ISABEL BONILLA“Yo hasta lloré de la rabia, de la impotencia, de sentir que se está defendiendo algo correcto”
María Eugenia del Pozo - 10/7/2009
Santo Domingo.- “Yo hasta lloré de la rabia, de la impotencia, de sentir que se está defendiendo algo correcto y no tener la solidaridad de los que toman la decisión”. Fue la expresión de Isabel Bonilla, diputada de la provincia María Trinidad Sánchez, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al referirse al artículo 13, que limita el acceso a las playas a los dominicanos, aprobado la pasada semana por la Asamblea Nacional.
Bonilla manifestó que se ha cometido “un crimen a la patria”, con la modificación de ese artículo aseguró que aunque explícitamente deja el acceso, está condicionando y limitando su uso.
“En 15 años en el Congreso nunca me había sentido tan mal, frustrada e impotente como cuando se aprobó el artículo 13 que antes era el 78 ó 79, que limita el libre acceso de los y las ciudadanos a sus playas como patrimonio público”, precisó la legisladora durante una entrevista en el programa de televisión El Día.
Dijo si se sigue el ritmo que lleva la Reforma a la Constitución, lo que resulte será de Miguel Vargas Maldonado y de Leonel Fernández y explicó en este sentido que el acceso libre a las playas es un derecho de cada ciudadano y que la modificación que se hizo “no es inocente”.
“Hay intereses poderosos detrás. Es un complejo de Guacanagarix que queremos tener de entregar lo propio. Podría ser susceptible a propiedad privada. Es nuestro deber hacer las cosas bien”, señaló la asambleísta.
Isabel Bonilla indicó que líderes de los partidos y empresarios hoteleros estaban llamando a los legisladores para que si no querían votar se ausentaran a la asamblea. Señaló que cuando se suspende una asamblea es para ganar tiempo y que en este caso resulta extraño que de 54 que habían votado la primera vez en contra de la modificación, sólo quedaron 25 de los 54. “Convencieron a los demás con chantajes”.
En este sentido, aseguró que la actual Reforma a la Constitución se está dando mediante una coyuntura electoral, debido a que algunos legisladores quieren repetir y otros pasar a otros cargos, por lo que deben mantener sus relaciones como candidatos.
“En política tener cerebro propio y ser auténtico se paga un precio. Los que votaron a favor darán su cuenta, yo daré la mía”, precisó.
Dijo que prefirió no inscribir su candidatura para no estar comprometida y esperar que sea el PLD que diga a quienes reservaron sus puestos.
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Reportajes
Revista Interviú
OPERACIÓN MALAYA: LA CONEXIÓN DOMINICANA
• Amenazados por la presión judicial y la falta de suelo en Marbella, constructores relacionados con el 'caso Malaya' buscaron nuevos mercados.
Reportaje por: Daniel MONTERO 30/10/06
República Dominicana es un paraíso.
Pero no sólo por la mezcla de playas, ron y palmeras. Además, es la tierra prometida para los constructores marbellíes. Un lugar con kilómetros de costa virgen, políticos ávidos de dinero y escaso control policial. Y a tiro de piedra de los principales paraísos fiscales del Caribe. ¿Se puede pedir más? Sí, un socio con influencias que garantice las inversiones. Y los empresarios Carlos Sánchez y Andres Liétor –imputados en la operación Malaya, presos en Alhaurín y socios del padrino Juan Antonio Roca– consiguieron el mejor: el secretario de Estado de Obras Públicas del país y principal aspirante a la presidencia de República Dominicana: Vargas Maldonado.
El dúo Sánchez-Liétor, relacionado con el pago a Juan Antonio Roca de 5,3 millones de euros a cambio de privilegios en la concesión de licencias urbanísticas, ha realizado en los últimos cuatro años inversiones multimillonarias en el país, siempre de la mano de Vargas Maldonado. Las empresas de marbellíes en la República Dominicana preparan incluso un complejo turístico valorado en 2.000 millones de euros. Se trata del proyecto Punta Perla, que ocupa ahora las pesquisas policiales sobre el paradero del dinero expoliado en Marbella. El proyecto, que prevé la construcción de 8.000 viviendas hasta 2009, ya ha supuesto grandes beneficios para los imputados en la operación Malaya. Las sociedades de Sánchez y Liétor han ganado 200 millones de dólares con una simple transacción de terrenos, que ahora es analizada con lupa por la policía española.
