viernes, 18 de septiembre de 2009

Amnistía Internacional: "pondrán en peligro a mujeres y niñas" y pueden "provocar un aumento de la mortalidad materna".

República Dominicana: Aborto es inconstitucional

El aborto es ahora inconstitucional en República Dominicana tras la aprobación de una enmienda a la Constitución que ha generado polémica en el país y ha llevado a que organizaciones como Amnistía Internacional adviertan sobre las posibles consecuencias de esta medida.

En el país se practican 82.000 abortos al año

Amnistía Internacional aseguró que puede aumentar la mortalidad materna.

"El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte", dice la propuesta aprobada por una asamblea revisora de la Carta Magna.

El polémico artículo 30, que ahora pasará a ser el 38 de la reformada Constitución, ya había sido aprobado en una primera lectura en abril.

El aborto ya era ilegal de acuerdo al Código Penal dominicano de 1948 que establece que la mujer no está habilitada a interrumpir su embarazo, ni siquiera cuando esté en peligro su salud y/o pueda ocasionarle la muerte.

El código sanciona con penas de dos a cinco años a toda mujer que se provoque un aborto, con o sin asistencia, en tanto que impone penas de entre cinco y veinte años al personal médico que interviene en su realización.

Polémica

Organizaciones feministas, la coalición de organizaciones no gubernamentales y algunos legisladores habían rechazado de plano esta modificación a la Constitución.

Quienes están en contra de esta reforma aseguran que el país tiene una de las tasas más altas de aborto en la región. De acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Sociales y Demográficos dominicano, cada año se practican unos 82.000 abortos, de los cuales casi la décima parte se dan en adolescentes de entre 10 y 15 años.

"Realmente éste ha sido un retroceso. Este Congreso no representa a la población, que dijo, en un 73%, según la encuesta Gallup-Hoy, que ése no era un tema constitucional", expresó la doctora Lillian Fondeur, quien aseguró que tras esta aprobación se incrementarán más la mortalidad, los embarazos no deseados y los abortos.

Varias organizaciones sociales realizaron el jueves protestas por el artículo pues aseguran que viola el derecho de la mujer de decidir sobre su embarazo en caso de que se hubiera dado tras un incesto o una violación.

La medida es defendida por la Iglesia Católica y los principales partidos políticos. El sacerdote Luis Rosario, coordinador de la Pastoral Juvenil, aseguró -según consignó el diario dominicano Hoy- que con la reforma el principal de los derechos, que es el relativo a la vida, ganó.

Listín Diario aseguró que la jerarquía eclesiástica señaló que que "el señor hizo el milagro" y destacó que el país eligió su propio camino y no "el desorden internacional".

Crítica de Aministía

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) había advertido esta semana que los cambios propuestos "pondrán en peligro a mujeres y niñas" y pueden "provocar un aumento de la mortalidad materna".

En los poquísimos países que prohíben por completo el aborto, muchos médicos, ante el temor de ser procesados, retrasan la prestación de tratamiento médico o consideran justificado no proporcionarlo, aunque con ello la mujer embarazada pueda morir o sufrir daños a largo plazo",

Susan Lee, directora del programa para América de Amnistía Internacional

"Si el artículo se aprueba conforme a lo propuesto, limitaría gravemente el acceso a abortos seguros, incluso en los casos en los que una mujer sufre complicaciones que ponen en peligro su vida o necesita un tratamiento que puede salvar su vida pero es incompatible con el embarazo, como por ejemplo los tratamientos contra la malaria, el cáncer o el VIH/sida", aseguró AI en el comunicado divulgado el lunes.

"En los poquísimos países que prohíben por completo el aborto, muchos médicos, ante el temor de ser procesados, retrasan la prestación de tratamiento médico o consideran justificado no proporcionarlo, aunque con ello la mujer embarazada pueda morir o sufrir daños a largo plazo", dijo Susan Lee, directora del programa para América de AI.

AI había instado a a República Dominicana a no seguir los pasos de Nicaragua, donde un clic reciente informe de la organización concluyó que la estricta legislación del país "contribuye a aumentar el número mujeres que mueren durante el embarazo".

En gran parte de los países de América Latina el aborto está penalizado por ley y se castiga con penas de cárcel.

Sin embargo, en algunos lugares la condena puede ser reducida si el aborto se realiza tras una violación, cuando la vida de la mujer corre peligro o cuando se presentan malformaciones en el feto.

En Cuba, en cambio, la madre puede interrumpir el embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación sin justificar sus motivos, desde que en 1965 se legalizó el aborto.

José Luis De Ramón: Un pajáro de mal agüero, volvemos con el jueguito de la Privatización...




Dice sector privado eficientizaría sistema energía

Cree no se hace nada para que el sector evolucione

ELADIO PICHARDO ( e.pichardo@hoy.com.do)

El economista José Luis De Ramón afirmó ayer que para lograr la eficiencia en el proceso del sistema eléctrico el sector privado debe encargarse de producir y comercializar la electricidad, y que el Estado sea un ente regulador,

Planteó que la inversión que hace falta es en subestaciones, contadores, cables de protección, y si no se invierte en eso será muy difícil hacer programas reales de incremento en el cobro de la electricidad.

De Ramón explicó que el déficit eterno de caja que tienen las distribuidoras, por lo que en ocasiones no le pueden pagar a las generadoras, no permite la inversión en los activos de distribución que hacen falta para poder cobrar más, y ese es un círculo vicioso que se tiene que romper por alguna parte.

Indicó que solamente con inyecciones importantes para la inversión –la venta de la distribuidora, la posibilidad de venta de las acciones que tiene el gobierno en las generadoras- se podrá lograr que “con esa masa crítica de fondos se pueda despegar con un programa hacia un equilibrio financiero del sector”.

Dijo que no podemos seguir gastando US$1,000 millones al año “para compensar el combustible que quemamos”

jueves, 17 de septiembre de 2009

Un día sombrío, como cualquier otro. ¿Preocupante, verdad...?


Si no es excelente, es un buen promedio...
Un muestreo en el LISTÍN DIARIO de 32 titulares en la sección La República,
13 son relativos al Narcotráfico


16 de septiembre de 2009

NARCOTRAFICO
DNCD apresa esposos reincidentes negociaban 3 paquetes cocaína en el ensanche Espaillat

Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que miembros de ese organismo apresaron a una pareja de esposos con tres paquetes de cocaína, quienes habían sido apresados el 20 de septiembre del 2007 con dos kilos de la misma sustancia.

Indicó que Eduardo Reyes Peña, (Eduardito), de 44 años, y Ana Féliz López, de 35, fueron apresados con tres paquetes de cocaína y varias porciones de la misma sustancia cuando supuestamente se preparaban para realizar una transacción de estupefacientes.

El informe del organismo detalla que Reyes Peña y Féliz López, nativos de El Peñón, provincia Barahona, fueron sorprendidos por agentes en la Padre Castellanos (Avenida 17) esquina Albert Thomas, en el Ensanche Espaillat, con un bulto conteniendo los paquetes de cocaína.

La DNCD acusa a la pareja de tener un centro de operaciones frente a un negocio de venta de comida que hay en el lugar donde fueron apresados.

El organismo señaló que Reyes Peña también fue sometido a la justicia el 4 de agosto de 2004 por un caso de 5 kilos 750 gramos de cocaína, caso por el cual fue liberado. La cédula del imputado lo identifican como pescador.

La droga que le fue ocupada esta vez a la pareja estaba en manos de Féliz López, de acuerdo al informe, mientras que a Reyes Peña, agrega, los agentes le ocuparon dos porciones de un polvo blanco con un peso de cuatro gramos.

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HAITÍ EL LUGAR #10
RD en séptimo lugar entre países con mayor tráfico de drogas, según el gobierno de Obama

EFE - 9/16/2009

El Departamento de Estado aclaró que la presencia de un país en la lista no critica necesariamente los esfuerzos de esa nación contra el tráfico de drogas.

Washington.- El Gobierno del presidente Barack Obama identificó hoy a 20 países que son grandes productores o plataformas del tráfico de drogas, entre los que citó a la República Dominicana que quedó en séptimo lugar y Haití en el número 10. De acuerdo con la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, el presidente notifica al Congreso cada año sobre los países que considera que son importantes productores de droga o de tránsito de estupefacientes en el mundo.

En esta ocasión identificó a Afganistán, Bahamas, Bolivia, Brasil, Birmania, Colombia, la República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, India, Jamaica, Laos, México, Nigeria, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.

Según un comunicado del Departamento de Estado, Bolivia, Venezuela y Birmania no han declarado "de manera demostrable" su respeto por los acuerdos internacionales contra las drogas ni han tomado medidas contra el flagelo.

La designación "de manera demostrable" puede abrir la puerta para la aplicación de sanciones, según la ley.

Sin embargo, el comunicado indicó que en los casos de Bolivia y Venezuela, el presidente ha emitido una "excepción de interés nacional" para que Estados Unidos mantenga su apoyo a programas específicos que benefician a los pueblos de ambos países.

En Venezuela se continuará la ayuda a los programas de apoyo a la sociedad civil y los de desarrollo comunitario.

En Bolivia, la excepción permitirá que se mantenga el apoyo al desarrollo agrícola, los programas de intercambio, el desarrollo de la pequeña empresa, los programas de capacitación policial y otros, dijo el comunicado.

El comunicado del Departamento de Estado aclaró que la presencia de un país en la lista no critica necesariamente los esfuerzos de esa nación contra el tráfico ni su cooperación con Estados Unidos.

La designación puede reflejar una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten que las drogas se produzcan o pasen a través de su territorio a pesar de sus mejores esfuerzos, añadió.

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INTERIOR Y POLICÍA
Almeyda afirma auge de narcotráfico en RD no se debe a nacionalidad extranjeros llegan al país

María Eugenia del Pozo - 9/16/2009

Santo Domingo.- El Secretario de Interior y Policía doctor Franklin Almeyda Rancier aseguró hoy que no hay una nacionalidad particular para el crimen organizado en el país, pero que con la implementación de un plan general de ataque a este flagelo en los últimos meses, se ha mejorado sustancialmente a la situación.

“Hay un sistema muy vulnerable en la elaboración de documentación, pero el auge del narcotráfico no se debe a la nacionalidad de los extranjeros que llegan al país”, precisó Almeyda Rancier al participar en una entrevista televisiva en el programa Hoy Mismo.

Señaló que hay mayor eficiencia en los mecanismos de control, pero que ha sido “una lucha muy grande”, contra delitos como el narcotráfico.

Dijo que hay más confianza en las autoridades y que el tema es manejado de manera más cercana por organismos internacionales.

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NARCOTRÁFICO
DNCD apresó anoche a ex militar con 50 paquetes cocaína y RD$120 mil en efectivo

- 9/16/2009

El detenido también tenía en su poder dos licencias de porte de armas de fuego, una cédula militar y una civil, así como varias tarjetas de crédito.
Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que apresó anoche a un ex cabo del Ejército con 50 paquetes de cocaína y RD$120,250 en efectivo, que transportaba en un compartimiento secreto de un microbús.

El ex militar es Jimmy Oliver Rodríguez de la Cruz, quien fue separado del Ejército Nacional hace cinco años, según destaca un informe de la DNCD. Señala que Oliver Rodríguez fue sorprendido en la Avenida Rómulo Betancourt esquina Juan Miguel Román, en de Bella Vista, a bordo del microbús Honda Odyssey, color gris, placa I-021030.

La información fue ofrecida a través de un comunicado de la DNCD, donde se indica que los 50 paquetes tienen un peso provisional de 52 kilogramos y que “la droga estaba escondida en dos caletas. Oliver Rodríguez reside en la calle Privada número 12, en El Millón.

