contempla dos centrales de generación: Sarapullo y Alluriquín, con 228 MW
Letreros colocados a la salida del túnel carretero del proyecto Toachi-Pilatón. El contrato se firmó en diciembre de 2007. Actualmente se construyen las vías, mientras para la construcción de la central se tramita la licencia ambiental
En diciembre de 2006, la compañía Hidrotoapi S.A., del Consejo Provincial de Pichincha, convocó a un concurso internacional para la construcción de la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón, bajo la modalidad swiss challenge o “llave en mano”.
Previamente, el Conelec había otorgado a Hidrotoapi S.A. la concesión para la construcción de las obras de infraestructura, instalaciones, suministro y montaje de equipos, así como el comisionamiento y puesta en marcha del proyecto.
El complejo contempla dos centrales de generación (Sarapullo y Alluriquín), con un total de 228 megavatios (MW) de potencia instalada, en el cauce de los ríos Toachi y Pilatón, a 80 kilómetros de Quito, en la vía Alóag-Santo Domingo.
El gerente de Hidrotoapi, Byron Granda, cuenta que en un inicio no se presentaron oferentes, de ahí que hubo dos prórrogas de plazo por un total de 120 días.
Entonces Odebrecht presentó una oferta por $375 millones, para 190 MW, que incluía una participación accionaria en Hidrotoapi y el financiamiento del BNDES.
En noviembre de 2007, el Directorio adjudicó el contrato a Odebrecht, en calidad de socio estratégico del Consejo Provincial de Pichincha en Hidrotoapi S.A., para ejecutar el proyecto como contratista, sin participación accionaria en Hidrotoapi y sin utilización del crédito del BNDES.
Finalmente, el contrato se firmó el 9 de diciembre del año pasado, por $366 millones y un incremento de la potencia de la central a 228 MW.
El contrato establece que las obras complementarias serán ejecutadas por la misma contratista a un precio y plazo acordados por las partes; en caso de crearse nuevos rubros se firmarán contratos complementarios.
El plazo es de 48 meses, pero si la obra se entrega antes del tiempo previsto, el monto del contrato será reajustado; para ello las partes deberán firmar un acuerdo previo.
En caso de retraso en la entrega de las obras, Odebrecht pagará a Hidrotoapi $3 800 diarios por la central Sarapullo y $13 mil por la central Alluriquín. Estos montos se consideran “daños liquidados” y no penalizaciones.
Igual categoría se otorga a probables fallas en la eficiencia media ponderada de cada unidad de generación en relación a la establecida en los datos garantizados de la oferta; en todo caso, la responsabilidad total de la contratista por todos estos conceptos no podrá exceder del 6,7% del precio del contrato.
Asimismo, si Odebrecht logra reparar eventuales fallas técnicas que se presentaren en las unidades de generación, dentro de un plazo de 120 días calendario, la empresa no pagará “daños liquidados”.
La garantía de fiel cumplimiento del contrato es una póliza equivalente al 6,5% del monto del contrato y el 30% de la misma durará hasta la entrega de la última unidad de generación. La garantía de responsabilidad contra defectos para cada unidad de generación dura 12 meses a partir de la recepción de cada una de ellas y se reducirá semestralmente hasta llegar a un 70% en función del avance de las obras.
Esa garantía y la de buen uso del anticipo, conjuntamente con otra contra defectos, cuya vigencia es de 12 meses luego de la recepción de las obras, constituyen las únicas presentadas por Odebrecht, según lo señala el contrato.
Allí también se establece que una parte no será responsable ante la otra por lucro cesante, daños indirectos, daños morales y daños a la imagen, entre otros aspectos.
Adicionalmente hay una cláusula de confidencialidad en relación a los planos, registros, datos, libros, informes, documentos e información técnica, comercial o financiera que se entregan las partes. (AA/VG)
Funcionarios se repiten en el sector eléctrico y de una u otra forma conocían los antecedentes de los contratos con Odebrecht
De izquierda a derecha:Alecksey Mosquera, ministro de Electricidad, Byron Granda, gerente general de Hidrotoapi S.A.,Pedro Freile, abogado de la empresa Hidrotoapi S.A.