Para alcanzar una posición privilegiada en el país, los imputados en la operación Malaya se sirvieron de la red de influencias tejida por el empresario Enrique Sarasola a finales de los 80. El industrial español encontró en la República Dominicana un terreno por abonar. El que fue su hombre de confianza en el país caribeño, el español Jesús Barderas, ha sido la figura clave que ha servido de enlace entre los promotores de la Costa del Sol y la cúpula del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que hasta 2004 ostentaba el poder en el país.
Emigración financiera Los escándalos económicos de finales de los ochenta propiciaron la búsqueda de nuevos mercados para los empresarios salpicados por las corruptelas. Enrique Sarasola buscó en República Dominicana un lugar seguro para colocar su dinero. En 1988 invirtió en la península de Samaná –por sus playas, uno de los polos del desarrollo turístico dominicano– junto al empresario local Roberto Prats, con antecedentes en Estados Unidos por delitos financieros y vinculado en varios negocios al político Miguel Vargas Maldonado. Meses después, entró en juego uno de sus principales hombres de confianza, Jesús Barderas, que todavía hoy mantiene embargos en España por resoluciones judiciales en su contra.
Como ejemplo, Barderas fue imputado por delito de alzamiento de bienes contra la Sociedad Española de Banca de Negocios, en un proceso judicial pendiente de resolución. Además, tiene una demanda presentada por Banesto.
Según el informe Embajador, elaborado por la agencia española de investigación Método 3, Barderas, asociado con el empresario de origen árabe Abraham Hazouri, fue la pieza clave para introducir a Carlos Sánchez en el circuito comercial de República Dominicana, donde operan otro promotores implicados en la operación Malaya, como Tomás Olivo y José Ávila Rojas. Este último prepara un complejo residencial valorado en 54,2 millones de euros. El diseño del proyecto corre a cargo de Ángel Sánchez, hermano del promotor imputado en la operación Malaya y que cuenta desde hace años con una oficina en el país.
Los investigadores de la trama de corrupción urbanística de Marbella vinculan a Ávila Rojas con los negocios urbanísticos del principal imputado, Juan Antonio Roca. El sumario del caso revela además que la caja fuerte de la empresa Maras Asesores –vinculada a la contabilidad fraudulenta de Roca– guardaba 2.950 pesos dominicanos en metálico. Además, los productos del país eran también moneda de cambio entre los concejales de Marbella. Según la declaración del empresario Rafael Llopis, concesionario de las marquesinas publicitarias de la ciudad, era común que los ediles municipales recibieran como regalo puros traídos directamente de la República Dominicana.
Las inversiones de Carlos Sánchez, íntimo amigo de Roca, comenzaron en el Caribe hace ahora 20 años, pero no despegaron hasta el año 2000. Aquella fecha coincide con la caída de Jesús Gil al frente del Ayuntamiento de Marbella. Entre querellas criminales y mociones de censura, la Costa del Sol dejó de ser un lugar discreto. El control urbanístico sobre la zona se multiplicó y el suelo de Marbella llegó a su fin. Era el momento de buscar nuevos mercados.
Carlos Sánchez y Andrés Liétor intensificaron entonces sus inversiones en la República Dominicana, de la mano de su hombre de confianza, el empresario español afincado en el Caribe Ignacio Coronado Ruz.
Ruz, nacido el 21 de diciembre de 1952 y que está imputado junto a los constructores marbellíes en un delito fiscal, controla las cuentas bancarias del tándem Liétor-Sánchez en la República Dominicana. Según ha podido saber interviú, los inversores españoles han sido invitados por el Banco Popular a cancelar sus cuentas y retirar sus depósitos en el país ante las informaciones que les relacionan con la trama urbanística marbellí. Coronado Ruz reside en un piso que fue comprado por Carlos Sánchez al ex responsable de Obras Públicas del país Miguel Vargas Maldonado.