A Rodríguez de la Cruz le fue ocupado, además de la droga y el dinero, un carné que lo acredita como miembro del Ejército, pero cuando la DNCD indagó en Recursos Humanos de esa institución se dijo que “ese señor fue expulsado de las filas hace 5 años”, indica.

El detenido también tenía en su poder dos licencias de porte de armas de fuego, una cédula militar y una civil, así como varias tarjetas de crédito. “De los 50 paquetes 33 estaban en una caleta abierta debajo de los asientos y 17 en una caleta ubicada en el maletero del vehículo. Ambas eran movidas a control remoto”, señala la DNCD.

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EXTRADICIONES
Vincho Castillo conocía las peticiones de EEUU

Viviano de León - 9/16/2009

Lucha. Marino Vinicio Castillo cree Estados Unidos debería hacer más solicitudes de extradición de personas vinculas al narcotráfico.

Santo Domingo.- El asesor del Poder Ejecutivo en materia de narcotráfico, Marino Vinicio Castillo (Vincho), consideró ayer que el gobierno de Estados Unidos debería hacer más solicitudes de extradición de personas ligadas a las drogas.

Reveló que tenía conocimiento de las solicitudes de extradición de militares y civiles a las que se refiere el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña. Castillo precisó que esas solicitudes estaban desde que ocurrió el caso Paya, tras indicar que se trata de una estructura muy peligrosa que hubo a lo interno de la Marina de Guerra.

“Es lo mismo que dice el Procurador, y yo eso lo conocí desde hace unos 6 ó 7 meses, casi en los tiempos en que ocurrió el asunto de Paya”, aseguró.

Indicó que es normal que el presidente Leonel Fernández no se haya enterado de esas solicitudes, ya que eso no es un asunto del otro mundo, y que al Procurador pudo escapársele no haberlo informado. “Una de las cosas que yo sostengo es que Estados Unidos tiene que acentuar en la lucha contra las drogas su política de solicitud de extradición, pedir más extradiciones, ya sean de civiles o cualquiera que esté implicado en asuntos de narcotráfico”, indicó.

El jurista entiende que las extradiciones son un mecanismo prodigioso de disciplina y puso como ejemplo que a lo único que le llegaron a temer los narcotraficantes en Colombia fue a las extradiciones, ya que todos los jefes de los carteles más importantes de ese país están cumpliendo condena en Estados Unidos.

Solución narcotráfico

Señaló que si se tiene una política de extradición más rigurosa se le podría buscar solución al narcotráfico. El también encargado de la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción del Gobierno restó importancia al hecho de que el presidente Leonel Fernández y el secretario de la Presidencia, César Pina Toribio, no tuvieran conocimiento de la solicitud de extradición de los ex militares y civiles por las autoridades estadounidenses.

Castillo no descartó que militares de otros cuerpos castrenses estén involucrados en el crimen organizado y el narcotráfico, por lo que reiteró su planteamiento de que las Fuerzas Armadas sean depuradas.

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LA EMBAJADA DE EEUU ESTÁ ATENTA
Señalan a otro ex oficial solicitado en extradición

Ramón Cruz Benzán - 9/16/2009

CANCELADO. SE TRATA DEL EX TENIENTE DE NAVÍO CARLOS E. ROSSÓ PEÑA


Santo Domingo.- El ex teniente de navío, Carlos E. Rossó Peña, cancelado de la Marina de Guerra en agosto de 2008 por sus nexos con el narcotráfico, es el otro ex militar que junto al capitán de corbeta Miguel Antonio Suárez Silfa fue solicitado en extradición por la justicia de Estados Unidos, dijo anoche una fuente a LISTÍN DIARIO.

La fuente dijo que la separación de esos militares de la Marina, al término de la gestión del vicealmirante Julio César Ventura Bayonet, estuvo motivada en los informes de inteligencia que lo vinculaban a las actividades del tráfico de drogas, hacia Estados Unidos, vía Puerto Rico, prevaliéndose de su condición de militar.

De acuerdo con los informes a los que tuvo acceso LISTÍN DIARIO, contra Rossó Peña, acusado de tener fuertes nexos con el grupo de oficiales vinculados al asesinato de siete extranjeros en Paya, pesa una orden de arresto por asociarse para introducir drogas a territorio de Estados Unidos.

Las fuentes dijeron que es muy probable que Rossó haya salido del país.

Rossó es promoción del ex capitán de corbeta Miguel Antonio Suárez Silfa, quien se entregó voluntariamente tras también ser solicitado en extradición por EEUU.

Figuran dentro de un grupo de oficiales superiores y subalternos que fueron sacados de la Marina de Guerra por supuestos vinculos con el narcotráfico, viajes ilegales y otras acciones delictivas.

Suárez Silfa fue procesado junto a otras personas por un tribunal federal en San Juan, en febrero pasado. Los cancelados en esa ocasión fueron los capitanes de corbeta Amílcar Rafael Soto Candelario, Beethoven Matías, el teniente de navío Jonathan José Jiménez Peña, el alférez de navío Alonso Ferrera Mercedes y los alférez de fragata Rafael Montero Matos, Francisco Tejada Ramírez y Francisco Valera González, quienes prestaban servicios en distintos puntos de la región Este del país.

Funciones de Rossó

Rossó Peña, entre otras posiciones, estuvo en la División de Inteligencia Naval de la Marina (M-2), Batallón Policía Militar de la M de G., en la División de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las FFAA (J-2) así como en el Patrullero de Altura 2 Juan Alejandro Acosta”.

Ayer el procurador general de la República, Radhamés Jiménez, dijo que la Suprema Corte de Justicia ordenó el arresto de un ex oficial de la Marina de Guerra para su extradición. Listín no pudo establecer si se trata del mismo caso.

La embajada

La embajada de Estados Unidos informó que trabaja muy de cerca con el gobierno dominicano para combatir el crimen y el narcotráfico internacional, utilizando todas las herramientas a su disposición.

SALIDA DEL EX CAPITÁN CORBETA SUÁREZ SILFA

Entre tanto el ex capitán de corbeta Miguel Antonio Suárez Silfa quien está preso en una cárcel de Puerto Rico a la espera de juicio salió del país por aeropuerto Internacional de las Américas luego de que su padre, un contralmirante de la Marina, lo enterara de que en su contra pesaba una orden de arresto para ser extraditado a Puerto Rico bajo los cargos de narcotráfico.

Fuentes de Migración dijeron a este diario que el ex oficial viajo solo a Puerto Rico y que tan pronto pisó suelo boricua fue engrillado por agentes de la DEA que le esperaron en San Juan. Contra este ex oficial que ocupó importantes posiciones en la Marina de Guerra hasta su separación de la institución pesa la acusación de “recoger y transportar cocaína en un guardacostas de la Marina de Guerra Dominicana para llevarla a Puerto Rico.

Entre otras posiciones Suárez Silfa fue comandante de GC-107, del destacamento de Luperón, Segundo comandante del guardacostas “Capella” del puesto de Bayahibe, comandante de la lancha de desembarco “Neyba”, Encargado del Salón de Embajadores del Aeropuerto Las Américas, así como encargado de personal de la Dirección de Dragas y Presas.

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NO LOS IDENTIFICAN
Leonel asciende a agentes antidrogas

Adriana Peguero - 9/16/2009

Protección. Los nombres de los ascendidos no fueron revelados porque han enfrentado a narcotraficantes.

Santo Domingo.- El presidente Leonel Fernández dispuso ayer el ascenso de rango de 25 miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que trabajaron en el decomiso de 250 kilos de cocaína en Barahona y la incautación de US$4.6 millones en la capital.

La información la ofreció el director de prensa de la Presidencia, Rafael Núñez, quien explicó que entre los agentes ascendidos hay tres oficiales superiores, cinco subalternos y 17 alistados, asignados a la Dirección Nacional de control de Drogas (DNCD).

Dijo que los ascensos fueron dispuestos en reconocimiento a la labor que han realizado y por su participación en operaciones riesgosas que involucran muchos recursos.

“Esos militares están trabajando arriesgando su vida para dar un ejemplo a la ciudadanía. Ellos han mostrado una actitud y un comportamiento de conducta y por eso los estamos reconociendo”, agregó.

Recordó que en un evento que realizó la Secretaría de la Juventud en el Palacio Nacional, el Presidente declaró la guerra contra el narcotráfico.

“Ese es un esfuerzo que está haciendo el mandatario de atacar no sólo el microtráfico, sino el macrotráfico”, destacó el funcionario. Informó que no se divulgarán los nombres de los ascendidos para protegerlos, ya que realizan operaciones delicadas en contra del narcotráfico.

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CONTROLES
Los Súper Tucano llegan en dos meses Ramón Pérez Reyes - 9/16/2009

Santo Domingo.- La Secretaría de las Fuerzas Armadas (FFAA) anunció ayer que el próximo mes de noviembre llegarán al país las primeras aeronaves A-29 Super Tucano, adquiridas por el Estado dominicano con el propósito de combatir las violaciones al espacio aéreo nacional y operaciones de narcotráfico.

Estos aviones serán utilizados en coordinación con los radares militares que el gobierno adquirirá, mediante licitación pública, llevada a cabo por las FFAA. “Estas estrategias son parte del combate frontal que esta institución realiza contra el tráfico de drogas en nuestro país, como en reiteradas ocasiones ha manifestado el señor secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, teniente general piloto, Pedro Rafael Peña Antonio”, dice el organismo en un comunicado.

Destaca que entre las características operacionales de estos aviones están su capacidad para realizar misiones diurnas y nocturnas, operar en pistas no pavimentadas, así como su adaptabilidad a todo tipo de condiciones climatologías adversas y su bajo costo operacional.

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PREVENCIÓN
Fiscal teme RD sea paraíso del lavado

- 9/16/2009

Santo Domingo.- El fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, expresó ayer su temor de que el país se convierta en un paraíso fiscal para el lavado de dinero producto del narcotráfico, a través de la compra de inmuebles.

Moscoso Segarra aseguró que si se sigue violentando la Ley 72-02 sobre lavado de activos, los sectores de bienes y servicios serían utilizados para lavar dinero, por lo que las autoridades y las empresas están obligadas a cumplir la ley. Dijo que es obligatorio y necesario que los bancos, dealers, inmobiliarias y otros negocios investiguen la procedencia del dinero de sus potenciales compradores.

“Si la Asociación de Inmobiliarias no cumple con la ley, con estas disposiciones obligatorias, serán pasibles de sometimientos judiciales, porque vemos que hay desinterés en el sector inmobiliario de ponerle coto al narcotráfico”, agregó.

Moscoso Segarra ofreció sus declaraciones luego de que el presidente de la Asociación de Inmobiliarias asegurara que no tiene potestad de investigar la procedencia del dinero de sus compradores.

Asimismo, el fiscal del Distrito Nacional dijo que seguirán con los allanamientos en varios lugares del país, tras ser abordado por los periodistas que cubren la fuente judicial, luego de interrogar a Yahaira Quezada, prima de Sobeida Féliz Morel, vinculada al decomiso de 4.6 millones de dólares en una yipeta blindada.

Confirmó que ya se han realizado allanamientos en varias viviendas del ensanche Piantini, Naco, Gazcue y la zona Este del país. Aclaró que continúan detrás del prófugo boricua José Figueroa Agosto.