Antes de ser ministro de Energía, Alecksey Mosquera conocía sobre los contratos de San Francisco y de Toachi-Pilatón, pues durante varios años desempeñó el cargo de jefe del Departamento de Concesiones
del Conelec y al inicio de este Gobierno fue subsecretario de Electricidad del Ministerio de Energía. A su vez, el actual gerente de Hidrotoapi S.A., Byron Granda, fue consultor de la Dirección de Pla
nificación del Conelec y asesor del ex prefecto Ramiro González. Mientras, Pedro Freile, abogado de Hidrotoapi, un tiempo trabajó para Alstom, empresa asociada de Odebrecth, en San Francisco. (AA)
Mafia brasileña se apodera de todas las obras del gobierno Tuesday, June 16, 2009 - Dominicanos hoy
Dominicanos hoy. Santo Domingo.- Dos empresas brasileñas, con muchas influencias dentro de las instituciones públicas dominicanas y con problemas en gran parte de Latinoamérica, estarían adueñándose de la mayoría de las obras de infraestructuras otorgadas por el gobierno en todo el país, aunque para ello tengan que hacer malabares.
Se trata de las compañías Norberto Odebrecht y Andrade Gutiérrez, que aprovechan sus “buenas relaciones” con los funcionarios de las carteras encargadas de realizar construcciones, para adjudicarse las obras entre sí.
Para muestra un botón: dentro de un rango de diez días saldrá, oficialmente, que la empresa Andrade Gutiérrez ganó la licitación para la construcción de la presa de Monte Grande, cuyos únicos contrincantes son otras dos constructoras socias suyas, o sea, que el dinero se queda en la familia.
A las empresas se les otorgó un contrato grado a grado en el año 2006, cuando la Ley que lo prohíbe no había entrado en vigencia y hubo un decreto puente, pero por la emergencia y la necesidad de la obra, se firmó el contrato con otra constructora.
Una de las empresas, a la cual se le había ofrecido la obra de la presa, empezó atacar y sus directivos en Brasil se reunieron, porque tenían problemas en la Secretaría de Obras Públicas “y tanto dio la gota en la roca, hasta que hizo mella y rescindieron el contrato”.
Odebrecht y Andrade Gutiérrez utilizaron a Mariano Germán, Marino Vinicio Castillo, Abel Rodríguez del Orbe y César Pina Toribio, quienes dieron la opinión de que la obra debía ser licitada, e incluso uno de ellos lo apoyó en un estudio, pero la institución encargada de la construcción, hizo lo que entendía le convenía.
“El incumbente de la institución presentó un documento de tres páginas y logró que se hiciera a su manera, dejando entrever que lo que hicieron los anteriores funcionarios no tenía argumentos y los cogió de relajo”, dijo una fuente.
Sostuvo que la reunión de los presidentes de las empresas brasileñas consiguió que el gobierno le rescindiera el contrato del Corredor Duarte, que Rodríguez del Orbe tuvo que echas hacia atrás, pero arreglaron el asunto y lograron adjudicarse la obra a como diera lugar. Con el corredor de la Duarte, Odebrecht se ganará unos US$163 millones, equivalentes a RD$5,868 millones.
En julio de 2007, el presidente Leonel Fernández dejó iniciados los trabajos en San José de las Matas, Santiago, del proyecto hidroeléctrico Las Placetas, obra edificada por el consorcio brasileño Andrade Gutiérrez, cuya inversión sobrepasaba los 255 millones de dólares.
A la licitación para la construcción de la presa de Monte Grande asistieron seis empresas, de las que quedaron tres, las cuales están unidas en otro proyecto, lo que significa que quedará dentro del mismo grupo.
Aseguró que la fecha otorgada para dar a conocer el ganador, es sólo para llenar requisitos, porque todo el mundo sabe que Andrade Gutiérrez ganará la licitación, donde sus contrincantes son sus propios socios.