Hotel La Hispaniola
Los negocios entre el constructor granadino Carlos Sánchez y Miguel Vargas Maldonado se entrelazan en la República Dominicana desde hace años. El principal exponente de esta relación es la compra del hotel La Hispaniola por parte de Sánchez, que adquirió el inmueble a una empresa controlada por testaferros del influyente político local. El 6 de septiembre de 1999, la empresa Palmeras Comerciales, SA, compró al Banco Central de República Dominicana, de titularidad estatal, el hotel La Hispaniola por 165 millones de dólares. El responsable de Palmeras Comerciales, José Miguel Neder, es uno de los principales hombres de confianza de Vargas Maldonado. El motivo de su nombramiento es que la legislación dominicana prohíbe que los funcionarios públicos participen en negocios con entidades estatales.
La empresa Inversiones Inmobiliarias Harna participó en la operación con unas parcelas como parte del pago. El presidente de esta sociedad es Miguel Vargas Maldonado. El banco justificó la venta ante la necesidad de conseguir dinero líquido. Sin embargo, aceptó como pago unos nuevos terrenos. La oposición política dominicana aireó en el momento de la venta que el Banco Central había infravalorado los terrenos del hotel en 7 millones de dólares, según los informes de los técnicos locales. En marzo de 2001, Carlos Sánchez adquiere Palmeras Comerciales, y con ella, los derechos sobre el hotel La Hispaniola por 23 millones de dólares.
El gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, presidido por Hipólito Mejía y con Vargas Maldonado como secretario de Estado, aprobó también a Carlos Sánchez y sus socios en 2003 una concesión por 30 años para la explotación de los hoteles Cayacoa y Cayo Levantado, tras una maraña de procesos judiciales, licitaciones y cambios en la legislación vigente para justificar el proyecto. Posteriormente, Sánchez vendió el 60 por ciento de la sociedad al Grupo Piñeiro, que aparece como socio del constructor granadino y Vargas Maldonado en varias sociedades afincadas en el país caribeño.
Como ejemplo, Piñeiro, Carlos Sánchez y Vargas Maldonado son socios al 33 por ciento de la empresa Inversiones Izmir. La firma es propietaria de un avión Cessna 560 XL empleado en numerosas ocasiones por el responsable político dominicano. Maldonado oculta su titularidad tras cuatro personas de su entorno, entre ellas su cuñada –Hilda Violeta García– su abogado, Emilio Gómez Bureo, y su asesora personal, Gisela Patxot. Carlos Sánchez participa con la empresa CCF y Piñeiro por medio de Inversiones Coconut. Además, la matrícula del avión –N926 DR– coincide con la fecha de nacimiento de Vargas Maldonado, el 26 de septiembre de 1950. El político local vendió también a Carlos Sánchez por medio de una de sus constructoras tres apartamentos y un lujoso ático en la torre Boreo, en Santo Domingo.
Puzle empresarial
El 15 de septiembre de 2006, un informe del SEPBLAC daba la voz de alarma. Un holding empresarial prepara un proyecto monumental al este de la República Dominicana con capital español. Se trata de Punta Perla, un complejo turístico construido sobre los terrenos recomendados por el conseguidor. Maldonado a Sánchez y Liétor.
El proyecto está controlado por una maraña de sociedades. Sin embargo, las empresas de Sánchez y Liétor participan en las fases fundamentales de la urbanización, hasta el punto de ganar 200 millones de dólares con la venta de los terrenos en menos de un año. La policía investiga si la transacción se realizó entre empresas del mismo propietario final, lo que respondería a fines especulativos.
La web de Punta Perla explica incluso la manera de burlar la legislación dominicana para obtener ventajas fiscales en la compra de varios inmuebles.
El Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales –dependiente de los ministerios españoles de Hacienda e Interior– aporta un dato clave para desenredar esta madeja empresarial. Los investigadores colocan al empresario inglés Sean Woodhall como la pieza fundamental del puzle, el eslabón necesario para ocultar los negocios de Carlos Sánchez. Woodhall está tras las mercantiles Ocean View y Punta Perla Ltd, afincadas en Gibraltar. Desde esta última envió más de once millones de dólares americanos a la constructora de Sánchez en la República Dominicana. Woohdall es además el encargado de la comercialización del complejo Cap Cana en Inglaterra. Cap Cana es el proyecto turístico más importante de República Dominicana, y cuenta con dos socios muy conocidos para Carlos Sánchez y su entorno: Abraham Hazouri y Jesús Barderas. Una historia en la que los nombres se repiten.
http://www.interviu.es/comunes/corrupcionurbanistica/noticias/seccion.asp?pkid=153
DIARIO LIBRE
10 de Junio del 2007, 10:37 PM
El caso Marbella rebota en el Parque del Este
Protagonistas del caso Marbella aparecen como los compradores de la parcela que DL ha denunciado
Santo Domingo.- Carlos Sánchez Hernández, implicado junto a unas 60 personas en un presunto fraude fiscal contra la Agencia Tributaria de España por 4.8 millones de euros (RD$201,600,000), conocido como el caso Marbella, figura en la adquisición de una porción de tres millones de metros cuadrados de terrenos ubicada dentro de la parcela No.6-04-10866, del Distrito Catastral 10/1era, del municipio de Higüey.
El inmueble adquirido corresponde al Parque Nacional del Este, contra cuyo deslinde el Estado persigue la nulidad por ser una reserva natural protegida por la Ley 202-04 de Parques Nacionales, y es la parcela de la cual Diario Libre se ha estado haciendo eco en diversas notas.
Contra Sánchez Hernández y su socio Andrés Liétor Martínez, el juez instructor del caso Malaya, Miguel Angel Torrres, dictó prisión, tras ser ejecutada una orden de captura.
La adquisición del inmueble mediante un contrato de compra-venta y privilegio de vendedor no pagado, de fecha 2 de noviembre del 2005, fue hecha por el español Ignacio Coronado Ruiz, por la suma de US$19.8 millones pagaderos en tres cuotas, en nombre de la compañía Inversiones Trubia, S.A. Como vendedor figura Daniel Antonio Minaya Rodríguez.
Según una certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, en la compañía adquiriente figuran como accionistas Inversiones CCF, S.A., Carlos Sánchez Hernández, Ignacio Coronado Ruiz y Andrés Liétor Martínez.
Coronado Ruz figura como presidente de la empresa, que tiene un capital autorizado de RD$25,000 y el suscrito y pagado es de RD$2,500. El domicilio social fue registrado en la avenida Independencia sin número, La Feria, Distrito Nacional.
La suma de US$19.8 millones convenida por el inmueble sería pagada en partidas de US$6.6 millones, a más tardar el primero de agosto del 2006, una cantidad similar el primero de noviembre de ese año, pero nunca antes de los tres meses luego del pago antes citado. Los restantes US$6.6 millones debían ser pagados el día primero de octubre del 2006.
“El vendedor declara que el inmueble objeto de la presente venta se encuentra libre de cargas, gravámenes, oposición, ocupación de cualquier otra circunstancia jurídica o de hecho que afecte el normal goce y usufructo de la propiedad objeto de compra-venta”.
Justifica su derecho de propiedad sobre el referido inmueble mediante la presentación y entrega del original de la resolución que autoriza trabajos de localización de posesión, dictada por el Tribunal Superior de Tierras de fecha 2 de julio del 2004.
El vendedor Daniel Antonio Minaya Rodríguez figura como domiciliado y residente transitorio en la calle K número 1, Preconca Nueva, de La Romana.
Mientras que Inversiones Trubia S.A. tiene domicilio en la avenida Abraham Lincoln 403 esquina Bolívar, para los fines del contrato. La porción de terreno está situada en Bayahibe, La Altagracia, que tiene los siguientes linderos: al Norte, la parcela 6 resto; al Este, la número 6-10866; al Sur, la 6-A; al Oeste, la número seis resto y el Mar Caribe.