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PRESENTÓ FUERTES DOLORES
Alemán con estómago lleno droga obliga avión Iberia aterrizar de urgencia en AILA


SANTO DOMINGO.- Un avión de Iberia que hacía la ruta Costa Rica-España tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), debido a que uno de sus pasajeros que llevaba droga en el estómago se quejó de fuertes dolores intestinales y se desmayó, lo que obligó su traslado al Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

Según un informe de la DNCD, ante el cuadro de gravedad que presentaba el nombrado Maurer David Charlos, de 33 años y de nacionalidad alemana, los pilotos de la aeronave no tuvieron se vieron en la obligación de aterrizar en el AILA para evitar que falleciera en pleno vuelo.

David Charlos hasta media mañana de ayer había expulsados varias cápsulas de la drogas en el hospital Central de las Fuerzas Armadas, según destaca el informe.

Se trata del vuelo 6314 que cubre la ruta San José-Madrid, el cual fue abordado horas antes por Charlos en el AILA.

“Les fueron realizados los chequeos, incluida una radiografía, los que arrojaron resultado positivo a cuerpos extraños en las vías digestivas”, agrega la DNCD en el comunicado.

Indica que el caso fue notificado a la embajada de Alemania, como se estila con todas las misiones extranjeras en Santo Domingo cuando un ciudadano del país que pertenece la legación se ve envuelto en problemas de drogas.

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JEFE DNCD
Asegura “recorren palmo a palmo el país” para capturar supuesto dueño US$4.6 millones decomisados
Deyanira Polanco - 9/16/2009

Santo Domingo.- El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), general Orlando Rosado Mateo, aseguró que están recogiendo palmo a palmo el país para dar con el paradero de José D. Figueroa Agosto, acusado de ser el propietario de los 4.6 millones de dólares decomisados por las autoridades. Asimismo, el oficial no descartó que miembros de la institución estén vinculados a esa operación.

“En investigación, igual que en medicina, usted no puede descartar nada, bueno, la investigación es la que va a decir cuál es la realidad”, respondió Rosado al ser cuestionado sobre si descarta o no la vinculación de agentes de ese organismo con el decomiso.

Indicó que más adelante darán a conocer las circunstancias en que se movía Agosto en el país, pero que no pueden adelantar las investigaciones.

“Si le decimos lo que están haciendo evidentemente vamos a delatar y evidentemente ponemos en alerta a estas personas... Ustedes pueden tener la certeza de que palmo a palmo vamos a recorrer el país y donde quiera que se meta lo vamos a sacar”, aseguró.

Dijo que utilizarán las herramientas que le confiere la ley para capturarlo y que para eso están llevando a cabo una acción coordinada con los organismos de emergencia del país.

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INFORMÓ PROCURADOR
SCJ dispone arresto coronel MG y dos civiles acusados ser parte red de narcos

Ramón Cruz Benzán - 9/16/2009

Santo Domingo.- La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dispuso el arresto de un coronel de la Marina de Guerra y dos civiles acusados de formar parte de una red que se dedicaba a enviar drogas a Estados Unidos vía Puerto Rico. Así lo informó el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, quien rehusó dar a conocer el nombre del oficial y de dos civiles, alegando que entorpecería las pesquisas y éstos emprenderían la huida.

Jiménez Peña dijo que el alto tribunal acogió un pedimento formulado en ese sentido por el Departamento de Previsión de la Procuraduría.

Señaló que la solicitud de extradición fue enviada a la Procuraduría vía Cancillería, por lo que necesariamente no llega al Palacio Nacional, razón por la que el presidente Leonel Fernández no se enteró de esas solicitudes.

Anteriormente las solicitudes de extradición se remitían al Poder Ejecutivo y éste lo remitía a la Procuraduría General de la República para ejecutar la orden de arresto y luego el Presidente emitía un decreto ordenando su extradición.

Jiménez Peña habló al participar en un desayuno con los medios de comunicación en la torre Diandy XIX, donde presentó los avances del nuevo modelo de gestión penitenciaria que ya funciona en 33 recintos del país.

Asimismo, el jefe del Ministerio Público anunció que en los próximos días serán construidos dos centros de corrección y rehabilitación en Haras Nacionales y en Palavé a un costo de 32 millones de dólares.

Dijo que los recintos serán construidos por la Oficina Supervisora de Obras del Estado y que se estima que en el 2010 los mismos estén concluidos para trasladar los reclusos del penal de La Victoria, cuya cárcel será demolida.

El funcionario indicó que el préstamo fue otorgado por el Congreso en el 2003, durante el Gobierno del ex presidente Hipólito Mejía, pero que ya el dinero está disponible.

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ADVERTENCIA
FFAA expulsará a los deshonrosos Ramón Urbáez - 9/16/2009

Santo Domingo.- El secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general Pedro Rafael Peña Antonio, hizo ayer una nueva advertencia a los militares que se involucren en narcotráfico, de que serán expulsados deshonrosamente del cuerpo castrense al que pertenezcan y sometidos a la justicia, sin importar su rango o condición.

En otro orden, el jefe de las Fuerzas Armadas dijo que hasta su despacho no ha llegado ninguna notificación de requerimientos por parte de la justicia de Estados Unidos para que varios militares activos o retirados involucrados en narcotráfico sean enviados en extradición a ese país, como se ha publicado esta semana en medios de prensa.

“Tampoco hemos recibido ningún aviso de la embajada de los Estados Unidos en el país, sobre suspensión o retiro de visas norteamericanas a militares”, respondió el oficial a los periodistas, que lo entrevistaron luego de firmar un acuerdo con la presidenta del Consejo Nacional de Drogas (CND).

Sin embargo, señaló que Estados Unidos no notifica a las Fuerzas Armadas cuando suspende la visa a cualquier miembro de esa institución, sino que se lo informa de manera personal al interesado.

Reiteró que todo el que pertence a las Fuerzas Armadas ya está advertido, “porque no toleraremos ninguna violación a la ley, ni vínculos de militares con narcotraficantes”, enfatizó Peña Antonio, tras destacar los esfuerzos y la preocupación del presidente Leonel Fernández ante el auge del narcotráfico en el país.

Sobre las anunciadas extradiciones, Peña Antonio aclaró que se trata de un asunto de la justicia y que corresponde al procurador general de la República identificar a cualquier persona que haya sido solicitada en extradición por Estados o cualquier otra nación entre las que exista ese acuerdo con la República Dominicana.

Insistió en que desconoce que hayan sido solicitados miembros de las Fuerzas Armadas en extradición por vínculos con el narcotráfico internacional.
Preocupación

Por otro lado, el teniente general Peña Antonio destacó la “preocupación y los esfuerzos” que, según afirmó, realiza el presidente Leonel Fernández ante el auge del narcotráfico y sus consecuencias negativas en todos los niveles de la sociedad dominicana. “El presidente de la República dispone cada vez mayores recursos para combatir el tráfico de drogas y se han adquirido aeronaves para perseguir los aviones que traen drogas, radares y varios aviones Tucanos”.

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EN ARROYO HONDO
Fiscalía solicita incautar vivienda adquirida por ex esposo de Sobeida por US$800 mil
Ramón Cruz Benzán - 9/16/2009

En torno al caso hoy fue interrogada la joven Yajaira Quezada, prima de Sobeida, quien fue despachada a su hogar.
Santo Domingo.- La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó hoy a la Oficina de Instrucción de la Jurisdicción Permanente la incautación de una vivienda ubicada en Arroyo Hondo, la cual fue adquirida por el ex esposo de Sobeida Félix Morel por 800 mil dólares.

Así lo informó el fiscal Alejandro Moscoso Segarra, quien dijo que en la vivienda ubicada en Arroyo Hondo se ocupó una caja fuerte en cuyo interior había un contrato de venta a nombre de Eddy Brito, esposo de Sobeida, esta última recluida en la cárcel de Najayo.

Moscoso Segarra dijo que en torno al caso hoy fue interrogada la joven Yajaira Quezada, prima de Sobeida, quien fue despachada a su hogar.

Informó, además que el allanamiento a la vivienda en Arroyo Hondo también se ocupó una placa oficial, un tiket de propiedad y un acto de venta, donde figura como comprador Eddy Brito.

Expresó que la incautación de la caja de seguridad contó con la autorización de un juez de la instrucción y que se han interrogado a varios familiares de Feliz Morel para obtener información sobre ella.

domingo, 13 de septiembre de 2009

¿Capitalización o Venta?, ¡Que viva la "Capitalización"!... Ya el Estado, no es ni siquiera socio con el 50% de las acciones…¿Capitalización o Venta?



El Asesor Industrial del Poder Ejecutivo, Antonio Isa Conde,
saludó el domingo la designación de un empresario al frente
de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE),
pero advirtió que la solución a la crisis requerirá de un gran consenso nacional
que comprometa a los partidos políticos y a la población en la tarea
de retomar el proceso de reforma que se inició en el sector a mediados de los años 90.



Al inicio de la “CAPITALIZACIÓN” de Temo y Toni Isa Conde el Estado Dominicano era socio en partes iguales de EgeHaina, el Estado puso sus “viejas y obsoletas” , (como dice Celso Marranzini) plantas eléctricas que nunca EgeHaina a comprado nuevas ni a invertido lo que se comprometió como socio capitalista, "solo han invertido en limpieza y pintura". Su gran habilidades como siempre, desplazar al Estado Dominicano como único dueño de ese patrimonio.

Y , de dueño único del patrimonio del Estado a consejero de sus propiedades y representado nada más y nada menos que por el nefasto Arquitecto Eduardo Selman Hasbún, imagínense en manos de quien están las acciones que le quedan al Estado Dominicano.


Energía
Los Vicini asumen la dirección de EGE Haina

Los nuevos miembros, Edgar Pichardo y Rafael Vélez, que pertenecen al área de Energía e Industria del grupo Vicini, ocuparon de inmediato las posiciones de Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de EGE Haina.

Servicios de Clave Digital

lunes, 31 de agosto de 2009, 10:08 a.m.


SANTO DOMINGO. – La Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina) informó que la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el pasado 12 de agosto, aprobó el nombramiento de Edgar Pichardo y Rafael Vélez, como nuevos miembros del Consejo de Administración de EGE Haina por el período establecido en los Estatutos Sociales o hasta que sean designados sus sucesores.

Los nuevos miembros, Edgar Pichardo y Rafael Vélez, que pertenecen al área de Energía e Industria del grupo Vicini, ocuparon de inmediato las posiciones de Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de EGE Haina.

El arquitecto Eduardo Selman (el de la isla artificial), continúa como secretario del Consejo de Administración de EGE Haina, posición que ha ocupado desde el año 2004, cuando fue nombrado por el FONPER.

Adicionalmente, Selman es Secretario de Estado y miembro del Consejo de Administración del Grupo BHD y varias de sus subsidiarias, así como Presidente del Consejo del Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y Producción. Miguel Barletta es el Presidente del Consejo de Directores del Grupo Ámbar y comparte la posición de Vocal en el Consejo de EGE Haina, con Rolando González-Bunster, quien es socio fundador de EGE Haina y fungió como Presidente del Consejo desde la creación de la empresa.Tal y como lo ratificó la Asamblea de Accionistas, el Consejo de Administración de EGE Haina está compuesta por 5 consejeros.

Parte de nuestra Historia reciente...

Nicaragua expropiaría Unión Fenosa

AFP - 5/25/2008

La empresa española Unión Fenosa, si la compañía no cede al estado el 16% de las acciones de su subsidiaria, como lo prometió en abril.

“Debe estar clara Unión Fenosa que o se respetan los acuerdos o Unión Fenosa tendrá que pasar a manos del pueblo nicaragüense, a manos del Estado nicaragüense. No habrá más alternativa”.