“Si yo como empresa estoy en un concurso en Obras Públicas y participa una de las empresas brasileñas, la otra va a participar, pero solamente, como apoyo para hacer creer que la licitación es legal y llenar los requisitos”, sostuvo.
Como he de entenderse, ninguna de estas maniobras se realizan sin el apoyo del director o secretario de la institución, de los cuales, se presume, que también cargan con su tajada de dinero, aparte del 10% que le toca por ley. El juego de Norberto Odebrecht y Andrade Gutiérrez es “una tú y otra yo”.
Estas empresas también estás inmiscuidas en las construcciones de las presas de Palomio y Pinalito; las carreteras de Casabito y de Ocoa; los acueductos de Samaná y la Línea Noroeste y son asociadas en la construcción de la carretera del Coral.
Dentro de los problemas que ha tenido una de estas empresas en Centroamérica y el Caribe, está la suspensión de varios conjueces en Ecuador que fallaron a favor de la constructora Andrade Gutiérrez, acción calificada como irregular por el gobierno del presidente Rafael Correa.
El presidente del Consejo de la judicatura, Xavier Arosemena, suspendió a los conjueces Betty Guerrero Chávez y Vicente Izquierdo Pinos, quienes fallaron a favor de Andrade Gutiérrez, en la causa por pagos indebidos para la construcción de la carretera Méndez-Morona, en Ecuador.
El fallo firmado por los conjueces suspendidos impediría al Estado ecuatoriano, recuperar alrededor de 100 millones de dólares, incluido intereses que supuestamente recibió en forma ilegal la constructora por la ejecución de la vía, en el gobierno del ex presidente interino Fabián Alarcón.
El dictamen judicial fue dejado sin efecto y ahora la constructora encara un problema judicial en Ecuador, donde su presidente se niega a pagar un crédito obtenido con un banco brasileño por más de 200 millones de dólares.
En Panamá, en enero de 2007, la Gaceta Oficial publicó cuatro documentos, emitidos por el Consejo de Gabinete, relacionados con la cesión que la construcción del tramo II de la autopista, Madden-Colón, cada uno con errores jurídicos sustanciales en materia de fideicomisos y cesión de contratos de concesión administrativa, que nos llevan a serias conclusiones.
De todos los documentos, llama poderosamente la atención la emisión de un concepto favorable por parte del Ministerio de Obras Públicas, el Consejo Económico Nacional y el Consejo de Gabinete, "de la cesión parcial" del contrato de concesión administrativa No. 98 de 29 de diciembre de 1994 por parte de la empresa "Constructora Norberto Odebrecht, S.A." a la sociedad anónima "Concesionaria Madden-Colón, S.A.", pues se señala que ésta última es subsidiaria de la empresa Odebrecht Investmentos Em Infra-Estructura, Ltda., y que supuestamente cuenta con respaldo técnico y financiero.
Lo escandaloso de la aceptación de esta cesión parcial es que en el Registro Público aparece que la empresa Concesionaria Madden-Colón fue suscrita por dos empresas extranjeras, constituidas en las Islas Vírgenes Británicas, cuyos representantes legales en realidad son dos panameños, y apenas se inscribió el 27 de diciembre de 2002, sin la inscripción legal de ningún tipo de poder, mandato o subsidiaridad de alguna empresa relacionada con Odebrecht.
En la República Dominicana, tanto Odebrecht como Andrade Gutiérrez utilizan a las demás compañías constructoras que participan en las licitaciones para hacerlas quedar en ridículo: la usan y luego la desechan, como cualquier papel viejo.
En los últimos diez años, Andrade Gutiérrez ha tenido que enfrentar problemas judiciales con varias empresas nacionales, a las cuales a “engañado” o usado.
Se espera que luego de que salga, oficialmente, que Andrade Gutiérrez o, en su defecto, Norberto Odebrecht ha salido agraciado con la construcción de la presa de Monte Grande, se inicien procesos judiciales contra las empresas y los funcionarios que dirigen las instituciones encargadas de la obra.
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El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió este viernes al abogado 