Las partes fijaron de común acuerdo el precio de venta en US$14 por cada metro cuadrado de terreno, que tiene una porción de un metro literal de frente al mar por 1,060 metros lineales de profundidad o fondo.
Según el contrato de venta, dicha propiedad se encuentra ubicada en una zona apta para el desarrollo de proyectos turísticos e infraestructuras hoteleras “y no tiene objeción para el desarrollo de estos dentro de los parámetros establecidos por la Ley Sectorial de Parques Nacionales, establecida en la Ley 202 del 30 de julio del 2004”.
Caso Marbella
En la primera fase de la operación fueron detenidas 23 personas, de los que once ingresaron en prisión y otras doce quedaron en libertad con cargos. La segunda fase de la Operación Malaya comprendió la detención de 30 personas, de los que diez ya han ingresado en prisión, entre ellos siete ex concejales del Ayuntamiento de Marbella.
- Federico Méndez
03 Agosto 2009
Tribunal quita a Carlos Sánchez terrenos del Parque del Este
Afirma que esos terrenos pertenecen al área protegida
El tribunal falló en favor del Estado dominicano.
SANTO DOMINGO. El Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central, revocó en todas sus partes la sentencia que adjudicaba una porción de 12.5 millones de metros cuadrados a particulares, y que el Estado reivindica como parte del Parque Nacional del Este.
Los terrenos corresponden a la parcela 6 del área protegida, conforme con el planteamiento formulado por ante el tribunal, por el Abogado del Estado, Fermín Casilla Minaya.
La empresa Inversiones Trubia S.A., propiedad de los españoles Carlos Sánchez y Andrés Liétor, quienes están implicados en el escándalo de Marbella, habían adquirido millones de metros cuadrados por US$9.9 millones, pero los actos de venta fueron revocados.
Los jueces Luz Berenice Ubiñas Renville, Carmen Zenaida Castro y Guillermina Altagracia Marizan anularon todos los planos mediante los cuales fueron saneados y adjudicados los multimillonarios inmuebles. Asimismo, rechazaron las localizaciones de posesiones realizadas dentro de la parcela 6 del Distrito Catastral No. 10/01 de Higüey, a favor del ingeniero Tomás Rosendo Dantes-Castillo Soto, que dieron como resultado las parcelas 6-006-837, 6-006-838, 6-006-839, 6-006-840, por ser áreas protegidas tuteladas por la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y la 202-04 sobre Áreas Protegidas.
El tribunal rechazó los actos de ventas a favor de Fernando Sánchez y de Tomás Dantes-Castillo Soto, referente a una extensión superficial de 848 hectáreas, 96 áreas y 57 centiáreas, dentro de la citada parcela. Este acto de venta está fechado el 5 de febrero de 1993.
Mientras que otro suscrito el 25 de febrero de 1995, que envuelve una porción de 6,500 tareas dentro de la parcela 6-Resto del Distrito Catastral 10/01, también fue echado para atrás.
El tribunal declara que la extensión superficial es de 1,257 hectáreas, 71 áreas y 04-59 centiáreas dentro de la parcela No.6 del Distrito Catrastal No. 10/01 de Higüey, lugar donde se encontraban las citadas parcelas, "han perdido su carácter comunero y pasan a ser propiedad del Estado dominicano y del dominio público por ser áreas protegidas de acuerdo a la Ley 202-04 sobre Áreas Protegidas".
Orden a mensuras
El tribunal también ordenó a la Dirección General de Mensuras Catastrales a revocar las designaciones catastrales que corresponden a las parcelas las parcelas 6-006-837, 6-006-838, 6-006-839, 6-006-840.
La decisión de adjudicación de terrenos revocada había sido dictada el 7 de diciembre del 2006 por un juez de Jurisdicción Original de La Altagracia, medida fue apelada por el Abogado del Estado, Fermín Casilla Minaya.
De Federico Méndez / Redactor Senior
La diputada peledeísta Minou Tavarez Mirabal consideró que existe una baja en las expectativas de la ciudadanía con respecto a lo que será el resultado final de la Constitución de la República, pese al empeño que según afirma, han puesto los legisladores para que la misma sea lo mejor posible.