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22 de Septiembre del 2003 • Edición número 1,324


Crónica de un fiasco anunciado
La pesadilla llamada Union Fenosa

Al cierre de esta edición una auditoría de la empresa Grant Thorston revelaba, de acuerdo a una información publicada por el vespertino El Nacional, que las empresas Edenorte y Edesur (filiales locales de Unión Fenosa) cometieron diversas irregularidades relacionadas con el pago de impuestos, sobrevaluación de pérdidas, compra y venta de energía, contratación de empresas vinculadas y el tratamiento contable de los estados financieros.


Por Juan de la Cruz

La crisis del sector energético ha sido la más difícil de soltear para los diferentes gobiernos que ha tenido el país desde el final de la dictadura trujillista al presente debido a las soluciones cortoplacistas que le han dado a la problemática y por la diversidad de agentes envueltos en la misma.

En algunas ocasiones el problema energético ha estado motivado por la falta de generación, en otras por la falta de recursos para pagar a los suplidores de energía y en la mayoría de los casos por la intransigencia de los actores envueltos en el negocio eléctrico.

La capacidad de generación del país al día de hoy ronda los 3 mil megavatios y la demanda no excede los mil 700 megavatios, lo que revela que hay un excedente de cerca de 1,300 megavatios, pero sin embargo una gran parte del país sigue padeciendo apagones de hasta 12 horas, sobre todo en el Cibao.

Los factores que más han incidido en esa situación son la devaluación del peso dominicano frente al dólar y los altos precios del petróleo en el mercado internacional, que han motivado la elevación exagerada de la tarifa eléctrica y contribuido que una parte considerable de la población se haya visto imposibilitada de pagarla, lo que a su vez ha impedido que las empresas distribuidoras paguen religiosamente sus acreencias a las empresas generadoras, y que estas últimas apaguen sus plantas por falta de dinero para comprar combustible.

El último conflicto que envolvió al sector eléctrico fue el vinculado a la decisión del Estado dominicano de intervenir las empresas filiales de Unión Fenosa en el país, Edenorte y Edesur, por la ineficiencia mostrada y la insolvencia para saldar sus deudas tanto con las generadoras eléctricas como con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que desató un diferendo que incluso llegó a enturbiar las históricas cordiales relaciones diplomáticas entre España y República Dominicana.

La deuda que se estima habían adquirido Edenorte y Edesur con las empresas generadoras Itabo y Ege-Haina sobrepasa los US$50 millones, además de los US$111.1 millones que debían a las generadoras Palamara y La Vega de Unión Fenosa, mientras que el crédito que le concedió el BID a ambas entidades ronda los US$180 millones, para un monto superior a US$341.1 millones, suma que la Superintendencia de Electricidad decía que esas empresas no estaban en capacidad de solventar porque se encontraban en quiebra, razón por la que llevarían a cabo su intervención para llamar a una nueva licitación internacional.

La casa principal de Unión Fenosa en España, en la persona de su consejero delegado, Honorato López Isla, pidió al gobierno español que preside José María Aznar que proteja sus inversiones en República Dominicana, las que ascienden a US$600 millones, que llevados a la tasa promedio de RD$31.87 equivalen a RD$19,119 millones. En tanto que la embajadora española en el país, María Jesús Figa López, demandó del Gobierno dominicano buscar una solución consensuada con los inversionistas españoles.

Posteriormente López Isla se trasladó a República Dominicana y se reunió con el presidente Mejía, quien autorizó un proceso de negociación con la empresa de capital español y, sorpresivamente, las partes acordaron en la madrugada del 11 de septiembre pasado que el Estado dominicano adquirirá el 50% de las acciones que tenía en su poder la filial de Unión Fenosa en el país, que lleva por nombre Distribuidora Dominicana de Electricidad (Didoel), que a su vez operaba a Edenorte y Edesur.

Unión Fenosa, tercera compañía eléctrica española, acordó venderle las distribuidoras Edenorte y Edesur a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) por un monto de 384 millones de euros, equivalentes a US$422.7 millones, o sea, más de RD$14,000 millones a la tasa de cambio actual, transacción efectiva a partir del 30 de septiembre del año en curso.

Esa es la misma empresa que bajo el nombre de Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) le había vendido en 1999 el 50% de sus acciones por un monto de US$210 millones, con fines de capitalización, lo que muestra un saldo negativo para el Estado dominicano de 212.7 millones.

El pago de la operación se formalizará el 30 de noviembre mediante un desembolso por parte del Gobierno de 13.3 millones de euros (US$14.6 millones) y el usufructo por parte de Didoel por 12 años de activos de distribución que serán arrendados a Edenorte y Edesur, cuyo cobro está garantizado por cuentas de clientes de ambas compañías que cubren permanentemente el 115% de los pagos mensuales.

El Estado también se compromete a saldar créditos y obligaciones que tienen las distribuidoras con Unión Fenosa y sus filiales al 31 de agosto pasado por 101 millones de euros (US$111.1 millones), compensar los créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades financieras privadas a Edenorte y Edesur con garantía de Unión Fenosa por un monto de 170 millones de euros (US$187 millones), así como compensar una parte de la inversión neta que había hecho Unión Fenosa en el área de distribución en 1999, con una partida de 100 millones de euros (US$110 millones).
Unión Fenosa explica que la operación implicará una minusvalía de 160 millones de euros (US$176 millones), aunque aclara que esa situación “no altera la previsión del resultado neto realizada por la compañía para el actual ejercicio”.

En los argumentos que da la tercera compañía eléctrica española para salir del negocio de distribución en ningún momento hacen referencia a la decisión del Gobierno de intervenir a Edenorte y Edesur, que fue el factor que estimuló la negociación, sino al contexto de la crisis económica, financiera y energética que sufre el país en los últimos años, agravada por la quiebra del Banco Intercontinental (Baninter) y la consiguiente depreciación del peso dominicano respecto al dólar en más de un 100% en un año.

Unión Fenosa señala a la devaluación y al incremento de los precios del petróleo como los dos factores que han tenido una repercusión directa en el incremento de la tarifa eléctrica, circunstancias que a su entender acentuaron las dificultades operativas y financieras de Edenorte, ya de por sí afectada por el déficit de generación en la Región Norte del país.

No obstante, Unión Fenosa decidió mantener su vinculación al negocio de la generación con una potencia total instalada de 190 megavatios en el conjunto de plantas de Palamara y La Vega, cuya explotación se ha mantenido en una línea de rentabilidad desde su inicio.

Ese acuerdo entre el Estado dominicano y Unión Fenosa se produce en medio de un proceso electoral en el que el presidente Mejía aspira a ser reelecto por un nuevo período para los años 2004-2008 y en víspera del viaje que realizará el mandatario dominicano a España entre el 15 y el 17 de septiembre.

Está claro que ésta es una solución coyuntural y parcial a la difícil situación por la que atraviesa el país en el campo energético desde hace más de 40 años.

ANTES DE PRIVATIZAR

Mandatarios como el doctor Joaquín Balaguer se vieron precisados a intervenir la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) para asumir directamente la administración de esa entidad y de esa manera acabar con los odiosos apagones, aunque sin lograr los resultados esperados.

Algunos de los administradores de la CDE, como el ingeniero Julio Sauri a mediados de los años 70, se hicieron famosos por las explicaciones fantásticas que daban a la ciudadanía sobre las causas de los apagones, como el relacionado con las chichiguas que se enredaban en las redes y provocaban averías.

Otros han usado la fuerza como medio de cobro y para impedir el logro de conquistas laborales significativas, como fue el caso del ingeniero Ramón Pérez Martínez (Macorís), quien desplegó una serie de acciones encaminadas a cortar el servicio a todos aquellos usuarios morosos y destruyó el Sindicato de Trabajadores de la Corporación Dominicana de Electricidad (Sitracode), vulnerando de esa manera el clima de libertad sindical que hasta ese momento imperaba en el país.

Mientras que el ingeniero Temístocles Montás hacía alardes de ser el técnico más preparado en el campo energético, mientras estuvo en la oposición, pero cuando el Partido de la Liberación Dominicana asumió el poder en 1996 y lo nombró como administrador de la CDE no dio pie con bola y fue sustituido por el ingeniero Radhamés Segura.

Durante su paso por la CDE, el ingeniero Segura logró paliar la situación energética sin llegar a darle una solución definitiva al problema, porque en ese momento estaba en marcha el proceso de capitalización, siendo uno de los actores oficiales que más reparos puso a una serie de cláusulas contenidas tanto en la ley de capitalización como en los contratos que lesionaban al país.

Finalmente, la capitalización de la CDE se llevó a cabo en el 1999, a partir de la cual el gobierno de Leonel Fernández pasó la comercialización de la energía a las firmas multinacionales Unión Fenosa, de España, y AES Corporation de Estados Unidos, que constituyeron las empresas Edenorte y Edesur, de un lado, y la empresa Edeeste, del otro.

ESFUERZOS INFRUCTUOSOS

El 27 de febrero del 2000, apenas faltando dos meses y medio para las elecciones generales de mayo, y cinco y medio para la entrega del Poder Ejecutivo, el entonces presidente Leonel Fernández Reyna explicó ante la Asamblea Nacional el proceso de capitalización que envolvió a la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y a la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE).

En lo referente a la CDE, el mandatario dijo que se propuso desde el inicio de su gestión “enfrentar de manera decidida y tesonera el lastre histórico de los apagones y de las ineficiencias, en sentido general, de esta empresa del Estado”.

El jefe de Estado expresó en la ocasión que para acometer esa tarea, tan delicada y exigente, decidió desde un primer momento actuar simultáneamente en un doble frente. Por un lado, reparar e instalar nuevas plantas con el fin de ganar tiempo y sostener el precario servicio de electricidad por parte de la CDE y, por otra parte, el de hacer la verdadera y radical reforma que requería el sector energético a través de la capitalización.

Fernández dijo entonces que al arribar al poder en agosto de 1996 la CDE contaba con unos 358 megavatios en su parque térmico y 175 megavatios de potencia firme aportada por las plantas hidroeléctricas, con una capacidad efectiva de generación de energía para esa fecha de tan sólo de 533 megavatios. A éstos se le adicionaban los 500 megavatios aportados por los generadores privados independientes, conocidos como IPPs, con lo cual todo el sistema sólo disponía de una capacidad teórica de generación de 1,033 megavatios frente a una demanda de 1,150 megavatios.

Al presentar su informe al Congreso Nacional de los tres años y seis meses de gestión, Leonel Fernández expresó que se habían añadido al sistema 516 megavatios más, lo que significaba casi la misma cantidad de que disponía la CDE en agosto de 1996, y una cantidad superior a la que aportaban los generadores privados independientes.

Con la suma de la capacidad de generación de la CDE, de los generadores privados y de las plantas adquiridas y reparadas durante esa gestión se llegó a una capacidad total de 1,549 megavatios, frente a una demanda de 1,600 megavatios, lo que significaba casi una igualación entre la oferta y la demanda, pese al deterioro de las plantas que se utilizaban entonces para la generación de energía, que el propio Fernández llegó a diagnosticar como de “pronóstico reservado”.

En la ocasión el mandatario defendió la capitalización cuando dijo que los apagones no podían ser atribuidos a ese proceso, achacando la responsabilidad de esa situación al deterioro de las plantas de las empresas Smith & Enron y Dominican Power, con una capacidad acumulada de 395 megavatios, con las que se habían formalizado contratos de suministro de energía antes de la capitalización y de su gestión.

Aseguró que era con la capitalización que se podía enfrentar el problema hasta entonces insoluble de los apagones, exhibiendo como resultados positivos de ese proceso las compañías eléctricas de generación de Haina e Itabo, las cuales producirían, antes de terminar su gestión, 135 megavatios y al finalizar el 2000 unos 240 megavatios.

También habló de la instalación de una planta-barcaza de 105 megavatios en el área de Boca Chica para iniciar sus operaciones en abril del 2000, así como de la instalación de una planta por parte de la empresa española Unión Fenosa, antes de junio de ese año, con capacidad de generación de 100 megavatios, la cual se extendería a 180 megavatios al 16 de agosto. Igualmente, la empresa eléctrica Transcontinental tenía el compromiso de instalar, antes de agosto del presente año, otros 100 megavatios.

Leonel Fernández tenía la expectativa de haber instalado 1,149 megavatios nuevos antes de concluir su gestión, que a su entender constituía un incremento de más de un 100 por ciento de lo que en su totalidad había en agosto de 1996 y más del 300 por ciento de lo que disponía el parque térmico de la CDE.

Así mismo, que las empresas distribuidoras Edenorte, Edesur y Edeeste intentaron aplicar aumentos de la tarifa eléctrica por concepto de “ajuste por energía acumulada”, indexación por inflación y alza del precio de los combustibles, de los cuales el primer ajuste lo consideró improcedente y determinó dejarlo sin efecto. El segundo el gobierno decidió asumirlo y pasó a subsidiar directamente a los consumidores con un pago mensual a las distribuidoras, deducido a la CDE, de 80 millones de pesos. En cuanto al tercero, el Gobierno asumió el subsidio de más de la mitad de esa alza, lo que representaba adicionalmente 80 millones de pesos mensuales.

Fernández se quejaba de que a pesar de haber subsidiado las alzas que se registraron por la inflación y los altos precios del petróleo, en alrededor de 160 millones de pesos, con lo que demostraba tener una gran sensibilidad hacia los pobres, esa acción le había sido mezquinamente desconocida como resultado del espíritu de canibalismo que caracteriza a la actividad política del país.

No obstante, reconoció que a pesar de las medidas adoptadas por su gobierno a favor de los consumidores estaba consciente de que se produjeron alzas, algunas desproporcionadas, con relación al consumo real de los usuarios, por lo cual le solicitó a la Superintendencia de Electricidad exigir a las empresas indagar las causas o razones de esas alzas desmedidas y aplicar los correctivos de lugar en aquellos casos en que se comprobasen la comisión de errores y cobros no justificados en perjuicio de los clientes.

UNA HERENCIA ENVENENADA

El 17 de septiembre del 2002, en un discurso dirigido a la nación sobre la problemática energética, el presidente Hipólito Mejía recordó haber heredado la capitalización del sector eléctrico, que a su entender fue ejecutada de forma sospechosamente apresurada, cuando todos los gobiernos del continente habían suspendido sus programas de privatización dada la estampida de los inversionistas extranjeros, y sin contar previamente con un marco institucional y regulatorio adecuado.

El mandatario expresó que el gobierno pasado convirtió a República Dominicana en el único país del mundo en el cual los ingresos por la privatización o capitalización de sus empresas eléctricas, ascendentes a más de 600 millones de dólares, no fueron depositados en las cuentas del Banco Central, sino en las cuentas de las propias empresas.

“Es como si a los compradores de los bonos soberanos que vendimos el año pasado se les hubiese permitido mantener el dinero del Gobierno en sus cuentas privadas, no en las del Banco Central. O como si usted vendiera su casa y le permitiera al comprador retener el dinero en su bolsillo”, dijo el mandatario en alusión al proceso seguido por las autoridades del gobierno de Leonel Fernández.

Al mismo tiempo manifestó que su gobierno heredó contratos verdaderamente onerosos, como aquellos que establecían ajustes a favor de las empresas capitalizadas que afectaban al Gobierno o al pueblo si el precio del combustible subía, pero no lo compensaba cuando el precio bajaba.

“Recibimos un sector eléctrico donde se protegían los intereses de todos, exceptuando los del pueblo y los del Estado. Nos entregaron un sistema de generación que en el papel lucía expandido, pero en la realidad seguía siendo frágil e insostenible, pues la expansión fue el fruto de la instalación de 6 plantas de turbinas de gasoil. Estas plantas, debido a su altísimo costo de generación, al utilizar el más caro de los combustibles, en la actualidad, por su ineficiencia, permanecen apagadas la mayor parte del tiempo. Como vemos, lo que nos dejaron fueron plantas marchitas”, dijo en tono irónico el presidente Mejía.

Indicó que heredó un sector eléctrico en el cual se procedió a capitalizar la CDE, sin tocar 14 contratos leoninos con productores privados independientes, lo que a su entender significaba una bomba de tiempo, ya que mientras se fomentaba la capitalización de las empresas generadoras y distribuidoras, se estimulaba la descapitalización y quiebra de la CDE. Y que el gobierno de Fernández había llevado a cabo esa negociación a sabiendas de que con ello se dejaba a los futuros gobiernos una pérdida, hasta el vencimiento de los contratos en el 2016, de mil 285 millones de dólares.

Al mismo tiempo el presidente Mejía sostuvo que el país también heredó un sistema de tarifas con abultadas fórmulas de ajustes por alzas de precios de combustibles, de la tasa de cambio y la inflación, que les permitió a las empresas recibir ingresos por encima de lo necesario para cubrir el aumento de estos costos.

En definitiva, Mejía calificó como una herencia envenenada lo que el pasado gobierno le dejó a cada uno de los hogares y empresas del país, lo que había generado un fardo, cargado hasta ese momento por el Gobierno, de RD$4 mil 400 millones al año, los cuales se adicionan a los RD$4 mil 600 millones que la CDE había pagado del 2000 al 2002 a las empresas distribuidoras por esta fórmula de ajuste recibida.
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29 de Septiembre de 2003 • Edición número 1,325


Energí[a]
Entre las redes de las distribuidoras y la reelección

Lo cierto de todo esto es que en ese proceso de negociación el más perjudicado fue el Estado dominicano, ya que compró a Edenorte y Edesur por el doble de lo que las había vendido cuatro años atrás, y en virtual quiebra, tal como lo revelan las auditorías practicadas por la firma internacional Grant Thornton


Por Juan de la Cruz

La adquisición de las empresas Edenorte y Edesur, subsidiarias de Unión Fenosa, por parte de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) se inscribe claramente en los propósitos reeleccionistas del presidente Hipólito Mejía, con lo cual se pretende darle solución coyuntural a un problema estructural como lo es el suministro de energía y sacarle capital político a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano y en las urnas el 16 de mayo del 2004, sin que tenga la menor importancia si las empresas compradas estaban o no en quiebra.

El Gobierno se involucró en un proceso de negociación atropellado con Unión Fenosa teniendo como telón de fondo una amenaza de intervención a las compañías distribuidoras por incumplimiento con el BID y los suplidores de energía, la presión ejercida por la casa matriz a través de la presencia en el país de su consejero delegado Honorato López Isla y la embajadora española, María Jesús Figa López, así como el inminente viaje del presidente Mejía a España.

El Estado dominicano en la persona del secretario de Finanzas, Rafael Calderón, y el administrador general de la CDEEE, César Sánchez, defendió el acuerdo arribado con Unión Fenosa y lo calificó de muy satisfactorio para el país, porque de un total de US$362.5 millones de la deuda reconocida a Unión Fenosa sólo se pagará en efectivo US$15.0 millones y el resto, ascendente a US$347.5 millones, será pagado por las empresas Edenorte y Edesur en 144 cuotas mensuales que incluirán capital e intereses en un período de 12 años y a una tasa de interés anual de 12%.

Calderón dijo que en las negociaciones el Gobierno dominicano dio muestras en todo momento de proteger la inversión extranjera y respetar los compromisos internacionales al conducir el proceso dentro de los estándares mundiales y al reconocer el cien por ciento del valor de la deuda de Edenorte y Edesur con el BID, el Citibank y los bancos comerciales locales.

Gobierno exhibe como un gran logro el haber conseguido mediante una negociación amigable entre las partes que se redujera la deuda de Edenorte y Edesur con Unión Fenosa Internacional, de US$266.9 millones (US$200 millones de capital y US$66 millones de intereses) a US$70.6 millones, es decir, una disminución de un 75.3%.

Así mismo, Calderón plantea que en el proceso de negociación se logró eliminar totalmente los intereses de la deuda de Edenorte y Edesur con Unión Fenosa, y se acordó pagar únicamente el 35.3% del capital adeudado, lo que significa que en esas negociaciones los aportes de capital realizados por Unión Fenosa en el momento de la capitalización (US$212 millones), así como la ampliación de capital que se realizó hace unos meses (US$40 millones), no serán reclamados a la CDEEE.

A pesar de las quejas del rey Juan Carlos II de España y el presidente del gobierno español, José María Aznar, ante el presidente Mejía por la existencia en República Dominicana de un clima de seguridad jurídica que afecta la inversión extranjera, lo cierto es que en ese proceso de negociación el más perjudicado fue el Estado dominicano, ya que compró esas dos empresas por el doble de lo que las había vendido cuatro años atrás y en virtual quiebra, tal como lo revela las auditorías practicadas por la firma internacional Grant Thornton tanto a Edenorte como a Edesur.

SITUACIÓN DE EDENORTE

La auditoría de la Thornton expresa que en la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) debían realizarse ajustes y atender reclamos por el orden de RD$3,696,892,331.

Así mismo, que los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre del 2002 reportaban pérdidas acumuladas que ocasionaron la acumulación de un déficit equivalente al 61% del capital pagado de la empresa.

Si a esa situación se le suma los efectos que se derivan de los ajustes que son necesarios realizar para adecuar los estados financieros a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC’s), el capital pagado de Edenorte previsiblemente sería absorbido por las reducciones patrimoniales que tendrían que registrarse. La auditoría revela además que la empresa evadió impuestos entre los años 2001-2002 por el orden de RD$2,898,402, al tiempo que se detectaron diferencias a favor de la CDEEE por un monto de RD$1,310,308 y otras diferencias no reclamadas por la entidad eléctrica estatal ascendente a RD$392,435.

Se refiere la existencia de transacciones con Edesur no aprobadas por el Consejo de Administración de Edenorte por RD$682,901,436, al tiempo que se detectó un monto facturado por empresas vinculadas ascendente a RD$1,233,055.

El experticio de la Thornton revela contratos relativos al pago de impuestos y otras condiciones que implican una erogación mayor a la aprobada explícitamente por el Consejo de Administración y que han ocasionado que se registren facturas exceso por US$3,564,833.

La auditoria demuestra que hubo incumplimientos en el tratamiento del canon de administración, en la medida en que se detectó que la gerencia autorizó la dolarización del pago a los altos ejecutivos, sin que el contrato y la documentación corporativa contenga artículos o resoluciones que estableciesen que se hiciera en una moneda diferente al peso dominicano. Esa situación originó que al momento de la contraprestación se efectuaran desembolsos por RD$670,934.

El asiento inicial registrado en los libros de Edenorte es calificado de incorrecto por la firma auditora Thornton, en la medida en que el monto de RD$69,037,356 fue consignado como gasto de constitución, cuando debió reconocerse como una deducción de las cuentas del patrimonio, registrándola en una cuenta contable denominada “Descuento en Emisión de Acciones” aplicable a la aportación de todos los accionistas de la distribuidora.
También el monto de RD$8,098,906, que corresponde a los gastos de constitución de la empresa, debió registrarse como gasto del período.

Los auditores cuestionan que la empresa haya contratado préstamos con una empresa vinculada (Unión Fenosa) por US$100,000,000 a una tasa de interés anual (en dólares) que neta de impuestos asciende al 24%.

LA REALIDAD DE EDESUR

La auditoría practicada a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) por la firma Grant Thornton, revela que la empresa debe hacer ajustes y atender reclamos por el orden de RD$3,672,542,361.

Al mismo tiempo muestra que los estados financieros de Edesur, dictaminados al 31 de diciembre del 2002, reportan pérdidas acumuladas que ocasionaron la acumulación de un déficit equivalente al 16% del capital pagado de la empresa.

La empresa distribuidora de energía evadió impuestos entre los años 2001-2002 por el orden de RD$6,274,431, al tiempo que retuvo diferencias a favor de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales Eléctricas (CDEEE) por un monto de RD$2,173,238, así como otras diferencias no reclamadas por la entidad estatal ascendentes a RD$261,999.

La auditoría revela transacciones con Edenorte no aprobadas por el Consejo de Administración por RD$682,901,436, al tiempo que los contratos de servicio con empresas vinculadas ocasionaron que se registraran facturas en exceso de lo autorizado por un monto de US$1,996,502. Igualmente se registran transacciones con empresas vinculadas sin la debida autorización del Consejo de Administración, como es el caso de operaciones de compra de equipos de cómputos a Soluziona S.A. (Santo Domingo), por un importe global de D$3,961,024. Adicionalmente, la auditoría revela la existencia de facturas emitidas por Soluziona Panamá por US$179,741, que de acuerdo a los conceptos de las facturas están soportadas por un contrato que no fue proporcionado por la gerencia a los auditores.

También existen facturas de empresas vinculadas en las que se reporta un monto de RD$1,233,053, relativo a trabajos realizados por un empleado de Edesur que al mismo tiempo devengaba un salario fijo en la misma empresa, lo que se considera una situación irregular dado que no se justifica que una empresa vinculada facture trabajos realizados por un empleado asalariado de la empresa. Se detectó que la gerencia autorizó la dolarización del pago del honorario de administración, lo que originó al momento del pago de la contraprestación que se efectuaran desembolsos mayores a lo contractualmente establecido, los cuales ascendieron a RD$3,362,540.

La auditoría aplicada a Edesur determinó además que la gerencia ha aplicado políticas contables que no son compatibles con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC’s) y que han ocasionado una sobrevaluación de activos y consecuentemente una subvaluación de los niveles de pérdida de la empresa.

Las partidas de activos que no se encuentran presentadas de acuerdo la NIC’s son:

[ ] Gastos de establecimiento y de informática, con excepción de las partidas correspondientes al pago de licencias de uso de programas informáticos. [ ] Formalización de la deuda con el BID, con excepción de los gastos derivados de la comisión establecida contractualmente. [ ] Derechos de concesión. [ ] mpuestos sobre beneficios anticipados y diferidos.

El asiento inicial registrado en los libros de la empresa es incorrecto en lo relativo al monto consignado en la cuenta denominada gastos de constitución y la partida relacionada con los pasivos de la sociedad suscriptora, ascendente a RD$72,500,350, el cual debió reconocerse como una deducción de las cuentas del patrimonio, registrándola en la cuenta contable denominada “Descuento en Emisión de Acciones”, aplicándose a la aportación de todos los accionistas de Edesur. El monto de RD$8,600,004, que corresponde a los gastos de constitución de la empresa, debió registrarse como gasto del período.

Los auditores consideran cuestionable que la empresa haya contratado con una empresa vinculada (Unión Fenosa) préstamos por US$100,000,000 a una tasa de interés anual (en dólares) que neta de impuestos asciende al 24%.

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ANALISIS DE UN ACUERDO
Unión Fenosa confirma hizo buen negocio
El autor analiza las declaraciones de la empresa extranjera Por Bernardo Castellanos
El autor es ingeniero



SANTO DOMINGO.-En los enlaces que figuran más abajo, aparecen las declaraciones de prensa dadas por Unión Fenosa el 21 de Marzo del 2006, a raíz del Gobierno Dominicano saldar la deuda comercial de US$296 millones que tenían las empresas Edenorte y Edesur con esa empresa internacional.

También figura, las declaraciones dadas por Unión Fenosa el 11 de Septiembre del 2003, a raíz de que el Gobierno Dominicano, adquiriera las acciones de esa empresa internacional en Edenorte y Edesur.

Es importante resaltar algunos aspectos de ambas declaraciones de prensa En Septiembre del 2003, Unión Fenosa declaraba:

"El pago de la operación, que formalizará el próximo día 30 de septiembre, se realizará mediante un desembolso en efectivo en dólares equivalente a 13,3 millones de euros y la constitución a favor de la filial de UNION FENOSA en este país, Distribuidora Dominicana de Electricidad (DIDOEL), de un usufructo por 12 años de activos de distribución que serán arrendados a Edenorte y Edesur, cuyo cobro está garantizado por cuentas de clientes de ambas compañías que cubren permanentemente el 115% de los pagos mensuales.

El importe total de la operación se destinará en primer lugar a cancelar las deudas comerciales de las distribuidoras con las plantas generadoras de Palamara y La Vega, ambas propiedad de UNION FENOSA, por una cuantía de 101 millones de euros. En segundo lugar, se compensarán los créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades financieras privadas a Edenorte y Edesur con garantía de UNION FENOSA, que suman 170 millones de euros. Finalmente, los 100 millones restantes se dirigen a compensar la inversión neta efectuada por UNION FENOSA en las compañías distribuidoras hasta la fecha del acuerdo.

La operación supondrá una minusvalía de 160 millones de euros, en línea con lo previsto en la comunicación realizada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado día 14 de agosto, y no altera la previsión del resultado neto realizada por la compañía para el actual ejercicio".

Mientras que en Marzo del 2006, Unión Fenosa declaraba:

"El Gobierno dominicano mantenía con UNION FENOSA una cuenta a pagar por la adquisición de la participación de las distribuidoras eléctricas de UNION FENOSA en aquel país, Edenorte y Edesur. Este pago implica cancelar en un solo plazo la deuda pendiente, que tenía una duración de 12 años a partir de 2003.

Con este ingreso, UNION FENOSA fortalece su posición financiera en línea con uno de los objetivos marcados en su plan estratégico 2003-2007. Los fondos abonados ahora irán destinados fundamentalmente a reducir el endeudamiento"

En Septiembre del 2003, Unión Fenosa declaraba perdidas por la operación de venta de las acciones de Edenorte y Edesur al Estado Dominicano, por un monto de $160 millones de euros, mientras que en el 2006, declara que el saldo de la deuda comercial con Edenorte y Edesur, Unión Fenosa consolida su posición financiera y que los fondos abonados, le permitirán reducir endeudamiento.

Adicionalmente, en el 2003, tan pronto se anuncia la operación de compra por parte del Gobierno Dominicano, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, exigió a Unión Fenosa Internacional, el saldo de la deuda de US$139 millones, que Edenorte y Edesur debían al BID, la cual había sido garantizada por Unión Fenosa Internacional. O sea que, mientras Unión Fenosa recibía un pago del Gobierno Dominicano, por US$15 millones ($13.33 millones de Euros), al mismo tiempo, pagaba al BID, US$139 millones.

Como dicen cuatro (4) populares refranes, “a confesión de partes, relevo de pruebas" otro dice, "a buen entendedor, pocas palabras bastan”, otro “mas claro ni el agua” y finalmente, “mas claro no canta un gallo”.

Con estas dos declaraciones de prensa por parte de Unión Fenosa, queda evidenciado de manera clara, diáfana y sin ninguna duda, cuáles de las dos (2) operaciones realizadas en el 2003 y en el 2006, fue más beneficiosa a los intereses de esa empresa extranjera, explicando y aclarando además, el porque de las actitudes diferentes de los empresarios y autoridades españolas, en el 2003 y en el 2006, a raíz de las visitas de los entonces Presidentes Hipólito Mejia (2003) y Leonel Fernández (2006).

Mientras en el 2006, el Presidente Leonel Fernández no recibió ningún tipo de quejas relativas a la inseguridad jurídica en el País para las empresas extranjeras, sino todo lo contrario, elogios, en cambio, el entonces Presidente Hipólito Mejia, recibió todo tipo de recriminaciones y quejas, por parte de las autoridades y empresarios españoles

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10 Septiembre 2009, 11:57 PM

Celso Marranzini: “Robarse la luz es un deporte nacional”

Escrito por: LEONORA RAMÍREZ S. (l.ramírez@hoy.com.don)

El nuevo administrador de la CDEEE está claro en que el sistema energético del país sigue dependiendo de generadores viejos, que es un sistema débil y que es necesario hacer esfuerzos para que todos los usuarios paguen el servicio eléctrico que reciben. De lo contrario, todo seguirá igual.

Aunque todavía no han concluido las investigaciones sobre las causas que provocaron un apagón general el miércoles de la semana pasada, todo parece indicar que se trató de un error de manejo en la subestación AES-Andrés, afirmó el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Celso Marranzini.

Al ofrecer la información, dijo que ese tipo de fallas es común en un sistema cuyos mecanismos de protección estaban desequilibrados, porque algunas empresas de generación violaban resoluciones de la Superintendencia de Electricidad relacionadas con la frecuencia de sus operaciones.

“Posiblemente eso no ocurra ahora, pero este es un sistema muy débil. En 2006 y 2007 no hubo “black out”, en 2005 se registraron diez y en 2009 ya van dos; sin embargo, se han tomado las medidas para que no se repitan”, afirmó.

Tras el “black out” de la semana pasada, algunos consideraron que se trató de un sabotaje.

Marranzini, que asumió el cargo hace 26 días en sustitución de Radhamés Segura –quien recibió fuertes críticas por abultar la nómina de la entidad y nombrar familiares y allegados- aseguró que los apagones no se han incrementado como denuncian diversos sectores.

De acuerdo con sus declaraciones, se está ofreciendo entre un 80% y un 83% de la demanda.

“Indudablemente hay que entender que en estos meses de calor la demanda es mayor y la empresa tiene un problema financiero, no de generación, y como mucha gente no paga, no hay dinero suficiente para saldar las deudas con los generadores”.

El Gobierno le debe a los generadores US$590 millones, de los cuales US$400 millones corresponden a la deuda actual y US$190 a la capitalizada.

“El sistema tiene cierta estabilidad pero con graves problemas financieros, pero estamos haciendo esfuerzos sobrehumanos para aumentar los cobros en las distribuidoras de electricidad, y el Gobierno para entregar los subsidios”, expresó el funcionario.

Penalizar por el robo. Una de las metas de Marranzini es aumentar los cobros por lo menos de un 2% y 3% mensual, aunque resaltó que alcanzar eso es de por sí difícil “porque robarse la luz es un deporte nacional”.

En ese sentido, dijo que aplicar la ley que penaliza el robo de energía es lo que debe hacerse para evitar las pérdidas de las distribuidoras. “Cuando se aprese a diez personas por esa causa todos pagarán”.

La gran mentira

Marranzini consideró que la gran mentira que le han dicho a los dominicanos en los últimos 40 años es que el sistema siempre está mejorando. “No es cierto porque en los últimos siete años en el país apenas se han agregado 50 megavatios de la empresa AES-Andrés, por lo que seguimos dependiendo de unidades viejas”.

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28 Mayo 2009, 12:05 AM

El Gobierno compra a EdeEste por US$25 MM
Conflictos matizaron relaciones CDEEE y Edes

SANTO DOMINGO. Pese que el Gobierno no tiene recursos para pagar cerca de US$300 millones a los generadores de electricidad, esta semana compró por entre US$20 millones y US$25 millones la Distribuidora del Este (EdeEste).

Una fuente informó que las negociaciones para la compra de la distribuidora por parte del Estado las manejó el vicepresidente de la Corporación de Empresas Estatales (CDEEE), por lo que no ofreció mayores detalles.

El país cuenta con tres distribuidoras de electricidad. Las otras dos habían sido estatizadas en septiembre del año 2003 por el entonces presidente Hipólito Mejía.

En innumerables ocasiones se habló del interés del Gobierno de comprar las acciones de EdeEste y el vicepresidente de la CDEEE criticaba que la distribuidora EdeEste tuviera peor desempeño que las que estaban en manos del Estado.

En enero de este año, ante un conflicto con los ejecutivos de EdeEste, Blair Thomas y Kevin Corrigan, que mantienen una demanda en una corte internacional contra el Estado Dominicano y la CDEEE, Segura manifestó que esa distribuidora es la que más apagones da en la zona Este del país y tiene y un alto nivel de pérdidas, de 30% a 34%, "y cada día hay más apagones en su zona, en contraposición con las distribuidoras EdeSur y EdeNorte que son empresas que van caminando bien".

En los últimos años, los conflictos matizaron las relaciones entre la CDEEE y los ejecutivos de EdeEste.

Segura afirma que la deuda con los generadores no llegan a los US$300 millones, pero los dueños de las plantas afirman que la deuda con el sector superan los US$600 millones. Mientras los apagones superan las 12 horas en todo el país y se mantienen fuera las principales plantas.

El informe del Comité Coordinador del Sistema Eléctrico Interconectado señala que ayer en la tarde había una demanda de 2,122 megavatios y apenas se abastecía 1,238 megas, con un déficit en el país de unos 884 megas. Los apagones se sienten con más fuerza en el Cibao y la Capital. EdeEste dejó de abastecer 226 megas.


De José Javier

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SERVICIOS
Compra de EdeEste apunta al fracaso de privatización sector eléctrico

Las tres distribuidoras ya son propiedad del Estado Dominicano.

Por Servicio de Noticias
Diario DigitalRD.Com



SANTO DOMINGO, 28 DE MAYO 2009.- La adquisición de EdeEste por parte del Estado Dominicano cierra el ciclo de la llamada privatización del sector eléctrico iniciada hace varios años.

La negociación se produjo luego que al igual que EdeNorte y EdeSur hace unos seis años estuvieran prácticamente quebradas. En esa ocasión el gobierno del presidente Hipólito Mejia adquirió el 50 por ciento de las acciones que correspondían a la empresa española Union Fenosa.

El Estado adquirió la totalidad de las acciones de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEEste), luego de un proceso de demanda por US$680 millones que inició en el 2007 la compañía The Trust Company of the West (TCW) por una supuesta violación de contratos.

El Listin Diario, en nota escrita por el periodista Jairon Severino, establece que los informes del sector establecen que las reuniones entre representantes oficiales y la TCW, propietaria del 50% de las acciones, comenzaron el sábado pasado, continuaron el domingo y ayer miércoles se firmó el contrato mediante el cual el Gobierno decidió terminar con el conflicto a través de la compra total de las acciones. No hay datos precisos sobre el monto que envolvió la operación.

Durante el proceso el Estado ha pagado entre US$10 y US$12 millones a través de las asesorías legales que han hecho las firmas de abogados encargadas de defender la parte dominicana. Según los informes, las autoridades decidieron que era muy pesado mantener el proceso debido a la situación de crisis que padece el sector eléctrico.

El Listin Diario indica que lo que se sabe es que ahora comenzará un proceso de traspaso de la administración de EDE-Este al Estado, para cual será necesario realizar auditorías y otras investigaciones.

“El pleito va y de ninguna manera vamos a retroceder y llegaremos hasta dónde haya que llegar para hacer valer el interés nacional”, afirmó a mediados del 2007 el vicepresidente ejecutivo de la CDEE, Rhadamés Segura.

La presidenta de la Confederación Patronal Dominicana (Copardom), Marisol Vicens, había advertido sobre la posible compra por parte del Estado de todas las acciones de EDE-Este, lo que a su juicio representa un paso atrás en el proceso de capitalización iniciado en 1999.

Entre el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE y la administración de esa distribuidora habían surgido algunos problemas con relación a la entrega de recursos para su sostenimiento.

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1 Agosto 2004, 8:04 PM


La recompra de las Edes

POR VINICIO A. CASTILLO SEMÁN

Al finalizar el año 2003, el gobierno del ingeniero Hipólito Mejía anunció al país con bombos y platillos, y dentro de una resonante prédica nacionalista, la recompra a la empresa española Unión Fenosa, de la totalidad del capital accionario de las distribuidoras del sur y norte (Edenorte y Edesur), teniendo en términos mercadológicos el objetivo de vender la "proeza" de haber puesto fin al odioso "yugo eléctrico" que tanto repudio había logrado concentrar en los últimos cuatro años.

El fin de los apagones y de los cobros abusivos de los reconocidos como "nuevos colonizadores", daban la coartad perfecta para perpetrar uno de los hechos más lesivos y devastadores que se registren en la historia de la República. Comprometer al país a pagar durante largos años más de 600 millones de dólares, por empresas quebradas que no valían un centavo y que hoy dice el gerente general del Banco Central, no sólo que no debió pagarse nada por ellas, sino que en cambio era el Estado Dominicano el que debió de recibir de Unión Fenosa 200 millones de dólares.

El efecto inmediato producido por esta transacción, dirigida por dos de los hombres de más confianza del Presidente Mejía, en total sigilo, con importantes empresarios ligados a Unión Fenosa, fue la ruptura del primer acuerdo con el FMI, suscrito apenas un mes antes y con el cual se había podido estabilizar la prima del dólar en 28x1. La "proeza nacionalista" de los zares económico y de la construcción del gobierno, Andy Dahuajre y Hernani Salazar, disparó la prima del dólar al 54x1, teniendo un efecto sobre ésta mucho más devastador que la crisis bancaria del 2003, en cuyos inicios la prima del dólar rondaba los 20x1.

Cabría preguntarse la magnitud del efecto en los bolsillos de cada ciudadano dominicano que produjo esta "hazaña heroica", que duplicó de un mes para otro todo lo que se consume en la República Dominicana. Pero, contrario a otros temas predilectos, nadie habla de esta operación; y a pesar de que tuvo un efecto tan inmediato en el rompimiento con el FMI y que los expertos enviados por este organismo internacional a examinar esta transacción, no encontraron explicación alguna acerca de los móviles de ésta, la llamada Comunidad Internacional y los sectores más prominentes de la Sociedad Civil, no han clamado ninguna investigación seria al respecto.

Pero, más aún, ahora se sabe que este zarpazo contra la estabilidad económica del país, no sólo afectó a éste en el astronómico pago consentido, sino que la baja en la facturación de EDENORTE y EDESUR desde que el gobierno tomara las riendas de su administración, bajaron a un nivel tal que el incremento del subsidio al sector en los primeros seis meses de este año sobrepasó los 80 millones de dólares que, a la tasa actual, representan unos 4 mil millones de pesos adicionales, léase cerca de 700 millones de pesos anuales.

El país y el nuevo gobierno deben reclamar una profunda investigación de esta insólita e inaudita operación de recompra; el negocio eléctrico en la República Dominicano no podrá, en manos de nadie, funcionar con las primeras 180 cuentas de clientes de alto consumo, pignoradas y destinadas a pagar a Unión Fenosa cientos de millones de dólares, por casi una década.

Sin importar los cabildos en la Madre Patria y los amarres locales que se intenten hacer, nada ni nadie debe impedir que los detalles ocultos y los responsables de esta verdadera tragedia nacional, puedan salir a la luz pública, con su consiguiente castigo ejemplarizante.

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La compra de EdeEste

Bernardo Vega
miércoles, 3 de junio de 2009, 08:59 p.m.

En septiembre del 2003, durante la gestión de Hipólito Mejía, su gobierno compró a Edenorte y Edesur por US$57 millones, es decir por alrededor de US$28 millones cada una. Se dice que Unión Fenosa logró sobornar a funcionarios locales para lograr esa venta que le interesaba, pues no cobraba suficiente electricidad. La opinión pública, incluyendo el PLD, entonces en la oposición, criticó la estatización. Desde entonces las nóminas de esas dos distribuidoras han sido infladas extraordinariamente y sus estados financieros dejaron de ser auditados por empresas privadas, para así poder difundir la falsa información de que su administración por parte de compañeros del partido era más eficiente que la de EdeEste, empresa privada. Para poder politizar y abultar la nómina se sacó a los técnicos extranjeros, sugeridos por el Banco Mundial, que administraban las dos Edes.

El gobierno de Leonel Fernández, ante el aumento del precio internacional del petróleo, para defender al consumidor, congeló durante cinco años el precio de venta de la electricidad, aún cuando estuviese por debajo del costo de producción, prometiendo entregar la diferencia a través de subsidios pagados con recursos del presupuesto. Pero esos subsidios se atrasaron muchísimo, a pesar de los ingresos provenientes de Petrocaribe y hoy día suman unos US$900 millones y algunos hasta se pagaron recientemente con bonos soberanos.

Cuando el gobierno tomó la decisión de congelar el precio de venta de la electricidad y pagar la diferencia con subsidios y éstos dejaron de materializarse a tiempo, sus abogados aparentemente no se percataron de que esas decisiones violaban los términos de las concesiones, lo que permitía demandas por daños y perjuicios. AES vendió EdeEste en el 2007 a un fondo mutuo muy grande norteamericano, The Trust of the West, el cual, ante la imposibilidad de sobornar funcionarios dominicanos para que les comprasen el negocio, ya que es una empresa norteamericana y sus leyes se lo prohíben, optó por demandar a la CDEEE ante las cortes internacionales basándose, además, en las garantías que el gobierno dominicano otorgó a inversionistas norteamericanos bajo el DR-CAFTA.

Los abogados contratados por el gobierno dominicano, locales y extranjeros, dejaron pasar ciertos plazos y de pronto la CDEEE se dio cuenta que iba a perder el litigio y corría el riesgo de que esos tribunales extranjeros le impusieran una condena de más de US$600 millones. Es el pleito más grande en nuestra historia de una compañía extranjera contra el Estado dominicano y que éste tuvo que transarlo para no perderlo. La transacción fue ofrecer comprar a EdeEste, que era lo que buscaba el fondo mutuo, el cual no quería seguir siendo dueño de algo que por decisiones del gobierno dominicano ya no era viable económicamente. Lo contrario era verse condenado por las cortes. Se habla de pagar unos US$26 millones por EdeEste, más US$17 millones para los abogados, es decir unos US$43 millones, en comparación con los US$28 millones que pagó el gobierno de Mejía por cada distribuidora.

La solución real es entregar las tres distribuidoras a empresas con experiencia en el cobro de energía (chilenas, colombianas, por ejemplo) bajo acuerdos de administración con opción a compra.

Éstas reducirían las nóminas, aplicarían la ley de penalización del robo a grandes usuarios, algo que el gobierno no ha querido hacer por su costo político, al tiempo que el Estado se compromete a permitir fluctuaciones en el precio de la electricidad según fluctúe el petróleo, el carbón y el gas natural.

Esa política eliminaría los subsidios, lo que abriría las puertas a inversiones privadas en la distribución y en la generación, evitando apagones por falta de capacidad en el 2012, año electoral.

Si todo esto se hace, el Banco Mundial prestaría los recursos para poner al día los atrasos. Todo, por supuesto, sujeto a que el petróleo no siga subiendo.


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PUDO EVITARSE
Marranzini culpa Dahuajre y Escuder colapso de banco

- 10/1/2007 Listín Diario


SANTO DOMINGO.- El ex presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) Celso Marranizini acusó a los economistas Andy Dahuajre y Jaime Aristy Escuder de ser los responsables del colapso del Banco Intercontinental (Baninter), independientemente de las violaciones que pudo haber cometido el presidente de esa entidad financiera Ramón Báez Figueroa.

Marranzini dijo además que Dahuajre y Aristy Escuder son los culpables de la hecatombe económica que se produjo en el país en el gobierno de Hipólito MejÏa, que provocó que más de un millón y medio de dominicanos pasaran a la pobreza y a la indigencia.

El dirigente empresarial agregó que el daño que causaron ambos economistas al país es de tal magnitud que el expresidente Mejía debería abandonar cualquier lugar donde esos señores hagan su entrada.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D`AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11, Marranzini se quejó de que ahora tanto Dahuajre como Escuder, no sólo son los principales asesores del candidato presidencial Miguel Vargas Maldonado, sino que actúan como si fueran el presidente y el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Dijo que resulta lamentable que dos personas que deberían estar dando explicaciones a la justicia por los desafueros que causaron cuando fungieron como una especie de gobernador del Banco Central y secretario de Finanzas del gobierno de Hipólito Mejía, estén opinando sobre el tema de la corrupción.

“Andy y Jaime Aristy fueron los responsables del deslizamiento de la moneda, del paquetazo económico, de los Bonos Soberanos, de la recompra de las Edes a Unión Fenosa cuando estaban quebradas, del Acuerdo de Madrid, del colapso del Baninter y de la economía en sentido general”, insistió el ex presidente del Conep.

Aseguró que Baninter se pudo salvar, independientemente de las violaciones en que incurrió Báez Figueroa, si no hubiese sido por las presiones ejercidas por los citados economistas para que la entidad financiera fuera liquidada.

Recordó que Dahuajre se vivía vanagloriando de lo cómodo que era asesorar a Hipólito MejÏa porque el entonces mandatario ponía en ejecución todas las recomendaciones que ellos le hacían.

Marranzini fue enfático en afirmar que tanto Dahuajre como Aristy Escuder a la hora de aportar sus conocimientos nunca piensan en el país, sino en sus bolsillos.

Sun Land

El ex presidente del Conep dijo que nada tiene de pecaminoso el contrato que ha hecho el gobierno con contratistas para la ejecución de importantes obras en todo el país y que ellos hayan buscado financiamiento con la Sun Land.

Marranzini explicó que esa operación es similar a si los contratistas hubiesen buscado el financiamiento con la banca privada nacional.

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28 Septiembre 2004, 9:30 PM

Revisarán Acuerdo de Madrid y la recompra de las Edes

POR MARIO MENDEZ

El administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), ingeniero Radhamés Segura, informó ayer que la renegociación de los contratos que hará el gobierno en el sector eléctrico incluye el Acuerdo de Madrid y la recompra a Unión Fenosa, por parte del Estado, de las Distribuidoras Edenorte y Edesur.

"El Presidente (Leonel Fernández) también nos ha instruido para revisar completamente el Acuerdo con Unión Fenosa. Lo mismo que vamos a revisar el Acuerdo de Madrid y prácticamente todos los contratos".

"Vamos a revisarlos, auditarlos y renegociarlos", aseguró.

Al confirmar una información ofrecida ayer por la sección económica del periódico Hoy sobre la decisión del gobierno de renegociar esos contratos, Radhamés Segura dijo que serán revisados los contratos de compra de energía con las generadoras Haina e Itabo, así como los suscritos con Cogentrix y Smith and Enron.

Dijo el objetivo del gobierno es lograr que con esa revisión de los contratos se reduzcan los precios de generación y el déficit financiero del sector eléctrico.

El gobierno busca, con la revisión de esos contratos, que la reducción de los precios de la generación favorezca el trabajo de la distribución y disminuya el déficit financiero del sector.

Explicó que si se estuviera despachando toda la energía que se necesita, en un sistema bien operado, se estarían despachando 800 gigavatios, que permitirían obtener una disminución de 2 centavos de dólar por cada kilovatio hora despachado, con lo cual se lograría un ahorro de 16 millones de dólares al mes.

Explicó que si el sistema tiene un déficit corriente de 25 millones de dólares al mes, se reduciría de esta manera a 10 ó 12 millones de dólares.

"Por eso hay que insistir para conseguir esta rebaja", expresó.

Segura recordó que al momento de la capitalización había unos 800 megavatios generados por empresas privadas, para los cuales se firmaron contratos de compra y venta de energía a precios fijos.

Dijo que en aquella ocasión él planteó a la CREP que lo mejor era que se sólo firmaran los contratos de suscripción de acciones y de concesión, y que inmediatamente las generadoras y las distribuidoras asumieran su papel, haciéndose cargo de la administración de las empresas, entre sí negociaran la compra de energía en mejores condiciones.

Explicó que el criterio que hay es que en un principio esos contratos beneficiaron a las generadoras y les permitieron obtener rápidamente ganancias.

Señaló que ése fue el caso de Itabo, entregada por la CDEEE el 8 de septiembre del año 1999, y ya en diciembre de ese año estaba generando beneficios.

Dijo que si Itabo estaba dando beneficios tan pronto era porque la empresa no estaba en malas condiciones o los contratos le favorecían.

Planteó que como resultado de la aplicación de esos contratos las distribuidoras comenzaron a descapitalizarse, y recordó que Unión Fenosa llegó a denunciar que de 202 millones de dólares que habría traído en el país, usó 145 millones de dólares para comprar de energía debido el incremento en los precios de generación.

Afirmó que por esa situación la gente tiene la idea de que esos contratos pueden ser mejorados, bajando los precios a que se compra la energía a los generadores.

Consideró que uno de los pecados del gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, fue el de que aunque se señalaba que esos contratos tenían ese defecto, extendieron su vigencia a 15 años a través del Acuerdo de Madrid, a pesar de que según lo acordado originalmente, perimían en el presente año, porque eran contratos a cinco años.

Afirmó que por esa razón serán revisados los contratos con Haina e Itabo, para la compra de energía por parte de las compañías distribuidoras.

Comunicó que también revisarán los contratos que quedan con los generadores privados, principalmente Cogentrix y Smith and Enron, que en conjunto aportan 470 megavatios al sistema.

La idea de renegociación de contratos es bajar el precio de la electricidad e incluso modificar el período de vigencia de los mismos, para que las distribuidoras puedan comprar la energía a un precio más bajo, afirmó el ingeniero Segura.

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Corrupción y construcción de ciudadanía

28/Octubre/2006

Las amenazas de la democracia moderna son el autoritarismo y la corrupción, la forma de enfrentar el autoritarismo y la corrupción es desde el ciudadano, pero no me refiero a aquel que ha cumplido la mayoría de edad como lo establece nuestra constitución, si no mas bien de aquel que hace ejercicio de ciudadanía es decir aquel que esta conciente de cuales son sus derechos y lucha por ellos pero que también que cumple con sus deberes.
La democracia necesita ser construida cada día por los ciudadanos. Por ciudadanos que trabajan en las instituciones públicas, por los miembros de la sociedad civil, las universidades, las escuelas y colegios, las empresas, los empresarios y gremios, el sector privado, los centros de autoridad moral como la iglesia, los medios de comunicación.

Debemos hablar de ciudadanía en el marco del Estado Social de Derecho en el cual el papel del ciudadano es en relación con sus responsabilidades democráticas y este papel está enmarcado en el respeto y defensa del Estado Social de Derecho. No es posible hablar de democracia solamente porque acudimos cada dos años a ejercer el derecho al voto, no, la democracia es mucho mas que eso, es un ejercicio permanente que solo es posible con un ejercicio conciente de ciudadanía. Los derechos de los ciudadanos vienen acompañados de deberes. La democracia necesita ciudadanos responsables y concientes de sus derechos y de sus deberes y para eso es necesario que entendamos por qué y para qué hay reglas de juego y porqué son importantes, para de esta manera poder conocer y entender tales reglas y finalmente acatarlas o iniciar los procesos democráticos que cuestionen esas reglas del juego cuando las consideramos injustas o indebidas.
La corrupción ataca de manera directa la democracia, afecta la legitimidad, la transparencia y la confianza. La corrupción descompone a las instituciones públicas, al sector privado y a la ciudadanía y esto naturalmente golpea su legitimidad, hace perder la confianza en las políticas públicas, hace ineficiente la inversión de recursos y contribuye a mantener las desigualdades sociales cuando no a aumentarlas.
La corrupción no es un fenómeno que ataque solamente al sector público. Vemos que afecta a las instituciones públicas y privadas, a la sociedad civil y a todos los ciudadanos por igual, un peso que se pierde en manos de los corrupto es un peso meno que puede ir a a la educación, salud, no se justifican que por situaciones económicas precarias se toleres acciones corruptas. Quien comete un hecho de corrupción comete un crimen y eso debemos de tenerlo bien claro, Para que ese libro de de veinte años de impunidad de participación ciudadana sea solo cosa del pasado. La mejor forma de prevenir la corrupción es castigando a lo que la cometen, con esto se manda un mensaje a la ciudadanía, tendrán que pensarlo diez veces ante de incurrir en acciones corrupta. El ciudadano que comete un hecho de corrupción está conciente de las consecuencias de su actuación.
El ciudadano debe entender que la búsqueda del bien común permite que gane el ciudadano y gane la comunidad. Los ciudadanos tenemos el deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, obrar con el principio de solidaridad social, apoyar y respetar a las autoridades legítimamente constituidas, defender y difundir los Derechos Humanos, participar en la vida política, cívica y comunitaria, propender al logro y mantenimiento de la paz, colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia, proteger los recursos culturales y naturales y conservar el medio ambiente sano y contribuir al funcionamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad, si actuásemos de esa manera de seguro que tendremos un mejor país.

La lucha contra la corrupción para que sea efectiva requiere de un ejercicio de ciudadanías, que cada uno de ellos en el lugar que se desempeñe puedan producir cambios que permitan un combate efectivo contra la corrupción.

La falta de confianza en las instituciones encargadas de velar por el buen funcionamiento, esta relacionada con la falta de motivación que tiene la ciudadanía.
Los miembros de la comunidad que confían en el poder de la ciudadanía hacen seguimiento a la gestión pública y se atreven a señalar problemas y bondades de la administración, confiando en que la participación de la ciudadanía es importante y necesaria para construir la democracia. El control social debe hacerse teniendo la comprensión de las reglas del juego, por eso la formación ciudadana para esto es necesaria. Si la formación ciudadana es eficiente lograremos el fortalecimiento de nuestra institucionalidad, observando el debido proceso en el combate contra la impunidad.
La impunidad ha hecho que la ciudadanía pierda la confianza en nuestras instituciones. Tenemos que trabajar en la articulación de sistemas que permita hacer más eficiente el aparato represor del Estado. Necesitamos lograr una cultura de la legalidad, en el público pero debemos también fortalecer nuestra institucionalidad y ser eficientes en la represión de las actuaciones ilícitas e indebidas que atentan contra el patrimonio público. Es importante que todo funcionario público desarrolle sus accionar sobre la base de una gestión en valores, la clave esta en hacer un ejercicio digno en la administración pública, solo teniendo como norte el ejercicio de construcción de ciudadanía, para tener una real democracia.

Pablo Vicente
809-605-1005
hacer politica con valores